Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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Hablamos cotidianamente del tipo de cambio como si el precio en pesos de un dólar fuera uno solo, igual en todos los mercados y regiones del país. Sin embargo, vemos cotizaciones distintas en un momento dado por todos lados. Si nos vamos al aeropuerto para cotizar el dólar, de entrada, vemos que hay precio a la venta y a la compra. Pero si tomamos nota de los precios en cada casa de cambio, encontramos no solamente diferencias en muchas que están una al lado de otra, sino cotizaciones que pueden variar por montos significativos. La razón es que es un mercado relativamente pequeño que se rige de la interacción de la oferta y la demanda del momento. Esto significa que si llega un avión de Miami llena de turistas y todos van a la misma casa de cambio para vender sus dólares, a esa casa en particular va a tener un exceso de oferta. Inmediatamente bajará su precio para vender su exceso, sin importar mucho el precio en las casas contiguas. En otras palabras, es un micro mercado muy competitivo, cuya dinámica no está totalmente ligado a otros mercados.

Si vamos a la página del Banco de México, encontramos cotizaciones para solventar obligaciones denominadas en dólares y tipos de cambio interbancarios de compra y venta de apertura, cierre, máximo y mínimo. Incluso, si buscamos series históricas, encontramos que existen precios preferenciales, generales, del “mex-dólar”, ordinario, controlado, controlado de equilibrio, especial, techo de la banda y libre, todos para la adquisición del dólar. Finalmente, encontrarán una serie única, con una cotización diaria del 19 de abril de 1954 a la fecha de hoy. Para construir esta serie, el Banco tomó el tipo de cambio fijo que operaba en el país desde abril de 1954 hasta el 31 de agosto de 1976; después el tipo para operaciones en billete (promedio entre compra y venta); posteriormente el tipo de cambio general; después el ordinario y el libre hasta llegar al 11 de noviembre de 1991. A partir de esa fecha se utiliza lo que el Banco denomina el “Fix” en su fecha de determinación, que es el tipo de cambio más representativo del mercado.

El Fix es determinado todos los días por el Banco de México mediante un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables al segundo día hábil bancario siguiente. Estas cotizaciones se obtienen de plataformas electrónicas de transacción cambiaria que son representativas del mercado y que representan más del 80 por ciento de todas las transacciones de dólares que se realizan en el país. El Banco da a conocer el Fix todos los días hábiles bancarios a las 12:00 del día y se publica un día después en el Diario Oficial de la federación. Lo más importante de esta cotización es que es la referencia para solventar obligaciones denominadas en dólares, liquidables en la República Mexicana. En otras palabras, es lo más cercano que tenemos al tipo de cambio “oficial”.

El Fix llegó a 19.1754 pesos por dólar el 11 de febrero de este año, lo que había sido hasta entonces su máxima cotización. En los siguientes días la Comisión de Cambios anunció que suspendía las subastas diarias de dólares e vendió al mercado en forma discrecional 2 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, el Banco de México anuncio fuera de calendario un aumento de 50 puntos base en la tasa de política monetaria.  El conjunto de medidas funcionó para despresionar la moneda y la cotización inició una tendencia a la baja hasta llegar a 17.1767 hacia finales de abril.

No obstante, las medidas anteriores fueron temporales e insuficientes para contrarrestar los factores más de fondo. Por lo mismo, en las primeras semanas de mayo el Fix se regresó a niveles por encima de 18.50 y desde entonces ha fluctuado entre 18 y 19 pesos por dólar. En el muy corto plazo, preocupan las posibilidades crecientes de que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos y la decisión de la Reserva Federal en torno a su tasa de interés. Esto ha llevado a que se registrara un nuevo máximo histórico el jueves pasado y que siga subiendo al inicio de este para ya estar por arriba de 19.60. Puede volver a bajar un poco en las siguientes semanas, pero las probabilidades de sobrepasar 20 pesos ya pronto son cada vez mayores. Desafortunadamente, la tendencia de mediano plazo es hacia un peso todavía más débil. Si llegara a ganar Trump, peor aún.

Criterios Generales

septiembre 19th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

A los escasos 24 horas después de haber asumido el puesto, el nuevo Secretario de SHCP entregó al Poder Legislativo los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2017, junto con el resto del paquete que comprende el presupuesto para el año entrante. No sabemos si está de acuerdo o no con la propuesta, pues queda claro que no tuvo nada que ver en su elaboración. De entrada, no parece ser suficiente para contrarrestar el aumento anual en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) y así evitar que Moody’s y S&P disminuyen la calificación de riesgo soberano. Debemos recordar que, en cada año de este sexenio, el gobierno federal no ha cumplido con las metas de reducción del SHRFSP como proporción del PIB. De hecho, la última estimación para 2016 es de 50.5 por ciento del PIB, 14.2 puntos porcentuales por arriba de lo que el gobierno se comprometió originalmente en los CGPE de 2013 para este año.

