Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
Header

El INEGI mide el PIB por el lado de la oferta (producción bruta menos consumo intermedio) y por el lado del gasto. Dado que es mediante inferencia estadística, las dos metodologías no dan el mismo número, por lo que se tiene que ajustar con una discrepancia estadística. Dado que se considera que el método de la producción es más robusto, siempre se asigna la discrepancia a la medición por el lado del gasto. Existe un tercer método, que es por el lado de los ingresos, pero el INEGI no lo calcula. Es por eso que no tenemos en México indicadores oportunos y de alta frecuencia de ingresos. Por ejemplo, en Estados Unidos se da a conocer el ingreso personal disponible y el ahorro de las familias cada mes. En México simplemente no contamos con esa información.

Una forma de aproximar el ingreso es mediante el número de trabajadores asegurados y el salario nominal promedio de cotización del IMSS. Si multiplicamos ambos obtenemos una “masa salarial” nominal, que a su vez se ajusta por el aumento en el INPC para obtener una masa salarial real laboral. Si calculamos esta cifra para marzo, encontramos que ha aumentado 3.8 por ciento respecto al año pasado, producto de un aumento de 4.6 por ciento en el empleo y una caída de -0.6 por ciento en el salario real. Pero el problema es que los registros de empleo del IMSS no tienen mucho que ver con el empleo nacional. De entrada, excluye el empleo informal, que INEGI dice que representa 56.8 por ciento del empleo nacional. Sin embargo, tampoco abarca el 43.2 por ciento restante, ya que existe mucho empleo formal no contemplado en el IMSS. Incluso, si contrastamos el empleo del IMSS contra el que calcula INEGI en la ENOE, encontramos que la ocupación nacional crece a un ritmo de 2.1 por ciento (tasa anual del primer trimestre), mientras que el empleo registrado en el IMSS crece a lo doble, 4.2 por ciento. Existe una discrepancia entre ambos desde principios del sexenio, ya que mientras los números del IMSS representaban 33.4 por ciento del empleo nacional en el último trimestre de 2012, para el primer trimestre de 2017 la proporción subió a 36.4 por ciento. El incremento en el número de trabajadores registrados en el IMSS no es solo creación de empleos nuevos, sino también la captación de empleos ya existentes. Por lo mismo, sus cifras no nos dicen nada acerca del ingreso laboral real del país.

La alternativa es utilizar los “datos estratégicos” de la ENOE (en su entrega trimestral), que brinda el número de horas trabajadas por semana y los ingresos por hora trabajada. Si multiplicamos ambos y dividimos entre el INPC, obtenemos los ingresos promedio reales por semana. La misma encuesta nos da la población ocupada remunerada, por lo que obtenemos la masa salarial real laboral a nivel nacional. Los números contrastan mucho con los del IMSS. De entrada, el salario real promedio de cotización del IMSS disminuye -0.7 por ciento en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la caída del ingreso real por hora trabajada de la ENOE es -2.2 por ciento. Dado que el IMSS no proporciona el número de horas trabajadas, no podemos comparar el ingreso real promedio. Sin embargo, la masa salarial real del IMSS crece 3.6 por ciento anual, mientras que la de la ENOE crece 2.3 por ciento anual.

¿Qué nos dice el crecimiento anual de 2.3 por ciento? De entrada, es el noveno trimestre al hilo de tasas positivas en la masa salarial real, lo que explica en parte el buen comportamiento del consumo de los hogares justo en el mismo periodo. Aunque la tasa anual es un punto porcentual menor al promedio observado en los ocho trimestres anteriores, sugiere que el consumo deberá seguir creciendo, aunque sea a una tasa ligeramente menor. No obstante, en el margen (es decir, respecto al trimestre anterior) hay una disminución de -1.0 por ciento, debido a la caída en el poder adquisitivo ante el incremento significativo en la inflación en el primer trimestre del año. De hecho, es el segundo trimestre consecutivo con una caída en el ingreso promedio real. De seguir su trayectoria ascendente, es muy probable que la inflación siga disminuyendo los ingresos reales y veamos un consumo más deteriorado en los siguientes trimestres.

Finalmente, la ENOE confirma aumento en el empleo, pero cada vez remunerado con un salario real menor. Esto es el reto principal a vencer.

Cuatro Años

Septiembre 6th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

Mañana, 1 de septiembre, el Ejecutivo entregará su Cuarto Informe al Poder Legislativo. Al quien se toma la molestia de leerlo, seguramente encontrará puras maravillas. Sin embargo, sabemos que han sido cuatro años muy difíciles, de escasos logros y de muchos retrocesos. Por ejemplo, hace una semana el INEGI informó que había disminuido el PIB en el segundo trimestre respecto al primero, lo cual convirtió al periodo en el segundo peor del sexenio. Sin embargo, la SHCP presumió que el trimestre tuvo el mejor desempeño para un segundo trimestre desde 2012, claro mediante la trampa de incluir efectos de calendario y estacionalidad.

En el terreno político, tenemos una presidencia con la aprobación más baja en la historia, resultado de los múltiples escándalos de la Casa Blanca, Malinalco y el plagio de la tesis, en conjunto con eventos trágicos como Ayotzinapa y Apatzingán (y varias más), la fuga del Chapo, la vacilada de Virgilio Andrade y hasta la ratificación de Alfredo Castillo. Pero posiblemente ha pesado más la continua inseguridad y la impunidad rapante ante la corrupción extendida. Sin embargo, dejó el análisis de estos temas a mis colegas politólogos.

