Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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El INEGI dio a conocer el crecimiento económico de febrero, mediante el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y las cifras del comercio exterior de marzo. Con esta información empezamos a tener una mejor idea de lo que podría ser el crecimiento del primer trimestre de este año, en cara a la noticia de la estimación oportuna del PIB que dará a conocer el INEGI este viernes. No obstante, este trimestre resulta complicado por los efectos de calendario; en febrero hubo un día laboral adicional por el año bisiesto, mientras que en marzo hubo menos días por la Semana Santa. Esto significa que cualquier análisis de las tasas de crecimiento a partir de las series originales (sin corregir por efectos de calendario ni ajustar por estacionalidad) va resultar difícil de interpretar.

Por ejemplo, la tasa anual del IGAE de febrero fue 4.1 por ciento, un brinco significativo respecto a la de enero de 2.2 por ciento. Sin embargo, al corregir la serie por efectos de calendario e incorporar ajustes estacionales, la tasa anual de febrero fue 2.8 por ciento, ligeramente por debajo de la de enero de 2.9 por ciento. Lo que pasa es que al tener 20 días hábiles este año en vez de 19, aumenta el tiempo de trabajo en 5.3 por ciento. Sí aumentó la producción de febrero respecto al año pasado, pero solo porque hubo más días y no por mayor producción diaria.

La Semana Santa (jueves y viernes santos) fue 24 y 25 de marzo este año, mientras que el lunes 21 fue día de asueto por el natalicio de Benito Juárez. El año pasado, jueves y viernes santos fueron 2 y 3 de abril. Si comparamos marzo de este año con el mismo mes del año anterior, algunos establecimientos (por ejemplo, turismo) van a tener mayor crecimiento (por más días vacacionales), mientras que otros (fábricas, oficinas, etc.) tendrán menos. No obstante, en el agregado, estaremos comparando menos días hábiles este año con más del año anterior, por lo que es un hecho de que habrá una tasa anual negativa para el IGAE en marzo y una tasa menor a 2 por ciento para el trimestre. Por todas estas complicaciones se recomienda descartar el análisis del crecimiento mediante las series originales. En Estados Unidos se utiliza una sola serie (corregida y ajustada) para el cálculo de tasas mensuales, trimestrales y anuales.

Entonces, ¿qué podemos esperar para el trimestre haciendo a un lado todo el ruido de los efectos de calendario? Lo que ya sabemos es que enero fue un muy buen mes, con buenas tasas en minería y construcción, que permitieron un avance de 0.7 por ciento en las actividades secundarias (el mejor mes desde 2012), combinado con un desempeño regular de 0.3 por ciento en las terciarias. Al final, el IGAE avanzó 0.6 por ciento respecto al mes anterior. Febrero fue menos favorable en las secundarias, pero mejor en las terciarias, para un avance de 0.2 por ciento.

Los datos de comercio exterior para marzo no fueron buenos ni para las exportaciones (que se debe reflejar en la manufactura), ni para las importaciones (que marca el paso de la demanda agregada, que a su vez determina en parte las actividades terciarias). Por lo mismo, supongamos que el IGAE de marzo tenga un avance entre un intervalo de -0.2 y 0.3 por ciento. El escenario pesimista (-0.2 por ciento) nos da una tasa anual para el mes de 3.0 por ciento, la mejor que podemos observar desde noviembre 2012. Se traduce en un despeño de 0.8 por ciento para el trimestre y 2.9 por ciento a tasa anual. El escenario optimista (0.3 por ciento) significaría una tasa anual para marzo de 3.5 por ciento y 0.9 por ciento para el trimestre, que sería 3.1 por ciento respecto al primer trimestre de 2015.  En otras palabras, ya importa muy poco el desempeño de marzo en sí, ya que cualquier tasa del supuesto intervalo (y suponiendo que no hay revisiones de las tasas de meses anteriores) nos va decir que el primer trimestre de 2016 tuvo el mejor desempeño para la actividad económica desde el último trimestre de 2012.

Tomen nota de la diferencia en el análisis de la actividad económica a partir de series originales versus series corregidas y ajustadas debidamente. El que se va con la finta de usar series originales llegará a la conclusión de que el primer trimestre de 2016 fue el peor desde el segundo de 2014, mientras el que utiliza las series correctas verá que fue el mejor en lo que va el sexenio. Por lo mismo, he argumentado una y otra vez que el INEGI debería basar sus boletines de prensa solo en series corregidas y ajustadas y remitir las series originales al Banco de Información Económica (BIE).

Veremos el viernes.

La medición del poder adquisitivo es un trabajo complejo y muchas veces no muy bien comprendido. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide la inflación de una canasta representativa de una familia promedio a nivel nacional, con base a las ponderaciones que salen de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Sin embargo, los precios son distintos para cada familia según sus gustos y preferencias, sus ingresos y su lugar de residencia. Por lo mismo, para muchos la tasa reportada resulta distinta a su propia percepción e incluso, causa cierta sospecha de la medición misma.

Hace tiempo, el Banco de México agrupó 80 productos genéricos para conformar una canasta básica, con la idea de medir más de cerca el poder adquisitivo de la mayor parte de la población. Sin embargo, la conformación de esta canasta siempre fue muy cuestionado, ya que hay una cantidad significativa de bienes de primera necesidad que están excluidos, mientras que incluye bienes superfluos, que difícilmente se pueden considerar “básicos”. El ejemplo más absurdo es que incluye gasolina, tanto de bajo como de alto octanaje, reproductores de video y cerveza, mientras que excluye jitomate, cebolla, limón, chiles de todo tipo, pan dulce y pollo y no contiene ni un solo producto de la categoría de ropa, calzado y accesorios. Las contradicciones e inconsistencias de su conformación hacen llegar a la conclusión de que no tiene fin analítico ni uso propio. De hecho, es un indicador que se debería descontinuar.