El proceso de saneamiento de las finanzas públicas plantea una reducción en el gasto programable de 1.5 puntos porcentuales del PIB, principalmente mediante una reducción en el gasto de capital. Básicamente no hay recortes estructurales ni sacrificios en los renglones importantes. Una buena parte de la reducción se verá neutralizada por un aumento en el gasto no programable (0.6 puntos porcentuales) y una disminución en los ingresos presupuestarios (0.5 puntos). Finalmente, al considerar que no se contará con un remanente de operación del Banco de México, la reducción en los RFSP para 2017 será de tan solo 0.1 por ciento del PIB. Los CGPE mantiene que será suficiente para reducir el SHRFSP como proporción del PIB en 0.3 puntos porcentuales, que de entrada se antoja como muy poco. Sin embargo, estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señalan que más bien el SHRFSP aumentará casi tres puntos porcentuales. Más bien, su análisis encuentra que para que no se incremente la deuda como proporción del PIB se necesita una reducción adicional en programas no prioritarios de alrededor de 220 mil millones de pesos, necesarios para obtener un superávit primario de 1.5 puntos porcentuales del PIB.

Hay un problema adicional en la programación financiera de los CGPE para 2017. Parte del supuesto de que la economía terminará creciendo este año 2.4 por ciento. Sin embargo, para llegar a esta cifra, necesitaremos una recuperación sustancial en la actividad económica en la segunda mitad del año, algo que no se ve inminente. Se ve mucho más realista el intervalo del Banco de México de 1.7 a 2.5 por ciento (punto medio 2.1 por ciento), ya que las perspectivas actuales apuntan a una alta probabilidad de no llegar a 2.0 por ciento. Incluso si comparamos los números de ahora con la propuesta de pre-criterios de apenas hace cinco meses, no parece hacer sentido. El gobierno revisa a la baja el crecimiento del PIB para 2016 en tan solo 0.2 puntos porcentuales, como resultado de una reducción en las exportaciones de 2.0 puntos, menor consumo de 0.5 puntos y menos inversión de 1.7 puntos. Como que no cuadran estos números. ¿Cuál es el problema? Resulta que 2016 es la base de comparación para 2017. Si crecemos menos este año, necesitaremos crecer mucho más el año entrante para llegar al estimado del PIB que propone la programación financiera para obtener los ingresos presupuestarios estimados.

Tal como está planteado el presupuesto apunta a que no será suficiente como revertir la tendencia de deuda pública. De ser cierto, es casi un hecho de que tanto Moody’s como S&P bajaran la calificación de riesgo soberano del país. Mayor deuda con una calificación más baja implicaría que aumentaría el costo financiero de la deuda aún más de lo que se tiene programado; de por sí, los CGPE para 2017 prevé un incremento de 2.4 a 2.8 por ciento del PIB en este rubro. De aprobarse el presupuesto tal como está planteada corre el riesgo de que el gobierno tendrá de implementar recortes adicionales al gasto en el transcurso del año.

Probablemente lo más decepcionante de los CGPE es la admisión de que el crecimiento económico será de tan solo 2.5 y 3.0 por ciento para 2017 y 2018, respectivamente. De ser cierto, el crecimiento promedio anual del sexenio terminará en 2.2 por ciento, no muy diferente a los doce años anteriores (con todo y reformas estructurales).

Como todos saben, el INEGI reportó una inflación mínima histórica a finales del año pasado de 2.1 por ciento. Al mes de julio ligamos 15 meses consecutivos con una tasa anual por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, estos datos simplemente no parecen corresponder a la realidad que enfrentamos. Vemos como muchos precios de bienes esenciales con gran ponderación en nuestro presupuesto suben mucho pero mucho más de lo que reporta el INPC. Cada vez escucho más y más que se cuestiona la medición de la inflación, ya no solo del ciudadano común sin mucho conocimiento de cómo se construye un índice de precios, sino de analistas iniciados en el tema. Al final de cuentas, ¿qué tan creíble son los datos que se reportan?

Empecemos con el Coneval, organismo encargado de medir la pobreza. Parte integral de la medición multidimensional de la pobreza son los umbrales de ingresos que se calculan para poder comprar la canasta alimentaria, o bien, la canasta alimentaria y no alimentaria (llamémosla de bienestar), conocidos como las líneas de bienestar mínimo y de bienestar, respectivamente. Para julio, Coneval informa que el ingreso mensual por persona para adquirir la canasta alimentaria es de 1,321.24 pesos, mientras que para comprar la canasta de bienestar se necesita 2,667.94 pesos mensuales por persona. Para hacer estos cálculos, Coneval utiliza la información del INPC del INEGI para las cotizaciones de los genéricos, pero utiliza sus propias ponderaciones.

Si tomamos 2010 como año de referencia, INEGI reporta que la inflación acumulada es de 28.9 por ciento en los últimos seis años y medio. No obstante, Coneval reporta que el costo de la canasta de bienestar ha aumentado 32.9 por ciento en el mismo periodo, cuatro puntos porcentuales más. Sin embargo, el costo de la canasta alimentaria ha incrementado 43.8 por ciento, quince puntos porcentuales más que la inflación oficial. En otras palabras, pensando que los precios de los genéricos que reporta INEGI son correctos, pero utilizando ponderadores más realistas, ya tenemos diferencias importantes.