En el terreno económico, las noticias son peores. El crecimiento promedio anual de los cuatro años se ubica por debajo del promedio de los tres sexenios anteriores. Sin embargo, cada uno de los anteriores se enfrentó a una gran crisis: el “tequilazo” de 1995, la recesión de 2001-2002 y la gran recesión de 2008-2009. A pesar de no haber entrado en recesión este sexenio, el promedio no alcanza los anteriores que sí tuvieron. La herida se siente peor ante la promesa de crecer más del 5 por ciento con las reformas estructurales (o ya de perdida 3.5 por ciento sin reformas).

El gobierno ha presumido de la creación de empleo y la disminución en el desempleo. De hecho, la tasa de desempleo urbano de julio de 4.41 por ciento no solamente es la más baja del sexenio, sino la menor desde mayo de 2008. El problema es que el desempleo abierto nunca ha sido el problema laboral más apremiante del país; lo es el empleo precario y mal remunerado. Por ejemplo, la tasa de condiciones críticas de ocupación en mayo de este año registró su nivel más elevado desde mayo 2005, por arriba incluso del pico observado en la gran recesión de 2008-2009. La ENOE confirma que la gran mayoría de los empleos creados en los últimos años son de dos salarios mínimos para bajo. La misma encuesta muestra que el ingreso laboral real se ubica por debajo de los niveles observados a lo largo de los últimos ocho años (a pesar de una muy pequeña recuperación en 2015).

Una de los aspectos económicos que han presumido los últimos tres gobiernos es la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la empresa calificadora Moody’s puso a México en “perspectiva negativa” en marzo, mientras que S&P hizo lo mismo en agosto, ambos cuestionando los desequilibrios macroeconómicos que se han ido formando en los últimos dos años y empeorando en 2016. Después de promediar 1.1 por ciento entre 2003 y 2013, el déficit en cuenta corriente superará 3.0 por ciento del PIB este año, a pesar de haber acumulado una depreciación significativa de la moneda. El incremento de aproximadamente 45 por ciento en los últimos dos años en el tipo de cambio es por mucho el ajuste más grande que se ha observado para un periodo similar desde que existe el régimen cambiario actual. Finalmente, el déficit fiscal tradicional como porcentaje del PIB de 2015 fue el más abultado desde 1990. Esto ha llevado a que la deuda pública como porcentaje del PIB se ubica más de 20 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2007.Los desequilibrios macroeconómicos se han acentuado a tal grado que las autoridades se han visto ante la necesidad de aplicar políticas fiscal y monetaria restrictivas a pesar de que la inflación se encuentra por debajo de su objetivo y que existe una brecha negativa del producto (estamos creciendo por debajo del potencial).

Por último, tenemos el logro de que la inflación registró su mínimo histórico a finales del año pasado y que liga 15 meses por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, se empieza a cuestionar la medición de la inflación, ya que cada vez más no corresponde a lo que enfrentamos, tema que abordaremos la próxima semana.

El INEGI dio a conocer los resultados de la ENOE en su entrega trimestral para el segundo trimestre de 2016. A diferencia de la entrega mensual, ésta ofrece los resultados expresados en valores absolutos, es decir, en números de personas. El INEGI aplica las tasas de empleo y desempleo en sus diferentes modalidades a las proyecciones demográficas elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Para el caso específico de este trimestre, la proyección de la población total del país es de 122,117,027 personas.

Expresar el desempleo en número de personas no es usual; la práctica es utilizar tasas para referenciarlo en términos relativos, es decir, respecto a la población económicamente activa o algún otro parámetro. No obstante, los datos presentados en esta versión de la ENOE nos sirven para el cálculo de ciertas tasas que el INEGI no reporta. Por ejemplo, a pesar de que las últimas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET) de 2013, establecen conceptos novedosos como la fuerza laboral potencial (FLP) y la brecha laboral, el INEGI no ha querido divulgarlos. El INEGI no reporta la FLP, pero proporciona la Población Económicamente Activa (PEA) y los disponibles para trabajar dentro de la Población No Económicamente Activa (DPNEA), que sumados da la FLP. La PEA como proporción de la población en edad de trabajar (15 años y más) es 59.6 por ciento, mientras que la FLP es 66.2 por ciento.

La brecha laboral es un concepto mucho más amplio y relevante que la tasa de desempleo abierto (DA), ya que suma al DA, el subempleo y el desempleo disfrazado, que como proporción de la FLP nos da una idea de las necesidades de trabajo en el mercado laboral. Esto es porque no solo tenemos que buscar empleo para los desempleados abiertos, sino también para los que trabajan apenas unas horas a la semana porque no encuentran un trabajo de tiempo completo y los que están desempleados, dispuestos a trabajar, pero no realizan una búsqueda activa. Para el segundo trimestre de 2016, la brecha disminuyó a 20.3 por ciento (de la FLP), para registrar su menor nivel desde el último trimestre de 2008. Esto fue porque el desempleo registró su tasa más baja desde el segundo trimestre de 2008, el subempleo su tasa más baja en lo que va el sexenio y el desempleo disfrazado su segunda tasa más bajo desde el tercer trimestre de 2008 (todas como proporción de la FLP).

