Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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El INEGI dio a conocer hace un par de días el consumo de los hogares (para agosto) y la confianza del consumidor (para octubre). Dos indicadores importantes y supuestamente relacionados entre sí. Uno pensaría si el consumidor no tiene confianza, adoptará una actitud cautelosa y no va consumir mucho; en cambio, si aumenta su confianza, empezará a gastar más. Aparentemente, no es tan sencillo.

Después de un par de años de muy lento crecimiento, a partir de 2015 empezamos a observar una mejoría significativa en el consumo de los hogares, mediante un crecimiento de 3.5 por ciento en promedio, que fue muy por encima del avance del PIB de ese año. Ahora seguimos viendo un buen despeño en el consumo, aunque con una ligera desaceleración. En agosto disminuyó -0.2 por ciento respecto a julio, pero solo después de alcanzar un máximo histórico en ese mes. En los primeros ocho meses del año ha crecido 3.2 por ciento respecto a los mismos ocho meses de 2015. De hecho, el consumo privado es prácticamente el único componente del PIB (por el lado del gasto) que muestra crecimiento positivo.

El mismo día, el INEGI dio a conocer que la confianza del consumidor había aumentado 0.15 puntos en octubre respecto al mes anterior, pero solo después de haber alcanzado su nivel más bajo desde abril 2010. De hecho, la tendencia-ciclo de la confianza muestra una pendiente negativa a lo largo de los últimos doce meses. Su nivel de octubre de 35.5 (de una escala de 0 a 100) es el más bajo observado en toda la historia del indicador salvo el periodo de la Gran Recesión en 2009.

En otras palabras, vemos a los hogares consumiendo relativamente bien, pero con un nivel de confianza que anda por los suelos. ¿Cómo podemos conciliar ambos indicadores? ¿Por qué siguen consumiendo los consumidores si su confianza se ha desplomado? Para entender lo que está pasando, primero hay que descomponer el indicador de confianza en sus componentes. Aunque resulta que los cinco han disminuido, la percepción del consumidor acerca de su situación actual no ha disminuido mucho y la de cómo considera el momento actual para efectuar compras mayores (bienes duraderos) se mantiene estable. En cambio, a pesar de que ve su situación actual relativamente estable, empieza a perder algo de confianza en torno a su situación futura. Pero lo que realmente explica el desplome es su percepción sobre la situación actual del país y todavía peor aún, es el pesimismo creciente en torno al futuro del país. En este último rubro, nunca ha manifestado tanto pesimismo como la actual, ni siquiera en el peor momento de la Gran Recesión de 2009.

¿Qué explica esta visión colectiva tan melancólica de los mexicanos de la situación económica? ¿Es simplemente un mal humor social? Creo que es algo mucho más hondo y más apegado a lo que muchos indicadores económicos reflejan. Primero, hemos visto una depreciación de la moneda de alrededor de 35 por ciento en los últimos dos años (y de 50 por ciento en los últimos ocho), cuando las devaluaciones pasadas de la moneda eran símbolos de crisis, recesión y gran pérdida de poder adquisitivo. Segundo, hemos visto que el crecimiento económico promedio del sexenio está por debajo de cada uno de los cuatro sexenios anteriores (a pesar de las famosas reformas estructurales). Tercero, todos hemos sentido una pérdida significativa en nuestro poder de compra a pesar de que el gobierno presume la inflación más baja en la historia. Cuarto, hemos visto como el crecimiento de la deuda pública federal y el deterioro de las finanzas públicas nos ha llevado a que las agencias calificadoras nos pongan en perspectiva negativa. Quinto, se va desvaneciendo la estabilidad macroeconómica, que era de lo poco que podíamos presumir, con los desequilibrios fiscal y externo. Sexto, vemos como los gobiernos locales han llevado a la quiebra a estado tras estado. Séptimo, hemos visto como la corrupción y la impunidad crecen y crecen sin mayor empeño del gobierno. Octavo, la violencia y la falta de seguridad pública han llegado a nuevos máximos históricos. Noveno, hace un año apareció de la nada un racista, fascista, misógino y anti-mexicano, que dice que somos de lo peor y amenaza con quitarnos nuestras remesas y quien sabe que más. Décimo, nos enfrentamos a una democracia disfuncional, que no nos ofrece un camino para deshacernos de los malos gobernantes y partidos políticos.

La SHCP entregó el paquete económico para el presupuesto 2017 al Poder Legislativo hace 3 semanas y ahora se encuentra bajo estudio para el proceso de aprobación. En las comparecencias los funcionarios han dicho que se construyó con 3 principios fundamentales: realismo, equidad y responsabilidad, mientras que las finanzas públicas están sanas y bien estructuradas. Sin embargo, un examen a fondo hace dudar de lo mismo. Si se aprueba tal cual, es casi un hecho de que tanto Moody’s como S&P bajarán la calificación de riesgo soberano del país. ¿Por qué?

Primero el realismo. ¿Es realista un tipo de cambio promedio de 18.20 pesos para 2017? El promedio para las primeras 3 semanas de septiembre ya se ubica por encima de 19 pesos, mientras que es posible que registre 20 ya en octubre. En el corto plazo tenemos la incertidumbre del proceso electoral de Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal aumente de nuevo su tasa en diciembre. Una victoria de Trump implicaría un golpe severo al tipo de cambio, mientras que un aumento en la tasa de fondos federales simplemente traslada la preocupación a la fecha del próximo aumento. En el mediano plazo, tenemos un déficit en la cuenta corriente que permanecerá por arriba de 3 por ciento del PIB. Esto significa que se mantendrán las necesidades de mayor financiamiento en la cuenta financiera de la balanza de pagos en un entorno en que la política monetaria de Estados Unidos se encamina a reducir la gran liquidez de años anteriores. ¿Qué motivará la supuesta apreciación del peso? Más bien todo apunta a que la depreciación continuará.

