Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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El INEGI dio a conocer los resultados de la ENOE en su entrega trimestral para el segundo trimestre de 2016. A diferencia de la entrega mensual, ésta ofrece los resultados expresados en valores absolutos, es decir, en números de personas. El INEGI aplica las tasas de empleo y desempleo en sus diferentes modalidades a las proyecciones demográficas elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Para el caso específico de este trimestre, la proyección de la población total del país es de 122,117,027 personas.

Expresar el desempleo en número de personas no es usual; la práctica es utilizar tasas para referenciarlo en términos relativos, es decir, respecto a la población económicamente activa o algún otro parámetro. No obstante, los datos presentados en esta versión de la ENOE nos sirven para el cálculo de ciertas tasas que el INEGI no reporta. Por ejemplo, a pesar de que las últimas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET) de 2013, establecen conceptos novedosos como la fuerza laboral potencial (FLP) y la brecha laboral, el INEGI no ha querido divulgarlos. El INEGI no reporta la FLP, pero proporciona la Población Económicamente Activa (PEA) y los disponibles para trabajar dentro de la Población No Económicamente Activa (DPNEA), que sumados da la FLP. La PEA como proporción de la población en edad de trabajar (15 años y más) es 59.6 por ciento, mientras que la FLP es 66.2 por ciento.

La brecha laboral es un concepto mucho más amplio y relevante que la tasa de desempleo abierto (DA), ya que suma al DA, el subempleo y el desempleo disfrazado, que como proporción de la FLP nos da una idea de las necesidades de trabajo en el mercado laboral. Esto es porque no solo tenemos que buscar empleo para los desempleados abiertos, sino también para los que trabajan apenas unas horas a la semana porque no encuentran un trabajo de tiempo completo y los que están desempleados, dispuestos a trabajar, pero no realizan una búsqueda activa. Para el segundo trimestre de 2016, la brecha disminuyó a 20.3 por ciento (de la FLP), para registrar su menor nivel desde el último trimestre de 2008. Esto fue porque el desempleo registró su tasa más baja desde el segundo trimestre de 2008, el subempleo su tasa más baja en lo que va el sexenio y el desempleo disfrazado su segunda tasa más bajo desde el tercer trimestre de 2008 (todas como proporción de la FLP).

Otro concepto que podemos derivar de los datos de la ENOE, pero que el INEGI tampoco lo reporta, es el del ingreso promedio real. Este indicador es de suma importancia, ya que el INEGI carece de indicadores de ingreso disponible por la forma de cálculo de las Cuentas Nacionales. Empezamos con una mala noticia, ya que los ingresos por hora trabajada disminuyen en el trimestre. Sin embargo, dado que aumenta el número de horas trabajadas por semana, hay un incremento en el ingreso promedio nominal. Al convertir el ingreso nominal a términos reales, encontramos que el INPC disminuyó respecto al trimestre anterior, lo que da un aumento en el ingreso promedio real de 0.8 por ciento respecto al primer trimestre del año y 1.9 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Para completar el ejercicio, multiplicamos el ingreso promedio real por el empleo remunerado para tener una idea de la masa salarial real, que ayuda a explicar el consumo de los hogares. En esta ocasión encontramos un aumento en el trimestre en el empleo remunerado de 0.9 por ciento respecto al trimestre anterior (y 0.9 por ciento respecto al año anterior), después de una disminución de -0.7 por ciento en el trimestre anterior. El resultado es que el incremento en el ingreso se ve ampliado por el aumento en el empleo, por lo que la masa salarial real aumenta 1.7 por ciento respecto al trimestre anterior y 2.8 por ciento respecto al año anterior.

¿Qué nos dicen estas cifras? La disminución de la brecha laboral es definitivamente positiva, aunque el ingreso por hora trabajada haya disminuido. Lo último se compensa con más horas trabajadas y mayor empleo remunerado, por lo que aumenta la masa salarial. Esto significa que las familias tienen más ingresos para poder seguir consumiendo. Buenas noticias.

Cuando el INEGI dio a conocer los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de 2015 el pasado 15 de julio, se vio envuelto en [quizás] el mayor escándalo en toda su historia. Resulta que introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de los datos, de tal forma que ya no sea comparable la información con años anteriores. El INEGI ha introducido cambios en metodologías y formas en levantar su información en múltiples ocasiones anteriores, pero en esta ocasión causó controversia al no realizar consulta previa ni abrir primero el tema a un mínimo debate. La molestia de Coneval, el instituto encargado de medir oficialmente la pobreza mediante las cifras del MCS, fue tan grande que, al final de cuentas, simplemente rehusó medir la pobreza para 2015. Causó mucha suspicacia, dado que las cifras de pobreza resultan sustancialmente menores a los años anteriores. El golpe al INEGI fue tremendo, especialmente en términos de credibilidad, confianza y transparencia.

En principio, el escandalo llegó a su fin cuando el INEGI y el Coneval limaron asperezas al reunirse y discutir opciones al futuro. En principio, acordaron realizar la encuesta (ENIGH) este año de tal forma que los resultados sean comparables con los años anteriores. Esto implica sacrificar las mejoras que realizó el INEGI en el MCS para tener en el futuro comparabilidad a través del tiempo. En otras palabras, resulta más importante para el Coneval saber si aumenta o disminuye la pobreza a través del tiempo, a tener una medición de una vez por todas más sólida.