Otro concepto que podemos derivar de los datos de la ENOE, pero que el INEGI tampoco lo reporta, es el del ingreso promedio real. Este indicador es de suma importancia, ya que el INEGI carece de indicadores de ingreso disponible por la forma de cálculo de las Cuentas Nacionales. Empezamos con una mala noticia, ya que los ingresos por hora trabajada disminuyen en el trimestre. Sin embargo, dado que aumenta el número de horas trabajadas por semana, hay un incremento en el ingreso promedio nominal. Al convertir el ingreso nominal a términos reales, encontramos que el INPC disminuyó respecto al trimestre anterior, lo que da un aumento en el ingreso promedio real de 0.8 por ciento respecto al primer trimestre del año y 1.9 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Para completar el ejercicio, multiplicamos el ingreso promedio real por el empleo remunerado para tener una idea de la masa salarial real, que ayuda a explicar el consumo de los hogares. En esta ocasión encontramos un aumento en el trimestre en el empleo remunerado de 0.9 por ciento respecto al trimestre anterior (y 0.9 por ciento respecto al año anterior), después de una disminución de -0.7 por ciento en el trimestre anterior. El resultado es que el incremento en el ingreso se ve ampliado por el aumento en el empleo, por lo que la masa salarial real aumenta 1.7 por ciento respecto al trimestre anterior y 2.8 por ciento respecto al año anterior.

¿Qué nos dicen estas cifras? La disminución de la brecha laboral es definitivamente positiva, aunque el ingreso por hora trabajada haya disminuido. Lo último se compensa con más horas trabajadas y mayor empleo remunerado, por lo que aumenta la masa salarial. Esto significa que las familias tienen más ingresos para poder seguir consumiendo. Buenas noticias.

El sector de la construcción resulta ser de los más importantes de la economía, no por su tamaño dentro de la economía (7.5 por ciento) o por su aportación al empleo formal (8.5 por ciento de los asegurados en el IMSS), sino por su aportación a la formación bruta de capital del país. La construcción explica el 68.2 por ciento de la inversión fija bruta (IFB), mientras que la adquisición de maquinaria y equipo aporta el 31.8 por ciento restante. Tiene la característica de ser muy “pro-cíclico”, es decir, jala hacia arriba o hacia abajo el ciclo económico, dependiendo en qué fase nos encontramos. Por lo mismo, una de las políticas económicas más trascendentales que puede instrumentar el gobierno es la del impulso de la infraestructura pública.

Sin embargo, en los últimos seis años la inversión pública ha disminuido -23.7 por ciento. A principios de 1995 representaba 55.0 por ciento del total de la inversión, mientras que a fines del año pasado encontramos que su participación se ha reducido a tan solo 16.2 por ciento de la IFB del país. Si examinamos el PIB por el lado del gasto (también conocido como la demanda agregada), encontramos que el único componente con una contribución negativa al crecimiento económico es justo la inversión pública. Si observamos las tendencias de los tres subsectores de la construcción que reporta el INEGI, vemos que el único que muestra un estancamiento casi permanente en los últimos tres años es el subsector 237 de la “construcción de obras de ingeniería civil”, típicamente asociado con la inversión pública.

¿En qué consiste el subsector 237? El Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN) divide el subsector en cuatro ramas: la construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía eléctrica y telecomunicaciones (2371); la división de terrenos y construcción de obras de urbanización (2372); la construcción de vías de comunicación (2373); y otras construcciones de ingeniería civil (2379). Desgraciadamente, no contamos con información oportuna a este nivel de desagregación para encontrar dónde ha fallado más el gobierno, pero intuitivamente, ha de ser la sub-rama 23712 de la construcción de obras para petróleo y gas, ya que la mayoría de las perforaciones de pozos petroleros han sido improductivos.

En adición al nulo valor agregado de la inversión pública, el gobierno también ha sido responsable por el mal desempeño de otros subsectores de la construcción, en especial, la edificación residencial (2361). Esta rama pasó por una crisis singular desde mediados de 2012 hasta fines de 2013, que casi empujó a la economía en su totalidad a una recesión. El gobierno del sexenio anterior había instrumentado una política de subsidios para impulsar a la vivienda de interés social de tipo horizontal. Sin embargo, el Censo de Vivienda reveló que había una cantidad impresionante de unidades multifamiliares abandonadas o por lo menos sin ocupar, ya que carecían de una infraestructura básica, no tenían suficiente oferta de actividades recreativas, no había servicios de educación y salud suficientes y se ubicaban muy lejos de los centros de trabajo. Al darse cuenta el gobierno de su desatinada política, suspendió el programa y prácticamente paro en seco a la industria de la construcción. El gobierno entrante tardó mucho en aprobar un nuevo esquema y después en fondear la nueva política de subsidios, a tal grado que provocó la quiebra de muchos de los desarrolladores de vivienda. Al final de cuentas, la crisis de la construcción de 2013 fue tan severa como la que experimentó en los años de la gran recesión de 2008-2009.

La organización “México, ¿Cómo Vamos?” se ha dedicado a poner metas para transformar el país. A veces difícil de entender su lógica, ya que pone una meta exageradamente ambiciosa de crecer 6 por ciento anual, junto con otra relativamente mediocre de que la inversión fija bruta alcance solo el 24 por ciento del PIB. Sin embargo, para crecer más, necesitamos incrementar la inversión. Aun así, en 2015 la inversión solo representó 22.2 por ciento del PIB, como producto de la mala inversión pública y políticas desatinadas para impulsar la construcción en general.

Al enfrentarse a la necesidad de recortes presupuestales, el gobierno se ha enfocado a disminuir aún más las obras de infraestructura básica. Todos sabemos que tiene mucha tela para recortar del gasto corriente, pero ha fallado la voluntad política. ¿Qué pasó con el presupuesto base cero? ¿Qué pasó con el Programa Nacional de Infraestructura? Buenas ideas, abandonadas.

