Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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La Junta de Gobierno del INEGI comprende cinco personas, un presidente (Julio Santaella que asumió funciones el 1 de enero de 2016) y cuatro vicepresidentes con periodos de ocho años escalonados: Enrique de Alba, quien hace poco fue ratificado para un periodo adicional de ocho años; Rolando Ocampo, quien inició en 2013; y Mario Palma, quien termina en 2018. El cuarto era Félix Vélez, quien entró en 2013 a sustituir a Roció Ruiz ante su renuncia. Por lo mismo, solo desempeño el cargo menos de cuatro años, cuyo periodo concluyó a fines del año pasado. El puesto quedó vacío, primero en espera de una designación y ahora, en espera de la ratificación del Senado de Paloma Merodio, quien fue propuesta por el Presidente.

Todas estas personas, incluyendo a Eduardo Sojo, el presidente anterior y José Antonio Mejía, vicepresidente hasta 2012, fueron personas de muy amplia experiencia y de credenciales impecables para sus puestos. Sin embargo, Paloma Merodio no tiene el mismo perfil, en especial la experiencia relevante acumulada, ya que tiene apenas 31 años de edad. Su designación ha armado gran controversia, a tal grado que el CEEY encabezó una petición al Senado para que la rechazaran, firmado por más de 30 organizaciones no gubernamentales. También la Sociedad Mexicana de Demografía, encabezado por Carlos Echarri, mandó una petición similar, firmado por todos sus expresidentes. El argumento principal en su contra es que no cumple con los requisitos marcados por la ley.

La ley dice que debe “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”. Si revisamos el CV de Paloma, es de interpretación difícil y ambiguo decir que realmente tiene por lo menos cinco años de experiencia en puestos de alto nivel. De entrada, sí tiene estudios relevantes de Licenciatura en Economía del ITAM (con honores) y una Maestría de la Universidad de Harvard. Su experiencia de trabajo en Sedesol y el IMSS es relevante, ya que fue en puestos de toma de decisiones, planeación estratégica y evaluación de políticas públicas, coordinando equipos multidisciplinarios. Pero ¿fueron de alto nivel? Posiblemente su último puesto de Directora General en Sedesol puede calificar, pero no fue de cinco años. Se tendría que considerar el puesto de Coordinadora de Investigación Estratégica en el IMSS y así, con una interpretación laxa, pudiera calificar, pero rayando llanta.

¿Ha sido profesional distinguido? Yo no había oído de ella antes y es difícil pensar que alcanza esa distinción a los 31 años. ¿Es académica reconocida? Da clases en el ITAM desde 2014, pero por asignatura, por lo que tampoco podemos pensar que ya alcanzó ser distinguida. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente y puedo atestiguar que es una persona inteligente, capaz, motivada, independiente y articulada. El hecho de que sea mujer es muy bien visto por todos. Sin embargo, ante su corta edad, queda claro la controversia en torno a su designación.

Más allá de la discusión de que si califica o no para el puesto, la indignación de los quienes han protestado tiene que ver con el hecho de que se debe propugnar por los mejores nombramientos posibles en los organismos autónomos y evitar las designaciones de amistades o cuotas. Por ejemplo, la lista de mujeres profesionales, capaces y con la experiencia necesaria es vasta. Sin pensar mucho, se me ocurre Lorenza Martínez, Ana María Aguilar, Evelyn Rodríguez, Delia Paredes, Sara Castellanos, Irene Espinosa, Nelly Aguilera, María Luisa Ruvalcaba, María de la Paz, Edith Pacheco y Graciela Teruel. Incluso, hacia dentro del INEGI hay muchas mujeres muy capaces, por ejemplo, con el perfil de Marcela Eternod, quien fue Directora General de Estadísticas.

Escribo sobre el tema porque muchos me han preguntado por mi opinión. Al final de cuentas, creo que el Senado no va gastar su poco capital político para bloquear la designación; Paloma Merodio será miembro de la Junta de Gobierno del INEGI hasta fines de 2024. Seguro que en este tiempo acumulará la experiencia necesaria y terminará por realizar un buen trabajo. Será reto de ella demostrar su independencia, apartidismo y dones de liderazgo. Bienvenida, felicidades y mucha suerte.