No obstante, queda pendiente tener una mejor medición de la pobreza para nuestro país. Sin menospreciar la dimensión del problema en México, queda claro que el número en nuestro país no es sustancialmente mayor al resto de América Latina. Sin embargo, la CEPAL realizó un estudio que concluye que la proporción de pobres en México es 2.6 veces a la de Brasil y que incluso, mayor a la de Bolivia, uno de los países más pobres del continente. Casi todos los analistas criticaron el estudio por irresponsable, malhecho, desorientador y francamente erróneo. El problema es que son mediciones diferentes, que no se pueden utilizar para comparaciones. No obstante, el estudio dejó claro que la medición de la pobreza en México está claramente sobreestimada.

¿Por qué? El problema no surge de la metodología empleada por Coneval. Es de vanguardia y resultado de una discusión académica muy nutrida. Tampoco se ubica en la metodología empleada en la encuesta levantada por el INEGI; fue resultado de discusión y diseño del propio Coneval. El problema radica en que existe un incentivo perverso en este tipo de encuestas para subestimar los ingresos. Pongamos un ejemplo de un hogar que obtiene un subsidio de Prospera y al mismo tiempo, recibe una remesa mensual de familiares que radican en Estados Unidos. Si declara la totalidad de sus ingresos, podría perder su participación en Prospera. Resulta que las encuestas captan menos del 10 por ciento de las remesas reportadas por Banxico. Pensemos en un hogar cuyos ingresos provienen totalmente de la informalidad (seis de cada 10 empleos en el país); ¿a poco van a decirle al INEGI todo lo que ganan? Veamos otro ejemplo, de una familia de clase media acomodada que no participa al SAT la totalidad de sus ingresos. No vaya ser que el INEGI comparte los resultados de la encuesta con el SAT. Los más ricos del país ni siquiera están contemplados en la muestra.

Al final de cuentas, nos guste o no, no tenemos tantos pobres en el país como sugieren las encuestas, en tanto que la distribución del ingreso es realmente mucho peor de lo que revela. Las cifras de 2014 dicen que el 46.2 por ciento de la población vive en situación de pobreza, sin embargo, el nuevo módulo dice que la proporción realmente es de 36.7 por ciento, casi 10 por ciento menos. Pero aguas, no significa que la pobreza se ha reducido en 9.5 puntos porcentuales, sino que anteriormente estaba sobreestimada.

Entiendo porque Coneval no quiere perder la comparabilidad con el pasado. Pero también estimo que necesitamos una mejor medición en términos absolutos. No solo de la pobreza, sino también de la distribución del ingreso. Lo que necesita INEGI es proporcionar todo lo anterior: una mejor medición y comparabilidad con el pasado, no uno u otro. Ese es el verdadero reto.

El INEGI dio a conocer que la estimación oportuna del PIB en el segundo trimestre muestra una disminución de -0.3 por ciento respecto al trimestre anterior y 1.4 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior. Este resultado se deriva de una disminución de -0.1 por ciento en las actividades primarias (agropecuarias), una caída de -1.7 por ciento en las secundarias (manufactura, construcción y minería) y un estancamiento en las terciarias (comercio y servicios). Cabe recalcar que estas cifras son simplemente una primera aproximación al PIB con base en información preliminar e incompleta, por lo que podrían ser diferentes a las generadas para el PIB tradicional, que conoceremos el 22 de agosto.

El INEGI no pone los datos completos en su página (en el BIE), para enfatizar que estas tasas son simples estimaciones. Esto dificulta en parte cálculos derivados de estas tasas. De entrada, no son compatibles las tasas de -0.3 y 1.4 por ciento entre sí con los datos anteriores. Por ejemplo, si multiplicamos el PIB por el primer trimestre por la tasa de -0.3 por ciento, obtenemos un número para el PIB del segundo trimestre distinto a que si multiplicamos el segundo trimestre del año pasado por 1.4 por ciento. Si tomamos como bueno el PIB del segundo trimestre de 2015 y lo multiplicamos por 1.4 por ciento (la tasa anual reportada por INEGI), resulta que la caída del segundo trimestre de este año es -2.1 por ciento por debajo del PIB del primer trimestre. Por lo mismo, resulta muy complicado analizar lo que pasó.

Igual pasa con el IGAE, cuyos datos tenemos hasta mayo. Podemos suponer que la correlación entre el IGAE y el PIB es muy elevada, lo que permite sacar por diferencia lo que la estimación oportuna del PIB nos dice sobre el comportamiento implícito de junio. El IGAE disminuyó 1.25 por ciento en abril y creció 0.98 por ciento en mayo. Para que el promedio del IGAE de los tres meses correspondientes al segundo trimestre sea -0.3 por ciento por debajo del promedio de los tres meses del primer trimestre, el crecimiento [implícito] de junio fue 1.3 por ciento respecto a mayo. ¿Creíble? De ser cierto, estaríamos hablando del mejor desempeño para dos meses consecutivos (mayo y junio) desde junio y julio de 2009, que resultó de un efecto rebote al terminar la Gran Recesión de 2008-2009. En principio, este cálculo señala una recuperación robusta en la actividad económica de la caída registrada en abril. En cambio, si tomamos la tasa anual de 1.4 por ciento como punta de partida, junio solo tuvo un avance de 0.1 por ciento respecto al trimestre anterior, cuyo comportamiento se podría caracterizar como mediocre. En otras palabras, estos datos del PIB traen implícitamente cambios en la serie histórica, que simplemente no nos dejan saber bien lo que pasó en estos últimos meses.

