La semana pasada empezamos a comentar algunos resultados de la administración actual en materia económica. Dijimos que sobresale el hecho de que éste será el primer sexenio desde 1980 (antes no tenemos datos) en el que no hubo recesión, sin embargo, va a terminar como el segundo peor (en términos del crecimiento promedio anual) para cualquier gobierno priista (por lo menos desde Lázaro Cárdenas cuando empezaron los sexenios). Esta atonía se explica por la baja en la producción petrolera, el estancamiento del valor agregado del gasto público y el bajo crecimiento de la inversión privada. Esto último a pesar de las famosas reformas estructurales que se aprobaron a principios del sexenio.
El desplome en la producción petrolero llevó consigo una disminución paulatina en los ingresos por derechos de exportación de petróleo. Afortunadamente (para el gobierno), se aprobó una reforma tributaria que aumentó la recaudación tributaria, que neutralizó la caída en los ingresos no tributarios. Sin embargo, el gobierno incrementó significativamente el gasto público de tal forma que mantuvo un déficit fiscal abultado (especialmente en los primeros cuatro años) y la deuda pública (como porcentaje del PIB) creció enormemente. Al final del sexenio de Fox la deuda pública se ubicaba alrededor del 27 por ciento del PIB; para 2016 se acercó al 50 por ciento. El nivel del gasto público ejercido en 2016 registró un máximo histórico. Es difícil entender ahora las preocupaciones mostradas por un supuesto populismo que ejercería el candidato presidencial que va arriba de las encuestas, sin una crítica correspondiente a la política de gasto de este sexenio.
Las cuentas fiscales que publica la Secretaría de Hacienda cada mes muestran claramente el incremento desmedido en el gasto público ejercido a lo largo del sexenio. Resalta (entre muchas otras cosas) la brecha cada vez más grande entre el gasto aprobado y el ejercido. Los números están bien estudiados y disponibles en los trabajos analíticos de la ONG, México Evalúa. Pero por otro lado, tenemos las cuentas nacionales que elabora el INEGI, que calcula el valor agregado del gasto público, es decir, la contribución del gasto público al PIB. Para esto, tenemos que recordar que el consumo de gobierno y la inversión pública son componentes, por el lado del gasto, del PIB. La tarea del INEGI es analizar el gasto público para ver si es una simple transferencia (y no valor agregado), o bien si le agrega valor a la producción interna del país. Lo sorprendente es que el gasto público históricamente elevado no contiene mucho valor, es decir, es ineficiente en cuanto a su contribución al crecimiento económico. En otras palabras, nunca habíamos visto un gobierno gastar tanto sin producir tanto. La ineficiencia creciente del gasto público es casi por si misma, la tragedia más grande de este sexenio.
Si analizamos el gasto público, encontramos que mucho se ha dirigido a programas sociales, dirigidos a combatir la pobreza. Sin embargo, Coneval nos dice que la gran mayoría de estos programas no funcionan y no han contribuido a un verdadero abatimiento de la pobreza. Pero si el gobierno gasta montos históricos que no tienen valor agregado y no contribuyen a la reducción de la pobreza, ¿cómo justifica que los ciudadanos les estemos entregando una parte sustancial de nuestro patrimonio? Si hubiera justicia, deberíamos someter al 100 por ciento de los funcionarios públicos de esta administración a un escrutinio exhaustivo de sus cuentas bancarias, propiedades y riqueza acumulada.
También se le ha criticado mucho a este gobierno por haber producido el año (2017) con mayor inflación de los últimos 17 años. Sin embargo, rápidamente nos olvida que también se logró el año (2015) con la menor inflación en toda la historia del INPC. De hecho, la inflación promedio de los cinco años de este sexenio (3.87 por ciento) es la más baja de cualquier sexenio desde que existe el INPC y es el primer sexenio en lograr una tasa promedio por debajo del rango superior de variabilidad del objetivo de inflación del Banco de México. Aquí el mérito principal es de Banxico. Sin embargo, también habremos de reconocer a Carlos Salinas quien reformó la Constitución en 1993 y a todos los gobiernos subsecuentes que han respetado la dichosa autonomía de ese instituto.
Seguiremos comentando…