Afortunadamente, Coneval nunca ha considerado la canasta básica como representativa de algo y en su lugar conformó su propia canasta llamada “alimentaria”, que lo utiliza para evaluar el bienestar mínimo. Al examinar su contenido, encontramos que está conformado como por la mitad de los productos y resulta ser mucho más realista y representativo. En adición a ésta, Coneval también estableció una canasta no alimentaria, que en conjunto con la primera es utilizada para evaluar la línea de bienestar que define uno de los parámetros en la evaluación multidimensional de la pobreza. Estos índices son los que debería divulgar el INEGI es su página en vez de el de la canasta básica.

Es un ejercicio obligatorio comparar la evolución de los índices conformados por el Coneval con el INPC. De entrada, en prácticamente todos los años la inflación general es menor al incremento en el costo de la canasta alimentaria y de la de bienestar. Si analizamos el incremento acumulado de los últimos siete años, el INPC ha aumentado 29.4 por ciento, la canasta de bienestar 35.2 por ciento y la alimentaria 45.7 por ciento. Esto significa que, si una persona ha recibido incrementos en su salario equivalentes al INPC desde 2009 a la fecha, tiene hoy -11.2 por ciento menos poder adquisitivo en términos de la canasta alimentaria y -4.3 por ciento menos en términos de la canasta de bienestar.

Resulta interesante 2015, ya que fue una de las raras excepciones. En el año en que la inflación registró su famoso mínimo histórico de 2.13 por ciento, tanto el incremento anual de la canasta alimentaria como la de bienestar fueron menores (1.8 y 1.6 por ciento, respectivamente). Esto significa que después de observar un deterioro en los niveles de ingreso de las familias de menores ingresos por muchos años, es posible que, por primera vez en mucho tiempo, en 2015 veremos una recuperación (aunque marginal). Esto nos hace pensar que cuando Coneval divulga la medición de pobreza para 2015, pudiéramos esperar una reducción (aunque pequeña) en sus números.

Si examinamos la evolución de la pobreza en los últimos años, encontramos una mejoría continua en la disminución de las carencias de derechos sociales, pero un empeoramiento en términos de la población con ingreso menor a la línea de bienestar. Esta da pie a una reducción en los vulnerables por carencia social y en la pobreza extrema, pero un aumento en los vulnerables por ingreso y en los pobres moderados.

Esta discusión es muy relevante en estos momentos en que se discute la posibilidad de aumentar el salario mínimo y de adecuar su política. En el pasado, se ha incrementado el mínimo en función de la inflación medido por el INPC, por lo que se ha observado un deterioro continuo en su poder adquisitivo en términos de adquirir la canasta alimentaria. Esto significa que no solo es necesario elevar el salario para que sea el mínimo necesario para comprar la canasta alimentaria, sino que de aquí en adelante se debería adoptar como la referencia para fijar los aumentos anuales.

El Fondo Monetario Internacional publica sus perspectivas de la economía mundial (World Economic Oultlook) en abril y octubre de cada año y una actualización cada tres meses. La institución acaba de divulgar la última edición en la cual revisa a la baja (otra vez) su perspectiva para el crecimiento mundial a 3.2 por ciento, apenas un punto decimal más del estimado para el año pasado. Salvo China y Europa emergente, revisa hacia la baja la expectativa para prácticamente todos los países del mundo: Señala que la probabilidad de que se materialice su escenario central ha disminuido, mientras que aumenta la posibilidad de mayor estancamiento con brechas de producto negativas en más países.

Como era de esperar, revisa a la baja el crecimiento esperado de México por -0.4 puntos porcentuales para 2016, respecto a lo que tenía en octubre, y -0.5 puntos para 2017. Por tanto, ahora la perspectiva es que vamos a crecer 2.4 por ciento este año y 2.6 por ciento en 2017, pero con un marcado riesgo a la baja. Para redondear el marco macroeconómico, ve la inflación en 2.9 y 3.0 por ciento al final de 2016 y 2017, respectivamente, el déficit de la cuenta corriente en 2.6 por ciento para ambos años y la tasa de desempleo en 4.0 y 3.9 por ciento para los dos años.

El crecimiento proyectado para nuestro país es una gran desilusión, en especial porque el gobierno prometió que a estas alturas del sexenio estaríamos creciendo alrededor de 5 por ciento en un escenario en el cual se aprobaran todas las reformas estructurales. No obstante, el crecimiento se ubica a la mitad de lo dicho y cada vez se ve más probable de que terminemos el sexenio sin conocer ni siquiera el 3 por ciento en el último año. Pero nadie esperaba un entorno externo tan complicado, estancamiento en muchos países y precios de los commodities por los suelos.

