Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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La semana pasada comentamos que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) tiene dos fallas estructurales que resultan en subestimaciones de la pobreza por ingresos y de la desigualdad. Un estudio reciente realizado por dos investigadores del INEGI (Gerardo Leyva y Alfredo Bustos) desarrolla un método de ajuste estadístico que utiliza información fiscal y de cuentas nacionales para mejorar la estimación del ingreso proveniente de la ENIGH. Concluye que la incidencia de pobreza monetaria es de 30 por ciento de los hogares, comparada con el 44 por ciento que resulta de las cifras originales de la ENIGH y que el coeficiente de Gini tiene un valor de 0.63, en contraste de 0.44 de la ENIGH. En otras palabras, confirma las hipótesis de que no somos tan pobres pero nuestra distribución del ingreso es mucho más inequitativa.

En principio, los resultados están intuitivamente correctos y hace sentido todo lo que hacen. Pero bien sabemos que es muy difícil separar el interés académico del político en un tema tan sensible. De entrada, se desató una gran polémica el año pasado cuando Coneval rehusó medir la pobreza para 2015 ante los cambios que introdujo el INEGI en los criterios para la captación y verificación de los datos en la Encuesta. Después el gobierno impuso ilegalmente una Directora General de Sedesol a la Junta de Gobierno del INEGI, que muchos interpretaron que llegaba con agenda preestablecida para adecuar los resultados de la Encuesta a los intereses oscuros de ciertos políticos. Finalmente, estamos en la antesala de las elecciones presidenciales en las cuales el gobierno actual ha mostrado ser capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder.

El PRI anunció su regreso con bombo y platillos. Nos dijeron que era el “Momento México”. El crecimiento económico estaría arriba de 5 por ciento en forma sostenida. Tendríamos estabilidad macroeconómica plena sin problemas fiscales. Disminuiría la pobreza y mejoraría la distribución del ingreso. Terminaría la violencia, asesinatos e inseguridad pública. Sin embargo, casi cinco años después el crecimiento promedio apenas supera 2 por ciento, la pobreza no ha disminuido, la inflación se ubica más del doble que el objetivo, la deuda pública rebasa 50 por ciento del PIB, la inseguridad ha aumentado notablemente, hay más asesinatos y los niveles de confianza, tanto empresarial como del consumidor, están en mínimos históricos. Peor aún, nunca hemos enfrentado tanta corrupción e impunidad. El gobierno no sabe qué hacer ni cómo proceder, pero quiere mantener el poder. El sospechismo está en su máximo, por lo que éste estudio contribuye a la controversia.

No obstante, sí necesitamos una mejor medida de la pobreza por ingresos. No puede ser que la pobreza en México es casi 2.6 veces mayor a Brasil e incluso peor que en países como Bolivia. En un sentido perverso, al gobierno le conviene tener un patrón inflado de pobreza para comprar más votos y perpetuarse en el poder. Pero por el otro lado, necesitamos una medida de pobreza consistente a través del tiempo. La única forma de poder evaluar los programas sociales y las políticas públicas es con una barra de medición homogénea. En aras de mejorar la medición de la pobreza, si vamos cambiando la metodología y los criterios de aplicación de la ENIGH cada rato, nunca vamos a poder calificar adecuadamente los esfuerzos para reducirla.

Al final de cuentas ¿qué es mejor? ¿Tener cada vez más una medición más precisa de la pobreza, pero sin poder calificar los esfuerzos para abatirla?, o bien, ¿tener una medición no tan precisa pero consistente a través del tiempo, que nos permite evaluar los programas sociales, pero sin realmente conocer la dimensión correcta de la pobreza? La verdad es queremos y necesitamos ambas, es decir, tener una medición precisa y homogénea a través del tiempo. Pero ¿cómo lo podemos lograr?

La responsabilidad de la medición de la pobreza es de Coneval. La responsabilidad de la ENIGH es del INEGI. Esta acordado por ambas instituciones divulgar los resultados tanto de la ENIGH como de la pobreza el 28 de agosto. En teoría, están trabajando juntos, pero ¿cómo van a conciliar ambos objetivos? Es casi un hecho, de que, si el INEGI mejora la aplicación de la ENIGH, la medición de la pobreza no podrá comparase con años anteriores. Pero si no lo mejora, seguiremos sobreestimando la pobreza.

