Articulos sobre la economía Mexicana
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La semana pasada comentamos que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) tiene dos fallas estructurales que resultan en subestimaciones de la pobreza por ingresos y de la desigualdad. Un estudio reciente realizado por dos investigadores del INEGI (Gerardo Leyva y Alfredo Bustos) desarrolla un método de ajuste estadístico que utiliza información fiscal y de cuentas nacionales para mejorar la estimación del ingreso proveniente de la ENIGH. Concluye que la incidencia de pobreza monetaria es de 30 por ciento de los hogares, comparada con el 44 por ciento que resulta de las cifras originales de la ENIGH y que el coeficiente de Gini tiene un valor de 0.63, en contraste de 0.44 de la ENIGH. En otras palabras, confirma las hipótesis de que no somos tan pobres pero nuestra distribución del ingreso es mucho más inequitativa.

En principio, los resultados están intuitivamente correctos y hace sentido todo lo que hacen. Pero bien sabemos que es muy difícil separar el interés académico del político en un tema tan sensible. De entrada, se desató una gran polémica el año pasado cuando Coneval rehusó medir la pobreza para 2015 ante los cambios que introdujo el INEGI en los criterios para la captación y verificación de los datos en la Encuesta. Después el gobierno impuso ilegalmente una Directora General de Sedesol a la Junta de Gobierno del INEGI, que muchos interpretaron que llegaba con agenda preestablecida para adecuar los resultados de la Encuesta a los intereses oscuros de ciertos políticos. Finalmente, estamos en la antesala de las elecciones presidenciales en las cuales el gobierno actual ha mostrado ser capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder.

El PRI anunció su regreso con bombo y platillos. Nos dijeron que era el “Momento México”. El crecimiento económico estaría arriba de 5 por ciento en forma sostenida. Tendríamos estabilidad macroeconómica plena sin problemas fiscales. Disminuiría la pobreza y mejoraría la distribución del ingreso. Terminaría la violencia, asesinatos e inseguridad pública. Sin embargo, casi cinco años después el crecimiento promedio apenas supera 2 por ciento, la pobreza no ha disminuido, la inflación se ubica más del doble que el objetivo, la deuda pública rebasa 50 por ciento del PIB, la inseguridad ha aumentado notablemente, hay más asesinatos y los niveles de confianza, tanto empresarial como del consumidor, están en mínimos históricos. Peor aún, nunca hemos enfrentado tanta corrupción e impunidad. El gobierno no sabe qué hacer ni cómo proceder, pero quiere mantener el poder. El sospechismo está en su máximo, por lo que éste estudio contribuye a la controversia.

No obstante, sí necesitamos una mejor medida de la pobreza por ingresos. No puede ser que la pobreza en México es casi 2.6 veces mayor a Brasil e incluso peor que en países como Bolivia. En un sentido perverso, al gobierno le conviene tener un patrón inflado de pobreza para comprar más votos y perpetuarse en el poder. Pero por el otro lado, necesitamos una medida de pobreza consistente a través del tiempo. La única forma de poder evaluar los programas sociales y las políticas públicas es con una barra de medición homogénea. En aras de mejorar la medición de la pobreza, si vamos cambiando la metodología y los criterios de aplicación de la ENIGH cada rato, nunca vamos a poder calificar adecuadamente los esfuerzos para reducirla.

Al final de cuentas ¿qué es mejor? ¿Tener cada vez más una medición más precisa de la pobreza, pero sin poder calificar los esfuerzos para abatirla?, o bien, ¿tener una medición no tan precisa pero consistente a través del tiempo, que nos permite evaluar los programas sociales, pero sin realmente conocer la dimensión correcta de la pobreza? La verdad es queremos y necesitamos ambas, es decir, tener una medición precisa y homogénea a través del tiempo. Pero ¿cómo lo podemos lograr?

La responsabilidad de la medición de la pobreza es de Coneval. La responsabilidad de la ENIGH es del INEGI. Esta acordado por ambas instituciones divulgar los resultados tanto de la ENIGH como de la pobreza el 28 de agosto. En teoría, están trabajando juntos, pero ¿cómo van a conciliar ambos objetivos? Es casi un hecho, de que, si el INEGI mejora la aplicación de la ENIGH, la medición de la pobreza no podrá comparase con años anteriores. Pero si no lo mejora, seguiremos sobreestimando la pobreza.

