El argumento contundente en contra de aumentar el salario mínimo real era el efecto cascada que tendría en los precios al estar ligado el aumento nominal a un sinnúmero de tarifas, multas, rentas, hipotecas y precios de quien sabe cuántas cosas. Ante la vergüenza de tener uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, se promovió una reforma constitucional para crear una unidad de medida que sustituyera esa función. Aprobado prácticamente por unanimidad, fue el primer paso para establecer una política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y llevarla por lo menos a un nivel que fuera suficiente para ubicarse por encima del umbral de pobreza que establece el Coneval.
Ante este acontecimiento, esperábamos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobara un aumento sustancial en el salario mínimo vigente, que lo llevara más cerca a los 86 pesos diarios. Sin embargo, cual fue la sorpresa, que vimos que se otorgó un incremento marginal de apenas 2.94 pesos, para ubicarlo en 73.04 pesos diarios. El aumento, de 4.2 por ciento respecto al vigente al final de 2015, representa el aumento real más elevado que se haya otorgado desde 1976. Sin embargo, queda exageradamente lejos de lo que debería ser.
En enero de 2015, el salario mínimo general (promedio de las dos zonas geográficas), aumentó 4.2 por ciento, de 65.58 a 68.34 pesos. En la Zona A estaba en 70.10, mientras que en la B se ubicaba en 66.45 pesos. En abril de este mismo año, se incrementó el mínimo de la Zona B en 2.75 por ciento adicional, para ubicarlo en 68.28 y así subir el promedio general a 69.26 pesos. Finalmente, en octubre la Conasami determinó homologar las dos zonas para tener un solo salario mínimo general para toda la República Mexicana en 70.10 pesos, lo que implicaba un aumento adicional de 1.2 por ciento. Con base a estos cambios, podemos calcular el promedio general del año en 69.24 pesos. El promedio de 2014 fue 65.58 pesos, por lo que el incremento nominal de 2015 fue 5.59 por ciento.
¿Cuánto fue en términos reales? Para este cálculo, tomamos el INPC de hasta un salario mínimo que publica el INEGI y calculamos la inflación promedio del año (y no el fin), que resultó ser 3.83 por ciento (suponiendo que la tasa de diciembre será 0.50 por ciento). Esto nos da que el salario mínimo general promedio de 2015 fue 2.90 por ciento superior al del año anterior. Resulta interesante observar que fue el aumento real más elevado para cualquier año desde 1976. Si suponemos que el salario se queda en 73.04 pesos a lo largo de 2016 y que la inflación promedio quede en 3.0 por ciento, el aumento real promedio en 2016 será 2.4 por ciento, es decir, un aumento real acumulado de casi 5.4 por ciento en dos años.
Posiblemente se puede admitir que es notable que por primera vez en 40 años hemos visto una mejoría real en el salario mínimo. Sin embargo, la recuperación no significa nada cuando lo comparamos con el terreno perdido a lo largo de las últimas cuatro décadas y en especial, cuando todavía queda lejos de lo que una familia necesita para una alimentación básica. Esto nos deja con muchas incógnitas respecto al papel de la Conasami y a la política pública salarial.
La Conasami tiene como objetivo fundamental fijar un salario mínimo general que asegure la congruencia entre lo que establece la Constitución con las condiciones económicas y sociales del país. También busca propiciar la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia. Queda claro que no cumple con su cometido. Sin embargo, su presidente Basilio González Núñez cobra más de 100 salarios mínimos y tiene más de 100 funcionarios trabajando con él. Es el mejor ejemplo del gasto público ineficiente e superfluo que pudiera existir. También es prueba irrefutable de que el ejercicio de un presupuesto base cero para 2016 nunca se llevó a cabo.
¿Qué nos queda hacer? Como sociedad tenemos que exigir al gobierno establecer un salario mínimo general digno y justo. No se trata de volver a debatir sus efectos económicos, pues ya lo hemos hecho. En el mejor de los casos, el efecto sobre el desempleo es refutable y sobre la inflación, mínimo, mientras que cierto segmento de la población ganará poder adquisitivo. Es tiempo de desaparecer a la Conasami para eliminar un gasto innecesario e implementar una política funcional respecto al salario mínimo general. Básicamente, esto significa decidir a qué paso se tiene que dar los aumentos reales y cómo lo debemos instrumentar para que sea funcional.