Sin lugar a duda, 2016 fue otro año complicado, pero no será hasta el próximo martes 31 de enero que tengamos la estimación oportuna del crecimiento económico del cuarto trimestre en particular y del año en general. Aunque se espera que el año habrá crecido alrededor de 2.0 por ciento, todavía no queda claro. En la última encuesta de expectativas a instituciones financieras de Citibanamex del viernes pasado, sale a relucir que hay instituciones que estiman 2.2 por ciento (como Santander, Scotiabank y JP Morgan), mientras que Valmex (la Casa de Bolsa del Grupo Bailléres, dueño del prestigiado ITAM) anticipa 1.7 por ciento. Es muy inusual que existe una discrepancia tan amplia a estas alturas, faltando menos de un par de semanas para conocer el dato. Pero lo que sí sabemos es que mejoró algo el consumo de los hogares, mientras que hubo una desaceleración significativa en las exportaciones y en la inversión privada. El gasto de gobierno, como siempre no pintó ni para bien ni para mal.

A pesar de haber sido un año mediocre en cuanto al crecimiento económico (otra vez), existen amplias señales de que hubo mejoras en el mercado laboral. La primera son los 732,591 empleos adicionales registrados en el IMSS, que el gobierno ha presumido como la máxima creación de empleos formales en la historia para un año. Sin embargo, si tomamos en cuenta el crecimiento de la población, podemos ver que es fundamentalmente un fenómeno demográfico. Si lo comparamos con el crecimiento del PIB, vemos que fue un buen esfuerzo, solo superado por 2013. Pero de nuevo, fue más mérito del poco crecimiento; en los años que la generación de empleo del IMSS ha superado por mucho el crecimiento del PIB, siempre han sido años de bajo crecimiento. De hecho, dado que el crecimiento económico es un promedio y no valor fin de año, deberíamos comprar el cambio promedio del empleo con el PIB. En este caso los mejores años fueron 2001 y 2002, años de nulo crecimiento. Al final de cuentas, el mérito del incremento en el empleo formal fue resultado de una gran fiscalización de las empresas por parte del IMSS. No es que hubo “creación” de empleos formales, sino más bien se inscribieron en el IMSS muchos empleos ya existentes. En el mejor de los casos hubo un proceso de formalización, pero no de creación.

Otro dato sobresaliente fue que la tasa de desempleo urbano de fin de año sin ajustar por estacionalidad (4.05 por ciento), fue la más baja desde diciembre de 2006, es decir, de los últimos diez años. Igual, la tasa promedio anual (4.66 por ciento) fue la más baja desde el mismo año. La tasa de desempleo nacional promedio de 2016, que incluye zonas rurales sin mercados laborales, fue la más baja (3.882 por ciento) desde 2008 (3.884 por ciento). La tasa de subempleo promedio de 2016, que considera aquellos que trabajan menos horas a la semana por razones de mercado, fue 7.64 por ciento, la más baja desde 2008. Por último, la brecha laboral, que combina el desempleo, el subempleo y el desempleo disfrazado, también mostró una mejoría notable.

Si bien es cierto que hubo una mejoría en los indicadores de desempleo, queda claro que la desocupación no es uno de los problemas más importantes del mercado laboral mexicano. La gran mayoría de los mexicanos tienen trabajo, mientras que los que no pudieran tenerlo fácilmente. El problema es que la gran mayoría de los empleos son de muy baja remuneración, es decir, no de la calidad y productividad que nos gustaría que tuvieran. De hecho, los empleos creados en los últimos años son de menor remuneración que las que se creaban antes. Por ejemplo, la tendencia de la tasa de condiciones críticas de ocupación, una tasa complementaria que calcula el INEGI para tratar de medir el porcentaje de personas que laboran bajo condiciones críticas, muestra una tendencia al alza desde finales de 2014, justo cuando la tasa de desempleo abierto empieza a mejorar. Pero el mejor ejemplo de todo lo observamos en las tasas de desocupación por entidad federativa: Oaxaca y Guerrero muestran tasas de fin de año de 1.8 por ciento, las más bajas de toda la República. La razón es que la pobreza y falta de educación en esos estados obligan a aceptar el trabajo que sea al salario que sea, además de que la mayoría vive en zonas rurales donde no mercados de trabajo y viven del autoconsumo o agricultura de subsistencia. Pero eso sí, ¡no hay desempleo!

El Subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez González, termina su gestión este 31 de diciembre. Dado que tiene 66 años de edad, ya no califica para un segundo periodo de ocho años. Por lo mismo, tendremos un nuevo Subgobernador a partir de enero. El Presidente de la República propone a Alejandro Díaz de León para este puesto. ¿Es buen candidato para formar parte de la Junta de Gobierno?