A estas alturas, podemos pensar en dos escenarios, uno optimista y otro pesimista. El escenario optimista señala que el desempeño desfavorable de abril fue solo una “aberración”, que se compensó con una recuperación rápida en los siguientes meses. En el margen vemos una mejoría en Estados Unidos que, combinado del efecto rezagado de la depreciación de la moneda, podría traer cierta recuperación en las exportaciones en el tercer trimestre, mientras que el consumo y la inversión privada seguirán su trayectoria creciente. Para el cuarto trimestre hagamos el supuesto que Hilary Clinton gana las elecciones en Estados Unidos y podríamos terminar con una economía creciendo 2.5 por ciento o más.

En el escenario pesimista tenemos una caída en la actividad económica en el tercer trimestre, a raíz de los bloqueos en puertos y vías de comunicación en el país y una continuación en el estancamiento manufacturera de Estados Unidos. Dos trimestres consecutivos con tasas negativas marca el comienzo de una ligera recesión. Para el cuarto trimestre, vamos a suponer que gana las elecciones Donald Trump, lo que provoca una salida masiva de capitales del país, una depreciación adicional significativa de la moneda y la necesidad de aumentos pronunciados en la tasa de política monetaria de Banxico. Se detiene la inversión privada y la economía entra en una recesión ya más profunda. ¿Crecimiento para el año? 1.5 por ciento o menos.

A estas alturas, pienso que ambos escenarios tienen 50 por ciento de probabilidades.

El INEGI realiza ajustes por estacionalidad a la gran mayoría de los indicadores económicos que produce. La razón es que la estacionalidad distorsiona el análisis de cualquier serie, entorpeciendo las conclusiones a las que se pueden llegar de lo que pasó en el último periodo bajo cuestión. Por ejemplo, diciembre se caracteriza por mayores ventas comparado con meses anteriores como resultado de las compras de Navidad y el pago de aguinaldos. Si el INEGI no nos ofreciera el indicador de ventas ajustado por estacionalidad, no podríamos saber si el aumento de ventas en el mes se debió simplemente a la estacionalidad o a otros factores. Las series “desestacionalizadas” son tan valiosas, que en muchos países (en especial Estados Unidos) los indicadores económicos se dan a conocer solamente ajustadas, sin divulgar las series originales.

A esta práctica existe una notable excepción: el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Desde que el INPC era calculado por el Banco de México, no se realiza el ajuste. En su momento, no era tan cuestionado, ya que el Banco tiene la práctica de no ajustar las series que produce, o bien, por lo menos no divulgar estas series al público. En su momento, el Banco alegaba que no lo podía hacer por cuestiones jurídicas, ya que podía confundir al público, en especial en casos de contratos legales. Siempre se nos hizo una argumentación medio tonto, ya que, si fuera el caso ¿por qué todos los demás países presentan sus cifras de inflación ajustadas por estacionalidad? ¿Cómo es que se presenta la inflación subyacente? Nadie confunde la inflación general con la subyacente. Esto de la confusión seguramente fue argumento de un abogado que no entendía economía. Ha de ser el mismo que quiso modificar la ley de la gravedad o legislar la ley de la oferta y la demanda.

Cuando el INEGI asumió la responsabilidad del cálculo del INPC, algunos pensábamos que pronto tendríamos series ajustadas. Sin embargo, el INEGI no lo ha hecho, en buena medida porque la forma en que aplican los ajustes produce pequeñas variaciones a lo largo de la serie. Dado que el INPC se utiliza para muchos cálculos que tienen de por medio bases jurídicas, el cambio en los datos anteriores implicaría modificaciones a los valores con los que se ponen en práctica decisiones legales, lo que podría llevar a juicios jurídicos y reabrir casos ya resueltos.

La verdad es que aquí el INEGI se ahoga en un vaso de agua. Existen múltiples soluciones, siendo la mayoría muy sencillas. La más obvia sería tratar las series en la misma forma que Banxico reporta el tipo de cambio. Existen múltiples series del tipo de cambio, que si a la venta, a la compra, el spot, el forward, el interbancario, el de menudeo, el de mayoreo, el de las casas de cambio, el de las instituciones bancarias comerciales, etc., etc. Sin embargo, no existe “confusión” alguna, ya que en una serie en especial se reporta con la leyenda “para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana”, mientras que es el único que el Banco publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que se estipula que es el que se debe utilizar para solventar obligaciones. Tan sencillo sería que INEGI le pusiera a la serie original del INPC “para solventar cálculos legales relacionadas a la inflación” y que solo publicara la serie original en el DOF. En forma paralela, INEGI puede poner en su Banco de Información Económica (BIE) las series ajustadas con la leyenda “solo para fines analíticos, por lo que no se debe utilizar para cálculos legales”.

Otra solución es que el INEGI haga el ajuste estacional como lo hace Estados Unidos. Cada vez que la Reserva Federal, el Buró de Estadísticas Laborales o el Buró de Censos dan a conocer el dato del mes, nunca realizan revisiones a los datos anteriores. De esta manera se soluciona el problema de los juicios legales. También le podría dar el mismo tratamiento a la tasa de desempleo urbana que, a pesar de ser la tasa más importante, no lo presenta en la primera página de su boletín de prensa, sino escondido en un párrafo allí por la página siete.