Pero, ¿podemos creer qué los precios de los genéricos son correctos? Por ejemplo, todas las rentas de las viviendas en Tijuana son en dólares, pero INEGI los cotiza en pesos. He escuchado problemas en cómo se cotizan los servicios turísticos en paquete y el transporte aéreo. Aparentemente, los precios de los coches no son tan representativos de lo que más se compra. Me han comentado que muchos precios que reflejan toda la depreciación de la moneda no están contemplados. La fórmula para el cálculo del servicio telefónico celular ha sido sumamente criticada. Se sobreestimó el efecto del transporte público gratuito en los días del no circula. Otro problema adicional abarca a las personas que levantan cada quincena los precios. Los precios de los huevos no tienen una ponderación entre mercados, tianguis y supermercados que corresponde a la realidad. Dicen que muchos encuestadores se ahorran el trabajo de cotizar correctamente, ya que su supervisión es sumamente laxa. No he guardado una lista de todas las observaciones que me han hecho en este sentido, pero si lo hubiera hecho, les aseguro que sería una lista de muchas hojas.

Para rematar existe un problema metodológico de fondo, ya que el patrón de gasto que se utiliza para el cálculo del INPC proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). ¿Se acuerdan de esta encuesta? Sí, es la que estuvo en medio de la gran controversia del mes pasado en torno a la medición de los ingresos de los hogares. Así como solo capta el 50 por ciento del consumo de los hogares y menos del 10 por ciento de las remesas, tiene grandes carencias en cuanto al gasto de las familias. Por ejemplo, resulta que nadie toma bebidas alcohólicas en su casa durante la semana que va de visita el encuestador. Aparentemente, el gasto reportado es muy distinto a lo que abarca el INPC.

Estamos muy conscientes de las limitaciones que tiene el INPC para medir el poder adquisitivo de la población que vive con ingresos insuficientes para comprar la canasta de bienestar. Pero, ¿qué tal el ejecutivo medio? Consume en los restaurantes de Masarik, toma vino tinto de la Rioja, viaja en Uber y compra en la sección gourmet de Palacio, pero su incremento salarial va acorde al INPC. También ha perdido poder adquisitivo en los últimos años.

Cuatro Años

septiembre 6th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

Mañana, 1 de septiembre, el Ejecutivo entregará su Cuarto Informe al Poder Legislativo. Al quien se toma la molestia de leerlo, seguramente encontrará puras maravillas. Sin embargo, sabemos que han sido cuatro años muy difíciles, de escasos logros y de muchos retrocesos. Por ejemplo, hace una semana el INEGI informó que había disminuido el PIB en el segundo trimestre respecto al primero, lo cual convirtió al periodo en el segundo peor del sexenio. Sin embargo, la SHCP presumió que el trimestre tuvo el mejor desempeño para un segundo trimestre desde 2012, claro mediante la trampa de incluir efectos de calendario y estacionalidad.

En el terreno político, tenemos una presidencia con la aprobación más baja en la historia, resultado de los múltiples escándalos de la Casa Blanca, Malinalco y el plagio de la tesis, en conjunto con eventos trágicos como Ayotzinapa y Apatzingán (y varias más), la fuga del Chapo, la vacilada de Virgilio Andrade y hasta la ratificación de Alfredo Castillo. Pero posiblemente ha pesado más la continua inseguridad y la impunidad rapante ante la corrupción extendida. Sin embargo, dejó el análisis de estos temas a mis colegas politólogos.

En el terreno económico, las noticias son peores. El crecimiento promedio anual de los cuatro años se ubica por debajo del promedio de los tres sexenios anteriores. Sin embargo, cada uno de los anteriores se enfrentó a una gran crisis: el “tequilazo” de 1995, la recesión de 2001-2002 y la gran recesión de 2008-2009. A pesar de no haber entrado en recesión este sexenio, el promedio no alcanza los anteriores que sí tuvieron. La herida se siente peor ante la promesa de crecer más del 5 por ciento con las reformas estructurales (o ya de perdida 3.5 por ciento sin reformas).

El gobierno ha presumido de la creación de empleo y la disminución en el desempleo. De hecho, la tasa de desempleo urbano de julio de 4.41 por ciento no solamente es la más baja del sexenio, sino la menor desde mayo de 2008. El problema es que el desempleo abierto nunca ha sido el problema laboral más apremiante del país; lo es el empleo precario y mal remunerado. Por ejemplo, la tasa de condiciones críticas de ocupación en mayo de este año registró su nivel más elevado desde mayo 2005, por arriba incluso del pico observado en la gran recesión de 2008-2009. La ENOE confirma que la gran mayoría de los empleos creados en los últimos años son de dos salarios mínimos para bajo. La misma encuesta muestra que el ingreso laboral real se ubica por debajo de los niveles observados a lo largo de los últimos ocho años (a pesar de una muy pequeña recuperación en 2015).

Una de los aspectos económicos que han presumido los últimos tres gobiernos es la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la empresa calificadora Moody’s puso a México en “perspectiva negativa” en marzo, mientras que S&P hizo lo mismo en agosto, ambos cuestionando los desequilibrios macroeconómicos que se han ido formando en los últimos dos años y empeorando en 2016. Después de promediar 1.1 por ciento entre 2003 y 2013, el déficit en cuenta corriente superará 3.0 por ciento del PIB este año, a pesar de haber acumulado una depreciación significativa de la moneda. El incremento de aproximadamente 45 por ciento en los últimos dos años en el tipo de cambio es por mucho el ajuste más grande que se ha observado para un periodo similar desde que existe el régimen cambiario actual. Finalmente, el déficit fiscal tradicional como porcentaje del PIB de 2015 fue el más abultado desde 1990. Esto ha llevado a que la deuda pública como porcentaje del PIB se ubica más de 20 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2007.Los desequilibrios macroeconómicos se han acentuado a tal grado que las autoridades se han visto ante la necesidad de aplicar políticas fiscal y monetaria restrictivas a pesar de que la inflación se encuentra por debajo de su objetivo y que existe una brecha negativa del producto (estamos creciendo por debajo del potencial).