¿Cuál es el riesgo de una mayor depreciación a la contemplada? Según la SHCP una moneda más débil aumenta “los ingresos petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada a las exportaciones de crudo netas de importaciones de hidrocarburos”, al mismo tiempo que aumenta “el servicio de la deuda denominada en moneda extranjera.” El efecto combinado de una depreciación de 2 pesos más que lo estimado en el presupuesto sería de 0.2 por ciento del PIB. También, al sobreestimar el crecimiento económico de 2016 es equivalente a subestimar los ingresos tributarios de 2017, que se calcula en casi 0.1 por ciento del PIB adicional. Aparentemente, el paquete tiene esta subestimación para contrarrestar cualquier aumento adicional en la tasa de interés, ya que sólo se contempla un aumento de 50 puntos base de aquí a fin de 2017. En otras palabras, es un presupuesto amañado a propósito para generar mayores ingresos de los presupuestados, para tener más gasto discrecional (como todos los años).

Segundo, la equidad. ¿Es equitativo recortar la administración central, mientras que aumentan las participaciones a estados y municipios y al Poder Legislativo? Creo que todos estaríamos de acuerdo en que el gasto menos transparente y más ineficiente es el que ejerce los gobiernos locales. Es donde hay más corrupción y menos control. En todos los casos, ¿no debería ser al revés?

Tercero, la responsabilidad. ¿Responsabilidad significa permitir que la deuda pública permanezca por arriba del 50% del PIB? ¿Es responsable subestimar los ingresos para gastar más que lo aprobado? Hay que recordar que año tras año el gobierno siempre ha gastado más de lo presupuestado. En los 4 años de este sexenio, se ha gastado en promedio casi 2 puntos porcentuales del PIB más que lo aprobado por año. También hay que recordar que el gobierno ha prometido contener la deuda pública en cada uno de los últimos 4 años sin haberlo logrado. ¿Por qué vamos a creer que ahora sí?

Por último, ¿están sanas y bien estructuradas las finanzas públicas? La estructura refleja un gasto no programable muy elevada, participaciones inflexibles y la necesidad de enfocar recortes en el gasto de inversión. En buena parte la estructura rígida del gasto refleja la dificultad de contener el gasto (a pesar de ingresos tributarios en máximos históricos), por lo que terminamos siempre con mayor endeudamiento. Por ejemplo, el ejercicio del presupuesto “base cero” que se aplicó hace un año fue prácticamente inútil. No es sano permitir que aumente la deuda pública en casi 15 puntos porcentuales del PIB en tan poco tiempo.

En conclusión, el presupuesto no es muy realista, ni responsable, ni equitativo, ya que partimos de finanzas públicas mal estructuradas y ya no tan sanas.

Foco Rojo

Junio 1st, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

A pesar de tener una tasa de crecimiento del PIB muy bajo, una de las características principales de la economía mexicana desde hace aproximadamente 15 años ha sido su estabilidad macroeconómica. De 2001 a la fecha, la inflación promedio anual ha sido de 4.2 por ciento. De 2001 a 2008, el balance público tradicional mantuvo un promedio de -0.3 por ciento del PIB (de hecho, es el mismo promedio desde 1993 a 2008). El balance de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos sostuvo un déficit de -1.1 por ciento del PIB de 2003 a 2012. La disciplina fiscal, el régimen cambiario de flotación y una política monetaria autónoma y bien dirigida, se combinaron para forjar una estabilidad fundamental. En reconocimiento, las agencias calificadoras otorgaron el grado de inversión a México a partir de 2000 (BBB-) y desde entonces hemos subido dos peldaños a BBB+. Incluso, en febrero de 2014 Moody’s nos otorgó la calificación de A3, que corresponde a un nivel alto/mediano, de bajo riesgo de crédito, considerado como “Prime-1/Prime-2”.

No obstante, en marzo Moody’s nos puso en “perspectiva negativa”, que significa que estará contemplando bajar nuestra calificación a Baa1, de nivel mediano, que implica la existencia de algunos elementos especulativos y riesgo de crédito moderado, ya no bajo. ¿Por qué? La razón principal citada fue la trayectoria del déficit y deuda pública, que en los últimos años se ha apartado del buen manejo de unas finanzas públicas sanas. En cuatro años, la deuda pública ha aumentado más de diez puntos porcentuales del PIB y está ya muy cerca de rebasar el umbral de 50 por ciento. De 2009 a la fecha el promedio del balance público tradicional subió a -2.7 por ciento del PIB, siendo que el año pasado llegó a -3.5 por ciento. Sin embargo, si tomamos los requerimientos financieros totales del sector público, la cifra rebasa cuatro por ciento. Queda claro que se ha perdido el buen manejo de las finanzas públicas, que nos había caracterizado en años anteriores.

Pero las finanzas públicas sanas es solo un aspecto. Desde 2013 a la fecha, el promedio del déficit de la cuenta corriente también ha aumentado a -2.4 por ciento del PIB, siendo que en 2015 registró -2.8 por ciento. El último cálculo oficial (Pre-criterios de abril) es que este año aumentará a -3.1 por ciento del PIB y en un descuido podría ser todavía mayor. Poco a poco nos estamos acercando a los niveles del déficit “benigno” de Pedro Aspe, que mantuvo un promedio de -4.3 por ciento entre 1990 y 1994, y que nos llevó a una de las peores crisis en nuestra historia moderna.