La semana pasada, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) organizó el “Encuentro de Especialistas sobre Salario Mínimo: Avances hacia una nueva política”. El objetivo fue presentar una serie de estudios encomendadas a la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, sobre la relación del Salario Mínimo (SM) con la productividad, la inflación, el empleo, la pobreza y las condiciones de vida.

En particular, llamó la atención el estudio realizado por el Banco de México sobre los efectos inflacionarios de un aumento en el SM. La conclusión principal es que el coeficiente de traspaso del SM a la inflación es mayor a la unidad (de hecho, lo estima en 1.37). ¿Eso qué significa en lenguaje normal? Que cualquier aumento en el salario mínimo causaría un impacto más que proporcional en la inflación. Por ejemplo, si se aumentara 146.6 por ciento (lo necesario para que alcance para comprar una canasta ampliada estimada por Coneval), la inflación subiría a 200.8 por ciento. Pero peor aún, ya que el Banco dice que estas estimaciones no incorporan mecanismos de ajuste de expectativas, lo que induciría aún mayores ajustes a los precios. Por lo mismo, estos resultados deben ser interpretados como cotas inferiores del efecto sobre la inflación.

En pocas palabras, Banxico nos está diciendo que no existe la posibilidad de incrementar el poder adquisitivo del SM. Si se otorga un incremento, la reacción en los precios va ser de tal magnitud que terminará reduciendo el poder de compra del SM. Peor aún, todas las personas que no obtuvieron aumentos significativos en sus salarios terminaran sufriendo todavía más. Estamos ante la posibilidad de tener mayor inflación que en el periodo de febrero de 1987 a febrero de 1988, cuando la tasa anual llegó a 179.7 por ciento. Pero las malas noticias no acaban, ya que terminaríamos con la estabilidad macroeconómica y seguramente las empresas calificadoras nos quitarían el estatus de “grado de inversión”. Al final, terminaríamos peor que la década perdida de los ochenta.

Afortunadamente, el estudio está lleno de supuestos fantasiosos, difíciles de creer. Por ejemplo, para estimar el efecto de largo plazo, el Banco considera que el incremento en el SM provocará un desequilibrio mayor en la balanza de pagos, que se ajustará mediante un incremento significativo en el tipo de cambio. Aquí se hace el supuesto de que habría un traspaso del 100 por ciento del tipo de cambio nominal a la inflación. Si fuera cierto, ahora deberíamos tener una inflación de 45 por ciento, ya que el tipo de cambio ha aumentado en esa magnitud en el último año y medio. Sin embargo, por otro lado, en otros estudios el Banco nos ha dicho que el traspaso actual es de tan solo 4.0 por ciento. Incluso, conozco un economista de Banxico que argumenta que el coeficiente de traspaso es en realidad cero.

Otro supuesto fundamental que hace el estudio es que cualquier aumento en el SM se traslada a los demás salarios (el efecto “faro”) en un 85 por ciento. En otras palabras, si se incrementa el SM en 146.6 por ciento, todos los salarios del país aumentarían 124.6 por ciento en promedio. ¿Por qué? Banxico dice que la práctica de utilizar el aumento anual en el SM como base de negociación para todos los salarios contractuales permanecerá. Muy difícil de creer.

El estudio presenta varios escenarios; el que comentamos aquí es solamente uno. Otro escenario contempla el efecto de un aumento de 21.7 por ciento en el SM, necesario para alcanzar la canasta alimentaria básica definida por Coneval. Los resultados no son tan aparatosos, pero la conclusión es la misma: todos terminaríamos perdiendo. La inflación aumentaría en 29.7 por ciento, reduciendo el poder adquisitivo del SM real y de mucho más. Aunque no se presentan los números que resultarían de una estrategia de incrementos multianuales, el estudio básicamente nos dice que los resultados serían todavía peores.

Normalmente Banxico hace excelentes estudios. A mi juicio, los economistas que trabajan allí simplemente son los mejores del país. Sin embargo, este trabajo tiene un solo fin: espantar a todos para que abandonen cualquier pretensión de aumentar el SM. Para cumplir con este propósito, hace supuestos irrealistas y termina por perder la brújula. Da la impresión de que primero se escribieron las conclusiones y después se buscó una evidencia empírica ad hoc. Ojalá que los integrantes de la Comisión Consultiva se dan cuenta de lo mismo y terminen por descartar el estudio. Yo ya lo hice.

Aunque los debates sobre el salario mínimo (SM) van y vienen, parecía olvidado en México. En los ochenta el SM se utilizó como mecanismo para ayudar a estabilizar la moneda y los precios, mediante una política deliberada de otorgar aumentos por debajo de la inflación. El resultado fue una pérdida en su poder adquisitivo de más de 70 por ciento. Ya entrado en los noventa, se adoptó una política casi automática de incrementos atados a los objetivos de inflación, para así mantener su poder adquisitivo estable, pero sin ninguna recuperación. Peor aún, se establecieron mecanismos de indexación atados al SM, que prácticamente imposibilitó que el SM fuera lo que debería ser. El resultado fue la sepultura de cualquier debate sobre el tema.