Ahora nos dicen que 2.5 por ciento resulta muy bueno, ya que estamos creciendo por arriba de casi toda América Latina. ¿Será cierto? Queda muy claro que estamos mucho mejor que los tres países más grandes de América del Sur: Argentina, Brasil y Venezuela. Los tres tienen proyectado una tasa negativa para 2016 y peor aún, con inflaciones elevadas (el FMI ahora estima la inflación de Venezuela en 1,642.8 por ciento para 2017 y 4,505 para 2021). No obstante, si nos comparamos con los 32 países de América Latina y el Caribe, resulta que hay igual número de países de la región que van a crecer por arriba de México que por debajo. Por ejemplo, se espera que Bolivia, Costa Rica, Dominica, la República Dominicana, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y San Kitts y Nevis van a crecer todos 3.0 por ciento o más este año. Mientras que Argentina, Brasil, Ecuador, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela esperan tasas negativas, Antigua y Barbuda, Bahamas, Chile, Santa Lucia y Uruguay tiene la expectativa de crecer 2.0 por ciento o menos. Los otros ocho países van a crecer a tasas similares a México. En otras palabras, si no ponderamos los países por el tamaño de su economía, estamos muy cerca de la media (y la mediana) para la región.

En materia de inflación, estamos mejor que la media, pero aun así hay 14 países cuya proyección para el promedio del año está por debajo del 2.9 por ciento que estima el FMI para 2016. Venezuela tiene proyectado la inflación más elevada del mundo en este momento. Argentina, Haití y Surinam son los únicos países con una tasa de dos dígitos, mientras que Brasil y Uruguay están muy cerca de unirse con ellos.

En términos del déficit de la cuenta corriente, México se ubica justo en la media (ponderada) de la región, pero muy por debajo de la mediana (no ponderada). Hay 22 países con déficit externo como proporción del PIB mayor a la de México. San Vicente tiene el mayor déficit (-21.3), seguido por San Kitts y Nevis (18.4), Dominica (16.6) y Granada (12.2), todos países caribeños muy pequeños. Bolivia (8.3), Colombia (6.0), Perú (3.9) y Uruguay (3.9) son de los países medianos con mayor déficit, mientras que Venezuela registra 6.6 por ciento del PIB. Guatemala tiene el déficit más pequeño de la región (0.7), mientras que Argentina (1.7), República Dominicana (1.7) y Paraguay (1.2) le siguen.

Es una lectura interesante para el iniciado, ya que el análisis del FMI siempre es profundo y meditado. Vale la pena entender como nos comparamos con los demás. En especial, se recomienda repasar los riesgos que enfrentamos todos. Sin embargo, para los no iniciados o simplemente no tan interesados, basta con leer el título: “demasiado lento por demasiado tiempo”.

El pasado viernes, 1 de abril, la SHCP divulgó el documento conocido como “Pre-Criterios”, que ofrece un diagnóstico adelantado a los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), que el gobierno enviará al Congreso en septiembre junto con el presupuesto de 2017 para su aprobación. El escrito ofrece una actualización de la visión del gobierno para 2016 y un preámbulo a lo que piensa presentar para 2017. Dado que el entorno externo presenta ahora menor dinamismo a lo anticipado hace seis meses, el ejercicio ofrece una explicación más detallado de sus implicaciones.

En los CGPE de 2016, el gobierno presentó un rango para el crecimiento de este año de 2.6 a 3.6 por ciento. No obstante, la utilización de un intervalo es para el consumo mediático, ya que para la programación financiera se necesita un estimado puntual. Hace seis meses, la SHCP tomó el punto medio del intervalo (3.1 por ciento), mientras que ahora propone utilizar la parte inferior (2.6 por ciento). Esto significa que, aunque no ha modificado su estimación mediática, incorpora una revisión a la baja de medio punto porcentual en la expectativa para el año. El número es marginalmente más optimista que el consenso actual de los analistas de mercado (2.4 por ciento) y muy cercano al crecimiento observado el año pasado.

A pesar de anticipar un avance del PIB en 2016 prácticamente igual al de 2015, se espera una composición distinta. El componente más dinámico el año pasado fueron las exportaciones, que a pesar de la caída en el volumen de exportación de petróleo, presentó una tasa de 9.0 por ciento como resultado de la depreciación cambiaria. Este año SHCP anticipa una tasa de 4.4 por ciento ante un menor dinamismo externo y una reducción adicional en la exportación petrolera. La compensación proviene de un avance marginal mayor (0.1 por ciento) en tanto el consumo (3.1 por ciento) como la inversión (3.9 por ciento). Resulta interesante observar que, al referirse al año pasado, se presenta el desglose para ambos componentes entre privado y público, pero no para la expectativa del año. Dado que habrá un recorte en el gasto público, podemos esperar que esto significa que la SHCP espera todavía un mejor desempeño en el consumo privado y en la inversión privada, que crecieron 3.2 y 6.3 por ciento, respectivamente, en 2015. De aquí se deriva que anticipa una mejoría en la recaudación no petrolera de un punto porcentual del PIB.

Para 2017, la SHCP ofrece un rango mediático para el crecimiento económico de 2.6 a 3.6 por ciento (igual que 2016), aunque para efectos de la programación plantea utilizar 3.0 por ciento, una tasa ligeramente por debajo del punto medio del intervalo. Cuando la SHCP prepara su documento, esta proyección estaba en línea con la expectativa del mercado. Sin embargo, las últimas encuestas muestran revisiones a la baja hacia una tasa de 2.8 por ciento. Para llegar a la tasa de 3.0 por ciento, SHCP estima crecimientos en las exportaciones de 5.5 por ciento y en el consumo y la inversión de 3.3 y 4.3 por ciento, respectivamente.

