Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
Header

El INEGI lleva a cabo una cantidad impresionante de encuestas para construir y calcular un sinnúmero de indicadores económicos de gran relevancia. Dentro de todas, la más difícil es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), cuyo levantamiento es cada dos años. De esta encuesta se sustrae información para el cálculo de las cuentas nacionales y los índices de precios. A partir de 2008, incluye el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), que es la fuente de información para la medición multidimensional de la pobreza. Cualquier error o imprecisión implica malos cálculos de la inflación, del consumo y de la pobreza.

Desde hace tiempo atrás, se le ha criticado por dos fallas estructurales fundamentales. La primera es que hay un incentivo perverso para que los hogares entrevistados no divulgan la totalidad de sus ingresos. Por ejemplo, un hogar que obtiene un subsidio de Prospera y al mismo tiempo, recibe remesas de familiares que radican en Estados Unidos, no va reportar los ingresos obtenidos por remesas ante la posibilidad de que le cancelen su subsidio. Resulta que la cantidad de remesas capturadas por la ENIGH no llega al 10 por ciento de lo que reporta Banxico cada mes. En general, el gasto en consumo de los hogares de la ENIGH no logra registrar ni siquiera la mitad del consumo que se reporta en las Cuentas Nacionales. Es muy obvio decir que, si existe un problema serio de subdeclaración de ingresos, cualquier medición de la pobreza estará sobreestimada. Resulta importante subrayar que este problema se detectó hace por lo menos tres décadas, si no antes, es decir, mucho antes de que existiera el Coneval.

La segunda falla es que la Encuesta esta truncada, es decir, no cubre los hogares de mayores ingresos en el país. Hace como tres décadas, Agustín Legorreta se hizo famoso al decir que la economía de México estaba controlada por 300 familias. Pues resulta que ni una sola de esas 300 familias más ricas del país están incluidas en la encuesta. Simplemente al excluir a Carlos Slim, quien más veces que no resulta ser el hombre más rico del mundo, la ENIGH tiene este problema. El problema resulta de que se utiliza la información del ENIGH para calcular el famoso “coeficiente de Gini”, que mide la distribución del ingreso. Si la Encuesta no incluye a los más ricos del país, cualquier cálculo va subestimar este coeficiente. En otras palabras, la distribución del ingreso es mucho más inequitativo de lo que sugiere la Encuesta.

Estas dos fallas y las implicaciones que tienen en cuanto a la sobreestimación de la pobreza y la subestimación de la desigualdad, han sido sujetos de investigación desde hace tiempo. Hay estudios de Cortes, Leyva, Esquivel, Bustos, Torres, Campos, Chávez, Boltvinik, Hernández, Cervantes y un sinnúmero más, que han contribuido al tema. También hay estudios de organismos oficiales, aunque autónomos, como Coneval y el INEGI, que han hecho aportaciones muy valiosas. En cuanto al último, cabe la pena citar un estudio recién publicada (en inglés en el Journal de Latin American Policy, mayo 2017, y una reseña en español en la Revista Este País, junio 2017), realizado por Gerardo Leyva y Alfredo Bustos. Desarrollan un método de ajuste estadístico que utiliza información fiscal y de cuentas nacionales para mejorar la estimación del ingreso. Encuentran que la incidencia de pobreza monetaria sería de 30 por ciento de los hogares, comparada con el 44 por ciento que resulta de las cifras originales de la ENIGH, y que el coeficiente de Gini tiene un valor de 0.63, en contraste de 0.44 de la ENIGH. En otras palabras, confirma las hipótesis de que no somos tan pobres pero nuestra distribución del ingreso es mucho más inequitativa.

El estudio parece ser serio. La contribución resulta importante. La búsqueda por mejores datos, metodologías e indicadores debe ser continua. El debate es genuino. Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta difícil separar la necesidad académica y el interés político en un tema tan sensible, en especial a la luz de la polémica mayor que se desató el año pasado cuando Coneval rehusó medir la pobreza para 2015. ¿Por qué? El INEGI introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de los datos en la Encuesta, de tal forma que ya no era comparable la información con años anteriores: Peor aún, lo hizo sin consulta previa con Coneval.