Hace ya casi dos años, Miguel Mancera declaró que debería existir en México un SM de 171 pesos, aproximadamente 154 por ciento mayor al vigente en el momento. Propuso abrir el tema a debate, viendo no solo su posible efecto sobre la inflación, sino también en términos de productividad, generación de empleo y crecimiento económico. En los siguientes meses, hubo mucha discusión y se organizaron varios foros al respecto. Lo primero que surgió es que el SM real en México era de los más bajos del mundo. Quedó claro que hubo un abuso en su uso como política antiinflacionaria y que su nivel contradecía lo establecido en la Constitución.

El resultado de esa primera ronda de debate fue la conclusión que era prácticamente imposible avanzar en cualquier política encaminada a la recuperación del SM sin desmantelar la indexación de facto al desvincular cualquier aumento del SM de precios, rentas y tarifas. El debate sí tuvo resonancia en la sociedad y aceptación de que había que hacer algo. Así, en septiembre de 2014 se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, a fin de “estudiar los mecanismos viables y sostenidos para la recuperación de los ingresos de los mexicanos perceptores de un salario mínimo”.

En algún momento del año pasado se aprobó la reforma constitucional para desvincular el SM de todas las disposiciones legales y así, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar las obligaciones y supuestos previstos en las leyes, dejando al SM libre de dicha responsabilidad. El siguiente paso fue encomendar estudios sobre la relación del SM con productividad, inflación, empleo, pobreza y condiciones de vida, a diferentes entes e instituciones. No obstante, dichos estudios han tardado más de lo debido, por lo que se han aprobado prorrogas para su entrega, junto con opiniones y recomendaciones encaminado hacia una resolución final. El último plazo establecido vence el 23 de junio de este año.

En principio, los estudios ya están terminados y la CONASAMI, junto con la STPS, han convocado a un Encuentro de Especialistas sobre el Salario Mínimo, que se efectuará este jueves y viernes (10 y 11 de marzo), con el objetivo de presentar los estudios con comentaristas y discusiones. Los estudios serán presentados por sus autores (Banxico, Banco Mundial, la OIT, Coneval y el CEESP), mientras que los comentaristas serán principalmente académicos (de la UAM, CIDE, Colmex, ITAM e ITESM), junto con personajes del BID, Sedesol y Cofece. Esperemos que la discusión sea nutrida, pero que de allí emanen recomendaciones específicas, junto con calendarios y acciones a seguir.

Como es de esperar, la oposición principal a cualquier cambio en la política actual del SM proviene del Banco de México. Esta institución va presentar dos estudios cruciales, sobre el efecto “faro” (la contaminación de aumentos al SM hacia los demás salarios) y el efecto final sobre la inflación. Su argumento principal es que cualquier aumento tendría repercusiones negativas sobre el funcionamiento de la economía en general y sobre la inflación en particular, de tal forma que habría una perdida en términos reales en el SM. Sin embargo, habría que descalificar estos estudios, ya que al ser juez y parte, son sesgados y no se les puede considerar como imparciales.

De entrada, el Banco argumenta que empíricamente se ha encontrado que aumentos en el SM se trasladan en un 85 por ciento a los demás salarios. Sin embargo, esto era antes de establecer la UMA para desvincular el SM y en una época en que la mayoría de los aumentos salariales tenía al SM como referencia. Cualquier estudio econométrico debe tomar en cuenta que el cambio estructural que implica la UMA hace casi irrelevante las relaciones que existían en el pasado.

Habrá que estar atentos a los resultados.