Por lo pronto, el déficit acumulado de la balanza comercial en los primeros cuatro meses del año (de 6 mil millones de dólares) es el más elevado para un comienzo de año de toda nuestra historia. Las exportaciones automotrices han dejado de crecer desde mediados del año pasado, mientras que las no automotrices manufactureras llevan más de año y medio con una tendencia negativa. La combinación con la caída en el volumen y precio de exportación de petróleo sigue restando ingresos al país: en el primer trimestre de 2016 las exportaciones totales disminuyeron más que cualquier trimestre desde el primero de 2009 en la Gran Recesión. Todo esto, a pesar de una depreciación acumulada del peso que ha llevado al tipo de cambio a subir 48 por ciento en casi dos años.

La vulnerabilidad de un déficit abultado es mayor cuando se considera que la cuenta financiera empieza a registrar menos flujos de capital. La nueva dirección de la política monetaria de la Reserva Federal es similar a la que ocurrió en 1994, cuando se tuvieron que utilizar las reservas internacionales para financiar el déficit de la cuenta corriente y terminamos sin reservas. Hoy tenemos un régimen cambiario distinto, que en principio debe ajustarse para instaurar cierto equilibrio. El problema es que el ajuste no ha funcionado a la fecha y el déficit sigue creciendo.

Tanto las finanzas públicas como la balanza externa se han deteriorado en estos años. Todavía no llegan a niveles de inminente peligro, pero ya preocupa la trayectoria. Un Moody’s nos vigila. ¿Las demás calificadoras? ¿El FMI? ¿El Banco de México? ¿La SHCP? Todavía están a tiempo de tomar medidas más energéticas. ¿Lo harán?

En múltiples ocasiones, para bien o para mal, México ha marcado el paso. Por ejemplo, en 1982 fuimos el primer país en anunciar que ya no podíamos cubrir el servicio de nuestra deuda exterior, la primera ficha de domino que derrumbo a muchas en fila que culminó en la crisis financiera de los ochenta. Fuimos los primeros en negociar nuestra deuda externa bajo los planes Baker y Brady en esa misma década. Fuimos los primeros en emitir bonos Brady y los primeros en liquidarlos por completo. Tras la crisis de “Tequila” de 1995 fuimos el primer país en suscribir un préstamo jumbo con el FMI y la Tesorería de Estados Unidos. Fuimos el primer país en suscribir la nueva línea de crédito flexible que creó el FMI para países con marcos económicos sólidos. Finalmente, fuimos el país responsable de que el FMI haya establecido normas para la divulgación de datos económicos y financieros.

Después de que estalló la crisis tequilera en 1995, que tomó por sorpresa a la comunidad internacional, se acusó al Banco de México de no reportar abiertamente las reservas internacionales, al gobierno mexicano de manipular las cifras de finanzas públicas y al INEGI de utilizar metodologías cuestionables en algunos de sus datos. Para que algo similar no volviera a suceder, el FMI instituyó en 1996 las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) con la idea de establecer mejores prácticas internacionales en el manejo de indicadores económicos, que evitaran la información privilegiada y que no hubiera manejo discrecional de datos cruciales. Estas normas fueron dirigidas en un principio a países que tenían acceso a los mercados internacionales de capital.

Un año después (1997), se instrumentó el Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD), orientado a países con sistemas estadísticos menos desarrollados, con la finalidad de tener un marco de referencia para mejorar la calidad de los datos y fijar prioridades al respecto. Finalmente, en 2012 se establecieron las NEDD Plus, un nivel “platinum” para los países más avanzados, con iniciativas superiores y más exigentes a las Normas originales. La idea de las NEDD-Plus era ayudar a subsanar las deficiencias de datos detectadas en la crisis financiera global de 2008-2009. A la fecha, el FMI reporta que la SGDD cuenta con 113 países participantes y las NEDD tienen 63 suscriptores (entre los cuales se encuentra México), mientras que en el “Club Elite” de las NEDD-Plus consiste en 8 países.

En general, las normas buscan contribuir a la elaboración de estadísticas más oportunas y completas, y que los países acogen las mejores prácticas de buena conducta estadística, para así contribuir a políticas macroeconómicas más sólidas. Entre los compromisos que se asumen están: divulgar los indicadores puntualmente y con una periodicidad prescrita; proporcionar al FMI (y al público en general) un “Calendario Anticipado de Divulgación” (CAD) con las fechas de publicación para el siguiente trimestre; proporcionar información detallada sobre sus prácticas estadísticas, que deben cumplir con el formato riguroso del “Marco de Evaluación de la Calidad de Datos” (MECAD); certificar anualmente la precisión de los metadatos; y, utilizar procedimientos normalizados de declaración de datos electrónicos para una supervisión más eficaz de las normas (más información específica se puede consultar en la página del FMI).

En el último reporte anual para México, obtuvimos una calificación “adecuada”, en el cual dice que el país cumplió con los requerimientos de puntualidad en la mayoría de los casos, mientras que acusa al gobierno central y general de utilizar “opciones de flexibilidad” ante el reporte de sus operaciones. Aunque en algunos rubros tuvimos excelentes observaciones, el reporte en general da la impresión que hay mucho lugar para mejorar.