Para cerrar el marco macroeconómico 2016-2017, el gobierno anticipa un tipo de cambio para el cierre de 2016 en 17.5 pesos y para el cierre de 2017 en 17.0 pesos. El déficit de la cuenta corriente quedará relativamente elevado, en 3.1 y 2.9 por ciento del PIB en 2016 y 2017, respectivamente. No obstante, piensa que las entradas de inversión extranjera directa en ambos años serán suficientes para su financiamiento. Plantea tasas de inflación totalmente en línea con el objetivo de Banxico (3.0 por ciento) para ambos años y tasas de CETES a un mes de 4.3 y 5.3 por ciento, respectivamente. Esto último se puede interpretar como que anticipa que la tasa de política monetaria de Banxico terminará este año en 4.25 por ciento y 2017 en 5.25 por ciento.

¿Es un escenario creíble? ¿Lo podemos utilizar para la planeación de las empresas? En principio si, ya que los números no son tan distintos al consenso (mediana) actual de mercado. Incluso, hay corredurías que anticipan más crecimiento; Nomura espera 2.8 por ciento para 2016, mientras que Scotiabank piensa en una tasa de 3.5 por ciento para 2017. Las proyecciones del tipo de cambio para fin de año para 2016 van de 16.80 (Santander) hasta 18.50 (JP Morgan) y para fin de 2017 de 16.00 (CIBanco) hasta 18.60 (BAML). Nadie puede predecir el futuro, simplemente tenemos que estar conscientes de los riesgos y pendientes de las actualizaciones.

¿Los riesgos son más hacia la baja o hacia el alza? Por lo pronto, pensaría que a la baja, pero el tiempo dirá.

El sector de la construcción resulta ser de los más importantes de la economía, no por su tamaño dentro de la economía (7.5 por ciento) o por su aportación al empleo formal (8.5 por ciento de los asegurados en el IMSS), sino por su aportación a la formación bruta de capital del país. La construcción explica el 68.2 por ciento de la inversión fija bruta (IFB), mientras que la adquisición de maquinaria y equipo aporta el 31.8 por ciento restante. Tiene la característica de ser muy “pro-cíclico”, es decir, jala hacia arriba o hacia abajo el ciclo económico, dependiendo en qué fase nos encontramos. Por lo mismo, una de las políticas económicas más trascendentales que puede instrumentar el gobierno es la del impulso de la infraestructura pública.

Sin embargo, en los últimos seis años la inversión pública ha disminuido -23.7 por ciento. A principios de 1995 representaba 55.0 por ciento del total de la inversión, mientras que a fines del año pasado encontramos que su participación se ha reducido a tan solo 16.2 por ciento de la IFB del país. Si examinamos el PIB por el lado del gasto (también conocido como la demanda agregada), encontramos que el único componente con una contribución negativa al crecimiento económico es justo la inversión pública. Si observamos las tendencias de los tres subsectores de la construcción que reporta el INEGI, vemos que el único que muestra un estancamiento casi permanente en los últimos tres años es el subsector 237 de la “construcción de obras de ingeniería civil”, típicamente asociado con la inversión pública.

¿En qué consiste el subsector 237? El Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN) divide el subsector en cuatro ramas: la construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones (2371); la división de terrenos y construcción de obras de urbanización (2372); la construcción de vías de comunicación (2373); y otras construcciones de ingeniería civil (2379). Desgraciadamente, no contamos con información oportuna a este nivel de desagregación para encontrar dónde ha fallado más el gobierno, pero intuitivamente, ha de ser la sub-rama 23712 de la construcción de obras para petróleo y gas, ya que la mayoría de las perforaciones de pozos petroleros han sido improductivos.

En adición al nulo valor agregado de la inversión pública, el gobierno también ha sido responsable por el mal desempeño de otros subsectores de la construcción, en especial, la edificación residencial (2361). Esta rama pasó por una crisis singular desde mediados de 2012 hasta fines de 2013, que casi empujó a la economía en su totalidad a una recesión. El gobierno del sexenio anterior había instrumentado una política de subsidios para impulsar a la vivienda de interés social de tipo horizontal. Sin embargo, el Censo de Vivienda reveló que había una cantidad impresionante de unidades multifamiliares abandonadas o por lo menos sin ocupar, ya que carecían de una infraestructura básica, no tenían suficiente oferta de actividades recreativas, no había servicios de educación y salud suficientes y se ubicaban muy lejos de los centros de trabajo. Al darse cuenta el gobierno de su desatinada política, suspendió el programa y prácticamente paro en seco a la industria de la construcción. El gobierno entrante tardó mucho en aprobar un nuevo esquema y después en fondear la nueva política de subsidios, a tal grado que provocó la quiebra de muchos de los desarrolladores de vivienda. Al final de cuentas, la crisis de la construcción de 2013 fue tan severa como la que experimentó en los años de la gran recesión de 2008-2009.

La organización “México, ¿Cómo Vamos?” se ha dedicado a poner metas para transformar el país. A veces difícil de entender su lógica, ya que pone una meta exageradamente ambiciosa de crecer 6 por ciento anual, junto con otra relativamente mediocre de que la inversión fija bruta alcance solo el 24 por ciento del PIB. Sin embargo, para crecer más, necesitamos incrementar la inversión. Aun así, en 2015 la inversión solo representó 22.2 por ciento del PIB, como producto de la mala inversión pública y políticas desatinadas para impulsar la construcción en general.

Al enfrentarse a la necesidad de recortes presupuestales, el gobierno se ha enfocado a disminuir aún más las obras de infraestructura básica. Todos sabemos que tiene mucha tela para recortar del gasto corriente, pero ha fallado la voluntad política. ¿Qué pasó con el presupuesto base cero? ¿Qué pasó con el Programa Nacional de Infraestructura? Buenas ideas, abandonadas.