El INEGI va presentar pronto el cambio de base del INPC. Sería buen momento para introducir series ajustadas. Haría mucho para mejorar su credibilidad, algo que últimamente se ha puesto en tela de juicio.

La medición de la pobreza siempre ha sido tema de controversia, en México y en el resto del mundo. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo se debe medir? A través del tiempo hemos visto múltiples intentos en diferentes países y en distintos tiempos, cada uno con su propia definición y medición. Por ejemplo, en 1999 se presentó una estimación realizada por Progresa (el programa principal del gobierno para atender a la pobreza extrema) de que había en ese momento 13.6 millones de pobres. Santiago Levy (entonces Subsecretario de Egresos de la SHCP) divulgó que su estimación era de 18.8 millones. Julio Boltvinik (investigador del Colegio de México) presentó su corrección a la estimación de Levy de 36.5 millones. Enseguida, Marco Provencio (vocero oficial de la SHCP) dijo que oficialmente el gobierno reconocía 25.4 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza extrema. En otras palabras, había cuatro cifras muy distintas que decían que el número de pobres oscilaba entre 13.6 y 36.5 millones, que en términos porcentuales representaba entre 14 y 38 por ciento de la población en 1999.

Ante este problema, en 2001 se formó un Comité Técnico para la Medición de la pobreza, compuesto de académicos de cuatro instituciones educativas del país. Después de 10 meses de trabajo, el comité aprobó una metodología “oficial”, basada en información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que produce el INEGI cada dos años. La primera estimación, que fue para 2000, arrojó una cifra de 53.7 por ciento de la población, en una definición que consideraba solamente al ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas. Los primeros esfuerzos para una medición consistente y oficial de este comité fueron premiados al convertirlo en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ya como Consejo, los expertos decidieron modificar la definición de la pobreza mediante la incorporación de carencias sociales. Al combinar criterios de ingresos con carencias básicas, el Coneval estableció una metodología original “multidimensional”.

Ahora se considera a la población que vive en condiciones de pobreza extrema a los que tienen un ingreso inferior a lo que se necesita para adquirir una canasta básica alimenticia y que tengan por lo menos tres carencias sociales. La pobreza patrimonial se define como la población que tienen un ingreso inferior a lo que se necesita para adquirir una canasta básica ampliada (que incluye bienes no alimenticios) y por lo menos una carencia social. Las carencias sociales consideradas son seis: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Para el cálculo de los ingresos y de las carencias sociales, el Coneval solicitó al INEGI que ampliara la ENIGH para incorporar un “Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). Por ejemplo, para 2014 esta información encontró que 53.2 por ciento de la población tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar y que 72.4 por ciento tenían al menos una carencia social. Al combinar los dos criterios se obtuvo una estimación de 46.2 por ciento de la población que vive en situación de pobreza, mientras que 9.5 por ciento son de pobreza extrema. Se encontró que 26.3 por ciento de la población es vulnerable por carencias sociales (a pesar de tener suficientes ingresos), mientras que 7.1 por ciento es vulnerable por ingresos (aunque no tienen carencias sociales). Al final, significa que tan solo 20.5 por ciento de la población no es pobre ni vulnerable.

La información que proporciona el INEGI cada año mediante el MCS de la ENIGH es crucial para tener mediciones consistentes y homogéneas a través del tiempo. Es el insumo básico para el seguimiento de los programas sociales construidos para abatir la pobreza en el país. Por lo mismo, todos esperábamos con ansiedad los datos del MCS de 2015, que se darían a conocer el 15 de julio. Sin embargo, recibimos con sorpresa la noticia de que el INEGI introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de datos, de tal forma que ya no sea comparable la información con años anteriores.

El MCS de 2015 arroja una cifra de 36.7 por ciento de la población que vive en la pobreza, una disminución de 9.5 por ciento respecto a la estimación de 2014, mientras que la pobreza extrema es de 5.9 por ciento, una diferencia de 3.6 por ciento menos respecto al año anterior. El primer problema es que no podemos comparar las nuevas cifras de 2015 con cualquier otro punto en el tiempo. Lo que dice INEGI es que todos sus cálculos anteriores fueron equivocados, ya que tenían una subestimación de ingresos. La población con ingresos inferiores a la línea de bienestar de 53.2 por ciento en 2014, ahora resulta que es tan sólo 42.1 por ciento, una diferencia de 11.1 puntos porcentuales.

Pensemos que el INEGI tiene razón al considerar que había un sesgo sistemático en la información de años anteriores. De entrada, tenemos un problema de credibilidad. Las cifras nuevas, ¿son creíbles? Enseguida, tenemos otro problema de sospecha. ¿Qué motivó al INEGI a corregir el MCS en el momento actual y en la forma que lo hizo? ¿Fue por encargo del gobierno? ¿Realmente funciona la autonomía del INEGI? Las respuestas a estas interrogantes y el veredicto final le corresponden al Coneval.