El nivel más alto de normas (NEDD-Plus) hace hincapié en prácticas de divulgación de datos más rigurosos. Incluye nueve categorías adicionales con el compromiso de cumplimiento a partir de fines de 2019, que abarcan balances sectoriales, operaciones y deuda bruta del gobierno, encuestas de corporaciones financieras, inversión de cartera e inversión directa y mayor detalle de las reservas internacionales. Los países que se han comprometido con este nivel son Francia, Alemania, Suecia, Italia, Holanda, Portugal, España y Estados Unidos.

México no solo necesita mejorar su evaluación (sacar 10), sino suscribirse al NEDD-Plus. Esto es algo que debemos exigir de inmediato a la SHCP, Banxico y al INEGI. Sería una política excelente para mejorar la credibilidad en nuestros datos.

Sin duda, la primera mitad de este sexenio ha sido una desilusión mayúscula. Hace tres años ganó el PRI bajo la promesa de que era el único partido que sabía cómo aprobar las reformas y que así íbamos a crecer por lo menos al 5 por ciento anual. Dado que uno de los principales problemas del país es su dificultad para crecer, el ofrecimiento era muy atractivo. Sin embargo, si suponemos que el crecimiento económico de este año termine en el punto medio del intervalo de la proyección del Banco de México (2.5 por ciento), el crecimiento promedio anual del sexenio alcanzará 2.0 por ciento, por debajo del promedio de los cuatro sexenios anteriores.

No obstante, tenemos la esperanza de que mejoré el promedio en la segunda mitad del sexenio. De hecho, el patrón de crecimiento observado a lo largo de los últimos sexenios ha sido así. Tanto Zedillo y Fox, como Calderón, enfrentaron una recesión en la primera mitad de su sexenio, por lo que arrancaron muy mal. Aunque no hubo una recesión en estos tres años, Peña Nieto tuvo un entorno externo difícil y su administración cometió muchos errores de política económica. Sin embargo, con todo lo negativo que hemos visto la primera mitad del sexenio, el promedio anual de crecimiento de 2.0 por ciento resulta superior a los promedios de los primeros tres años de Fox (0.3 por ciento) y de Calderón (-0.1 por ciento), y cerca del de Zedillo (2.2 por ciento). En cambio, el promedio anual de la segunda mitad de sexenio de cada uno de los tres sexenios anteriores ha sido superior al 4.0 por ciento: Zedillo (4.2 por ciento), Fox (4.1 por ciento y Calderón (4.4 por ciento).

Las matemáticas están a favor de Peña Nieto, aunque no para producir cifras impresionantes ni cerca de lo prometido. Pero si suponemos que el crecimiento pueda llegar al promedio observado en las segundas mitades de los tres sexenios anteriores (4.2 por ciento), terminaremos con una tasa promedio de 3.1 por ciento, muy cerca de Zedillo (3.2 por ciento) y muy superior al dúo panista de 2.2 y 2.1 por ciento, respectivamente. Por lo mismo, la pregunta es ¿habrá posibilidades de más crecimiento en los siguientes tres años?

De entrada, hubo un factor favorable para los tres presidentes anteriores, que no se vislumbra para este gobierno. Después de sus peores años, cada uno se benefició de un efecto rebote debido a la base de comparación. Después de caer -5.8 por ciento de 1995, Zedillo se benefició de un rebote de 5.9 por ciento al año siguiente. Fox enfrento tres años malos entre 2001 y 2003 para después crecer 4.2 por ciento en 2004. Finalmente, Calderón tuvo una tasa de 5.2 por ciento en 2010 después de haber disminuido -4.7 por ciento el año anterior. Sin embargo, la proyección del Banco de México para 2016 es de tan sólo 3.0 por ciento (el punto medio de su intervalo). Si suponemos que sea acertada la expectativa de Banxico, entonces necesitaremos un promedio cerca de 5.0 por ciento en los dos últimos años para que Peña Nieto alcance una tasa superior al 3.0 por ciento.

Uno de los factores cruciales será el entorno externo, en especial, el desempeño de la economía de Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento esperado para 2016-2018 de nuestro vecino es, en el mejor de los casos, alrededor de 3.0 por ciento. De materializarse, podremos ver un buen crecimiento de nuestras exportaciones no petroleras, pero no lo suficiente para “jalar” la actividad económica por si solo cerca al 5 por ciento. Significa que la clave será el comportamiento de la economía interna.

En principio, no podremos contar con un empuje significativo en el gasto público. En los primeros tres años del sexenio vimos más gasto, pero muy ineficiente y sin contribución al crecimiento económico. La inversión pública fue el único componente del PIB con una aportación negativa. En los siguientes tres años, habrá más presión sobre las finanzas públicas, sin esperanza genuina de que empezara a aportar algo.

Aunque hasta ahora no hemos visto la mejoría prometida de las reformas estructurales, es posible que empiecen a transformarse en más inversión privada en estos años. Lo que necesitaremos es que estas inversiones produzcan más empleos bien remunerados. De materializarse, podríamos ver una mejoría en el ingreso personal promedio, lo que apuntalaría a un mayor consumo en los hogares. De todos los posibles caminos hacia el mayor crecimiento, aparentemente, este parece ser el más viable.

Por lo pronto, creo que la tasa promedio anual de este sexenio superará a la de los dos sexenios anteriores, pero sin llegar a 3.0 por ciento.

