Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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El día primero de enero pensé que la buena noticia era que ya se acabó 2016, un año difícil, tedioso y de inestabilidad. Pero la mala noticia es que empieza 2017 con perspectiva peor. Ya llevamos un poco más de una semana del año y vemos que ya no es lo duro sino lo tupido. El gasolinazo, las protestas, los saqueos, los bloqueos y aumentos generalizados en precios han acaparado las ocho columnas, pero también nos han agraciado con noticias adicionales como el regreso de Videgaray, la cancelación de inversión de Ford y la posible salida del país de Chrysler. Todo indica que las promesas de Trump se van a materializar. El Indicador IMEF dice que “aumenta incertidumbre”, mientras que sigue en desplome la confianza empresarial y del consumidor. Todo se refleja en la continua debilidad del peso, que ya vimos como el tipo de cambio registra de nuevo, máximos históricos. Existe en el país una sensación de inestabilidad económica y política no visto desde el “tequilazo” al comienzo de 1995.

Ante tanta adversidad, lo que más necesita el país es un gobierno inteligente, que asume su rol de líder y que instrumente políticas para resolver los problemas e incertidumbres que enfrentamos. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta? El “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar”, posiblemente la máxima desilusión del gobierno actual. Es un conjunto de enunciados vacíos, sin fondo, lleno de contradicciones y desconectado de la problemática que enfrenta el país. Ni siquiera logró un consenso entre las cúpulas empresariales y excluye a los gobiernos estatales y a los partidos de oposición. Es una muestra más de que no solamente no entiende los reclamos de la población, sino que no entiende que no entiende. Es aun peor que el anuncio conjunto de la SHCP y el Banco de México que dieron a conocer a las 7:00 de la mañana después de las elecciones de Estados Unidos, cuando acordaron no hacer nada más que “estar atentos”.

Por ejemplo, incluye el compromiso de evitar incrementos significativos en los precios de la canasta básica (como especie de control de precios), que seguramente causará escasez como suele suceder, pero al mismo tiempo dice que realizará acciones en favor de la libre competencia (como evitar o quitar controles de precios). En caso de que se dé el incremento en el precio de algún producto de la canasta básica se permitirá la libre importación de éste para estabilizar el mercado. El problema es que la importación de cualquier producto al tipo de cambio actual seguramente implicará un incremento todavía mayor en el precio, al no ser que el gobierno lo vaya subsidiar. Sin embargo, la justificación del gasolinazo fue que lo que se quiere evitar son los subsidios.

Otro problema de fondo es la credibilidad. ¿Cuántas veces ya nos ha dicho el gobierno que va combatir la corrupción sin que no pasa absolutamente nada? ¿Cuántos recortes de gasto se han anunciado para que al final del año encontramos que se gastó mucho más que lo presupuestado originalmente? El Acuerdo dice que se va a modernizar el transporte público, pero la inversión pública ha disminuido en cada uno de los últimos siete años. Incluye medidas “nuevas” que se supone que ya se deberían estar instrumentando, como garantizar un superávit primario, impulsar la recuperación del salario mínimo y preservar la estabilidad económica. Evita acciones directas para resolver el agravio más apremiante: el gasolinazo. No incluye medidas para evitar o minimizar el robo de gasolinas o resolver el problema de abasto. No abarca el problema de incertidumbre ante la llegada de Trump, que frenará la poca inversión que teníamos. Remarca la instrumentación de políticas fiscales y monetarias restrictivas, que implica frenar aún más el crecimiento económico.

Todos hemos revisado a la baja las expectativas de crecimiento económico para este año al saber que Trump será presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero. No obstante, las primeras revisiones eran tibias al no conocer a ciencia cierta lo que hará el vecino en nuestra contra y tampoco anticipábamos la parálisis o falta de ideas de nuestro gobierno. Los anuncios de Ford y Chrysler y el continuo ataque vía Twitter por parte de Trump, empiezan a vislumbrar que podríamos estar enfrentando el peor escenario contemplado. Las probabilidades de una recesión este año van en aumento día a día.