Desde hace dos décadas, el motor principal de crecimiento de la economía mexicana han sido las exportaciones no petroleras. Cuando crecen a una tasa relativamente elevada, jala al resto de la economía, en especial al consumo interno del país. Al final de cuentas, no es el componente que más contribuye al PIB, ya que contienen un porcentaje elevado de insumos importados, de tal forma que las exportaciones netas representan una proporción del PIB bastante pequeña. Pero su crecimiento desata cierto dinamismo en el resto de la economía que hace que los demás componentes crezcan más.
Sin embargo, en los últimos años parece ser que esta relación se ha debilitado. En 2014 vimos un muy buen año en términos de las exportaciones no petroleras. El sector automotriz, que representa ya casi una tercera parte de las totales, tuvo un año excepcional. No obstante, el consumo familiar pareció estancarse, sin contagiarse del dinamismo externo como en otros años. La razón es que el ingreso personal disponible de los hogares ha sufrido un deterioro importante en los últimos años a consecuencia de la creación de empleos menos remunerados, de alzas constantes en los precios de los alimentos (que pega mucho en el presupuesto familiar), de incrementos en impuestos y de reducciones en las deducciones fiscales.
Al mismo tiempo, hemos perdido la válvula de escape en el mercado laboral que representaba la inmigración neta hacia Estados Unidos. Después de más de una década de un flujo neto de casi medio millón de mexicanos al año, en los últimos cinco años se ha reducido a alrededor de 25 mil, es decir, como el cinco por ciento de lo que fue. Esto ha repercutido en una tasa de desempleo urbano mucho mayor que antes y niveles de subempleo y de informalidad laboral elevados.
Las exportaciones crecen bien, la industria de la construcción (salvo el componente público) se recupera, la inversión privada empieza a despegar y las famosas reformas ya se aprobaron. ¿Qué falta para que la economía pueda crecer a tasas mucho más elevadas? Lo que necesitamos son medidas que fortalezcan al ingreso familiar y que inspiren más confianza de los hogares. Dado que el INEGI no produce indicadores de ingreso disponible, de lo poco que nos queda es monitorear al Indicador de Confianza del Consumidor que se construye a partir de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).
La ENCO empezó a levantarse en abril de 2001, por lo que ya lleva 13 años con nueve meses de existencia. En toda su historia nunca ha registrado un nivel relativamente elevada. El INEGI igualó el nivel de enero de 2003 (que fue 40.884979 puntos) a 100.0 para evitar la comparación relativa de optimismo o pesimismo en una escala de 0 a 100. Sin embargo, si vemos los datos originales encontramos que el Indicador lleva 165 meses consecutivos por debajo del umbral de 50, que separa la ponderación de respuestas entre un nivel relativamente optimista con un pesimista. El nivel más elevado se alcanzó en agosto de 2001 (47.69 puntos), mientras que su nivel más bajo fue en octubre de 2009 (32.61). En todo este tiempo ha promediado 39.78 puntos, mostrando un comportamiento relativamente simétrico entre las respuestas por arriba y por abajo del promedio.
Como se sabe, el Indicador consiste en cinco preguntas. Es interesante observar que el consumidor siempre ve con mejores ojos al futuro en comparación al presente, mientras que siempre percibe más optimismo para su hogar en relación al país. Por ejemplo en diciembre, la situación actual registró 45.9 y 33.7 puntos para el hogar y el país, respectivamente, mientras que el futuro llegó a 52.5 y 40.0 para ambos. Igual, el hogar ahora y en el futuro se ubicó en 45.9 y 52.5 puntos, respectivamente, mientras que el país llegó a 33.7 y 40.0 puntos.
¿Cuáles serían los niveles adecuados para reactivar el consumo en forma significativa? En principio, la pregunta no tiene una respuesta fácil. Queda claro que no necesariamente necesitamos rebasar el umbral de los 50 puntos y menos para cada uno de las cinco preguntas. Pero creo que quedaríamos conformes si las percepciones actuales alcanzaran los niveles que ahora se tienen para el futuro, es decir, que la situación del hogar llegara a registrar más de 52 puntos, mientras que la percepción actual de la situación económica del país llegara a rebasar 40 puntos. Nunca lo hemos logrado para el hogar, aunque estuvimos cerca en 2001. En cambio, lo hemos visto en 18 ocasiones para el país, básicamente en 2001 y 2006. ¿Será posible alcanzar estos niveles en los próximos años?

El Misterio del Empleo

Octubre 16th, 2014 | Posted by Jonathan Heath in Arena Publica - (1 Comments)

Siempre ha existido una correlación relativamente elevada entre la creación de empleo formal (según los registros administrativos del IMSS) y el crecimiento de la economía. También podemos observar cierta correlación con otras variables afines, como el empleo manufacturero (según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera) y la tasa de desempleo urbano (de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo). Suena lógica pensar que entre más crece la economía, mayor será la generación de empleo y menor la tasa de desempleo. Sin embargo, últimamente no se ha observado las mismas conexiones entre estas variables.
Después de la gran recesión de 2009, la actividad económica volvió a crecer a buen ritmo entre 2010 y 2012, hasta que llegó la desaceleración de 2013. En este periodo, primero vimos como bajo la creación de empleo y subió la tasa de desempleo a la par con la recesión; posteriormente, vimos una recuperación en ambos indicadores en línea con el crecimiento de 2010 y 2012 y su eventual desaceleración en 2013. Sin embargo, en este año el aumento en trabajadores inscritos en el IMSS ha mejorado mucho más allá de lo que pudiera sugerir el comportamiento global de la actividad económica, mientras que la tasa de desempleo urbano ha mostrado una tendencia continua al alza en los últimos doce meses.
Este comportamiento nos lleva a plantear dos preguntas sustanciales: ¿por qué ha aumentado el empleo según el IMSS mucho más allá de lo anticipado? y si ha aumentado tanto el empleo, ¿por qué presenta la tasa de desempleo una tendencia al alza? La primera pregunta surge porque no es lógico la creación de tanto empleo ante una economía débil. La segunda obedece al entendimiento de que ante mayor empleo, deberíamos tener menos desempleo.
El IMSS reportó que el número de trabajadores registrados aumentó en 671.2 mil personas en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a 4.1 por ciento más que hace doce meses. Sin embargo, en el mismo periodo el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) aumentó tan solo 1.5 por ciento en promedio. La relación histórica entre ambas variables nos dice que por cada punto porcentual que crece la actividad económica, aumenta el empleo alrededor de 0.6 por ciento. Claro que no es una relación muy estable, sin embargo, la creación de empleos está aumentando al 4.1 por ciento, cuando el ritmo de la actividad económica sugiere que debería estar creciendo más cerca del 1 por ciento.
El INEGI reportó que la tasa de desempleo urbano fue 6.3 por ciento en agosto, 0.4 puntos porcentuales por arriba de la tasa de 5.9 por ciento observado hace un año. La serie de tendencia-ciclo del mismo indicador ha aumentado paulatinamente desde 5.69 por ciento en agosto de 2013 hasta llegar a 6.14 por ciento en agosto de este año. Esta tendencia alcista (aunque modesta) se ha presentado a pesar de que la creación de empleos formales ha aumentado en los últimos doce meses al mejor ritmo observado desde principios de 2013.
Si analizamos bien la trayectoria de estas variables, vemos que el comportamiento de la tasa de desempleo es coherente con el proceder de la actividad económica. La economía ha estado estancado desde principios del año pasado, lo que no ha permitido que disminuye la tasa de desempleo. La aparente contradicción radica en la actuación del empleo del IMSS, que no ha mantenido una relación afín con el acontecer económico o con la tasa de desempleo. ¿Cómo explicamos entonces el crecimiento del empleo?
Primero, habría que recordar que el empleo medido mediante los registros del IMSS, no abarca la totalidad del empleo del país, sino más bien solo una parte del sector formal. Dentro de la formalidad, faltaría contabilizar los empleos en las distintas instancias de gobierno (que cotizan en el ISSSTE), los profesionistas que trabajan por cuenta propia, los que se ocupan en servicios domésticos remunerados y los empresarios mismos. Al final de cuentas, el IMSS registra cerca de una tercera parte de la población ocupada. Por lo tanto, el comportamiento del IMSS no necesariamente va en acorde con la trayectoria general del empleo en todo el país.
Segundo, debemos tomar en cuenta que la inscripción de un trabajador en el IMSS no necesariamente significa la creación de un nuevo empleo. Pudiera ser que la persona ya trabajaba, pero sin la cobertura del Seguro Social. Cualquier formalización de un empleo informal no modificará la tasa de desempleo, pero sí aumentará la contabilidad de empleos ante el IMSS. Si analizamos la tasa de informalidad laboral, podemos ver que en julio de 2013 alcanzó 60.0 por ciento de la población ocupada. A partir de esa fecha, observamos una trayectoria descendiente, que llega a 57.3 por ciento en agosto de 2014. Si la tasa de informalidad laboral disminuye casi tres puntos porcentuales en el mismo lapso en que la tasa de desempleo registra un pequeño incremento y en que aumenta los cotizantes del IMSS, podemos concluir que no hubo realmente una creación nueva de empleos, sino más bien un proceso de formalización de trabajadores.
Pero entonces, ¿cómo explicamos el proceso de formalización? Difícilmente podemos esperar que aumente la economía formal sin un cambio de incentivos. Esto nos deja con varias posibles explicaciones. La primera es que el propio IMSS ha incrementado su esfuerzo de fiscalización de empresas para incrementar el número de afiliados. La segunda es que el gobierno mismo ha incorporado muchos de sus trabajadores al ISSSTE, ya que existe un número importante de personas que elaboran en el sector público pero sin recibir todos los beneficios legales. La tercera es que la reforma laboral pudo haber cambiado los incentivos para trabajar en la formalidad versus la informalidad. ¿Será?