Seguiremos comentando.

Salarios

Mayo 10th, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

El consumo de los hogares debería ser el componente más importante del PIB, en el sentido de que su crecimiento continuo significa una mayor prosperidad para la población. Sin menospreciar su distribución, ya que no queremos que sean pocos los que mejoren sino la gran mayoría, debería ser el enfoque principal del crecimiento a largo plazo. Si el gobierno gasta más, debería ser para que la población tenga mejor nivel de vida. Si las empresas invierten más, debería ser para eventualmente mejorar los ingresos de los hogares. Si exportamos más, debería ser para crear más empleo. Al final de cuentas, en forma pareja, queremos que los consumidores tengan mejores ingresos para enfrentar los retos de la vida.

El consumo se explica fundamentalmente mediante los ingresos. Para la mayoría de los hogares, los ingresos provienen de la combinación de empleos y salarios. Primero necesitamos tener empleos y luego procurar que la remuneración de los mismos mejore con el tiempo. En otras palabras, necesitamos más empleos con mejores salarios para incrementar la masa laboral y así fomentar el consumo continuo. Si analizamos la tasa de desempleo de los últimos meses, vemos que se ubica a niveles mínimos de los últimos 15 años. Sin embargo, si examinamos los salarios, encontramos que la gran mayoría de los empleos son de remuneración muy baja. Peor aún, la tendencia es hacia la creación empleos mal remunerados, mientras que cada vez es menor la proporción de empleos de por lo menos 5 salarios mínimos.

El gobierno presume mucho de la generación de empleos formales mediante en número de trabajadores asegurados en el IMSS. No es una cifra del todo confiable, ya muchos de estos empleos ya existían; representan la formalización de ocupaciones informales. No obstante, lleva 7 años consecutivos creciendo entre 3.5 y 4.6 por ciento anual, lo cual no puede ser malo. El problema es que la mayoría de estos empleos son de 3 salarios mínimos o menos. Por ejemplo, cifras de la ENOE señalan que ha aumentado el número de personas con ocupación en 25.8 por ciento en los últimos 10 años. A principios de 2005, 27.7 por ciento de todos los empleos eran mayores de 3 salarios mínimos, mientras que para fines de 2016 la proporción disminuyó a 19.3 por ciento.

Si examinamos las cifras de trabajadores asegurados en el IMSS, encontramos que el empleo se estancó a principios del siglo, en 2001 a 2003, en la recesión que sufrimos en la primera mitad del sexenio de Fox. Sin embargo, a partir de 2004 ha experimentado una tendencia alcista importante, salvo 2009 cuando tuvimos de nuevo una recesión. Sin embargo, cuando comparamos los incrementos reales en los salarios medios reales de cotización, encontramos buenas tasas de crecimiento justo en los años 2001 a 2003, mientras que empiezan a desacelerarse a partir de 2004. Incluso, el crecimiento de los salarios reales entre 2008 y 2014 es muy cercano a cero. En los últimos dos años, cuando el empleo creció 4.3 y 3.8 por ciento en 2015 y 2016, encontramos que los salarios reales crecieron 1.4 y 0.9 por ciento, respectivamente. Estas tasas, aún muy bajas, son las mejores que se han observado desde 2007. Peor aún, estas cifras incorporan la inflación medida mediante el INPC, que subestima la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población. La consecuencia es que el consumo de los hogares ha crecido tan solo 2.2 por ciento en promedio anual en lo que va del sexenio, a pesar de la mejoría en el empleo.

Según la ENOE, la población total del país alcanzó 122.7 millones de personas en el último trimestre de 2016, de los cuales el 42.5 por ciento tenían una ocupación. Sin embargo, los asegurados del IMSS (18.6 millones al final de 2016) solo representaban el 35.7 por ciento de la población ocupada. Esto significa que el análisis anterior de las cifras del IMSS es parcial y no dibuja bien la situación de todo el país. Sin embargo, los asegurados por el IMSS representan una parte ciertamente privilegiada de la población ocupada, ya que las cifras del resto muestran remuneraciones todavía más bajas.