El INEGI lleva a cabo una cantidad impresionante de encuestas para construir y calcular un sinnúmero de indicadores económicos de gran relevancia. Dentro de todas, la más difícil es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), cuyo levantamiento es cada dos años. De esta encuesta se sustrae información para el cálculo de las cuentas nacionales y los índices de precios. A partir de 2008, incluye el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), que es la fuente de información para la medición multidimensional de la pobreza. Cualquier error o imprecisión implica malos cálculos de la inflación, del consumo y de la pobreza.

Desde hace tiempo atrás, se le ha criticado por dos fallas estructurales fundamentales. La primera es que hay un incentivo perverso para que los hogares entrevistados no divulgan la totalidad de sus ingresos. Por ejemplo, un hogar que obtiene un subsidio de Prospera y al mismo tiempo, recibe remesas de familiares que radican en Estados Unidos, no va reportar los ingresos obtenidos por remesas ante la posibilidad de que le cancelen su subsidio. Resulta que la cantidad de remesas capturadas por la ENIGH no llega al 10 por ciento de lo que reporta Banxico cada mes. En general, el gasto en consumo de los hogares de la ENIGH no logra registrar ni siquiera la mitad del consumo que se reporta en las Cuentas Nacionales. Es muy obvio decir que, si existe un problema serio de subdeclaración de ingresos, cualquier medición de la pobreza estará sobreestimada. Resulta importante subrayar que este problema se detectó hace por lo menos tres décadas, si no antes, es decir, mucho antes de que existiera el Coneval.

La segunda falla es que la Encuesta esta truncada, es decir, no cubre los hogares de mayores ingresos en el país. Hace como tres décadas, Agustín Legorreta se hizo famoso al decir que la economía de México estaba controlada por 300 familias. Pues resulta que ni una sola de esas 300 familias más ricas del país están incluidas en la encuesta. Simplemente al excluir a Carlos Slim, quien más veces que no resulta ser el hombre más rico del mundo, la ENIGH tiene este problema. El problema resulta de que se utiliza la información del ENIGH para calcular el famoso “coeficiente de Gini”, que mide la distribución del ingreso. Si la Encuesta no incluye a los más ricos del país, cualquier cálculo va subestimar este coeficiente. En otras palabras, la distribución del ingreso es mucho más inequitativo de lo que sugiere la Encuesta.

Estas dos fallas y las implicaciones que tienen en cuanto a la sobreestimación de la pobreza y la subestimación de la desigualdad, han sido sujetos de investigación desde hace tiempo. Hay estudios de Cortes, Leyva, Esquivel, Bustos, Torres, Campos, Chávez, Boltvinik, Hernández, Cervantes y un sinnúmero más, que han contribuido al tema. También hay estudios de organismos oficiales, aunque autónomos, como Coneval y el INEGI, que han hecho aportaciones muy valiosas. En cuanto al último, cabe la pena citar un estudio recién publicada (en inglés en el Journal de Latin American Policy, mayo 2017, y una reseña en español en la Revista Este País, junio 2017), realizado por Gerardo Leyva y Alfredo Bustos. Desarrollan un método de ajuste estadístico que utiliza información fiscal y de cuentas nacionales para mejorar la estimación del ingreso. Encuentran que la incidencia de pobreza monetaria sería de 30 por ciento de los hogares, comparada con el 44 por ciento que resulta de las cifras originales de la ENIGH, y que el coeficiente de Gini tiene un valor de 0.63, en contraste de 0.44 de la ENIGH. En otras palabras, confirma las hipótesis de que no somos tan pobres pero nuestra distribución del ingreso es mucho más inequitativa.

El estudio parece ser serio. La contribución resulta importante. La búsqueda por mejores datos, metodologías e indicadores debe ser continua. El debate es genuino. Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta difícil separar la necesidad académica y el interés político en un tema tan sensible, en especial a la luz de la polémica mayor que se desató el año pasado cuando Coneval rehusó medir la pobreza para 2015. ¿Por qué? El INEGI introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de los datos en la Encuesta, de tal forma que ya no era comparable la información con años anteriores: Peor aún, lo hizo sin consulta previa con Coneval.