Por último, tenemos el logro de que la inflación registró su mínimo histórico a finales del año pasado y que liga 15 meses por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, se empieza a cuestionar la medición de la inflación, ya que cada vez más no corresponde a lo que enfrentamos, tema que abordaremos la próxima semana.

El INEGI dio a conocer el cálculo tradicional del PIB para el segundo trimestre. Los resultados fueron ligeramente mejores que los de la “estimación oportuna” reportados hace como tres semanas. En vez de una disminución de -0.3 por ciento respecto al trimestre anterior, la tasa resultó ser -0.2 por ciento, mientras que la tasa anual anterior de 1.4 por ciento resultó ser 1.5 por ciento. No obstante, se revisó el crecimiento del primer trimestre a la baja a 0.5 por ciento (de 0.8 por ciento). La noticia de una disminución en la actividad económica es ciertamente una mala noticia. Sin embargo, no es tan mala como parece.

Cuando el INEGI reportó la estimación oportuna, había una aparente inconsistencia en las dos tasas reportadas. La razón es que, al no dar a conocer las revisiones de los trimestres anteriores, las dos cifras se contraponían. Con la entrega del cálculo tradicional, el INEGI reporta una revisión al alza del segundo trimestre de 2015 y una revisión a la baja del primer trimestre de 2016, justamente las bases de las dos tasas. El resultado final es que el PIB del segundo trimestre (ajustado por estacionalidad) es 14,326.8 mil millones de pesos de 2008, cuando la estimación oportuna nos decía que era 14,326.8. Es una diferencia de -0.3 por ciento.

Pero ¿cómo podemos afirmar que no es tan mala noticia? La respuesta está en los números mensuales del IGAE. Ya sabíamos que abril fue muy mal mes (-1.10 por ciento), de hecho, el peor desde principios de 2009. Sin embargo, mayo repuntó 0.96 por ciento y junio 0.56 por ciento. El comportamiento conjunto de estos dos meses ha sido el mejor desde febrero/marzo de 2010. Febrero, marzo y abril fueron malos meses (crecimientos de 0.08, -0.19 y -1.10 por ciento), de tal forma que el nivel de abril se ubicaba -1.21 por ciento por debajo de enero. Sin embargo, la recuperación observada de mayo y junio ya nos ubica 0.29 por ciento por encima de ese mes. Pero lo más importante es que la economía observa una mejor dinámica entrando al tercer trimestre. En otras palabras, el mal desempeño del segundo trimestre se debió a un comportamiento aberrante de un solo mes: abril.

Aun así, los números para 2016 no pintan bien. Vamos a suponer un escenario muy optimista, de crecimientos alrededor de 1.0 por ciento en cada uno de los siguientes dos trimestres. Es muy optimista, ya que sería el mejor desempeño para un periodo similar en lo que va el sexenio. El resultado sería una tasa de crecimiento de 2.1 por ciento para todo el año. Ahora pensemos en un escenario equilibrado, de crecimientos alrededor de 0.6 por ciento en cada trimestre (más o menos el promedio por trimestre de 2014 y 2015). El crecimiento del año llegaría a 1.8 por ciento. Finalmente, un escenario un poco más pesimista de crecimientos alrededor de 0.5 por ciento, nos situará en 1.7 por ciento para todo el año. Obviamente, con algo de mala suerte podríamos alcanzar una tasa todavía menor, pero por lo pronto podemos situar el rango de crecimiento probable entre 1.7 y 2.1 por ciento. A estas alturas, se ve muy difícil que el crecimiento del año termine fuera de este intervalo.

Para los que quieren comparar el crecimiento del PIB con Estados Unidos: nuestros vecinos crecieron 0.8 y 1.2 por ciento en los dos primeros trimestres del año; nosotros 2.0 y -0.7 por ciento.

Fe de erratas: La semana pasada comentaba los resultados trimestrales de la ENOE. No me explico bien el por qué (siempre soy muy cuidadoso), pero tenía un error en un dato en Excel para el primer trimestre de 2016 en el empleo remunerado. La consecuencia fue que dije que había disminuido en el segundo trimestre respecto al primero, cuando en realidad aumentó 0.9 por ciento, después de una disminución de -0.7 por ciento en el trimestre anterior. El resultado es que el incremento en el ingreso promedio real de 0.8 por ciento se ve ampliado por el aumento en el empleo, por lo que la masa salarial real aumenta 1.7 por ciento respecto al trimestre anterior y 2.8 por ciento respecto al año anterior. ¿Qué nos dicen estas cifras? A pesar de la disminución en el ingreso por hora trabajada, aumentó el número de horas trabajadas lo suficiente para aumentar el ingreso promedio real. Mayor ingreso y más empleo remunerado se traduce en mayor masa salarial real (1.7 por ciento), por lo que las familias tienen más ingresos para poder seguir consumiendo. Buenas noticias.