Cuatro Años

Septiembre 6th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

Mañana, 1 de septiembre, el Ejecutivo entregará su Cuarto Informe al Poder Legislativo. Al quien se toma la molestia de leerlo, seguramente encontrará puras maravillas. Sin embargo, sabemos que han sido cuatro años muy difíciles, de escasos logros y de muchos retrocesos. Por ejemplo, hace una semana el INEGI informó que había disminuido el PIB en el segundo trimestre respecto al primero, lo cual convirtió al periodo en el segundo peor del sexenio. Sin embargo, la SHCP presumió que el trimestre tuvo el mejor desempeño para un segundo trimestre desde 2012, claro mediante la trampa de incluir efectos de calendario y estacionalidad.

En el terreno político, tenemos una presidencia con la aprobación más baja en la historia, resultado de los múltiples escándalos de la Casa Blanca, Malinalco y el plagio de la tesis, en conjunto con eventos trágicos como Ayotzinapa y Apatzingán (y varias más), la fuga del Chapo, la vacilada de Virgilio Andrade y hasta la ratificación de Alfredo Castillo. Pero posiblemente ha pesado más la continua inseguridad y la impunidad rapante ante la corrupción extendida. Sin embargo, dejó el análisis de estos temas a mis colegas politólogos.

En el terreno económico, las noticias son peores. El crecimiento promedio anual de los cuatro años se ubica por debajo del promedio de los tres sexenios anteriores. Sin embargo, cada uno de los anteriores se enfrentó a una gran crisis: el “tequilazo” de 1995, la recesión de 2001-2002 y la gran recesión de 2008-2009. A pesar de no haber entrado en recesión este sexenio, el promedio no alcanza los anteriores que sí tuvieron. La herida se siente peor ante la promesa de crecer más del 5 por ciento con las reformas estructurales (o ya de perdida 3.5 por ciento sin reformas).

El gobierno ha presumido de la creación de empleo y la disminución en el desempleo. De hecho, la tasa de desempleo urbano de julio de 4.41 por ciento no solamente es la más baja del sexenio, sino la menor desde mayo de 2008. El problema es que el desempleo abierto nunca ha sido el problema laboral más apremiante del país; lo es el empleo precario y mal remunerado. Por ejemplo, la tasa de condiciones críticas de ocupación en mayo de este año registró su nivel más elevado desde mayo 2005, por arriba incluso del pico observado en la gran recesión de 2008-2009. La ENOE confirma que la gran mayoría de los empleos creados en los últimos años son de dos salarios mínimos para bajo. La misma encuesta muestra que el ingreso laboral real se ubica por debajo de los niveles observados a lo largo de los últimos ocho años (a pesar de una muy pequeña recuperación en 2015).

Una de los aspectos económicos que han presumido los últimos tres gobiernos es la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la empresa calificadora Moody’s puso a México en “perspectiva negativa” en marzo, mientras que S&P hizo lo mismo en agosto, ambos cuestionando los desequilibrios macroeconómicos que se han ido formando en los últimos dos años y empeorando en 2016. Después de promediar 1.1 por ciento entre 2003 y 2013, el déficit en cuenta corriente superará 3.0 por ciento del PIB este año, a pesar de haber acumulado una depreciación significativa de la moneda. El incremento de aproximadamente 45 por ciento en los últimos dos años en el tipo de cambio es por mucho el ajuste más grande que se ha observado para un periodo similar desde que existe el régimen cambiario actual. Finalmente, el déficit fiscal tradicional como porcentaje del PIB de 2015 fue el más abultado desde 1990. Esto ha llevado a que la deuda pública como porcentaje del PIB se ubica más de 20 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2007.Los desequilibrios macroeconómicos se han acentuado a tal grado que las autoridades se han visto ante la necesidad de aplicar políticas fiscal y monetaria restrictivas a pesar de que la inflación se encuentra por debajo de su objetivo y que existe una brecha negativa del producto (estamos creciendo por debajo del potencial).

Por último, tenemos el logro de que la inflación registró su mínimo histórico a finales del año pasado y que liga 15 meses por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, se empieza a cuestionar la medición de la inflación, ya que cada vez más no corresponde a lo que enfrentamos, tema que abordaremos la próxima semana.