Seguiremos comentando.

Paloma

Marzo 19th, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

La controversia sobre la designación de Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del INEGI va creciendo. El eje central es que realmente no cumple los requisitos legales. Peor aún, ni siquiera cerca. Me habían dicho que era cuestión de interpretación jurídica, pues con consideraciones laxas, pudiera calificar, aunque fuera apenas. Sin embargo, ya con una investigación más exhaustiva, está lejos pero muy lejos de calificar.

Como comentamos la semana pasada, la ley dice que debe “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”. El único puesto relevante, es decir, que califica de “alto nivel”, es su aproximadamente un año en el puesto de Director General en Sedesol. El puesto que ocupó en el IMSS está marcada como categoría “L”, que la propia ley lo pone en el tabulador de “mando medio”.

Sin embargo, con estos dos puestos no llega ni cerca a los cinco años. Habría que sumar su estancia en la prestigiosa consultoría GEA, de Mauricio González y Jesús Reyes Heroles. Resulta que trabajó allí dos años cinco meses, pero en un puesto de apoyo a los socios, que se caracteriza por ser de pasantes, que después van a estudiar un posgrado. La referencia que dan de ella es que fue una excelente colaboradora, pero definitivamente no fue en un puesto de nivel jerárquico que se pudiera interpretar de “alto nivel”. En otras palabras, tiene alrededor de uno de los “por lo menos” cinco años necesarios para el puesto. Ya la semana pasada en esta misma columna, vimos que tampoco califica como “profesional distinguido” o de “académico de reconocido prestigio”. Al final de cuentas, no cumple con ni uno solo de los requisitos.

Me han dicho que la designación de Merodio tiene que ser aprobada por dos comisiones del Senado para que procede al pleno para su votación. En la de Gobernación me dicen que aparentemente domina el PRI, que siempre aprueba en automático las designaciones de la Presidencia, sin mayor consideración. No me queda claro, pero habría que preguntar a Cristina Díaz Salazar del PRI, con quien no he tenido la oportunidad de platicar. La otra, de Población y Desarrollo, es presidida por Armando Ríos Piter del PRD, e integrada por Esteban Albarrán Mendoza del PRI y Juan Carlos Romero Hicks del PAN. Según me han dicho Romero Hicks ya se pronunció en contra, mientras que Albarrán votará al estilo PRI. Por tanto, el voto decisivo queda en manos de Ríos Piter. Sin embargo, nadie sabe cuál será su decisión. Algo fuera de lo común, se ha caracterizado por un silencio total en estas últimas semanas. Me han señalado que “el silencio de @RiosPiterJaguar sobre la nominación de Merodio para INEGI es preocupante. Espero valore gravedad”.

Romero Hicks protestó formalmente ante el “microexpediente” que recibieron ambas comisiones en torno a su curriculum, ya que no contiene la información necesaria para sustentar la experiencia académica y profesional que presume. Obvio. La presidencia mandó documentación insuficiente ante el temor de que más información la descalificaría para el puesto.

En adición a la falta de experiencia, otros han señalado conflictos de interés que pudieran incluso dañar el proceder del INEGI y su reputación. Resaltan dos artículos a su favor, uno escrito por Humberto Musacchio y otro por Yuriria Sierra. El primero pone como argumento que es una mujer muy guapa, comentario exageradamente sexista. El segundo dice que su designación es importante porque sería la primera mujer en la Junta de Gobierno. Aparentemente, no ha oído de Rocío Ruiz, quien ocupó una silla en la Junta hace apenas cuatro años. Pero lo que más llama la atención es la larga lista de mujeres muy capaces para el puesto, que también ya discutimos la semana pasada. Incluso, en estos días me han llegado muchos más nombres que debería haber incluido.

Estaremos muy atentos en estos días a las decisiones de estas Comisiones de vital importancia. No queremos más daño a la reputación del INEGI, que entró en controversia con Coneval sobre la medición de pobreza y ha suscitado sospechas en torno a la medición de la inflación. Lo que más necesita ahora es una Junta de Gobierno sólida, más allá de cualquier sospecha.