¿Qué podemos hacer para mejorar los salarios? La respuesta no puede ser tan trivial como esperar a que mejore la productividad. La búsqueda de un salario mínimo digno puede ser el principio, pero será apenas el primer paso de una muy larga caminata. Para mi queda muy claro, este es uno de los principales retos del país.

La SHCP entregó el paquete económico para el presupuesto 2017 al Poder Legislativo hace 3 semanas y ahora se encuentra bajo estudio para el proceso de aprobación. En las comparecencias los funcionarios han dicho que se construyó con 3 principios fundamentales: realismo, equidad y responsabilidad, mientras que las finanzas públicas están sanas y bien estructuradas. Sin embargo, un examen a fondo hace dudar de lo mismo. Si se aprueba tal cual, es casi un hecho de que tanto Moody’s como S&P bajarán la calificación de riesgo soberano del país. ¿Por qué?

Primero el realismo. ¿Es realista un tipo de cambio promedio de 18.20 pesos para 2017? El promedio para las primeras 3 semanas de septiembre ya se ubica por encima de 19 pesos, mientras que es posible que registre 20 ya en octubre. En el corto plazo tenemos la incertidumbre del proceso electoral de Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal aumente de nuevo su tasa en diciembre. Una victoria de Trump implicaría un golpe severo al tipo de cambio, mientras que un aumento en la tasa de fondos federales simplemente traslada la preocupación a la fecha del próximo aumento. En el mediano plazo, tenemos un déficit en la cuenta corriente que permanecerá por arriba de 3 por ciento del PIB. Esto significa que se mantendrán las necesidades de mayor financiamiento en la cuenta financiera de la balanza de pagos en un entorno en que la política monetaria de Estados Unidos se encamina a reducir la gran liquidez de años anteriores. ¿Qué motivará la supuesta apreciación del peso? Más bien todo apunta a que la depreciación continuará.

¿Cuál es el riesgo de una mayor depreciación a la contemplada? Según la SHCP una moneda más débil aumenta “los ingresos petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada a las exportaciones de crudo netas de importaciones de hidrocarburos”, al mismo tiempo que aumenta “el servicio de la deuda denominada en moneda extranjera.” El efecto combinado de una depreciación de 2 pesos más que lo estimado en el presupuesto sería de 0.2 por ciento del PIB. También, al sobreestimar el crecimiento económico de 2016 es equivalente a subestimar los ingresos tributarios de 2017, que se calcula en casi 0.1 por ciento del PIB adicional. Aparentemente, el paquete tiene esta subestimación para contrarrestar cualquier aumento adicional en la tasa de interés, ya que sólo se contempla un aumento de 50 puntos base de aquí a fin de 2017. En otras palabras, es un presupuesto amañado a propósito para generar mayores ingresos de los presupuestados, para tener más gasto discrecional (como todos los años).

Segundo, la equidad. ¿Es equitativo recortar la administración central, mientras que aumentan las participaciones a estados y municipios y al Poder Legislativo? Creo que todos estaríamos de acuerdo en que el gasto menos transparente y más ineficiente es el que ejerce los gobiernos locales. Es donde hay más corrupción y menos control. En todos los casos, ¿no debería ser al revés?

Tercero, la responsabilidad. ¿Responsabilidad significa permitir que la deuda pública permanezca por arriba del 50% del PIB? ¿Es responsable subestimar los ingresos para gastar más que lo aprobado? Hay que recordar que año tras año el gobierno siempre ha gastado más de lo presupuestado. En los 4 años de este sexenio, se ha gastado en promedio casi 2 puntos porcentuales del PIB más que lo aprobado por año. También hay que recordar que el gobierno ha prometido contener la deuda pública en cada uno de los últimos 4 años sin haberlo logrado. ¿Por qué vamos a creer que ahora sí?