El INEGI dio a conocer el crecimiento del PIB de 2015 el mes pasado, por el lado de la oferta. Las cifras incluyeron el PIB total y el desglose a nivel de dos dígitos del SCIAN, que significa el crecimiento de los 20 sectores de la economía (aunque realmente son 19 al no separar el comercio al por mayor del comercio al por menor). Resultó que el PIB creció 2.5 por ciento, pero a un pellizco de registrar 2.6 (ya que fue 2.5496 por ciento). No nos debería de sorprender que la próxima revisión sea al alza, ya que a semana pasada se divulgó el desglose por el lado del gasto (también denominado de la demanda agregada), que revela algunos aspectos interesantes del acontecer económico del año pasado.

Primero, el supuesto crecimiento “sorpresivo” del consumo privado, siempre no fue para tanto. En 2015 creció 3.1 por ciento (3.148 para ser más exacto), que fue 1.23 veces lo que creció el PIB. Si examinamos la relación histórica entre consumo y PIB, encontramos que fue un año normal, ya que el promedio de los diez años anteriores fue 1.22 veces. Más bien, el año anormal fue 2014, ya que la relación apenas fue 0.79 veces y se explica por la reforma fiscal. En 2015, simplemente observamos el regreso a la normalidad.

Segundo, habíamos visto que las exportaciones cayeron -4.1 por ciento en 2015, producto del desplome de las petroleras, pero también de un pobre desempeño de las exportaciones no petroleras. Sin embargo, estas cifras de la balanza comercial son en dólares nominales, por lo que no reflejan el volumen exportado. Si examinamos las cuentas nacionales, que mide el crecimiento en términos de pesos reales, resulta que las exportaciones crecieron 9.1 por ciento. Esto significa que sí hubo un incremento importante en el volumen de exportación, impulsado por la depreciación de la moneda, pero como fue a precios más baratos, no obtuvimos más dólares en el año. Otra paradoja es que, aunque tuvimos el déficit comercial más elevada desde 2008 (medidos en dólares), resulta ser el superávit más elevada de hace por lo menos los últimos diez años medidos en pesos reales.

Tercero, la SHCP nos había reportado un aumento en el gasto del sector público total de 5.8 por ciento real en 2015, para registrar el nivel de gasto público (nominal y real) más elevada en la historia. No solamente fue un crecimiento real elevado (el promedio anual de los últimos 34 años es 2.5 por ciento), sino resulta que la tasa es superior a 24 de los 34 años de historia consultada. Pero al consultar las cifras del INEGI para ver su impacto en el valor agregado del país, nos topamos con un gran misterio. Sumamos el consumo público y la inversión pública para tener una idea del gasto público total; encontramos que la tasa real de 2015 respecto al año anterior es -0.01 por ciento. Salvo 2012, es la tasa más baja que encontramos.

La explicación principal es una caída de -6.5 por ciento en la inversión pública real, contra un avance de 2.4 por ciento que presume la SHCP y el sexto año consecutivo con tasa negativa. Peor aún, mientras que la SHCP reporta un crecimiento acumulado de gasto público de capital de 48.4% en 2015 respecto a 2009 (seis años), INEGI nos dice que la inversión pública ha disminuido -23.7 por ciento en el mismo periodo.

No sé ustedes, pero para mí esto es un escándalo mayúsculo. Tenemos el mayor gasto público real en la historia, pero sin que aporte al crecimiento económico. La tasa de crecimiento promedio de 2010 a 2015 es de 3.2 por ciento, mientras que el PIB sin inversión pública ha avanzado a una tasa promedio real de 3.6 por ciento. ¿Cuál es el propósito de la inversión pública? ¿Crecer menos? ¿Para esto nos quitan impuestos?

Por último, el INEGI mide el PIB primero por el lado del valor agregado (valor bruto de la producción menos el consumo intermedio) y después por el lado del gasto. Aunque en teoría deben dar el mismo resultado, siempre hay una discrepancia estadística entre los dos cálculos. El problema es que la contabilidad nacional no es lo mismo que la de una empresa, ya que los cálculos son por inferencia estadística (encuestas) y no por asientos contables exactos. En 2015 se registró la discrepancia estadística más elevada en la historia entre los dos cálculos; resulta que la suma de los componentes es 2.4 por ciento mayor que el PIB. Si el cálculo del PIB hubiera sido por el lado del gasto, el crecimiento en 2015 hubiera sido 4.4 por ciento. En principio, el primer cálculo es más robusto, por lo que la discrepancia se le resta al cálculo por el lado del gasto. ¿Será?

La semana pasada, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) organizó el “Encuentro de Especialistas sobre Salario Mínimo: Avances hacia una nueva política”. El objetivo fue presentar una serie de estudios encomendadas a la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, sobre la relación del Salario Mínimo (SM) con la productividad, la inflación, el empleo, la pobreza y las condiciones de vida.

En particular, llamó la atención el estudio realizado por el Banco de México sobre los efectos inflacionarios de un aumento en el SM. La conclusión principal es que el coeficiente de traspaso del SM a la inflación es mayor a la unidad (de hecho, lo estima en 1.37). ¿Eso qué significa en lenguaje normal? Que cualquier aumento en el salario mínimo causaría un impacto más que proporcional en la inflación. Por ejemplo, si se aumentara 146.6 por ciento (lo necesario para que alcance para comprar una canasta ampliada estimada por Coneval), la inflación subiría a 200.8 por ciento. Pero peor aún, ya que el Banco dice que estas estimaciones no incorporan mecanismos de ajuste de expectativas, lo que induciría aún mayores ajustes a los precios. Por lo mismo, estos resultados deben ser interpretados como cotas inferiores del efecto sobre la inflación.