La Ley del Banco de México señala que, para que alguien sea designado miembro de la Junta de Gobierno, tiene que ser un individuo con un elevado nivel técnico y profesional. Tiene que ser ciudadano mexicano por nacimiento, no tener más de sesenta y cinco años cumplidos y gozar de reconocida competencia en materia monetaria. También especifica haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

Hasta aquí podemos afirmar que Díaz de León cumple con estos requisitos. Es economista del ITAM con maestría de la Universidad de Yale. Su formación principal proviene del propio Banco de México, donde trabajó los primeros 16 años de su carrera y llegó a ser Director de Análisis Macroeconómico. De allí trabajó como Director General de Pensionissste, después como el titular de la Unidad de Crédito Público en la SHCP (en sustitución de Gerardo Rodríguez) y finalmente, como Director General de Bancomext (sustituyendo a Enrique de la Madrid). Su experiencia obtenida en SHCP es en especial valiosa, ya que obtuvo conocimientos profundos de los mercados financieros internacionales, hoy en día sumamente relevante para un banco central. Sus credenciales académicas y su experiencia profesional son incuestionables. Además, tiene excelente reputación y reconocimiento en los medios.

Es trascendental que cada miembro de la Junta entienda a fondo cómo funciona la política monetaria, sus alcances y la importancia de contener la inflación. La Constitución establece claramente que el objetivo prioritario, más no el único, es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Para cumplir con este mandato es crucial entender la interacción entre la inflación, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. No hay duda que cada uno de los miembros de la Junta, incluyendo al propio Díaz León, cumplen perfectamente bien con este cometido.

No obstante, la Ley también establece que dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno no necesitan cumplir con el requisito de antigüedad, siempre y cuando sean profesionistas distinguidos en materia económica, financiera o jurídica, para así permitir la participación de personas como académicos distinguidos, que pueden aportar un caudal de valiosos conocimientos. Al final de cuentas, lo que se quiere de una Junta de Gobierno es que tenga cierta diversidad y representación de intereses para que funciona como cierto chequeo y balance al poder inmenso que tiene el Gobernador del instituto. Si los cuatro subgobernadores son tipo “yes men”, que van a aprobar absolutamente todas las decisiones del Gobernador, ¿para qué queremos una Junta?

Con la llegada de Díaz de León, vamos a tener una Junta de Gobierno de clones, todos formados en el propio Banco, con estrechos lazos con el ITAM y de alguna forma u otra allegados del Gobernador actual. Prácticamente desde que empezó la autonomía del banco central, hemos tenido algo de diversidad. Guillermo Prieto Fortún, quien duró menos de un año como Subgobernador, provenía de la Bolsa Mexicana de Valores. Guillermo Güémez García venía del sector privado con experiencia empresarial y financiera y en la negociación del TLCAN. Everardo Elizondo era un reconocido académico, consultor de empresas y fue el economista principal para Bancomer. Manuel Sánchez González también venía del sector privado y se consideraba representante de la banca comercial. Así será que va ser la primera vez que la Junta de Gobierno se conforma sin un representante del sector privado, sin alguien con formación distinta del propio Banco de México y posiblemente, sin alguien que se atreve a cuestionar al poderosísimo Gobernador. Sin diversificación, sin alguien que presenta contraargumentos y sin representatividad del sector privado, ¿para qué va servir la Junta?

Aunque los debates sobre el salario mínimo (SM) van y vienen, parecía olvidado en México. En los ochenta el SM se utilizó como mecanismo para ayudar a estabilizar la moneda y los precios, mediante una política deliberada de otorgar aumentos por debajo de la inflación. El resultado fue una pérdida en su poder adquisitivo de más de 70 por ciento. Ya entrado en los noventa, se adoptó una política casi automática de incrementos atados a los objetivos de inflación, para así mantener su poder adquisitivo estable, pero sin ninguna recuperación. Peor aún, se establecieron mecanismos de indexación atados al SM, que prácticamente imposibilitó que el SM fuera lo que debería ser. El resultado fue la sepultura de cualquier debate sobre el tema.