Por último, ¿están sanas y bien estructuradas las finanzas públicas? La estructura refleja un gasto no programable muy elevada, participaciones inflexibles y la necesidad de enfocar recortes en el gasto de inversión. En buena parte la estructura rígida del gasto refleja la dificultad de contener el gasto (a pesar de ingresos tributarios en máximos históricos), por lo que terminamos siempre con mayor endeudamiento. Por ejemplo, el ejercicio del presupuesto “base cero” que se aplicó hace un año fue prácticamente inútil. No es sano permitir que aumente la deuda pública en casi 15 puntos porcentuales del PIB en tan poco tiempo.

En conclusión, el presupuesto no es muy realista, ni responsable, ni equitativo, ya que partimos de finanzas públicas mal estructuradas y ya no tan sanas.

En el marco del Sistema de Cuentas Nacionales, se puede realizar el cálculo del PIB mediante tres diferentes métodos, que en teoría deberían resultar en una misma cifra. Se puede sumar todos los ingresos en la economía (sueldos, salarios, utilidades, intereses, etc.), analizar todos los gastos (consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de capital fijo, variación de existencias y exportaciones netas) o bien, calcular el valor agregado de los bienes y servicios finales producidos en la economía. La recomendación del FMI es escoger uno de los tres como método principal y realizar un segundo para asegurar consistencia.

En Estados Unidos (y parece ser que en la mayoría de los países) se utiliza principalmente los de ingresos y gastos, mientras que en México se realiza el cálculo del valor agregado y el de los gastos. Alrededor de los 50 días después de haber concluido el trimestre, el INEGI publica el crecimiento del PIB mediante los cálculos del valor bruto de la producción y del consumo intermedio. El PIB (valor agregado) es la diferencia entre los dos cálculos, que se presenta para los 20 sectores de la economía (que representa la desagregación a dos dígitos del Sistema de Clasificación Industrial de Norte América, conocido como SCIAN). Por lo mismo, el INEGI reportó el 21 de mayo que el PIB creció 0.4 por ciento en el primer trimestre del año respecto al trimestre inmediato anterior.

Un mes después de haber reportado el crecimiento, el INEGI divulga el cálculo que realiza para los componentes del gasto, lo que llama la “Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios”. En este sentido, el pasado 19 de junio, reportó los crecimientos del consumo privado (1.2 por ciento), del consumo del gobierno (1.1 por ciento), de la inversión pública (1.2 por ciento), de la inversión privada (0.6 por ciento), de la variación de existencias (7.3 por ciento), de las exportaciones (1.8 por ciento) y de las importaciones (0.4 por ciento). Posiblemente la sorpresa principal provino de la inversión pública, que presenta una tasa positiva para el trimestre por apenas la quinta vez en los últimos 17 trimestres.

Dado que los cálculos se realizan mediante técnicas de estadística inferencial, se necesitan introducir algunas variables de ajuste, que representan las discrepancias estadísticas entre los diferentes métodos de cálculo. Anteriormente, el INEGI no calculaba la variación de existencias tal cual, sino que lo introducía como la diferencia entre el cómputo del valor agregado y la suma de los componentes del gasto. Sin embargo, hace poco el Instituto empezó a estimarlo directamente, por lo que ahora tiene que introducir explícitamente una discrepancia estadística para que cuadre la contabilidad nacional. En este primer trimestre, encontramos que la variación de existencias (también conocida como el cambio en inventarios) y la discrepancia estadística fueron los dos componentes con mayor cambio respecto al periodo anterior.

Dado que cada componente del gasto representa una ponderación distinta, no podemos analizar la contribución de cada uno mediante sus tasas de crecimiento. Más bien, se tiene que multiplicar cada tasa por su ponderación. Matemáticamente, la contribución de “Y” al crecimiento de “X” (siendo Y un componente de X), se define como el cambio porcentual de Y ponderado por el porcentaje (ponderación) de Y dentro de X del periodo anterior (t-1). Si realizamos los cálculos correspondientes encontramos que la mayor contribución (negativa) proviene de la discrepancia estadística implícita (-1.24 puntos porcentuales o pp). Esto significa que las contribuciones (positivas) de todos los demás componentes podrían estar sobreestimadas.