El INEGI dio a conocer los resultados de la ENOE en su entrega trimestral para el segundo trimestre de 2016. A diferencia de la entrega mensual, ésta ofrece los resultados expresados en valores absolutos, es decir, en números de personas. El INEGI aplica las tasas de empleo y desempleo en sus diferentes modalidades a las proyecciones demográficas elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Para el caso específico de este trimestre, la proyección de la población total del país es de 122,117,027 personas.

Expresar el desempleo en número de personas no es usual; la práctica es utilizar tasas para referenciarlo en términos relativos, es decir, respecto a la población económicamente activa o algún otro parámetro. No obstante, los datos presentados en esta versión de la ENOE nos sirven para el cálculo de ciertas tasas que el INEGI no reporta. Por ejemplo, a pesar de que las últimas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET) de 2013, establecen conceptos novedosos como la fuerza laboral potencial (FLP) y la brecha laboral, el INEGI no ha querido divulgarlos. El INEGI no reporta la FLP, pero proporciona la Población Económicamente Activa (PEA) y los disponibles para trabajar dentro de la Población No Económicamente Activa (DPNEA), que sumados da la FLP. La PEA como proporción de la población en edad de trabajar (15 años y más) es 59.6 por ciento, mientras que la FLP es 66.2 por ciento.

La brecha laboral es un concepto mucho más amplio y relevante que la tasa de desempleo abierto (DA), ya que suma al DA, el subempleo y el desempleo disfrazado, que como proporción de la FLP nos da una idea de las necesidades de trabajo en el mercado laboral. Esto es porque no solo tenemos que buscar empleo para los desempleados abiertos, sino también para los que trabajan apenas unas horas a la semana porque no encuentran un trabajo de tiempo completo y los que están desempleados, dispuestos a trabajar, pero no realizan una búsqueda activa. Para el segundo trimestre de 2016, la brecha disminuyó a 20.3 por ciento (de la FLP), para registrar su menor nivel desde el último trimestre de 2008. Esto fue porque el desempleo registró su tasa más baja desde el segundo trimestre de 2008, el subempleo su tasa más baja en lo que va el sexenio y el desempleo disfrazado su segunda tasa más bajo desde el tercer trimestre de 2008 (todas como proporción de la FLP).

Otro concepto que podemos derivar de los datos de la ENOE, pero que el INEGI tampoco lo reporta, es el del ingreso promedio real. Este indicador es de suma importancia, ya que el INEGI carece de indicadores de ingreso disponible por la forma de cálculo de las Cuentas Nacionales. Empezamos con una mala noticia, ya que los ingresos por hora trabajada disminuyen en el trimestre. Sin embargo, dado que aumenta el número de horas trabajadas por semana, hay un incremento en el ingreso promedio nominal. Al convertir el ingreso nominal a términos reales, encontramos que el INPC disminuyó respecto al trimestre anterior, lo que da un aumento en el ingreso promedio real de 0.8 por ciento respecto al primer trimestre del año y 1.9 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Para completar el ejercicio, multiplicamos el ingreso promedio real por el empleo remunerado para tener una idea de la masa salarial real, que ayuda a explicar el consumo de los hogares. En esta ocasión encontramos un aumento en el trimestre en el empleo remunerado de 0.9 por ciento respecto al trimestre anterior (y 0.9 por ciento respecto al año anterior), después de una disminución de -0.7 por ciento en el trimestre anterior. El resultado es que el incremento en el ingreso se ve ampliado por el aumento en el empleo, por lo que la masa salarial real aumenta 1.7 por ciento respecto al trimestre anterior y 2.8 por ciento respecto al año anterior.

¿Qué nos dicen estas cifras? La disminución de la brecha laboral es definitivamente positiva, aunque el ingreso por hora trabajada haya disminuido. Lo último se compensa con más horas trabajadas y mayor empleo remunerado, por lo que aumenta la masa salarial. Esto significa que las familias tienen más ingresos para poder seguir consumiendo. Buenas noticias.

Cuando el INEGI dio a conocer los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de 2015 el pasado 15 de julio, se vio envuelto en [quizás] el mayor escándalo en toda su historia. Resulta que introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de los datos, de tal forma que ya no sea comparable la información con años anteriores. El INEGI ha introducido cambios en metodologías y formas en levantar su información en múltiples ocasiones anteriores, pero en esta ocasión causó controversia al no realizar consulta previa ni abrir primero el tema a un mínimo debate. La molestia de Coneval, el instituto encargado de medir oficialmente la pobreza mediante las cifras del MCS, fue tan grande que, al final de cuentas, simplemente rehusó medir la pobreza para 2015. Causó mucha suspicacia, dado que las cifras de pobreza resultan sustancialmente menores a los años anteriores. El golpe al INEGI fue tremendo, especialmente en términos de credibilidad, confianza y transparencia.

En principio, el escandalo llegó a su fin cuando el INEGI y el Coneval limaron asperezas al reunirse y discutir opciones al futuro. En principio, acordaron realizar la encuesta (ENIGH) este año de tal forma que los resultados sean comparables con los años anteriores. Esto implica sacrificar las mejoras que realizó el INEGI en el MCS para tener en el futuro comparabilidad a través del tiempo. En otras palabras, resulta más importante para el Coneval saber si aumenta o disminuye la pobreza a través del tiempo, a tener una medición de una vez por todas más sólida.