En pocas palabras, Banxico nos está diciendo que no existe la posibilidad de incrementar el poder adquisitivo del SM. Si se otorga un incremento, la reacción en los precios va ser de tal magnitud que terminará reduciendo el poder de compra del SM. Peor aún, todas las personas que no obtuvieron aumentos significativos en sus salarios terminaran sufriendo todavía más. Estamos ante la posibilidad de tener mayor inflación que en el periodo de febrero de 1987 a febrero de 1988, cuando la tasa anual llegó a 179.7 por ciento. Pero las malas noticias no acaban, ya que terminaríamos con la estabilidad macroeconómica y seguramente las empresas calificadoras nos quitarían el estatus de “grado de inversión”. Al final, terminaríamos peor que la década perdida de los ochenta.

Afortunadamente, el estudio está lleno de supuestos fantasiosos, difíciles de creer. Por ejemplo, para estimar el efecto de largo plazo, el Banco considera que el incremento en el SM provocará un desequilibrio mayor en la balanza de pagos, que se ajustará mediante un incremento significativo en el tipo de cambio. Aquí se hace el supuesto de que habría un traspaso del 100 por ciento del tipo de cambio nominal a la inflación. Si fuera cierto, ahora deberíamos tener una inflación de 45 por ciento, ya que el tipo de cambio ha aumentado en esa magnitud en el último año y medio. Sin embargo, por otro lado, en otros estudios el Banco nos ha dicho que el traspaso actual es de tan solo 4.0 por ciento. Incluso, conozco un economista de Banxico que argumenta que el coeficiente de traspaso es en realidad cero.

Otro supuesto fundamental que hace el estudio es que cualquier aumento en el SM se traslada a los demás salarios (el efecto “faro”) en un 85 por ciento. En otras palabras, si se incrementa el SM en 146.6 por ciento, todos los salarios del país aumentarían 124.6 por ciento en promedio. ¿Por qué? Banxico dice que la práctica de utilizar el aumento anual en el SM como base de negociación para todos los salarios contractuales permanecerá. Muy difícil de creer.

El estudio presenta varios escenarios; el que comentamos aquí es solamente uno. Otro escenario contempla el efecto de un aumento de 21.7 por ciento en el SM, necesario para alcanzar la canasta alimentaria básica definida por Coneval. Los resultados no son tan aparatosos, pero la conclusión es la misma: todos terminaríamos perdiendo. La inflación aumentaría en 29.7 por ciento, reduciendo el poder adquisitivo del SM real y de mucho más. Aunque no se presentan los números que resultarían de una estrategia de incrementos multianuales, el estudio básicamente nos dice que los resultados serían todavía peores.

Normalmente Banxico hace excelentes estudios. A mi juicio, los economistas que trabajan allí simplemente son los mejores del país. Sin embargo, este trabajo tiene un solo fin: espantar a todos para que abandonen cualquier pretensión de aumentar el SM. Para cumplir con este propósito, hace supuestos irrealistas y termina por perder la brújula. Da la impresión de que primero se escribieron las conclusiones y después se buscó una evidencia empírica ad hoc. Ojalá que los integrantes de la Comisión Consultiva se dan cuenta de lo mismo y terminen por descartar el estudio. Yo ya lo hice.

Aunque los debates sobre el salario mínimo (SM) van y vienen, parecía olvidado en México. En los ochenta el SM se utilizó como mecanismo para ayudar a estabilizar la moneda y los precios, mediante una política deliberada de otorgar aumentos por debajo de la inflación. El resultado fue una pérdida en su poder adquisitivo de más de 70 por ciento. Ya entrado en los noventa, se adoptó una política casi automática de incrementos atados a los objetivos de inflación, para así mantener su poder adquisitivo estable, pero sin ninguna recuperación. Peor aún, se establecieron mecanismos de indexación atados al SM, que prácticamente imposibilitó que el SM fuera lo que debería ser. El resultado fue la sepultura de cualquier debate sobre el tema.

Hace ya casi dos años, Miguel Mancera declaró que debería existir en México un SM de 171 pesos, aproximadamente 154 por ciento mayor al vigente en el momento. Propuso abrir el tema a debate, viendo no solo su posible efecto sobre la inflación, sino también en términos de productividad, generación de empleo y crecimiento económico. En los siguientes meses, hubo mucha discusión y se organizaron varios foros al respecto. Lo primero que surgió es que el SM real en México era de los más bajos del mundo. Quedó claro que hubo un abuso en su uso como política antiinflacionaria y que su nivel contradecía lo establecido en la Constitución.

El resultado de esa primera ronda de debate fue la conclusión que era prácticamente imposible avanzar en cualquier política encaminada a la recuperación del SM sin desmantelar la indexación de facto al desvincular cualquier aumento del SM de precios, rentas y tarifas. El debate sí tuvo resonancia en la sociedad y aceptación de que había que hacer algo. Así, en septiembre de 2014 se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, a fin de “estudiar los mecanismos viables y sostenidos para la recuperación de los ingresos de los mexicanos perceptores de un salario mínimo”.