Hace 15 años escribí un libro titulado “La Maldición de las Crisis Sexenales”, que buscaba analizar una característica intrínseca de la economía mexicana: a partir de los setenta, México sufría una crisis (recesión) por sexenio. Todas tenían rasgos similares: errores de política económica, devaluaciones masivas, alta inflación, empobrecimiento de las masas e incremento en el desempleo. Peor aún, cada crisis parecía ser peor que la anterior y todas se vinculaban con el cambio de sexenio.
Uno de los objetivos del libro era el de estudiar la posibilidad de que hubiera una nueva crisis con el cambio del sexenio en 2000. Sin embargo, Ernesto Zedillo fue muy obsesivo en este sentido, ya que hizo todo a su alcance para dejar una economía estable, equilibrada y creciente a su sucesor. La actividad económica creció más de 5 por ciento en promedio en sus últimos 5 años y terminó su administración con una inflación de un solo dígito, con un superávit primario en las finanzas públicas, una tendencia de la deuda pública a la baja y un déficit pequeño en la cuenta corriente. El PAN llegó con la mesa puesta para lograr un buen desempeño en materia económica.
Sin embargo, la maldición continuó, aunque ahora caracterizada por desequilibrios externos. Tanto Fox como Calderón, tuvieron la mala suerte de que Estados Unidos experimentó recesiones en cada uno de sus sexenios, con desenlaces muy negativas para la economía mexicana. El crecimiento económico siguió con su tendencia a la baja, pues terminaron ambos sexenios con crecimientos promedios cercanos al 2 por ciento. Fueron gobiernos mediocres sin grandes alcances, pero por lo menos mantuvieron los equilibrios macroeconómicos.
Ahora arrancamos de nuevo con un sexenio de gobierno priista, que en sus dos primeros años ha producido un crecimiento todavía menor de 1.8 por ciento. Si bien hemos escapado a la recesión, hemos estado muy cerca de una, pero ya no producto de la mala suerte externa, sino de nuevo como resultado de errores de política económica. ¿Cuáles han sido los errores?
Uno de los méritos de los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox, fue que pusieron mucho énfasis en el saneamiento de las finanzas públicas. Sin embargo y a pesar de que se introdujo una Ley de Responsabilidad Hacendaria con Calderón, esta tendencia se revirtió a mediados del sexenio pasado a partir del momento en que dejamos de tener un superávit primario. En este sexenio, el gobierno no ha hecho un esfuerzo para corregir el rumbo, por lo que tenemos un déficit fiscal creciente, una deuda pública mayor y seguimos con déficit primario. Peor aún, el deterioro en las finanzas públicas se ha dado en el marco de una reforma recaudatoria, que restó recursos a los hogares y a las empresas, aumentando el gasto público sin repercusiones en el crecimiento económico. En otras palabras, terminamos con la peor combinación: los hogares enfrentaron mayores impuestos, las empresas tiene menos incentivos para invertir y el gobierno gasta mucho más pero sin repercusiones en el crecimiento y con un endeudamiento mayor.
Posiblemente el error más grande ha sido la ineficiencia del gasto público. A pesar de que la SHCP reporta que ha alcanzado máximos históricos, el INEGI no logra encontrar valor agregado al reportar una caída de 0.3 por ciento en términos reales en la suma del gasto corriente y la inversión pública en las cuentas nacionales. La inversión pública, que debería ser pilar del crecimiento ha registrado tasas negativas en los dos años del sexenio.
Otro error fue la crisis que dejó que se gestionara en la industria de la construcción. Al final del sexenio anterior, el gobierno congeló los subsidios para la vivienda de interés social, para que el nuevo gobierno pudiera modificar las reglas y así asegurar viviendas útiles. Sin embargo, la administración actual tardó mucho tiempo en establecer las nuevas reglas, dejando en el camino la quiebra de las grandes desarrolladoras de vivienda, con todo y su impacto sobre uno de las actividades secundarias de mayor generación de empleos.
Finalmente, el gobierno no ha logrado crear un ambiente de confianza empresarial conducente a más inversión. Entre el escalamiento de la guerra contra el narcotráfico, las desgracias producto de la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales, los conflictos de interés de funcionarios en sus inversiones personales, la depreciación del peso y los recortes al presupuesto han llevado a la confianza empresarial a su nivel más bajo desde la gran recesión de 2008-2009.
¿Podrá el gobierno corregir el rumbo?

