Articulos sobre la economía Mexicana
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Artículo IV

noviembre 15th, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (Comentarios desactivados en Artículo IV)

Cada año, un equipo de economistas del Fondo Monetario Internacional visitan a México para examinar el desarrollo económico y financiero y discutir las políticas económicas con el gobierno y el banco central, dentro de un proceso llamado “Consulta del Artículo IV”. Al terminar, el FMI emite su reporte que luego se da a conocer al público. Lo primero que hice fue leer por encima el boletín de prensa emitido en conjunto por la SHCP y Banxico y me pareció muy similar a algo escrito por el Banco, con muchas flores a la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, después de leer con más cuidado el reporte completo, encontré muchas críticas y observaciones agudas de sumo interés.

De entrada, me llamó la atención de que mientras que casi todas las encuestas de consenso señalan igual o más crecimiento económico en 2018 que 2017, el FMI anticipa una desaceleración. También ve que el crecimiento promedio de mediano plazo del país estará alrededor de 2.7 por ciento, prácticamente igual al que hemos experimentado este sexenio (el promedio de los cuatro primeros años es de 2.6 por ciento), suponiendo que tengamos un TLCAN 2.0 exitoso. De forma muy explícita, dice que la alta corrupción y la debilidad del estado de derecho siguen limitando nuestras posibilidades de crecimiento. Opina que existe la necesidad de mejorar la eficiencia y calidad del gasto público y que sería muy recomendable tener un consejo fiscal independiente, bien fondeado para asegurar la responsabilidad fiscal.

El FMI subraya el hecho de que después de la aprobación del Pacto para México hace cinco años, no ha aumentado el crecimiento económico. Las reformas de energía, telecomunicaciones, fiscal y financiera tienen avances, pero falta llevar a cabo las de educación, mercado laboral y proceso judicial. El escrito recuerda que el gobierno estimó que el crecimiento económico estaría entre 4 y 5 por ciento con las reformas estimadas, en contraste con las proyecciones actuales del organismo de 2.7 por ciento, casi igual al promedio de los últimos 20 años.

El reporte reconoce que México ha instrumentado muchos programas para abatir la pobreza entre 1997 y 2016, pero básicamente dice que no han servido para mucho, ya que señala que la pobreza y la inequidad del ingreso permanecen elevadas. Señala que la tasa de pobreza nacional va en aumento en los últimos años y que dominan las desigualdades regionales. Señala el problema de informalidad, mientras que dice que la corrupción es muy alta y extendida. Recomienda al gobierno otorgar más prioridad en reformas que puedan reducir la corrupción, mejorar la seguridad, fortalecer el estado de derecho y bajar la informalidad, ya que son obstáculos importantes a la inversión y al crecimiento.

Hubo un momento en mi lectura que de plano me puse a reír. En forma elegante, el FMI critica la política de comunicación y transparencia del Banco de México. Dice que las minutas que publica el Banco son excesivas y llenas de discusiones repetitivas. Incluso, incluye una gráfica que compara el número de palabras promedio de las minutas publicadas por los bancos centrales de México, Chile, Colombia y Perú, para mostrar que Banxico pone casi lo doble que Chile, cinco veces más que Colombia y como 10 más que Perú. También señala que la información que transmita el Banco es mucho menos efectivo en México comparado con otros países, ya que no ayuda mucho a predecir decisiones de política futuras. Implícitamente, le dice a la Junta de Gobierno que echan demasiado rollo y que sus discusiones son aburridas. Termina por sugerir que Banxico podría fortalecer su política de comunicación y transparencia para mejor el anclaje de expectativas e incrementar la eficacia de la política monetaria. Pues ya le dejó tarea al futuro Gobernador.

Al final de cuentas, es un buen reporte, balanceado, que resalta lo bueno, sin dejar de señalar las faltas y con recomendaciones bien fundamentadas. Realmente no dice nada nuevo o algo que no sabíamos. Por ejemplo, pone el dedo en la llaga al enfatizar que el gobierno tiene que emprender a fondo una lucha verdadera contra la corrupción, algo que prácticamente toda la sociedad reclama a gritos. Pero ahora lo dice muy formalmente el FMI, uno de los organismos internacionales de mayor peso. Ojalá que no solamente lo lean nuestros políticos, sino que pongan en práctica las recomendaciones.