Foco Rojo

Junio 1st, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

A pesar de tener una tasa de crecimiento del PIB muy bajo, una de las características principales de la economía mexicana desde hace aproximadamente 15 años ha sido su estabilidad macroeconómica. De 2001 a la fecha, la inflación promedio anual ha sido de 4.2 por ciento. De 2001 a 2008, el balance público tradicional mantuvo un promedio de -0.3 por ciento del PIB (de hecho, es el mismo promedio desde 1993 a 2008). El balance de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos sostuvo un déficit de -1.1 por ciento del PIB de 2003 a 2012. La disciplina fiscal, el régimen cambiario de flotación y una política monetaria autónoma y bien dirigida, se combinaron para forjar una estabilidad fundamental. En reconocimiento, las agencias calificadoras otorgaron el grado de inversión a México a partir de 2000 (BBB-) y desde entonces hemos subido dos peldaños a BBB+. Incluso, en febrero de 2014 Moody’s nos otorgó la calificación de A3, que corresponde a un nivel alto/mediano, de bajo riesgo de crédito, considerado como “Prime-1/Prime-2”.

No obstante, en marzo Moody’s nos puso en “perspectiva negativa”, que significa que estará contemplando bajar nuestra calificación a Baa1, de nivel mediano, que implica la existencia de algunos elementos especulativos y riesgo de crédito moderado, ya no bajo. ¿Por qué? La razón principal citada fue la trayectoria del déficit y deuda pública, que en los últimos años se ha apartado del buen manejo de unas finanzas públicas sanas. En cuatro años, la deuda pública ha aumentado más de diez puntos porcentuales del PIB y está ya muy cerca de rebasar el umbral de 50 por ciento. De 2009 a la fecha el promedio del balance público tradicional subió a -2.7 por ciento del PIB, siendo que el año pasado llegó a -3.5 por ciento. Sin embargo, si tomamos los requerimientos financieros totales del sector público, la cifra rebasa cuatro por ciento. Queda claro que se ha perdido el buen manejo de las finanzas públicas, que nos había caracterizado en años anteriores.

Pero las finanzas públicas sanas es solo un aspecto. Desde 2013 a la fecha, el promedio del déficit de la cuenta corriente también ha aumentado a -2.4 por ciento del PIB, siendo que en 2015 registró -2.8 por ciento. El último cálculo oficial (Pre-criterios de abril) es que este año aumentará a -3.1 por ciento del PIB y en un descuido podría ser todavía mayor. Poco a poco nos estamos acercando a los niveles del déficit “benigno” de Pedro Aspe, que mantuvo un promedio de -4.3 por ciento entre 1990 y 1994, y que nos llevó a una de las peores crisis en nuestra historia moderna.

Por lo pronto, el déficit acumulado de la balanza comercial en los primeros cuatro meses del año (de 6 mil millones de dólares) es el más elevado para un comienzo de año de toda nuestra historia. Las exportaciones automotrices han dejado de crecer desde mediados del año pasado, mientras que las no automotrices manufactureras llevan más de año y medio con una tendencia negativa. La combinación con la caída en el volumen y precio de exportación de petróleo sigue restando ingresos al país: en el primer trimestre de 2016 las exportaciones totales disminuyeron más que cualquier trimestre desde el primero de 2009 en la Gran Recesión. Todo esto, a pesar de una depreciación acumulada del peso que ha llevado al tipo de cambio a subir 48 por ciento en casi dos años.

La vulnerabilidad de un déficit abultado es mayor cuando se considera que la cuenta financiera empieza a registrar menos flujos de capital. La nueva dirección de la política monetaria de la Reserva Federal es similar a la que ocurrió en 1994, cuando se tuvieron que utilizar las reservas internacionales para financiar el déficit de la cuenta corriente y terminamos sin reservas. Hoy tenemos un régimen cambiario distinto, que en principio debe ajustarse para instaurar cierto equilibrio. El problema es que el ajuste no ha funcionado a la fecha y el déficit sigue creciendo.

Tanto las finanzas públicas como la balanza externa se han deteriorado en estos años. Todavía no llegan a niveles de inminente peligro, pero ya preocupa la trayectoria. Un Moody’s nos vigila. ¿Las demás calificadoras? ¿El FMI? ¿El Banco de México? ¿La SHCP? Todavía están a tiempo de tomar medidas más energéticas. ¿Lo harán?