No obstante, el componente del gasto que más contribuyó al crecimiento del PIB en el primer trimestre fue el consumo privado (0.81 pp), seguido por las exportaciones (0.61 pp). En un tercer lugar ya distante, se situó el consumo de gobierno (0.12 pp), seguido por la inversión privada (0.11 pp). En quinta lugar, se ubicó la variación de existencias (0.06 pp), mientras que el que menos contribución hizo fue la inversión pública (0.05 pp). Para que cuadre, es decir, que todo sume la tasa de 0.4 por ciento del PIB, se tiene que restar las importaciones (0.12 pp). Esto es porque cada componente tiene implícito una parte de bienes y servicios importados, que no se debe considerar, ya que estamos contabilizando el producto interno del país.

De este ejercicio, sale a relucir la contribución del consumo privado al crecimiento económico, que ha sido la más elevada desde 2012.

Una gran mayoría de personas opinan que México necesita una profunda reforma fiscal, que eleve los ingresos y mejora la eficiencia del gasto, al mismo tiempo que simplifique el pago de impuestos y elimine los regímenes especiales.  Sin embargo, existe una amplia diversidad de opiniones sobre cuáles deberían ser los contenidos exactos.  Algunos piensan que se debería eliminar las exenciones a los alimentos y medicinas, mientras que otros dicen que son intocables. Unos opinan que habría que hacer mayor uso de los impuestos indirectos, al mismo tiempo que otros dicen que la vía indicada es mediante los impuestos al ingreso.

Independientemente del contenido, existe el consenso de que el gobierno debe adoptar una actitud de responsabilidad fiscal, que para la mayoría significa un presupuesto balanceado.  Si se mantiene como regla en periodos de expansión, existe la posibilidad de llevar a cabo una política fiscal contracíclico en tiempos de recesión. Los problemas que acogen a Grecia y otros países europeos ahora, resalta la importancia de la prudencia fiscal y la relación tan estrecha que tiene con el acceso a recursos financieros del exterior y a la calificación de riesgo-país.

En principio, México tiene una Ley de Responsabilidad Fiscal que obliga al gobierno federal a mantener un déficit igual a cero.  En 2006 se aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el fin de obligar al Ejecutivo Federal a presentar presupuestos equilibrados.  Sin embargo, el problema fundamental es que la definición de balance fiscal que utiliza la Ley (y el gobierno) es incompleta y hasta engañosa, a tal grado que se puede tener un déficit relativamente elevado y aún estar dentro del margen de esta Ley.

En principio, el balance fiscal es la diferencia entre los ingresos y gastos del sector público.  Se le denomina déficit cuando los ingresos no logran cubrir la totalidad del gasto y, por lo tanto, se necesita financiamiento.  Cuando los ingresos son mayores a los gastos se dice que existe un superávit fiscal.  El problema con el concepto es que hay múltiples definiciones de él, dependiendo qué incluya y qué se excluya.  En México, existe el balance fiscal del gobierno federal, el presupuestario del sector público, el presupuestario indirecto (o fuera de control presupuestal directo), el económico, el financiero, el tradicional y el de los requerimientos financieros, más el primario, el operacional, el petrolero y el no petrolero sin ingresos no recurrentes.  ¿Por qué tantas definiciones?

El más acotado es el del gobierno federal, que abarca los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más los órganos autónomos (que por lo pronto son el IFE, la CNDH y el INEGI.  Los organismos y empresas bajo control presupuestal (Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE) contemplan sus ingresos propios más las aportaciones de seguridad social.  La diferencia entre sus ingresos propios y sus gastos se le llama balance financiero de organismos y empresas bajo control presupuestal.  La suma de éste más el del gobierno federal es el balance presupuestario.