Gran Pendiente del INEGI

marzo 2nd, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (Comentarios desactivados en Gran Pendiente del INEGI)

El INEGI siempre presume que aplica las mejores prácticas internacionales, que sigue fielmente los manuales publicados por el FMI, la ONU, la OCDE y el Banco Mundial (sobre las metodologías de cuentas nacionales, balanza de pagos, índices de precios y otras estadísticas de primera relevancia), que cumple cabalmente con las reglas para la diseminación de datos establecidos por el FMI y que publica todas las metodologías. En términos generales, podemos estar de acuerdo. Busca siempre hacer un buen trabajo, responde a la crítica y realiza esfuerzos continuos para mejorar.

Sin embargo, su labor no es perfecto. Muchas veces responde a presiones políticas o tarda mucho en responder peticiones importantes. Por ejemplo, en 2003 se estableció a nivel internacional la definición ampliada de informalidad y se recomendó el uso de la tasa de informalidad laboral. A pesar de poder publicar todo, gracias a la nueva encuesta de empleo que se levanta desde 2005 (la ENOE), el INEGI no la empezó a divulgar sino hasta finales de 2012 (días después de haber concluido el sexenio). En los primeros años enfrentó las presiones políticas de la Secretaria de Trabajo, que estaba totalmente opuesto a su publicación. Sin embargo, se le concedió la autonomía al INEGI en 2008 justamente para lidiar con este tipo de situaciones. Pues con todo y autonomía, el INEGI tardó todavía cinco años más antes de su divulgación. Finalmente, aprovechó el cambio de sexenio para con una actitud de “más vale pedir perdón que permiso”, dar a conocer los nuevos datos. Fue un verdadero shock para las autoridades enfrentar las nuevas cifras que mostraban que la informalidad laboral abarcaba casi el 60 por ciento de toda la población ocupada y no menos de 30 por ciento, que abarca solo el sector informal.

El marco internacional más importante de las encuestas y cifras laborales son las Conferencias Internacionales de Estadísticas del Trabajo (CIET), que se llevan a cabo cada cinco años, constituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En estas reuniones se establecen básicamente todas las recomendaciones, estándares, definiciones y conceptos en torno al estudio sistemático de los mercados laborales. Como suele suceder, algunas de esas conferencias destacan más que otras, por marcar pautas fundamentales en la manera en que medimos el trabajo. Por ejemplo, en la XV Conferencia de 1993 se estableció la definición internacional del sector informal. Fue precisamente en la XVII Conferencia de 2003 que se introdujo la tasa de informalidad laboral.

La última Conferencia, la XIX, se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, con la participación de 106 países y 31 representantes de organismos internacionales. Las resoluciones adoptadas en esta ocasión se consideran de los más importantes de los últimos 30 años. Se revisó a fondo el marco conceptual de todas las definiciones de trabajo y desempleo para reconocer mejor las modalidades de trabajo como los quehaceres del hogar, el trabajo voluntario y la subsistencia agrícola y se introdujeron nuevos conceptos como la fuerza de trabajo potencial y la brecha laboral. Se aprobaron nuevas clasificaciones en función de la intención y orientación de las actividades.

Lo interesante es que en esta ocasión el INEGI se comprometió a incorporar todos los cambios y utilizar los nuevos conceptos y clasificaciones con una prontitud impecable. Sin embargo, hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada. ¿Cuáles serán las presiones políticas en esta ocasión? ¿De dónde provendrán? ¿Qué pasó con su autonomía?

Hace más de dos años, el NBER publicó un artículo de Blanchflower y Levin sobre la atonía del mercado laboral, en el cual se desarrollan conceptos aprobados por la XIX CIET, como la fuerza de trabajo potencial y la brecha laboral. En ese momento, aplicamos su metodología aquí en México para construir los mismos indicadores mediante datos de la ENOE y divulgarlos regularmente. Subsecuentemente otros autores, como David Kaplan, han hecho lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo un par de analistas aislados que la institución oficial encargado de hacerlo. Nuestras cifras utilizan una metodología relativamente simple, pero se tiene que adaptar algunos conceptos adicionales como los agricultores de autoconsumo que viven de la subsistencia agrícola y no forman parte de la fuerza laboral. ¿Pero cuándo?