La semana pasada, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) organizó el “Encuentro de Especialistas sobre Salario Mínimo: Avances hacia una nueva política”. El objetivo fue presentar una serie de estudios encomendadas a la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, sobre la relación del Salario Mínimo (SM) con la productividad, la inflación, el empleo, la pobreza y las condiciones de vida.

En particular, llamó la atención el estudio realizado por el Banco de México sobre los efectos inflacionarios de un aumento en el SM. La conclusión principal es que el coeficiente de traspaso del SM a la inflación es mayor a la unidad (de hecho, lo estima en 1.37). ¿Eso qué significa en lenguaje normal? Que cualquier aumento en el salario mínimo causaría un impacto más que proporcional en la inflación. Por ejemplo, si se aumentara 146.6 por ciento (lo necesario para que alcance para comprar una canasta ampliada estimada por Coneval), la inflación subiría a 200.8 por ciento. Pero peor aún, ya que el Banco dice que estas estimaciones no incorporan mecanismos de ajuste de expectativas, lo que induciría aún mayores ajustes a los precios. Por lo mismo, estos resultados deben ser interpretados como cotas inferiores del efecto sobre la inflación.

En pocas palabras, Banxico nos está diciendo que no existe la posibilidad de incrementar el poder adquisitivo del SM. Si se otorga un incremento, la reacción en los precios va ser de tal magnitud que terminará reduciendo el poder de compra del SM. Peor aún, todas las personas que no obtuvieron aumentos significativos en sus salarios terminaran sufriendo todavía más. Estamos ante la posibilidad de tener mayor inflación que en el periodo de febrero de 1987 a febrero de 1988, cuando la tasa anual llegó a 179.7 por ciento. Pero las malas noticias no acaban, ya que terminaríamos con la estabilidad macroeconómica y seguramente las empresas calificadoras nos quitarían el estatus de “grado de inversión”. Al final, terminaríamos peor que la década perdida de los ochenta.

Afortunadamente, el estudio está lleno de supuestos fantasiosos, difíciles de creer. Por ejemplo, para estimar el efecto de largo plazo, el Banco considera que el incremento en el SM provocará un desequilibrio mayor en la balanza de pagos, que se ajustará mediante un incremento significativo en el tipo de cambio. Aquí se hace el supuesto de que habría un traspaso del 100 por ciento del tipo de cambio nominal a la inflación. Si fuera cierto, ahora deberíamos tener una inflación de 45 por ciento, ya que el tipo de cambio ha aumentado en esa magnitud en el último año y medio. Sin embargo, por otro lado, en otros estudios el Banco nos ha dicho que el traspaso actual es de tan solo 4.0 por ciento. Incluso, conozco un economista de Banxico que argumenta que el coeficiente de traspaso es en realidad cero.

Otro supuesto fundamental que hace el estudio es que cualquier aumento en el SM se traslada a los demás salarios (el efecto “faro”) en un 85 por ciento. En otras palabras, si se incrementa el SM en 146.6 por ciento, todos los salarios del país aumentarían 124.6 por ciento en promedio. ¿Por qué? Banxico dice que la práctica de utilizar el aumento anual en el SM como base de negociación para todos los salarios contractuales permanecerá. Muy difícil de creer.

El estudio presenta varios escenarios; el que comentamos aquí es solamente uno. Otro escenario contempla el efecto de un aumento de 21.7 por ciento en el SM, necesario para alcanzar la canasta alimentaria básica definida por Coneval. Los resultados no son tan aparatosos, pero la conclusión es la misma: todos terminaríamos perdiendo. La inflación aumentaría en 29.7 por ciento, reduciendo el poder adquisitivo del SM real y de mucho más. Aunque no se presentan los números que resultarían de una estrategia de incrementos multianuales, el estudio básicamente nos dice que los resultados serían todavía peores.

Normalmente Banxico hace excelentes estudios. A mi juicio, los economistas que trabajan allí simplemente son los mejores del país. Sin embargo, este trabajo tiene un solo fin: espantar a todos para que abandonen cualquier pretensión de aumentar el SM. Para cumplir con este propósito, hace supuestos irrealistas y termina por perder la brújula. Da la impresión de que primero se escribieron las conclusiones y después se buscó una evidencia empírica ad hoc. Ojalá que los integrantes de la Comisión Consultiva se dan cuenta de lo mismo y terminen por descartar el estudio. Yo ya lo hice.