La medición del poder adquisitivo es un trabajo complejo y muchas veces no muy bien comprendido. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide la inflación de una canasta representativa de una familia promedio a nivel nacional, con base a las ponderaciones que salen de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Sin embargo, los precios son distintos para cada familia según sus gustos y preferencias, sus ingresos y su lugar de residencia. Por lo mismo, para muchos la tasa reportada resulta distinta a su propia percepción e incluso, causa cierta sospecha de la medición misma.

Hace tiempo, el Banco de México agrupó 80 productos genéricos para conformar una canasta básica, con la idea de medir más de cerca el poder adquisitivo de la mayor parte de la población. Sin embargo, la conformación de esta canasta siempre fue muy cuestionado, ya que hay una cantidad significativa de bienes de primera necesidad que están excluidos, mientras que incluye bienes superfluos, que difícilmente se pueden considerar “básicos”. El ejemplo más absurdo es que incluye gasolina, tanto de bajo como de alto octanaje, reproductores de video y cerveza, mientras que excluye jitomate, cebolla, limón, chiles de todo tipo, pan dulce y pollo y no contiene ni un solo producto de la categoría de ropa, calzado y accesorios. Las contradicciones e inconsistencias de su conformación hacen llegar a la conclusión de que no tiene fin analítico ni uso propio. De hecho, es un indicador que se debería descontinuar.

Afortunadamente, Coneval nunca ha considerado la canasta básica como representativa de algo y en su lugar conformó su propia canasta llamada “alimentaria”, que lo utiliza para evaluar el bienestar mínimo. Al examinar su contenido, encontramos que está conformado como por la mitad de los productos y resulta ser mucho más realista y representativo. En adición a ésta, Coneval también estableció una canasta no alimentaria, que en conjunto con la primera es utilizada para evaluar la línea de bienestar que define uno de los parámetros en la evaluación multidimensional de la pobreza. Estos índices son los que debería divulgar el INEGI es su página en vez de el de la canasta básica.

Es un ejercicio obligatorio comparar la evolución de los índices conformados por el Coneval con el INPC. De entrada, en prácticamente todos los años la inflación general es menor al incremento en el costo de la canasta alimentaria y de la de bienestar. Si analizamos el incremento acumulado de los últimos siete años, el INPC ha aumentado 29.4 por ciento, la canasta de bienestar 35.2 por ciento y la alimentaria 45.7 por ciento. Esto significa que, si una persona ha recibido incrementos en su salario equivalentes al INPC desde 2009 a la fecha, tiene hoy -11.2 por ciento menos poder adquisitivo en términos de la canasta alimentaria y -4.3 por ciento menos en términos de la canasta de bienestar.

Resulta interesante 2015, ya que fue una de las raras excepciones. En el año en que la inflación registró su famoso mínimo histórico de 2.13 por ciento, tanto el incremento anual de la canasta alimentaria como la de bienestar fueron menores (1.8 y 1.6 por ciento, respectivamente). Esto significa que después de observar un deterioro en los niveles de ingreso de las familias de menores ingresos por muchos años, es posible que, por primera vez en mucho tiempo, en 2015 veremos una recuperación (aunque marginal). Esto nos hace pensar que cuando Coneval divulga la medición de pobreza para 2015, pudiéramos esperar una reducción (aunque pequeña) en sus números.

Si examinamos la evolución de la pobreza en los últimos años, encontramos una mejoría continua en la disminución de las carencias de derechos sociales, pero un empeoramiento en términos de la población con ingreso menor a la línea de bienestar. Esta da pie a una reducción en los vulnerables por carencia social y en la pobreza extrema, pero un aumento en los vulnerables por ingreso y en los pobres moderados.

Esta discusión es muy relevante en estos momentos en que se discute la posibilidad de aumentar el salario mínimo y de adecuar su política. En el pasado, se ha incrementado el mínimo en función de la inflación medido por el INPC, por lo que se ha observado un deterioro continuo en su poder adquisitivo en términos de adquirir la canasta alimentaria. Esto significa que no solo es necesario elevar el salario para que sea el mínimo necesario para comprar la canasta alimentaria, sino que de aquí en adelante se debería adoptar como la referencia para fijar los aumentos anuales.

El Artículo 123 de la Constitución dice que deben existir salarios mínimos generales, que “deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. No queda claro que significa “normales”, pero creo que todos estamos de acuerdo que el salario mínimo general no alcanza para satisfacer las necesidades normales.  Es de las partes de la Constitución que son buenos deseos pero utópicas.