No obstante, queda pendiente tener una mejor medición de la pobreza para nuestro país. Sin menospreciar la dimensión del problema en México, queda claro que el número en nuestro país no es sustancialmente mayor al resto de América Latina. Sin embargo, la CEPAL realizó un estudio que concluye que la proporción de pobres en México es 2.6 veces a la de Brasil y que incluso, mayor a la de Bolivia, uno de los países más pobres del continente. Casi todos los analistas criticaron el estudio por irresponsable, malhecho, desorientador y francamente erróneo. El problema es que son mediciones diferentes, que no se pueden utilizar para comparaciones. No obstante, el estudio dejó claro que la medición de la pobreza en México está claramente sobreestimada.

¿Por qué? El problema no surge de la metodología empleada por Coneval. Es de vanguardia y resultado de una discusión académica muy nutrida. Tampoco se ubica en la metodología empleada en la encuesta levantada por el INEGI; fue resultado de discusión y diseño del propio Coneval. El problema radica en que existe un incentivo perverso en este tipo de encuestas para subestimar los ingresos. Pongamos un ejemplo de un hogar que obtiene un subsidio de Prospera y al mismo tiempo, recibe una remesa mensual de familiares que radican en Estados Unidos. Si declara la totalidad de sus ingresos, podría perder su participación en Prospera. Resulta que las encuestas captan menos del 10 por ciento de las remesas reportadas por Banxico. Pensemos en un hogar cuyos ingresos provienen totalmente de la informalidad (seis de cada 10 empleos en el país); ¿a poco van a decirle al INEGI todo lo que ganan? Veamos otro ejemplo, de una familia de clase media acomodada que no participa al SAT la totalidad de sus ingresos. No vaya ser que el INEGI comparte los resultados de la encuesta con el SAT. Los más ricos del país ni siquiera están contemplados en la muestra.

Al final de cuentas, nos guste o no, no tenemos tantos pobres en el país como sugieren las encuestas, en tanto que la distribución del ingreso es realmente mucho peor de lo que revela. Las cifras de 2014 dicen que el 46.2 por ciento de la población vive en situación de pobreza, sin embargo, el nuevo módulo dice que la proporción realmente es de 36.7 por ciento, casi 10 por ciento menos. Pero aguas, no significa que la pobreza se ha reducido en 9.5 puntos porcentuales, sino que anteriormente estaba sobreestimada.

Entiendo porque Coneval no quiere perder la comparabilidad con el pasado. Pero también estimo que necesitamos una mejor medición en términos absolutos. No solo de la pobreza, sino también de la distribución del ingreso. Lo que necesita INEGI es proporcionar todo lo anterior: una mejor medición y comparabilidad con el pasado, no uno u otro. Ese es el verdadero reto.

El INEGI dio a conocer que la estimación oportuna del PIB en el segundo trimestre muestra una disminución de -0.3 por ciento respecto al trimestre anterior y 1.4 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior. Este resultado se deriva de una disminución de -0.1 por ciento en las actividades primarias (agropecuarias), una caída de -1.7 por ciento en las secundarias (manufactura, construcción y minería) y un estancamiento en las terciarias (comercio y servicios). Cabe recalcar que estas cifras son simplemente una primera aproximación al PIB con base en información preliminar e incompleta, por lo que podrían ser diferentes a las generadas para el PIB tradicional, que conoceremos el 22 de agosto.

El INEGI no pone los datos completos en su página (en el BIE), para enfatizar que estas tasas son simples estimaciones. Esto dificulta en parte cálculos derivados de estas tasas. De entrada, no son compatibles las tasas de -0.3 y 1.4 por ciento entre sí con los datos anteriores. Por ejemplo, si multiplicamos el PIB por el primer trimestre por la tasa de -0.3 por ciento, obtenemos un número para el PIB del segundo trimestre distinto a que si multiplicamos el segundo trimestre del año pasado por 1.4 por ciento. Si tomamos como bueno el PIB del segundo trimestre de 2015 y lo multiplicamos por 1.4 por ciento (la tasa anual reportada por INEGI), resulta que la caída del segundo trimestre de este año es -2.1 por ciento por debajo del PIB del primer trimestre. Por lo mismo, resulta muy complicado analizar lo que pasó.

Igual pasa con el IGAE, cuyos datos tenemos hasta mayo. Podemos suponer que la correlación entre el IGAE y el PIB es muy elevada, lo que permite sacar por diferencia lo que la estimación oportuna del PIB nos dice sobre el comportamiento implícito de junio. El IGAE disminuyó 1.25 por ciento en abril y creció 0.98 por ciento en mayo. Para que el promedio del IGAE de los tres meses correspondientes al segundo trimestre sea -0.3 por ciento por debajo del promedio de los tres meses del primer trimestre, el crecimiento [implícito] de junio fue 1.3 por ciento respecto a mayo. ¿Creíble? De ser cierto, estaríamos hablando del mejor desempeño para dos meses consecutivos (mayo y junio) desde junio y julio de 2009, que resultó de un efecto rebote al terminar la Gran Recesión de 2008-2009. En principio, este cálculo señala una recuperación robusta en la actividad económica de la caída registrada en abril. En cambio, si tomamos la tasa anual de 1.4 por ciento como punta de partida, junio solo tuvo un avance de 0.1 por ciento respecto al trimestre anterior, cuyo comportamiento se podría caracterizar como mediocre. En otras palabras, estos datos del PIB traen implícitamente cambios en la serie histórica, que simplemente no nos dejan saber bien lo que pasó en estos últimos meses.