Al final de cuentas, el INEGI nos obliga a tirar a la basura años de información y análisis sobre la pobreza. Peor aún, ¿cómo sabemos que no volverá hacer lo mismo de nuevo más adelante? ¿Podría ocurrir lo mismo con otros indicadores económicos que produce la institución? Es verdaderamente triste lo que ocurrió. Aunque el INEGI nos dice que son menos los pobres en el país, siento ahora que somos un país más pobre ante la falta de estadísticas confiables y seguros.

A estas alturas, la noticia la conocen todos. El viernes pasado, el INEGI divulgó los resultados correspondientes al Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de 2015, que son usados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la medición multidimensional de la pobreza. Resulta que introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de los datos, de tal forma que ya no sea comparable la información con años anteriores. Pero posiblemente lo que más controversia causó fue que las modificaciones implican una aparente mejoría notable en la pobreza, sin fundamento, sin consulta y sin debate, que hicieron vibrar hasta los cimientos la propia autonomía del INEGI. Peor aún, en la conferencia que dio el Presidente del INEGI, se le preguntó que va ser el Coneval para la estimación de la pobreza intertemporal; respondió que habría que preguntarle a Coneval, básicamente deslindándose de la responsabilidad del daño hecho. En ese momento, no me quedó claro si Santaella estaba consciente del error que estaba cometiendo.

Quedó clarísimo la molestia de Coneval. No tardó en emitir su posicionamiento, acusando al INEGI de incongruente, resaltando la falta de transparencia y planeación. Dijo que el INEGI actuó de forma unilateral, sin el debido debate técnico y justificación. La consecuencia es una ruptura en la evolución histórica de las mediciones de pobreza. Los tuits del Secretario General de Coneval causaron un verdadero revuelo al expresar su enojo. Todos los medios hablan del tema, en reportajes a ocho columnas, en editoriales, columnas, sin menospreciar la convulsión en los medios sociales. Incluso, ya aparecen peticiones mediante change.org para la rectificación de la información.

He sido un INEGI “watcher” desde hace décadas. Mi pasión por los datos y por los indicadores me han llevado a admirar y querer al instituto. He aplaudido cambios y mejorías, al igual que he criticado muchos aspectos, siempre con el afán de ser un crítico constructivo. Sin embargo, no me acuerdo que el INEGI haya procedido antes de tal forma, que generara tanta sospecha y que haya gestado un golpe tan severo a su credibilidad. ¿Simple ingenuidad de un nuevo presidente sin experiencia? ¿Cumplimento de una agenda preestablecida y cargada con su llegada?

En diciembre del año pasado (miércoles, 2 de diciembre) escribí en esta columna un artículo titulado “Humo Blanco para INEGI”. En su momento, había mucha preocupación en torno a la designación de su próximo presidente. Algunos esperaban que la SHCP impusiera un títere como ocurrió en la Función Pública, o bien, alguien muy allegado a la administración federal actual. El miedo extremo era que el INEGI se convirtiera en una especie de INDEC de Argentina, que inventa sus datos para acomodar los gustos del gobierno, o en un INE de Venezuela que simplemente dejó de publicar información incómoda. Al conocer la designación, comentamos que Santaella tenía los grados académicos necesarios y algo de experiencia relacionada a algunas funciones propias del INEGI, pero que tendría que enfrentar una curva de aprendizaje importante. No obstante, lo que más preocupaba era su experiencia y habilidad política para las negociaciones, decisiones importantes y situaciones propias de la autonomía. En su momento, le dimos el beneficio de la duda, esperando que fuera un excelente presidente.

No me queda claro que motivó al INEGI a proceder de esta forma. Tengo que confesar que me quedé estupefacto al escuchar la noticia. Me gustaría pensar que fue un error relacionado a la falta de experiencia política y no resultado de una agenda que negoció antes de su llegada. Todavía creo en el INEGI, en su proyecto, en sus indicadores y todo lo que queda por hacer.

No hay duda del daño hecho. Por lo pronto, vamos a ver cómo va lidiar con lo acontecido y reparar el golpe a su credibilidad. En diciembre, dijimos que seguiríamos con las críticas constructivas, observaciones pertinentes y vigilancia permanente. Ya quemó su primer cartucho y redujo gravemente sus grados de libertad para más equivocaciones. Por el bien del INEGI y del país, no voy a retirarle el beneficio de la duda. Sin embargo, ahora creo que todos estaremos mucho más atentos, mucho más exigentes y mucho más demandantes.

En el último par de años hemos visto cambios en la balanza de pagos, que ha obligado ajustes en el tipo de cambio. Entre 2003 y 2012, el déficit de la Cuenta Corriente sostuvo un promedio alrededor de 1.1 por ciento del PIB, un nivel relativamente bajo y fácil de financiar mediante el superávit en la cuenta financiera. Incluso, hubo un proceso continuo de acumulación de reservas en el periodo, ya que las entradas de capital eran mucho más de lo que se necesitaba para financiar el déficit. En la mayor parte del periodo, hubo una política monetaria expansiva sin precedentes en Estados Unidos, que provocó mucha liquidez que se canalizó a los países emergentes. Sin embargo, a partir de 2013 el déficit de la cuenta corriente ha crecido sustancialmente. Para este año se estima que pudiera terminar por arriba de 3.2 por ciento del PIB. El crecimiento del déficit ya no ha permitido la misma acumulación de reservas y se ha necesitado de un superávit mayor en la cuenta financiera. El problema es que ha concluido la fase acomodaticia de la política monetaria de la Reserva Federal, lo cual significa que poco a poco se irá revertiendo la liquidez internacional.