El Traspaso

Octubre 12th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

Existe una relación muy estrecha entre el tipo de cambio y el diferencial de precios del país respecto al exterior; si tenemos mucha más inflación en México respecto al exterior por un tiempo prolongado, tarde o temprano si va reflejar en el tipo de cambio. Esto lo experimentamos en forma traumática cuando teníamos un régimen cambiario semi-fijo. Sin embargo, la relación es de doble causalidad; si tenemos un aumento significativo en el tipo de cambio, tarde o temprano vamos a tener más inflación. Esto último se llama el traspaso (“pass-through”) del tipo de cambio a la inflación.

No es una relación exacta. Dependiendo de las circunstancias, las estructuras, los regímenes cambiarios y otras cosas, el traspaso puede ser muy elevado o muy bajo. En las épocas de alta inflación y regímenes cambiarios rígidos, el traspaso en México era muy elevada; cualquier modificación en el tipo de cambio provocaba un incremento de la inflación en casi la misma magnitud. En esos momentos decíamos que el coeficiente de traspaso era muy cercano a la unidad, lo que implicaba que un incremento en el tipo de cambio de x por ciento, incrementaba la inflación en el mismo x por ciento. Sin embargo, ahora con inflaciones más bajas y un régimen cambiario flexible, el traspaso ha disminuido. Incluso, algunos analistas argumentan que el coeficiente de traspaso ahora es muy cerca a cero, lo que implica que cualquier incremento en el tipo de cambio no tiene una repercusión en la inflación. El Banco de México ha realizado estudios empíricos que concluyen que el coeficiente es alrededor de 0.04, es decir, bastante reducido.

El problema es que el traspaso no necesariamente se da de inmediato o en un solo periodo. Tampoco es obligatorio que sea constante a través del tiempo o que se deriva en una relación lineal. En otras palabras, el traspaso puede ser más significativo ante un incremento mucho más pronunciado en el tipo de cambio. En nuestro caso, podemos pensar que después de un ajuste en el tipo de cambio de casi 50 por ciento y ante la probabilidad de que ya no vuelva a bajar (por lo menos en forma significativa), es de esperar que tengamos un impacto en los precios.

De hecho, ya empieza a surgir evidencia de cierto traspaso. La inflación al consumidor de las mercancías (los precios más susceptibles al tipo de cambio) fue 3.97 por ciento anual en la segunda quincena de septiembre, cuando había registrado 2.33 por ciento en la primera de agosto del año pasado. Sin embargo, es más evidente en los precios del productor: mientras que la tasa anual de septiembre al consumidor es de 2.97 por ciento, del productor es de 6.40 por ciento. Pero los precios del productor de las actividades secundarias han aumentado 8.12 por ciento y los de los bienes intermedios 8.75 por ciento. Por lo pronto, los empresarios han reducido su margen de utilidad para no reflejar el incremento completo en sus precios al consumidor.

Por otro lado, queda el problema de la medición correcta de la inflación, tema que comentamos aquí el mes pasado (Reforma, 7 de septiembre). Existen problemas en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) de la cual CONEVAL, CEMLA y otras instituciones han cuestionado el cálculo del ingreso, que se convierte en la restricción presupuestal del gasto, que a su vez determinan las ponderaciones de los precios. Además, existen un sinnúmero de problemas que, en su momento comentamos que, nos hace cuestionar su cálculo. Tengo la fortuna de participar activamente en un Comité de la ANTAD, dirigida por Javier Salas, que analiza cotidianamente todas estas fallas. Él es posiblemente la persona que más conoce a detalle el INPC de México y la medición de la inflación en general, después de estar a la cabeza de la Dirección de Precios en Banxico por más de 15 años. Él fue que encabezó el proyecto de contar con la certificación de calidad ISO-9002 para el INPC de México. Sin embargo, la supervisión y atención al detalle se ha mermado desde que se le encomendó el INPC al INEGI.

Todo lo anterior nos hace pensar que el efecto del traspaso es mucho mayor de lo que se ha admitido hasta ahora y que será todavía mucho mayor en los años venideros. Según la última encuesta que realiza Banxico a los especialistas en economía, la inflación promedio anual para los próximos 8 años es de 3.3 por ciento. ¿No será que estamos subestimando el famoso traspaso?