Parecer ser que la propuesta formal de Miguel Ángel Mancera para el salario mínimo será elevarlo de una vez por todas a 80 pesos diarios, junto con cambios en la ley para eliminar toda indexación o referencia al mínimo para la fijación de cualquier otra cosa. Las preguntas que surgen de inmediato de los que se oponen al incremento son ¿cuál será el impacto inflacionario?, ¿qué relación guarda con la productividad?, ¿aumentará la informalidad y el desempleo? y posiblemente, ¿cuál será el impacto sobre los salarios medios? Las dudas que podrían tener los que están a favor son ¿qué tan positivo será el impacto neto sobre el bienestar de los mexicanos de los estratos de ingreso más bajos? y ¿cómo proseguir con el manejo del mínimo en el futuro?
Hace unas semanas escribí un artículo sobre el tema en el cual traté de establecer el consenso que había en el momento. Dije qué el mínimo era realmente una exageración, medido contra el parámetro que fuera y versus el país que fuera; el manejo del mínimo ha sido totalmente absurdo y abusivo, mientras que cualquier propuesta tendría que contemplar la eliminación de su indexación; su aumento no es la panacea para resolver problemas de pobreza y distribución inequitativa del ingreso; y que habría que cambiar o eliminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM). Aunque la propuesta de Mancera parece tomar en cuenta todos estos puntos (salvo el hacer algo con la CNSM), habría que reconocer que aun 80 pesos sigue situando a México por debajo de prácticamente todos los demás países. En este sentido, no parece un monto exagerado o que pudiera causar desequilibrios importantes.
¿Tendrá un impacto inflacionario? En la medida en que se introduce una nueva ley para efectivamente eliminar toda indexación y referencia al mínimo, el impacto sobre los precios tendría que ser mínimo, si no es que nulo. No debería traducirse en un aumento en los salarios medios, sino confinarse al mínimo, por lo que afectará en principio solo a los que ganan este salario en el sector formal. La mayoría de los que perciben hasta un salario mínimo trabajan en la informalidad, donde el mínimo no tiene injerencia legal (por algo es el sector informal), sino a lo mucho sirve tan solo de referencia. Posiblemente habrá algún impacto en los salarios informales, sin embargo, no tendría por qué permear demasiado. Por último, el momento de aplicar el incremento es ahora, cuando existe una brecha de producto negativa, que según cálculos del Banco de México deberá perdurar hasta fines de 2015.
¿Qué pasará con la productividad? Uno de los argumentos más utilizados para contener el salario mínimo ha sido que cualquier aumento debe ser resultado de una mejoría en la productividad. No hay duda que este debe ser el caso de los salarios medios, pero hay que tener cuidado en generalizar. En las últimas décadas no ha existido relación alguna entre los aumentos decretos al mínimo y la productividad. El establecimiento de un salario mínimo es una política social y debe estar relacionada con umbrales de pobreza. Si como empresario no podemos justificar pagar un mínimo digno, no merecemos ser empresario. Pagar un salario por debajo del umbral de pobreza no es muy diferente a las condiciones de esclavitud virtual que existían en la época del Porfiriato. El tema del salario mínimo no debe mezclarse con el de productividad, al no ser que fuera demasiado elevado (lo cual claramente no es el caso).
¿Aumentará la informalidad? Posiblemente. De entrada, nadie podrá argumentar que la medida disminuirá la informalidad, ya que representa una barrera de entrada y posiblemente un incentivo para salir de la formalidad. Por lo mismo, la pregunta debe enfocarse a ver si habría tan solo un impacto marginal en la informalidad, o si pudiera ser mucho más significativo. Intuitivamente, creo que sí podríamos ver un incremento marginal en la tasa de informalidad laboral, más por el lado de representar una barrera de entrada, que de una expulsión de la formalidad, siendo que el porcentaje de personas que ganan hasta un salario mínimo en el sector formal es sumamente bajo. Sin embargo, este tema tiene que ser el más preocupante y uno que valdría la pena observar de cerca.
¿Aumentará la tasa de desempleo? Para responder, debemos recordar la estructura del mercado laboral en México. Las tasas de desocupación más bajas son las de los segmentos más pobres y menos educados, que no tienen otra alternativa más que aceptar el empleo que sea y al salario que sea, mientras que las tasas más elevadas pertenecen a las clases medias o superiores con mejor nivel educativo y mayores aspiraciones. Si el sector empresarial formal decide reducir su fuerza laboral, las personas encontrarán una ocupación en el sector informal, posiblemente ganando menos. Significa que podríamos ver una reducción en los ingresos de este segmento de la población y un aumento en la tasa de informalidad laboral, pero no en la tasa de desempleo.
¿Cuál será el impacto neto sobre el bienestar de los mexicanos en los estratos de ingreso más bajos? Posiblemente la pregunta más difícil, ya que habrá ganadores y perdedores. Si los ganadores podrían compensar a los perdedores (teóricamente, claro) y todavía tener una ganancia, la política es deseable para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, aunque el balance fuera positivo, queda claro que seguiremos discutiendo posibles políticas públicas para disminuir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso por muchas décadas en adelante. Ningún país ha resuelto estos problemas con la implementación de un salario mínimo, por más bajo o más alto que se quiera fijar.
¿Cuál debería ser la política del mínimo en el futuro? Queda claro que el manejo actual debe cambiar. No podemos permitir de nuevo una merma continua en su poder adquisitivo. Habría que estar atentos a los posibles efectos nocivos sobre la informalidad, pero los aumentos regulares de aquí en adelante deberán claramente compensar la inflación relevante para los hogares con ingresos menores (la cual no es la inflación general). Por último, insisto en que se debería desaparecer la CNSM.