En este proceso, hemos visto que el tipo de cambio se ha ido ajustando. En básicamente dos años ha aumentado alrededor de 45 por ciento. En principio, un incremento de tal magnitud debería haber estimulado las exportaciones e inhibido las importaciones para reducir el déficit en la cuenta corriente. Sin embargo, esto realmente no ha sucedido y vemos que el déficit sigue creciendo. Esto significa que necesitaremos un superávit todavía mayor en la cuenta financiera para que las cuentas se ajusten. Sin embargo, un déficit mayor en la cuenta corriente financiado con un superávit mayor en la cuenta financiera implica una mayor vulnerabilidad a los vaivenes financieros internacionales.

Ante esta situación, tenemos dos variables de ajuste. El tipo de cambio puede seguir aumentando para tratar de reducir el déficit en la cuenta corriente, o bien, el Banco Central puede aumentar todavía más la tasa de política monetaria para tratar de atraer más flujos de capital para ampliar el superávit financiero. Hasta hace poco, las autoridades monetarias habían permitido que el ajuste se diera casi por completo vía el tipo de cambio. Mientras que el traspaso del ajuste cambiario hacia la inflación se mantuviera bajo control, el Banco de México no tenía problema con una moneda más débil. No obstante, la depreciación continua sin hacer maya en el déficit y la Junta de Gobierno ve ahora la necesidad de compartir el ajuste con una tasa de interés mayor a sabiendas que tarde o temprano habrá presiones inflacionarias. Como consecuencia, hemos visto en un espacio menor a cinco meses un incremento acumulado de 100 puntos base en la tasa de política monetaria por encima de la tasa de fondos federales en Estados Unidos.

¿Cuál debería ser la variable de ajuste? Si se permite que sea el tipo de cambio, veremos una depreciación todavía mucho mayor a la que se ha dado y sin dudas empezaremos a resentir una mayor inflación. Si se utiliza en forma más agresiva la tasa de interés, veremos una ampliación en la cuenta financiera, con el problema creciente de vulnerabilidad y un efecto contraccionista sobre la demanda agregada.

El mismo Banco de México nos ha dicho que un aumento en la tasa de fondeo bancario provoca alzas en las tasas de interés de mediano y largo plazos, que incentiva el ahorro y disminuye el consumo de las familias. También hace menos atractiva la realización de nuevos proyectos de inversión. Al mismo tiempo, pudiera provocar una apreciación de la moneda, disminuyendo la demanda de bienes nacionales. No solo aumentaría aún más el déficit en la cuenta corriente, sino la desaceleración en la actividad económica podría provocar una recesión. En otras palabras, en el corto plazo las autoridades tendrán que buscar el balance entre las dos alternativas, que de errar podríamos exacerbar la actividad económica o bien, inducir mayores presiones inflacionarias.

Hace 20 años, la tendencia de largo plazo del PIB daba una tasa de crecimiento promedio alrededor de 3.0 por ciento; hoy es de 2.2 por ciento. Hace 20 años, la inflación anual era de dos dígitos; hoy se ubica por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. ¿En qué dirección nos moverá el gobierno en el corto plazo?

Existen muchos indicadores económicos para el seguimiento mensual de la coyuntura. En los primeros días de cada mes, contamos con la familia de indicadores de difusión, como las de confianza del consumidor y empresarial, el indicador IMEF y el IPM del INEGI. Estos son de percepción, que dan brochazos de dirección, más no cantidades, de ciertos aspectos de la economía. Enseguida, contamos con indicadores de dos asociaciones, la AMIA y la ANTAD, que dan cuentas rápidas de las ventas de sus agremiados. La AMIA nos dice cuántos vehículos se produjeron, cuántos se exportaron y cuántos se vendieron en el mercado local. Esta es una información valiosa, ya que, aunque no representa la totalidad de la industria, muestra claramente la dirección de una parte significativa del sector manufacturero más importante del País. La ANTAD reporta la tasa anual de crecimiento nominal de las tiendas afiliadas, que representa una muestra interesante del comercio formal al por menor.

No es hasta la cuarta semana del mes que empezamos a tener los primeros indicadores “duros” de la actividad económica nacional del mes anterior. Estos son las cifras oportunas de la balanza comercial y el reporte laboral, que consiste en la tasa de desempleo urbano y algunas cifras más complementarias del mercado laboral. Las primeras sirven para conocer la actividad exportadora del mes, un motor de crecimiento fundamental de la economía e indicador de la producción manufacturera y las importaciones, que reflejan la demanda agregada de la economía. Aun así, dada que la información se presenta en dólares nominales, en ocasiones no refleja fielmente el volumen que posteriormente se incorporará en el cálculo del PIB. Por ejemplo, en 2015 las exportaciones en dólares crecieron 0.8 por ciento, mientras que en pesos reales aumentaron 9.0 por ciento.