En la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET) de 2003, se acordó que la medición del empleo informal no debería limitarse al trabajo en el propio sector informal (definido como unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros básicos para operar), sino que además debería abarcar otras modalidades de la informalidad, como la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado de los hogares y todos los demás empleos ligados a unidades económicas formales, pero sin la protección laboral correspondiente. Estos últimos, incluso, abarcan a muchos empleos de gobiernos (federal, estatal y municipal) que no otorgan los beneficios marcados por la ley.
Ante las recomendaciones de las CIET y otros organismos internacionales, el INEGI procedió a rediseñar casi por completo la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) en 2005, para proceder a partir de entonces con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esta nueva encuesta incorporó muchos cambios y recomendaciones metodológicas, mientras que también añadió todos los aspectos necesarios para calcular la “tasa de informalidad laboral”, que derivaba de las resoluciones adoptadas por la CIET 2003. Sin embargo, el gobierno impidió que se diera a conocer esta nueva serie, ya que duplicaba la proporción de informalidad que se manejaba bajo la definición más estrecha, que solo consideraba los empleos en el propio sector informal.
Así, el INEGI tuvo que esperar al cambio de gobierno a fines de 2012 para dar a conocer los nuevos datos. Con la idea de que “más vale pedir perdón que permiso”, a los pocos días de haberse iniciado el nuevo sexenio, se divulgó la nueva tasa de informalidad laboral que admitía que alrededor del 60 por ciento de todos los empleos en el país son informales. Incluso, en los estados más pobres la tasa llega a representar alrededor de 80 por ciento de los trabajos.
La semana pasada, el INEGI dio a conocer la parte complementaria a la tasa de informalidad laboral, que es el primer cálculo oficial de tamaño de la actividad económica informal, es decir, cuánto producen los que elaboran en condiciones informales. Bajo los lineamientos internacionales de las organizaciones relevantes, se presentó la medición del valor agregado bruto de la economía informal de 2003 a 2012. Con estos datos ahora sabemos que el 60 por ciento de la población que trabaja en condiciones de informalidad genera el 25 por ciento del PIB. Estos datos son cruciales para la elaboración de políticas públicas dirigidas a reducir el tamaño de la economía informal y a proteger a las familias que viven en condiciones precarias sin ningún tipo de seguridad social.
Dentro de las otras modalidades de la informalidad, están las personas que trabajan en nuestros hogares, es decir, el servicio doméstico remunerado. En muchos casos, son personas muy allegadas a las familias, que tienen muchos años trabajando muy de cerca con nosotros y a veces hasta con lazos sentimentales. Sin embargo, en la mayoría de los casos son personas que carecen de una protección laboral, no gozan de algún tipo de servicio médico y carecen de seguros de trabajo, invalidez, retiro, cesantía y vejez. Podrían inscribirse voluntariamente al Seguro Social, pero por su remuneración precaria no es una opción viable. Podrán acudir al Seguro Popular, que es más un tipo de subsidio del gobierno con severas limitaciones y carencias. Al final del día, es un segmento más de la población sin protección social.
No obstante, existe una opción poco conocida que se llama la “modalidad 34” del IMSS, que fue concebida especialmente para el trabajador doméstico bajo el Artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social. Cualquier familia puede dar de alta a la persona que trabaja en su hogar, sin contingencia o responsabilidad laboral, mediante un pago único anual de aproximadamente 7,500 pesos (625 pesos mensuales) y así proveer a la persona de todos los beneficios de un derechohabiente, incluyendo una aportación a una Afore para generar una pensión mínima garantizada. No hay ningún contrato de por medio, ni obligación patronal más allá de cubrir la cuota anual. No hay pagos adicionales de impuestos u obligaciones para otorgar vacaciones, aguinaldos o demás prestaciones.
Llama la atención que casi no hay hogares en el país que tengan un trabajador doméstico que acuden a la modalidad 34. En una de las Subdelegaciones del IMSS en la Ciudad de México me dijeron que han tenido un solo caso en los últimos cinco años (el mío). Parece ser que vemos la informalidad como problema exclusivo del estado.