Desde principios de este sexenio, la SHCP ha tenido problemas con el gasto público y en especial con la inversión pública. Primero, a principios de 2013 hubo un subejercicio exagerado en el gasto. Posteriormente, la SHCP anunció que ya estaba ejerciendo según el presupuesto, pero aun así terminó siendo uno de los factores que contribuyó al mediocre desempeño económico ese año. Durante casi todo el año pasado, la SHCP reportó un incremento real significante en su gasto, en el cual siempre destacaron las tasas elevadas en la inversión física. Sin embargo, cuanto volteábamos a cotejar las cifras con las cuentas nacionales del INEGI, no solamente sobresalían grandes discrepancias, sino que resultaba que la inversión pública fue disminuyendo sistemáticamente durante todo el año pasado. Todavía no tenemos las cifras del cuarto trimestre, pero es muy probable que la inversión pública termina 2014 como el único componente del PIB con una contribución negativa al crecimiento.
La SHCP emite un reporte mensual de las finanzas públicas. Durante todo 2014 destacó que la inversión en capital del gobierno federal creció a tasas reales anuales superiores a 20 por ciento. Incluso, en algunos meses el crecimiento superó 30 por ciento. El INEGI da a conocer el desglose del PIB por sus componentes cada tres meses. La inversión pública de las cuentas nacionales llegó a su pico en el último trimestre de 2010. A partir de 2011 muestra una clara tendencia a la baja, llegando a un punto mínimo en el último trimestre de 2012. Durante 2013 muestra un crecimiento cercano a cero por ciento, mientras que a partir de 2014 de nuevo muestra una clara tendencia a la baja. El punto mínimo de los últimos 15 trimestres se registra en el segundo de 2014.
Pero, ¿cómo puede ser que el INEGI reporta un desempeño negativo, mientras que la SHCP nos dice que ha crecido a tasas reales muy elevadas? En principio, la diferencia tan marcada en los números se presta mucho a la sospecha. La respuesta es que ambas instituciones utilizan criterios diferentes para su clasificación, cobertura, registro y valoración. Muchos conceptos que la SHCP considera inversión, no lo son en las cuentas nacionales, cuya metodología proviene del Manual del Fondo Monetario Internacional. El INEGI se apega a los estándares internacionales, mientras que parece ser que la SHCP básicamente lleva su contabilidad como quiera.
La primera diferencia es la cobertura. La SHCP reporta la inversión física del gobierno federal, mientras que el INEGI abarca todas las instancias de gobierno, incluyendo el estatal y local. El gobierno federal representa 13.2 por ciento de la Formación Bruto de Capital Fija (FBCF), mientras que el sector público en general abarca 21.2 por ciento. La segunda diferencia es el método de cálculo. Mientras que el INEGI contabiliza las obras ejecutadas en forma devengada, la SHCP reporta los flujos de efectivo del gasto y financiamiento. Esto significa que si la SHCP transfiere recursos a un fondo de inversión de otra instancia de gobierno, lo considera “inversión”, mientras que el INEGI simplemente lo ve como una transferencia de un bolsillo a otro. El INEGI no lo va a contabilizar como inversión hasta que los ladrillos, las varillas y el cemento ya estén en su lugar.
Otra diferencia fundamental es la clasificación sectorial. El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) clasifica inversión propia como parte del sector en sí y no como parte de la construcción en general. Mientras que los números no son tan diferentes entre la CFE y la inversión en el sector, ni tampoco entre la SCT y su sector correspondiente, existe mucha discrepancia entre la inversión de Pemex y la obra pública en el ramo correspondiente. Mientras que el INEGI clasifica la construcción de pozos petroleros de Pemex como parte del sector minero y no como construcción pública, las discrepancias provienen de la exploración en los pozos no productivos, que SHCP clasifica como inversión y el INEGI no.
Es muy probable que la tendencia negativa de la inversión pública continúa durante 2015, ya que la mayoría de los recortes presupuestales que anunció la SHCP a raíz de la caída en el precio del petróleo es en este tipo de gasto. Muchos analistas ya han revisado a la baja sus expectativas de crecimiento para este año. Hoy dará a conocer Banxico el rango de crecimiento esperado para el 2015, mientras que la SHCP hará lo mismo el viernes, después de que el INEGI nos informa del crecimiento del último trimestre de 2014 y del año en su conjunto. Hay que estar atentos.

El Recorte

Febrero 11th, 2015 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

La Secretaría de Hacienda anunció la semana pasada un recorte al gasto público de 2015, equivalente al 0.7 por ciento del PIB. La medida reconoce no solo una merma importante en los ingresos petroleros para el año ante la caída significativa en el precio de exportación, sino además posibles dificultades para las finanzas públicas en los años venideros. La cobertura petrolera ayudará a cubrir algo del faltante, pero no llegarán dichos recursos a las arcas hasta principios del año entrante. Existen vasos comunicantes entre los ingresos por exportación de petróleo y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina, por lo que la recaudación adicional compensará en parte al Gobierno Federal. Sin embargo, no es un aumento en la recaudación total del Sector Público, sino un cambio de una bolsa a otra. Al final de cuentas, la programación financiera del presupuesto dejó de cuadrar, por lo que la SHCP ha empezado a realizar los ajustes necesarios.
Algunos analistas han señalado que el recorte parece muy severo, ya que todavía no se sabe cómo quedará el precio del petróleo en lo que resta del año. No obstante, la prudencia siempre ha sido lo adecuado ante estas situaciones. Puede ser que el precio quede en los niveles actuales o incluso baje más. La misma producción del petróleo ha disminuido, por lo que el valor podría verse impactado tanto por precio como por volumen. Si la Reserva Federal empieza a aumentar su tasa, habrá un impacto sobre el servicio de la deuda pública mexicana en perjuicio del presupuesto. Incluso, no nos debería sorprender que hubiera otro recorte más adelante en la medida en que se confirma que no se recupera el precio del petróleo. Ante la incertidumbre prevaleciente, las medidas precautorias son más que bienvenidas.
Otros analistas han criticado al gobierno por recortar demasiado la inversión pública en vez de concentrar los esfuerzos en el gasto corriente. En principio, es muy fácil disminuir la inversión o cancelar proyectos de infraestructura como los de los trenes rápidos, en vez de asumir los costos políticos de afectar intereses mediante recortes en los gastos que figuran como superfluos, ineficientes y de nulo impacto económico. Pero el problema de fondo es que una reestructuración del gasto corriente requiere un replanteamiento de pies a cabeza de todo el presupuesto y ejercicio del gasto, algo que sería casi imposible en las circunstancias actuales. Para esto el gobierno ha prometido realizar este esfuerzo para el presupuesto de 2016, e incluso ha invitado al Banco Mundial a asistir en la tarea, que se antoja monumental.
Pero la pregunta de los 64 mil pesos es si el recorte afectará o no las posibilidades de crecimiento económico para este año. La última encuesta de Banxico que levanta entre “especialistas” en economía señala que el consenso actual es de 3.3 por ciento, dentro de un rango que va de 2.7 a 4.0 por ciento. Sin embargo, esta encuesta se levantó antes de que se anunciara el recorte al gasto público. La siguiente encuesta relevante será la que realiza Banamex cada quincena entre instituciones financieras y que se publicará el jueves 5 de febrero. Es un hecho de que nadie revisará su proyección al alza; veremos solo revisiones a la baja, o bien, instituciones que deciden mantener su estimado actual. Ésta será la primera oportunidad de observar la afectación a las expectativas.
Intuitivamente, pienso que el impacto será muy marginal. El gasto público no ha sido un motor de crecimiento en los últimos años, por más que anuncia la SHCP que ha aumentado. Hemos visto que si el gobierno le quita más recursos al sector privado (como en la reforma fiscal) para aumentar su gasto, la economía crece menos. En este caso, la disminución en el gasto no implica regresar recursos a los hogares y empresas, pero sí que se va eliminar un gasto reconocido como ineficiente e improductivo. Si eliminamos un gasto que no contribuye al crecimiento, ¿habrá menos crecimiento? Lo que va determinar la tasa del PIB este año son las exportaciones no petroleras, la inversión privada y el consumo de los hogares, en otras palabras, el gasto privado.
Al final del año será posible ver un crecimiento económico menor ante la caída en los precios petroleros. Sin embargo, el canal de transmisión será menos inversión privada ante una disminución en las oportunidades que ofrece la reforma energética, o bien, ante menos confianza en las empresas y en los hogares. Sin embargo, todavía queda casi todo el año por adelante y mucho por averiguar.