A estas alturas, podemos pensar en dos escenarios, uno optimista y otro pesimista. El escenario optimista señala que el desempeño desfavorable de abril fue solo una “aberración”, que se compensó con una recuperación rápida en los siguientes meses. En el margen vemos una mejoría en Estados Unidos que, combinado del efecto rezagado de la depreciación de la moneda, podría traer cierta recuperación en las exportaciones en el tercer trimestre, mientras que el consumo y la inversión privada seguirán su trayectoria creciente. Para el cuarto trimestre hagamos el supuesto que Hilary Clinton gana las elecciones en Estados Unidos y podríamos terminar con una economía creciendo 2.5 por ciento o más.

En el escenario pesimista tenemos una caída en la actividad económica en el tercer trimestre, a raíz de los bloqueos en puertos y vías de comunicación en el país y una continuación en el estancamiento manufacturera de Estados Unidos. Dos trimestres consecutivos con tasas negativas marca el comienzo de una ligera recesión. Para el cuarto trimestre, vamos a suponer que gana las elecciones Donald Trump, lo que provoca una salida masiva de capitales del país, una depreciación adicional significativa de la moneda y la necesidad de aumentos pronunciados en la tasa de política monetaria de Banxico. Se detiene la inversión privada y la economía entra en una recesión ya más profunda. ¿Crecimiento para el año? 1.5 por ciento o menos.

A estas alturas, pienso que ambos escenarios tienen 50 por ciento de probabilidades.

El INEGI realiza ajustes por estacionalidad a la gran mayoría de los indicadores económicos que produce. La razón es que la estacionalidad distorsiona el análisis de cualquier serie, entorpeciendo las conclusiones a las que se pueden llegar de lo que pasó en el último periodo bajo cuestión. Por ejemplo, diciembre se caracteriza por mayores ventas comparado con meses anteriores como resultado de las compras de Navidad y el pago de aguinaldos. Si el INEGI no nos ofreciera el indicador de ventas ajustado por estacionalidad, no podríamos saber si el aumento de ventas en el mes se debió simplemente a la estacionalidad o a otros factores. Las series “desestacionalizadas” son tan valiosas, que en muchos países (en especial Estados Unidos) los indicadores económicos se dan a conocer solamente ajustadas, sin divulgar las series originales.

A esta práctica existe una notable excepción: el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Desde que el INPC era calculado por el Banco de México, no se realiza el ajuste. En su momento, no era tan cuestionado, ya que el Banco tiene la práctica de no ajustar las series que produce, o bien, por lo menos no divulgar estas series al público. En su momento, el Banco alegaba que no lo podía hacer por cuestiones jurídicas, ya que podía confundir al público, en especial en casos de contratos legales. Siempre se nos hizo una argumentación medio tonto, ya que, si fuera el caso ¿por qué todos los demás países presentan sus cifras de inflación ajustadas por estacionalidad? ¿Cómo es que se presenta la inflación subyacente? Nadie confunde la inflación general con la subyacente. Esto de la confusión seguramente fue argumento de un abogado que no entendía economía. Ha de ser el mismo que quiso modificar la ley de la gravedad o legislar la ley de la oferta y la demanda.

Cuando el INEGI asumió la responsabilidad del cálculo del INPC, algunos pensábamos que pronto tendríamos series ajustadas. Sin embargo, el INEGI no lo ha hecho, en buena medida porque la forma en que aplican los ajustes produce pequeñas variaciones a lo largo de la serie. Dado que el INPC se utiliza para muchos cálculos que tienen de por medio bases jurídicas, el cambio en los datos anteriores implicaría modificaciones a los valores con los que se ponen en práctica decisiones legales, lo que podría llevar a juicios jurídicos y reabrir casos ya resueltos.

La verdad es que aquí el INEGI se ahoga en un vaso de agua. Existen múltiples soluciones, siendo la mayoría muy sencillas. La más obvia sería tratar las series en la misma forma que Banxico reporta el tipo de cambio. Existen múltiples series del tipo de cambio, que si a la venta, a la compra, el spot, el forward, el interbancario, el de menudeo, el de mayoreo, el de las casas de cambio, el de las instituciones bancarias comerciales, etc., etc. Sin embargo, no existe “confusión” alguna, ya que en una serie en especial se reporta con la leyenda “para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana”, mientras que es el único que el Banco publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que se estipula que es el que se debe utilizar para solventar obligaciones. Tan sencillo sería que INEGI le pusiera a la serie original del INPC “para solventar cálculos legales relacionadas a la inflación” y que solo publicara la serie original en el DOF. En forma paralela, INEGI puede poner en su Banco de Información Económica (BIE) las series ajustadas con la leyenda “solo para fines analíticos, por lo que no se debe utilizar para cálculos legales”.

Otra solución es que el INEGI haga el ajuste estacional como lo hace Estados Unidos. Cada vez que la Reserva Federal, el Buró de Estadísticas Laborales o el Buró de Censos dan a conocer el dato del mes, nunca realizan revisiones a los datos anteriores. De esta manera se soluciona el problema de los juicios legales. También le podría dar el mismo tratamiento a la tasa de desempleo urbana que, a pesar de ser la tasa más importante, no lo presenta en la primera página de su boletín de prensa, sino escondido en un párrafo allí por la página siete.