En algún momento del año pasado se aprobó la reforma constitucional para desvincular el SM de todas las disposiciones legales y así, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar las obligaciones y supuestos previstos en las leyes, dejando al SM libre de dicha responsabilidad. El siguiente paso fue encomendar estudios sobre la relación del SM con productividad, inflación, empleo, pobreza y condiciones de vida, a diferentes entes e instituciones. No obstante, dichos estudios han tardado más de lo debido, por lo que se han aprobado prorrogas para su entrega, junto con opiniones y recomendaciones encaminado hacia una resolución final. El último plazo establecido vence el 23 de junio de este año.

En principio, los estudios ya están terminados y la CONASAMI, junto con la STPS, han convocado a un Encuentro de Especialistas sobre el Salario Mínimo, que se efectuará este jueves y viernes (10 y 11 de marzo), con el objetivo de presentar los estudios con comentaristas y discusiones. Los estudios serán presentados por sus autores (Banxico, Banco Mundial, la OIT, Coneval y el CEESP), mientras que los comentaristas serán principalmente académicos (de la UAM, CIDE, Colmex, ITAM e ITESM), junto con personajes del BID, Sedesol y Cofece. Esperemos que la discusión sea nutrida, pero que de allí emanen recomendaciones específicas, junto con calendarios y acciones a seguir.

Como es de esperar, la oposición principal a cualquier cambio en la política actual del SM proviene del Banco de México. Esta institución va presentar dos estudios cruciales, sobre el efecto “faro” (la contaminación de aumentos al SM hacia los demás salarios) y el efecto final sobre la inflación. Su argumento principal es que cualquier aumento tendría repercusiones negativas sobre el funcionamiento de la economía en general y sobre la inflación en particular, de tal forma que habría una perdida en términos reales en el SM. Sin embargo, habría que descalificar estos estudios, ya que al ser juez y parte, son sesgados y no se les puede considerar como imparciales.

De entrada, el Banco argumenta que empíricamente se ha encontrado que aumentos en el SM se trasladan en un 85 por ciento a los demás salarios. Sin embargo, esto era antes de establecer la UMA para desvincular el SM y en una época en que la mayoría de los aumentos salariales tenía al SM como referencia. Cualquier estudio econométrico debe tomar en cuenta que el cambio estructural que implica la UMA hace casi irrelevante las relaciones que existían en el pasado.

Habrá que estar atentos a los resultados.

En múltiples ocasiones, para bien o para mal, México ha marcado el paso. Por ejemplo, en 1982 fuimos el primer país en anunciar que ya no podíamos cubrir el servicio de nuestra deuda exterior, la primera ficha de domino que derrumbo a muchas en fila que culminó en la crisis financiera de los ochenta. Fuimos los primeros en negociar nuestra deuda externa bajo los planes Baker y Brady en esa misma década. Fuimos los primeros en emitir bonos Brady y los primeros en liquidarlos por completo. Tras la crisis de “Tequila” de 1995 fuimos el primer país en suscribir un préstamo jumbo con el FMI y la Tesorería de Estados Unidos. Fuimos el primer país en suscribir la nueva línea de crédito flexible que creó el FMI para países con marcos económicos sólidos. Finalmente, fuimos el país responsable de que el FMI haya establecido normas para la divulgación de datos económicos y financieros.

Después de que estalló la crisis tequilera en 1995, que tomó por sorpresa a la comunidad internacional, se acusó al Banco de México de no reportar abiertamente las reservas internacionales, al gobierno mexicano de manipular las cifras de finanzas públicas y al INEGI de utilizar metodologías cuestionables en algunos de sus datos. Para que algo similar no volviera a suceder, el FMI instituyó en 1996 las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) con la idea de establecer mejores prácticas internacionales en el manejo de indicadores económicos, que evitaran la información privilegiada y que no hubiera manejo discrecional de datos cruciales. Estas normas fueron dirigidas en un principio a países que tenían acceso a los mercados internacionales de capital.

Un año después (1997), se instrumentó el Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD), orientado a países con sistemas estadísticos menos desarrollados, con la finalidad de tener un marco de referencia para mejorar la calidad de los datos y fijar prioridades al respecto. Finalmente, en 2012 se establecieron las NEDD Plus, un nivel “platinum” para los países más avanzados, con iniciativas superiores y más exigentes a las Normas originales. La idea de las NEDD-Plus era ayudar a subsanar las deficiencias de datos detectadas en la crisis financiera global de 2008-2009. A la fecha, el FMI reporta que la SGDD cuenta con 113 países participantes y las NEDD tienen 63 suscriptores (entre los cuales se encuentra México), mientras que en el “Club Elite” de las NEDD-Plus consiste en 8 países.

En general, las normas buscan contribuir a la elaboración de estadísticas más oportunas y completas, y que los países acogen las mejores prácticas de buena conducta estadística, para así contribuir a políticas macroeconómicas más sólidas. Entre los compromisos que se asumen están: divulgar los indicadores puntualmente y con una periodicidad prescrita; proporcionar al FMI (y al público en general) un “Calendario Anticipado de Divulgación” (CAD) con las fechas de publicación para el siguiente trimestre; proporcionar información detallada sobre sus prácticas estadísticas, que deben cumplir con el formato riguroso del “Marco de Evaluación de la Calidad de Datos” (MECAD); certificar anualmente la precisión de los metadatos; y, utilizar procedimientos normalizados de declaración de datos electrónicos para una supervisión más eficaz de las normas (más información específica se puede consultar en la página del FMI).