Una familia promedio con ingreso de un salario mínimo se considera como pobreza patrimonial, es decir, no tiene un ingreso mensual suficiente para adquirir los mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte. ¿Cuál sería el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas? En principio, la Procuraduría Federal del Consumidor, define la canasta básica como el conjunto de productos necesarios para tener una vida sana, tanto física como mentalmente, o bien, como lo que se necesita para una vida digna sin caer en la pobreza.

Hace tiempo, el Banco de México agrupó 80 productos para conformar una canasta básica y así poder darle seguimiento a la evolución de sus precios. De esta forma, se puede medir la evolución del salario mínimo respecto al mismo. En principio, la idea sería que el poder adquisitivo del salario mínimo respecto a la canasta básica fuera igual a través del tiempo.

El primer problema que surge es que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija el aumento anual en función del INPC y no de la canasta básica. El gobierno presume que el poder adquisitivo del mínimo se ha mantenido relativamente estable en términos reales en los últimos años, pero siempre y cuando se mide contra el índice general de precios. Sin embargo, el incremento en el costo de la canasta básica casi siempre es superior al INPC. Por ejemplo, mientras que el INPC ha aumentado 25.9% desde diciembre 2007 a la fecha, el costo de la canasta básica subió 31.1%. Esto significa que el deterioro en el poder adquisitivo del salario mínimo, en el contexto de lo que especifica la Constitución, sigue sin poder evitarse.

El segundo problema que sale a lucir es la conformación misma de la canasta básica. Hay una cantidad significativa de bienes de primera necesidad que están excluidos, mientras que la canasta incluye bienes superfluos, que difícilmente se pueden considerar “básicos”. También existen muchos bienes excluidos que son mucho más importantes que otros incluidos. El ejemplo más absurdo es que incluye gasolina, tanto de bajo como de alto octanaje. La permanencia de la gasolina de bajo octanaje puede ser tema de debate, pero considerar la de alto octanaje como indispensable para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas es totalmente absurdo.

Platicando con la señora que se ocupa de los servicios domésticos en la casa, me dice que lo más importante e indispensable es la conformación de la canasta alimenticia. Lo primero que asegura una familia es la comida, mientras que todos los demás productos y servicios serán adquiridos sólo después de satisfacer los primeros. Dentro de los productos principales de una familia de bajos ingresos están jitomate, cebolla, limón, chiles de todo tipo, pan dulce y pollo, todos excluidos de la canasta básica. Entre carne de cerdo, pescado, pollo y carne de res, se suele comprar mucho más pollo que la carne de res (por sus precios). Mi asesor me dice que su familia consume pollo mínimo tres o cuatro veces a la semana, mientras que compra res una o dos veces al mes (si le va bien). Sin embargo, se incluye carne de res y se excluye pollo en la canasta.

Sin consultar y sin conocer bien las preferencias íntimas de la mujer, puedo pensar que las toallas sanitarias serían más importantes que los desodorantes personales como producto indispensable o básico. No obstante, lo primero no está mientras que lo segundo sí. Mientras que la canasta básica incluye reproductores de video y cervezas, no contiene ni un solo producto de la categoría de ropa, calzado y accesorios. ¿Qué la ropa no es indispensable para satisfacer las necesidades normales de una familia?

¿Qué es lo que mide la canasta básica? ¿Qué nos dice el aumento de los precios del mismo? No solamente queda confuso, sino que las contradicciones e inconsistencias de su conformación hacen llegar a la conclusión de que no tiene fin analítico ni uso propio.

El INPC, que mide los precios de una canasta representativa (promedio) de los bienes y servicios de todos los hogares en el país, aumentó 3.57% en 2012, mientras que la canasta básica subió 3.97%. Pero los precios de los alimentos, que representa el porcentaje mayor de los bienes consumidos por los hogares de menos ingresos, incrementaron 6.11% y los productos agrícolas 9.18%.

Parece que la inflación está bajo control, pero sólo para los hogares acomodados, que ya tienen resueltos sus necesidades básicas. Los demás siguen perdiendo poder adquisitivo.