El Ajuste al Gasto

Febrero 11th, 2015 | Posted by Jonathan Heath in Arena Publica - (0 Comments)

En general, el anuncio del recorte al gasto público fue bienvenido. Fue una medida precautoria ante mucha incertidumbre en torno al presupuesto de 2015, que refleja madurez y visión. Fue una opción mucho mejor a la de acudir a un mayor endeudamiento o simplemente hacer nada. Sin embargo, aun así recibió críticas, quizás porque así es la naturaleza humana. Algunos lo vieron muy tibio, mientras que otros demasiado severo. Hubo quienes cuestionaron los recortes en la inversión pública, en vez de concentrar mucho más el esfuerzo en el gasto corriente que tiene fama de ser ineficiente e improductivo. Hay quién piensa que tendrá un efecto negativo inmenso en el crecimiento económico, mientras que los analistas más experimentados anticipan un impacto más acotado.
Mucho del debate se concentra en las finanzas públicas, tal como lo reporta la SHCP, versus la contabilidad implícita en las Cuentas Nacionales. La correlación entre ambas medidas del gasto público siempre ha sido relativamente baja, pero en los últimos dos años ha disminuido aún más hasta el grado de aparecer cerca de cero o incluso hasta ligeramente negativa. Esto significa que un aumento (o disminución) en el gasto público presupuestal no se traduce necesariamente en un incremento (o caída) proporcional en el gasto público que comprende el PIB y que forma parte de las cuentas nacionales.
Son muchas razones las que explican esta aparente disociación, siendo la mayoría cuestiones relacionadas a la contabilidad de ambas cuentas. De entrada, las finanzas públicas de la SHCP comprende el gobierno federal y las entidades públicas bajo control presupuestal (directa o indirectamente), mientras que las cuentas nacionales abarcan todas las instancias de gobierno, tanto federal como estatal y local. Esto significa que los ingresos propios de los estados y municipios, que en muchas instancias van a financiar gasto local, no están en el radar contable de la SHCP. También implica que si la SHCP transfiere recursos a una entidad federativa, que a su vez los utiliza para liquidar una deuda, se registra como gasto desde la óptica federal, pero no para el gobierno local.
La siguiente radica en la forma en que la SHCP contabiliza su gasto, que es básicamente mediante un esquema de flujos, sin importar sus implicaciones. La SHCP reporta como “gasto” una transferencia de recursos de su tesorería de una cuenta a otra, mientras que el INEGI lo maneja simplemente como transferencia. Por ejemplo, si la SHCP transfiere recursos de su propia cuenta al Ramo 33 (recursos de libre uso por parte de los estados), anota un incremento en su gasto. En cambio, en las cuentas nacionales no se registra operación alguna, ya que es dinero que todavía no se ha gastado. El INEGI lo registrará como gasto primero en el momento en que realmente se gasta y segundo, dependiendo del uso final del “gasto”.
Las cuentas nacionales miden el PIB mediante un concepto que conocemos como “valor agregado”. Para tales efectos, miden la producción total y el consumo intermedio; el valor agregado resulta de la diferencia entre ambas medidas. El tratamiento de transferencias en las cuentas nacionales es ajeno a un gasto que genere valor agregado, ya que es simplemente el cambio de una bolsa a otra. Por ejemplo, un limpiavidrios de la esquina no se considera empleado o desempleado, sino parte de la población económicamente inactiva, es decir, una persona que no tiene empleo y que no le interesa tenerlo. Vive de realizar un acto no requerido en cambio por una limosna, por lo que no genera valor agregado ni contribuye al PIB.
En principio, una cantidad importante del “gasto” público (medido por las finanzas públicas de la SHCP) son transferencias. Si el gobierno federal transfiere recursos a las familias en un programa social como Progresa u Oportunidades, no genera valor agregado, es decir, no realiza un “gasto” sino simplemente transfiere recursos de un lado a otro. La reforma fiscal recién implementada fue un esfuerzo por incrementar la recaudación para financiar más programas sociales de nulo impacto en el valor agregado, por lo que se registró un incremento significativo en el “gasto” público de la SHCP, pero no en el gasto público de las cuentas nacionales.
Las diferencias se hacen todavía más aparentes al considerar la inversión pública. Las definiciones de “inversión” que maneja el INEGI provienen de precisiones establecidas en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales del FMI, avaladas por instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE y demás. En cambio, la SHCP clasifica bajo su propio catálogo de cuentas lo que considera inversión, gasto corriente y transferencias. La SHCP podrá clasificar como inversión un anteproyecto para la construcción de un aeropuerto, mientras que el INEGI esperará a contar la cantidad de ladrillos, cemento y varilla.
El pensar que un recorte de 0.7 por ciento del PIB del gasto público presupuestal equivale a un recorte de la misma magnitud en el gasto público de las cuentas nacionales no solo es ingenuo, sino muestra de no entender los principios básicos de contabilidad nacional.