Pero también existen organismos y empresas de control presupuestario indirecto, tanto financieros (banca de desarrollo) como no financieros, que tienen sus ingresos y gastos propios, por lo que básicamente se consideran las transferencias y apoyos que reciben del gobierno federal.  Se le designa el balance financiero de entidades bajo control presupuestario indirecto y al sumar éste con el presupuestario se obtiene el balance económico del sector público, también conocido como el balance tradicional y es el que originalmente contemplaba la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Antes de 1993 existía un concepto adicional llamado intermediación financiera, el cual consistía básicamente en los requerimientos financieros de la banca de desarrollo y fondos de fomento por pérdidas esperadas, que se sumaba al balance económico para obtener el balance financiero del sector público.  En sí, representaba un déficit que, aun cuando estaba respaldado por apoyos de organismos internacionales, significaba una contingencia del gobierno federal.  En su momento, la SHCP argumentó que no debería formar parte del balance fiscal y lo dejó de incluir.  La decisión fue muy controversial, ya que en 1994 el gobierno reportó un presupuesto balanceado, a pesar de un aumento significativo en la intermediación financiera.  Algunos analistas argumentaron que su incremento inusitado contribuyó a la crisis que se desató a fin de año y que era una deuda que se trató de ocultar.

A partir de entonces, el balance económico se convirtió en la referencia principal de la posición fiscal del sector público y el indicador más utilizado para evaluar las consecuencias de la política fiscal sobre la sostenibilidad de la deuda pública, la demanda agregada y la balanza comercial.  Sin embargo, este indicador es, por mucho, insuficiente para evaluar la postura fiscal, ya que en realidad no refleja las necesidades totales de recursos financieros del sector público asociadas a la política fiscal.

De entrada, en 2008 se introdujo un cambio significativo en la Ley para acomodar la reforma energética, mediante el cual la inversión de Pemex y sus organismos subsidiarios no se contabiliza para efectos del equilibrio.  Esto dio pie a un incremento significativo en el balance económico a partir del 2009 (de alrededor de 2%), por lo que hubo la necesidad de introducir un nuevo balance llamado “económico sin la inversión de Pemex” para seguir cumpliendo la ley.

Pero peor aún, por diversos ordenamientos jurídicos, cobertura institucional y prácticas presupuestales particulares, existe una gran cantidad de obligaciones extrapresupuestales que no están incluidas en el balance económico.  En el pasado, los analistas tenían que armar un estimado de estas obligaciones y adicionarlo al balance económico.  Por fortuna, el gobierno reconoció esta falla y, con el fin de mejorar la transparencia en las cuentas fiscales, a partir de 2001 se publica los requerimientos y adecuaciones no consideradas por el presupuesto para obtener los requerimientos financieros del sector público (RFSP).

¿Cuáles son los requerimientos y adecuaciones extrapresupuestales? Es la suma de los requerimientos financieros de la banca de desarrollo y los fondos de fomento (antes intermediación financiera), el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (antes PIDIREGAS), el fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), los programas de apoyo a deudores, así como las adecuaciones a los registros presupuestarios que se derivan de transacciones virtuales o compensadas, como ingresos por recompra de deuda y reservas actuariales del IMSS y del ISSSTE.

Como se puede apreciar, partiendo del balance del gobierno federal, se pasan por cinco más hasta llegar a los RFSP, que es el indicador más amplio de los balances públicos y el mejor para medir de forma adecuada la posición fiscal del sector público. En un momento dado, la diferencia entre el balance económico sin la inversión de Pemex (que debe ser cero según la ley) y los RFSP ha llegado a presentar hasta más de 4 puntos porcentuales del PIB.  Tener un déficit de 4% del PIB y decir que tenemos un presupuesto balanceado, no sólo es un concepto equivocado sino también un autoengaño peligroso.

Ante lo aquí comentado, antes de embarcarnos en una reforma fiscal deberíamos reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal para que se utilizara la definición más amplia (RFSP) como el parámetro de referencia y a partir de allí establecer la verdadera prudencia fiscal.