El INEGI informó que las exportaciones siguen a la baja en el quinto mes del año, ya que disminuyeron 2.3 por ciento respecto al mes anterior. A estas alturas del año, las exportaciones acumuladas muestran disminuciones respecto a los primeros cinco meses del año anterior: las petroleras 38.7 por ciento, las automotrices 2.8 por ciento y las manufactureras no automotrices 3.1 por ciento. Estas cifras apuntan a que las exportaciones este año van a contribuir mucho menos al crecimiento del PIB que en 2015 y que pudiera ser la fuente principal de una desaceleración económica. Por el otro lado, las importaciones acumuladas del año muestran tasas negativas en los bienes de consumo y de uso intermedio no petroleros y los de capital, reflejo en parte de una desaceleración en la demanda agregada, pero seguramente también como consecuencia directa del aumento en el tipo de cambio. El balance final del comercio exterior no es buena noticia para el desempeño económico del País; augura mal mes, por lo menos para la producción manufacturera.

También acaba de divulgar el INEGI las noticias sobre el desempeño del mercado laboral. La tasa de desempleo urbano es un excelente indicador de la coyuntura, ya que tiene una elevada correlación con el Índice Compuesto de Indicadores Coincidentes, que mapea el ciclo económico. Desde el año pasado, observamos una mejoría paulatina en esta tasa que, en conjunto con otros indicadores, explica el desempeño mejorado en el consumo de los hogares. La mala noticia es que aumenta por segundo mes consecutivo al registrar 4.91 por ciento (hace dos meses se ubicaba en 4.75 por ciento). La buena noticia es que la tendencia-ciclo de la tasa todavía muestra una tendencia (ligera) a la baja. Sin embargo, un mes más al alza y seguro que veremos de nuevo una tendencia también al alza. Si se interrumpe la mejoría observada desde el año pasado, es posible que empecemos a ver una desaceleración en el consumo de los hogares, que seguramente implicaría crecer menos este año.

Si utilizamos la información que proporciona el Sistema de Indicadores Compuestos Coincidente y Adelantado (SICCA) del INEGI sobre los ciclos económicos de México (a partir de 1980), resulta que la fase de expansión actual (83 meses a marzo) es la más larga de los 36 años de datos que tenemos. En 2013, estuvimos muy cerca de entrar en una recesión, pero milagrosamente la libramos. Los datos actuales apuntan hacia una mayor desaceleración. ¿Estaremos cerca del final de este ciclo?

Los indicadores económicos que se han dado a conocer en las últimas semanas han sido en su gran mayoría negativos. Cada cifra no solo apunta hacia una mayor desaceleración, sino incluso, sugiere que la debilidad económica es mucho mayor de lo que habíamos previsto. Si le agregamos al escenario una política monetaria más restrictiva y una política fiscal menos laxa, pudiéramos estar acercándonos a una posible recesión.

En junio el Indicador IMEF Manufacturero se desplomó 3.9 puntos para ubicarse en un valor de 47.5 unidades. La magnitud de la caída es la segunda más pronunciada en la historia del indicador, solo superado por la de noviembre de 2008 (-5.4 puntos), mientras que el nivel es el más bajo observado desde junio de 2013. En Indicador IMEF No Manufacturero también registró una caída vertiginosa de 3.0 puntos, la mayor en toda la historia del Indicador, para ubicarse en 47.8 puntos. Las magnitudes de ambos indicadores apuntan hacia una desaceleración mucho mayor a lo previsto en meses pasados, señal de una creciente posibilidad de entrar en un periodo de estancamiento (como en 2013), o bien, de estar cerca del inicio de una recesión (como en 2008).

Los datos del consumo privado de abril señalan un muy mal comienzo para el segundo trimestre al disminuir -2.21 por ciento, la tasa más negativa en lo que va el sexenio, mientras que la tasa anual se ubica ahora a tan solo 1.15 por ciento del mismo mes del año anterior. La tendencia-ciclo del consumo de los hogares empieza a registrar pendiente negativa por primera vez desde mediados de 2013. Algunos indicadores complementarios al consumo, como las ventas de las tiendas afiliadas a la ANTAD, empiezan a sugerir una desaceleración significativa. Las ventas reales de tiendas totales en mayo fue 3.5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, la tasa más baja reportada desde diciembre de 2014.

La inversión fija bruta reportada ayer registró una caída de -1.6 por ciento en abril respecto a marzo para ubicarse -2.1 por ciento por debajo de su nivel de hace un año. La adquisición de maquinaria y equipo muestra una clara tendencia negativa a partir de septiembre del año pasado, al registrar tasas negativas en seis de los últimos siete meses. Sin embargo, la sorpresa está en el desplome de -5.3 por ciento en la construcción no residencial, segmento que había mostrado el mayor crecimiento en los cuatro meses anteriores.

Las exportaciones muestran una clara desaceleración en lo que va el año. A nivel de cuentas nacionales (pesos reales), habían crecido 9.0 por ciento en 2015. Sin embargo, en el primer trimestre la tasa anual se ubica en 3.1 por ciento. No obstante, en dólares nominales observamos tasas negativas no solo en las exportaciones petroleras, sino también en las no petroleras. Las exportaciones manufactureras no automotrices empezaron a registrar una tendencia negativa hacia fines de 2014 y en mayo de 2016 mostraron un nivel similar a los promedios anteriores a 2012. Las exportaciones automotrices que fueron la joya de la corona a partir de 2010, empezaron a mostrar una tendencia lateral hacia fines de 2014 y a partir de este año una decreciente.