El INEGI va presentar pronto el cambio de base del INPC. Sería buen momento para introducir series ajustadas. Haría mucho para mejorar su credibilidad, algo que últimamente se ha puesto en tela de juicio.

La medición de la pobreza siempre ha sido tema de controversia, en México y en el resto del mundo. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo se debe medir? A través del tiempo hemos visto múltiples intentos en diferentes países y en distintos tiempos, cada uno con su propia definición y medición. Por ejemplo, en 1999 se presentó una estimación realizada por Progresa (el programa principal del gobierno para atender a la pobreza extrema) de que había en ese momento 13.6 millones de pobres. Santiago Levy (entonces Subsecretario de Egresos de la SHCP) divulgó que su estimación era de 18.8 millones. Julio Boltvinik (investigador del Colegio de México) presentó su corrección a la estimación de Levy de 36.5 millones. Enseguida, Marco Provencio (vocero oficial de la SHCP) dijo que oficialmente el gobierno reconocía 25.4 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza extrema. En otras palabras, había cuatro cifras muy distintas que decían que el número de pobres oscilaba entre 13.6 y 36.5 millones, que en términos porcentuales representaba entre 14 y 38 por ciento de la población en 1999.

Ante este problema, en 2001 se formó un Comité Técnico para la Medición de la pobreza, compuesto de académicos de cuatro instituciones educativas del país. Después de 10 meses de trabajo, el comité aprobó una metodología “oficial”, basada en información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que produce el INEGI cada dos años. La primera estimación, que fue para 2000, arrojó una cifra de 53.7 por ciento de la población, en una definición que consideraba solamente al ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas. Los primeros esfuerzos para una medición consistente y oficial de este comité fueron premiados al convertirlo en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ya como Consejo, los expertos decidieron modificar la definición de la pobreza mediante la incorporación de carencias sociales. Al combinar criterios de ingresos con carencias básicas, el Coneval estableció una metodología original “multidimensional”.

Ahora se considera a la población que vive en condiciones de pobreza extrema a los que tienen un ingreso inferior a lo que se necesita para adquirir una canasta básica alimenticia y que tengan por lo menos tres carencias sociales. La pobreza patrimonial se define como la población que tienen un ingreso inferior a lo que se necesita para adquirir una canasta básica ampliada (que incluye bienes no alimenticios) y por lo menos una carencia social. Las carencias sociales consideradas son seis: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Para el cálculo de los ingresos y de las carencias sociales, el Coneval solicitó al INEGI que ampliara la ENIGH para incorporar un “Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). Por ejemplo, para 2014 esta información encontró que 53.2 por ciento de la población tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar y que 72.4 por ciento tenían al menos una carencia social. Al combinar los dos criterios se obtuvo una estimación de 46.2 por ciento de la población que vive en situación de pobreza, mientras que 9.5 por ciento son de pobreza extrema. Se encontró que 26.3 por ciento de la población es vulnerable por carencias sociales (a pesar de tener suficientes ingresos), mientras que 7.1 por ciento es vulnerable por ingresos (aunque no tienen carencias sociales). Al final, significa que tan solo 20.5 por ciento de la población no es pobre ni vulnerable.

La información que proporciona el INEGI cada año mediante el MCS de la ENIGH es crucial para tener mediciones consistentes y homogéneas a través del tiempo. Es el insumo básico para el seguimiento de los programas sociales construidos para abatir la pobreza en el país. Por lo mismo, todos esperábamos con ansiedad los datos del MCS de 2015, que se darían a conocer el 15 de julio. Sin embargo, recibimos con sorpresa la noticia de que el INEGI introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de datos, de tal forma que ya no sea comparable la información con años anteriores.

El MCS de 2015 arroja una cifra de 36.7 por ciento de la población que vive en la pobreza, una disminución de 9.5 por ciento respecto a la estimación de 2014, mientras que la pobreza extrema es de 5.9 por ciento, una diferencia de 3.6 por ciento menos respecto al año anterior. El primer problema es que no podemos comparar las nuevas cifras de 2015 con cualquier otro punto en el tiempo. Lo que dice INEGI es que todos sus cálculos anteriores fueron equivocados, ya que tenían una subestimación de ingresos. La población con ingresos inferiores a la línea de bienestar de 53.2 por ciento en 2014, ahora resulta que es tan sólo 42.1 por ciento, una diferencia de 11.1 puntos porcentuales.

Pensemos que el INEGI tiene razón al considerar que había un sesgo sistemático en la información de años anteriores. De entrada, tenemos un problema de credibilidad. Las cifras nuevas, ¿son creíbles? Enseguida, tenemos otro problema de sospecha. ¿Qué motivó al INEGI a corregir el MCS en el momento actual y en la forma que lo hizo? ¿Fue por encargo del gobierno? ¿Realmente funciona la autonomía del INEGI? Las respuestas a estas interrogantes y el veredicto final le corresponden al Coneval.

Al final de cuentas, el INEGI nos obliga a tirar a la basura años de información y análisis sobre la pobreza. Peor aún, ¿cómo sabemos que no volverá hacer lo mismo de nuevo más adelante? ¿Podría ocurrir lo mismo con otros indicadores económicos que produce la institución? Es verdaderamente triste lo que ocurrió. Aunque el INEGI nos dice que son menos los pobres en el país, siento ahora que somos un país más pobre ante la falta de estadísticas confiables y seguros.