En el último reporte anual para México, obtuvimos una calificación “adecuada”, en el cual dice que el país cumplió con los requerimientos de puntualidad en la mayoría de los casos, mientras que acusa al gobierno central y general de utilizar “opciones de flexibilidad” ante el reporte de sus operaciones. Aunque en algunos rubros tuvimos excelentes observaciones, el reporte en general da la impresión que hay mucho lugar para mejorar.

El nivel más alto de normas (NEDD-Plus) hace hincapié en prácticas de divulgación de datos más rigurosos. Incluye nueve categorías adicionales con el compromiso de cumplimiento a partir de fines de 2019, que abarcan balances sectoriales, operaciones y deuda bruta del gobierno, encuestas de corporaciones financieras, inversión de cartera e inversión directa y mayor detalle de las reservas internacionales. Los países que se han comprometido con este nivel son Francia, Alemania, Suecia, Italia, Holanda, Portugal, España y Estados Unidos.

México no solo necesita mejorar su evaluación (sacar 10), sino suscribirse al NEDD-Plus. Esto es algo que debemos exigir de inmediato a la SHCP, Banxico y al INEGI. Sería una política excelente para mejorar la credibilidad en nuestros datos.

De manera inusual, la semana pasada la Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunciaron conjuntamente nuevas medidas de política económica. En principio, las decisiones son “restrictivas”, típicamente asociadas a situaciones de crecimiento acelerado con presiones inflacionarias. No obstante, la economía avanza a pasos moderados y la inflación se ubica por debajo del objetivo que ha establecido el banco central. Si tomamos en cuenta el entorno externo, el desempeño de la economía mexicana es comparativamente bueno. Obviamente, las autoridades vieron la necesidad de implementar acciones para corregir el rumbo, pero ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿Realmente está tan mal la coyuntura?

En principio, las medidas fueron relativamente simples. En materia de política fiscal, la SHCP anunció un recorte al gasto público programado para el año equivalente a 0.7 por ciento del PIB. En cuanto a la política monetaria, Banxico comunicó el incremento de 50 puntos base en el objetivo de la tasa de fondeo interbancario, fuera de calendario. En lo que toca a la política cambiaria, la Comisión de Cambios informó que se cancelan las intervenciones mecánicas vía subastas en el mercado cambiario. Las intenciones de las autoridades son básicamente preventivas, encaminadas a evitar un rebote en la inflación por la depreciación de la moneda y corregir el gasto ante la disminución de ingresos petroleros. Finalmente, tuvieron que admitir que la política cambiaria no era la adecuada y que las finanzas públicas enfrentan más riesgos que lo que habían admitido.

Hubo mucha critica a la política de intervenciones en el mercado cambiario, ya que se perdió una cantidad considerable de reservas sin que se detuviera la depreciación del peso. Por lo mismo, muchos vieron las subastas diarias como un fracaso. Sin embargo, la intención nunca fue “corregir” el tipo de cambio, sino simplemente reducir la volatilidad diaria. En este sentido, podemos decir que la política funcionó, pues de no haberse implementado es muy probable que hubiéramos visto una depreciación mucho más desordenada. Pero si este es el caso, entonces ¿por qué se abandonó? La razón principal es que, ante la depreciación continua de la moneda, las autoridades monetarias vieron que el problema no era la volatilidad del ajuste en sí, sino más bien el hecho de que existe un sobreajuste de una dimensión ya exagerada.

El aumento en la tasa de política monetaria está encaminado a hacer que el peso sea más atractivo. Todavía hay una gran cantidad de inversión extranjera de portafolio que puede abandonar el país, por lo que el tipo de cambio pudiera seguir aumentando por mucho más tiempo. Una moneda exageradamente subvaluada puede acarrear muchos problemas, de los cuales una mayor inflación es apenas el principio. Puede ser que hasta ahora se ha evitado el traspaso de la depreciación a los precios en general, pero ante el tamaño del ajuste es inevitable que tarde o temprano veamos un incremento en la inflación. Ya no era cuestión de mantener el diferencial de tasas con Estados Unidos, sino de ampliarlo para incentivar la inversión en pesos.

En principio, pudiéramos ver el ajuste a la política fiscal como una acción separada de la monetaria, simplemente enfocado a asegurar el proceso de consolidación fiscal que necesita realizar la SHCP. Sin embargo, las medidas se complementan muy bien, ya que la preocupación por el precio del petróleo estaba ejerciendo presión sobre el tipo de cambio. Utilizar dos instrumentos en la misma dirección debe tener mucha más eficacia que uno solo, o peor, que los dos se manejaran en sentidos opuestos. También hace mucho sentido aplicar el 75 por ciento del recorte a Pemex, ya que es el foco principal del problema.

Algunos se han cuestionado los tiempos de las medidas, ya que se sabe que la política monetaria tarda mucho en surtir efecto. Si las autoridades monetarias hubieran aumentado la tasa hace un par de meses, es muy probable que el tipo de cambio no solamente no hubiera aumentado lo que vimos a principios de año, sino que seguramente hubiera empezado desde entonces a apreciarse. No obstante, en ese momento se pensaba que el aumento de la tasa de fondos federales por parte de la Reserva Federal daría fin a un periodo prolongado de incertidumbre y turbulencia en los mercados. El problema fue que no solo no pasó lo que se esperaba, sino que se complicó todavía más el panorama. Difícil de anticipar, pero al final de cuentas las medidas son muy buenas (aunque un poco tarde) y deben empezar a surtir efecto casi de inmediato.