El Empleo

Julio 23rd, 2014 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (5 Comments)

La semana pasada, leí la noticia de que el gobierno había anunciado que el empleo aumentó 36 por ciento en junio. Lo primero que pensé fue que, obviamente, la cifra está equivocada, ya que por su simple magnitud es imposible. En ese momento mi razonamiento era una de dos: se les fue el punto decimal, por lo que la tasa de crecimiento del empleo registrado con el IMSS fue 3.6 por ciento (respecto al mismo mes del año pasado), o bien, se refieren al crecimiento de los últimos diez años. De inmediato empecé a revisar las cifras y encontré que cualquiera de las dos opciones era plausible, ya que la tasa anual de crecimiento del empleo en junio fue 3.5 por ciento, mientras que el crecimiento de los últimos diez años fue 35.3 por ciento.
En seguida, busque el comunicado de prensa del IMSS (10 de julio) y lo leí con mucho cuidado. En ningún lugar mencionan dicha cifra. Se habla de las variaciones en la generación de empleo desde distintos ángulos, pero la única tasa de crecimiento que se menciona es la de la tasa anual de los puestos de trabajo, que se eleva de 3.2 por ciento en el mes anterior a 3.5 por ciento en junio de 2014. La cifra empezó a ser cuestionada en Twitter, ya que era un error muy marcada. Finalmente resultó que la tasa de 36 por ciento es el cambio porcentual del cambio absoluto del primer semestre de 2014 respecto al primer semestre del año anterior.
En Twitter se dijo que la fuente fue una declaración de la SHCP, aunque ya no lo pude comprobar. De ser cierto, es candidato al “Oso del Año” en la categoría de declaraciones desafortunados de funcionarios públicos. Sería otro buen ejemplo de cómo el gobierno busca manipular las cifras para tratar de verse bien y convencer al público no iniciado de que el rumbo de la economía va mejorando. Sin embargo, tampoco me sorprendería de que fuera el cálculo de algún reportero o analista que no sabe mucho de tasas de crecimiento. Pero independientemente de dónde surgió la cifra, es buen ejemplo de cómo las estadísticas se pueden manipular para decir casi lo que uno quiere.
Sí es cierto que el empleo registrado en el IMSS empieza a mostrar cierta recuperación. Después de llegar a un pico de 745 mil empleos creados en un periodo de doce meses en noviembre de 2012, habíamos observado una tendencia a la baja que llegó a su punto mínimo de 441 mil en enero de este año. A partir de entonces el número de asegurados con empleo retoma una tendencia alcista y ahora en junio es la primera vez que la generación anual de empleos (de 571 mil) es mayor al monto de doce meses antes. De seguir la tendencia es posible llegar a fin de año con una generación de empleos mayor a los 650 mil (el consenso de la Encuesta de Expectativas de Especialistas del Sector Privado de Banxico es de 648 mil).
No obstante, hay que tener mucho cuidado con las cifras del IMSS al tomarlas como proxy del empleo formal del país. De entrada, no incluye a los trabajadores del gobierno federal y de la mayoría de los de los estados y municipios (con las excepciones de los afiliados a las modalidades 36,38 y 42). Tampoco incluye al “asegurado no trabajador”, que si está bien no incluir a los pensionados, estudiantes y familiares que no tienen trabajo, sí debería incluir a los que sí lo tienen (por ejemplo, hay muchos pensionados que siguen trabajando).
Al mismo tiempo, se debe considerar que un alta en el IMSS no necesariamente implica la creación de un nuevo trabajo. Por ejemplo, soy un profesionista independiente desde hace tiempo y hace unos meses me incorporé al IMSS bajo la modalidad 40 de “continuación voluntaria”; aumentó el número de afiliados pero sin generar empleo. En este mes di de alta a una persona que realiza servicios domésticos bajo la modalidad 34; igual, aumenta el número de afiliados pero no significa que hubo la creación de un empleo.
La siguiente consideración (y seguramente la más importante) es en la calidad de empleo mismo. Si revisamos las cifras de los asegurados por nivel de ingreso, encontramos que en los últimos años hay una pérdida de empleos bien renumerados (mayores a cinco salarios mínimos), mientras que la gran mayoría de los nuevos empleos son de ingresos bajos. Si la recuperación del empleo es mediante salarios más bajos (y menos productivos), no crecerá mucho la masa salarial, lo que a su vez no dejará que crezca mucho el consumo de los hogares. Al final de cuentas, limitará la inversión y el crecimiento económico en general.
Nuestro problema laboral nunca ha sido el desempleo, sino más bien la calidad de empleos. En este sentido, parece que estamos retrocediendo.