En la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET) de 2003, se acordó que la medición del empleo informal no debería limitarse al trabajo en el propio sector informal (definido como unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros básicos para operar), sino que además debería abarcar otras modalidades de la informalidad, como la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado de los hogares y todos los demás empleos ligados a unidades económicas formales, pero sin la protección laboral correspondiente. Estos últimos, incluso, abarcan a muchos empleos de gobiernos (federal, estatal y municipal) que no otorgan los beneficios marcados por la ley.
Ante las recomendaciones de las CIET y otros organismos internacionales, el INEGI procedió a rediseñar casi por completo la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) en 2005, para proceder a partir de entonces con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esta nueva encuesta incorporó muchos cambios y recomendaciones metodológicas, mientras que también añadió todos los aspectos necesarios para calcular la “tasa de informalidad laboral”, que derivaba de las resoluciones adoptadas por la CIET 2003. Sin embargo, el gobierno impidió que se diera a conocer esta nueva serie, ya que duplicaba la proporción de informalidad que se manejaba bajo la definición más estrecha, que solo consideraba los empleos en el propio sector informal.
Así, el INEGI tuvo que esperar al cambio de gobierno a fines de 2012 para dar a conocer los nuevos datos. Con la idea de que “más vale pedir perdón que permiso”, a los pocos días de haberse iniciado el nuevo sexenio, se divulgó la nueva tasa de informalidad laboral que admitía que alrededor del 60 por ciento de todos los empleos en el país son informales. Incluso, en los estados más pobres la tasa llega a representar alrededor de 80 por ciento de los trabajos.
La semana pasada, el INEGI dio a conocer la parte complementaria a la tasa de informalidad laboral, que es el primer cálculo oficial de tamaño de la actividad económica informal, es decir, cuánto producen los que elaboran en condiciones informales. Bajo los lineamientos internacionales de las organizaciones relevantes, se presentó la medición del valor agregado bruto de la economía informal de 2003 a 2012. Con estos datos ahora sabemos que el 60 por ciento de la población que trabaja en condiciones de informalidad genera el 25 por ciento del PIB. Estos datos son cruciales para la elaboración de políticas públicas dirigidas a reducir el tamaño de la economía informal y a proteger a las familias que viven en condiciones precarias sin ningún tipo de seguridad social.
Dentro de las otras modalidades de la informalidad, están las personas que trabajan en nuestros hogares, es decir, el servicio doméstico remunerado. En muchos casos, son personas muy allegadas a las familias, que tienen muchos años trabajando muy de cerca con nosotros y a veces hasta con lazos sentimentales. Sin embargo, en la mayoría de los casos son personas que carecen de una protección laboral, no gozan de algún tipo de servicio médico y carecen de seguros de trabajo, invalidez, retiro, cesantía y vejez. Podrían inscribirse voluntariamente al Seguro Social, pero por su remuneración precaria no es una opción viable. Podrán acudir al Seguro Popular, que es más un tipo de subsidio del gobierno con severas limitaciones y carencias. Al final del día, es un segmento más de la población sin protección social.
No obstante, existe una opción poco conocida que se llama la “modalidad 34” del IMSS, que fue concebida especialmente para el trabajador doméstico bajo el Artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social. Cualquier familia puede dar de alta a la persona que trabaja en su hogar, sin contingencia o responsabilidad laboral, mediante un pago único anual de aproximadamente 7,500 pesos (625 pesos mensuales) y así proveer a la persona de todos los beneficios de un derechohabiente, incluyendo una aportación a una Afore para generar una pensión mínima garantizada. No hay ningún contrato de por medio, ni obligación patronal más allá de cubrir la cuota anual. No hay pagos adicionales de impuestos u obligaciones para otorgar vacaciones, aguinaldos o demás prestaciones.
Llama la atención que casi no hay hogares en el país que tengan un trabajador doméstico que acuden a la modalidad 34. En una de las Subdelegaciones del IMSS en la Ciudad de México me dijeron que han tenido un solo caso en los últimos cinco años (el mío). Parece ser que vemos la informalidad como problema exclusivo del estado.