El consumo de gobierno disminuyó 0.83 por ciento en el primer trimestre de 2016, la tasa más negativa desde el último trimestre de 2006. Esta disminución llevó la tasa anual a -0.29 por ciento, la primera tasa negativa observada desde el último trimestre de 2003. La inversión pública continuó mostrando una tendencia negativa en los primeros tres meses del año, iniciada desde hace siete años. Disminuyó 3.0 por ciento respecto al trimestre anterior y -13.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2015. Esta última tasa es la más baja observada desde el primer trimestre de 2002.

En otras palabras, todos los componentes del PIB por el lado del gasto, sin excepción, muestran desaceleración significativa o tendencia negativa. El gobierno federal acaba de anunciar otro recorte al gasto público, mientras que las autoridades monetarias subieron de nuevo la tasa de fondeo interbancario en otros 50 puntos base. El propio Banco de México nos dice que esto tendrá efecto negativo en el consumo de las familias y será menos atractiva la inversión.

Todavía existe la esperanza que estos datos son aberrantes, es decir, no marcan una tendencia negativa clara, sino solo ruido que se disipara pronto. ¿Será?

Hace un mes, el INEGI divulgó que el PIB creció 0.8 por ciento en el primer trimestre respecto al cuarto de 2015 y 2.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo, informó el desempeño de las actividades productivas, desagregado por 20 sectores, dentro de los cuales destacaron las actividades primarias y el sector de la construcción. La noticia fue muy buena, ya que el crecimiento no solo fue mejor que lo esperado, sino también mucho mayor al de Estados Unidos: la tasa anualizada (de 0.8 por ciento) es 3.3, comparada con la de nuestros vecinos de 0.8. Hace unos días, el INEGI complementa la información anterior con el desglose del PIB por el lado del gasto. Con esta nueva información, podemos entender todavía mejor el comportamiento económico del país.

Resulta que el consumo de los hogares creció 0.5 por ciento, ligeramente por debajo de los cuatro trimestres anteriores. Aun así, fue el componente de mayor aportación al crecimiento, ya que el consumo representa 67.9 por ciento del PIB; explicó 37 puntos base, casi el 45 por ciento de la tasa. No obstante, su crecimiento fue menor al del PIB, por lo que la proporción del consumo en el total cayó a 67.7 por ciento. El componente de mayor crecimiento fue la inversión privada, que aumentó 1.8 por ciento respecto al trimestre anterior y 5.0 por ciento respecto al mismo periodo de 2015. A pesar de ponderar alrededor de una cuarta parte de lo que representa el consumo en el PIB, contribuyó con 32 puntos base al crecimiento, es decir, casi 40 por ciento de la tasa trimestral. Con este avance, la inversión privada ya representa 18.4 por ciento del PIB, un nuevo máximo histórico.

El tercer componente en orden de importancia fueron las exportaciones, que crecieron 0.4 por ciento respecto al trimestre anterior y 3.1 por ciento anual. Aunque el avance es muy modesto, su ponderación de 35 por ciento del PIB, permitió que contribuyera con 14 puntos base a la tasa del trimestre del PIB. Sin embargo, es muy notorio su desaceleración, ya que la tasa anual del primer trimestre del año pasado fue 12.6 por ciento. En 2015, las exportaciones medidas en pesos reales crecieron 9.0 por ciento.

El gasto público, tanto como el consumo de gobierno como la inversión pública, tuvieron contribuciones negativas con tasas de -0.8 y -3.0 por ciento respectivamente en el trimestre. Entre ambos componentes, le restaron 19 puntos base a la tasa del PIB. La tasa anual del consumo público fue -0.3 por ciento, siendo la primera vez en los últimos 49 trimestres en que se registra una tasa negativa. La inversión pública alcanzó -13.6 por ciento, la más baja de los últimos 57 trimestres. Registra una tasa negativa en 19 de los últimos 20 y en 23 de los últimos 27 trimestres. Creo que queda claro que la inversión pública registrará en 2016 su séptimo año consecutivo a la baja. Pero es muy posible que en esta ocasión sea con una tasa más negativa que en los seis años anteriores. Por lo pronto, ya solo representa 3.4 por ciento del PIB, un nuevo mínimo histórico.

¿Qué nos dicen todas estas cifras? Primero, aunque sí avanza el consumo privado, no es el fenómeno que muchos creen. Como proporción del PIB, el máximo histórico fue el segundo trimestre de 2013, mientras que su desempeño anualizado da apenas 2.0 por ciento de crecimiento. Si queremos crecer más cerca de 3 este año que de 2 por ciento, necesitamos un consumo mucho más dinámico. La fortaleza de la economía ahora es la inversión privada, pero no en forma generalizada, sino específicamente la edificación no residencial. Las obras de ingeniería civil, los trabajos especializados de la construcción y la adquisición de maquinaria y equipo van a la baja, mientras que la edificación residencial muestra un desempeño lateral. Si queremos que la inversión privada se mantenga como el motor principal de crecimiento, tendremos que ver un desempeño mucho más generalizada.

Preocupa la desaceleración de las exportaciones. Si bien crecieron 3.1 por ciento en pesos reales en el primer trimestre, cayeron 5.9 por ciento en dólares. Las exportaciones manufactureras no automotrices llevan año y medio con una tendencia negativa, mientras que las automotrices también empiezan a registrar tasas negativas. Por último, es casi un hecho que el gasto público seguirá con tasas negativas. El balance final no es tan positivo.