Después de comenzar el sexenio con un 2013 verdaderamente decepcionante, veíamos este año como la oportunidad de emprender una recuperación en serio y aspirar de nuevo al crecimiento sostenido. Pero como sabemos, empezamos mal con una reforma hacendaria nefasta y un entorno externo desfavorable. En vez de instrumentar una política fiscal que apoyara la actividad económica, la Secretaría de Hacienda optó por una serie de medidas de carácter recaudatorio, sin combatir la informalidad, eliminando incentivos a la inversión y restando poder adquisitivo a muchos segmentos de la población. Al mismo tiempo, Estados Unidos enfrentó condiciones climatológicas sumamente adversas, con consecuencias negativas en la actividad económica. El resultado fue una caída abrupta en la confianza, tanto de los hogares como el empresarial, que tuvo su reflejo en un desempeño desfavorable en el consumo y en la inversión.

¿Qué necesitamos para ya iniciar un crecimiento en serio? Primero, una mejoría en el entorno externo y segundo, que se vayan disipando los efectos negativos de la reforma fiscal. Requerimos que la inversión pública vaya apuntalando la recuperación de la industria de la construcción y que el sector privado encuentre ya pretextos para empezar a invertir. Lo primero parece estarse asomando: la producción manufacturera de mayo muestra un avance de 4.8 por ciento en los últimos doce meses (corregido por efectos de calendario) y si logramos crecer al mismo ritmo que el observado en los primeros cinco meses del año, pudiéramos terminar en diciembre con un nivel mayor al 12 por ciento respecto a fines de 2013.

El problema radica en lo segundo, es decir, en que la inversión pública ya surte efectos. De encaminarse bien, la inversión privada debería seguir el mismo camino y la economía interna podría responder. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido el caso. Los últimos datos del INEGI respecto a la construcción de obras de ingeniería civil (asociada a la inversión pública) de mayo muestran una caída de 1.7 por ciento respecto a abril y se ubican en -6.2 por ciento por debajo del nivel de hace doce meses. De continuar el mismo ritmo de los primeros cinco meses del año, terminaremos 2014 -15.2 por ciento por debajo del nivel observado en diciembre pasado (que de por sí, era bastante bajo).

¿Qué dice la Secretaría de Hacienda al respecto? Si examinamos su Informe de Finanzas Pública correspondiente a enero-mayo de 2014, encontramos que el gasto público creció en 16.9 por ciento en ese lapso, donde destacan elevados crecimientos en algunos ramos con elevado componente de inversión. Incluso, el gasto se ubica ligeramente por encima de lo calendarizado para el período. Parece indicar cifras consistentes con el camino señalado en el primer trimestre, cuando reportó tasas de crecimiento muy abultadas en su inversión física.

Sin embargo, los reportes de Hacienda contrastan marcadamente con los indicadores de INEGI. Por ejemplo, mientras que los primeros presumen de tasas de crecimiento muy elevadas en la inversión pública en el primer trimestre del año, INEGI señala que disminuyó -6.5 por ciento en términos reales respecto al trimestre anterior y se ubica -8.5 por ciento por debajo de su nivel de hace un año (corregido por efectos de calendario). Hacienda dice que la inversión pública ha aumentado considerablemente en los primeros cinco meses del año, pero INEGI reporta tasas negativas en las obras de ingeniería civil. ¿Qué pasa? ¿Hay diferencias metodológicas en cómo se manejan las finanzas públicas o de plano hay doble contabilidad? No son pequeñas las diferencias, sino más bien escandalosas.

En principio, Hacienda reporta los flujos de efectivo entre sus ingresos y egresos, mientras las cuentas nacionales manejan el concepto de valor agregado. Esto significa que el INEGI realiza el cálculo del valor bruto de la producción y el consumo intermedio del gasto público, para después restar lo segundo a lo primero. ¿Será que el consumo intermedio del gobierno es superior al valor bruto, por lo que no representa valor agregado?

Hay varias hipótesis al respecto, siendo el más visto el que Hacienda reporta participaciones a los fondos para inversión de los Estados y Municipios como un gasto en inversión realizado, mientras que el dinero simplemente está disponible a los gobiernos locales en un banco, pero todavía sin ejercerse. Otra, más cínica, es que el gasto público simplemente no repercute en la actividad económica por ser ineficiente, mal ejecutado y vicioso. Esto es algo que merecemos que nos aclaren y que rinden cuentas más claras.