Hace ya casi dos años, Miguel Mancera declaró que debería existir en México un SM de 171 pesos, aproximadamente 154 por ciento mayor al vigente en el momento. Propuso abrir el tema a debate, viendo no solo su posible efecto sobre la inflación, sino también en términos de productividad, generación de empleo y crecimiento económico. En los siguientes meses, hubo mucha discusión y se organizaron varios foros al respecto. Lo primero que surgió es que el SM real en México era de los más bajos del mundo. Quedó claro que hubo un abuso en su uso como política antiinflacionaria y que su nivel contradecía lo establecido en la Constitución.

El resultado de esa primera ronda de debate fue la conclusión que era prácticamente imposible avanzar en cualquier política encaminada a la recuperación del SM sin desmantelar la indexación de facto al desvincular cualquier aumento del SM de precios, rentas y tarifas. El debate sí tuvo resonancia en la sociedad y aceptación de que había que hacer algo. Así, en septiembre de 2014 se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, a fin de “estudiar los mecanismos viables y sostenidos para la recuperación de los ingresos de los mexicanos perceptores de un salario mínimo”.

En algún momento del año pasado se aprobó la reforma constitucional para desvincular el SM de todas las disposiciones legales y así, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar las obligaciones y supuestos previstos en las leyes, dejando al SM libre de dicha responsabilidad. El siguiente paso fue encomendar estudios sobre la relación del SM con productividad, inflación, empleo, pobreza y condiciones de vida, a diferentes entes e instituciones. No obstante, dichos estudios han tardado más de lo debido, por lo que se han aprobado prorrogas para su entrega, junto con opiniones y recomendaciones encaminado hacia una resolución final. El último plazo establecido vence el 23 de junio de este año.

En principio, los estudios ya están terminados y la CONASAMI, junto con la STPS, han convocado a un Encuentro de Especialistas sobre el Salario Mínimo, que se efectuará este jueves y viernes (10 y 11 de marzo), con el objetivo de presentar los estudios con comentaristas y discusiones. Los estudios serán presentados por sus autores (Banxico, Banco Mundial, la OIT, Coneval y el CEESP), mientras que los comentaristas serán principalmente académicos (de la UAM, CIDE, Colmex, ITAM e ITESM), junto con personajes del BID, Sedesol y Cofece. Esperemos que la discusión sea nutrida, pero que de allí emanen recomendaciones específicas, junto con calendarios y acciones a seguir.

Como es de esperar, la oposición principal a cualquier cambio en la política actual del SM proviene del Banco de México. Esta institución va presentar dos estudios cruciales, sobre el efecto “faro” (la contaminación de aumentos al SM hacia los demás salarios) y el efecto final sobre la inflación. Su argumento principal es que cualquier aumento tendría repercusiones negativas sobre el funcionamiento de la economía en general y sobre la inflación en particular, de tal forma que habría una perdida en términos reales en el SM. Sin embargo, habría que descalificar estos estudios, ya que al ser juez y parte, son sesgados y no se les puede considerar como imparciales.

De entrada, el Banco argumenta que empíricamente se ha encontrado que aumentos en el SM se trasladan en un 85 por ciento a los demás salarios. Sin embargo, esto era antes de establecer la UMA para desvincular el SM y en una época en que la mayoría de los aumentos salariales tenía al SM como referencia. Cualquier estudio econométrico debe tomar en cuenta que el cambio estructural que implica la UMA hace casi irrelevante las relaciones que existían en el pasado.

Habrá que estar atentos a los resultados.

Dado que Eduardo Sojo termina su gestión al frente del INEGI a fines de este año y la autonomía del Instituto todavía no termina de consolidarse, había mucha preocupación en torno a la designación de su próximo presidente. Algunos esperaban que la SHCP impusiera un títere como ocurrió en la Función Pública, o bien, alguien muy allegado a la administración federal actual. El miedo extremo era que el INEGI se convirtiera en una especie de INDEC de Argentina, que inventa sus datos para acomodar los gustos del gobierno, o en un INE de Venezuela que simplemente dejó de publicar información incómoda.

La semana pasada, la Presidencia anunció la designación de Julio Santaella para integrarse a la Junta de Gobierno del INEGI y se espera que será escogido por el Presidente para ocupar su presidencia. ¿Es Santaella el candidato ideal? Creo que no existe tal persona. ¿Es un buen candidato? ¿Hará buen papel? ¿Ayudará a consolidar la tan necesitada autonomía? Son buenas preguntas cuyas respuestas realmente no sabemos pero sí podemos especular.

Hasta la semana pasada, Santaella era un funcionario de bajo perfil, cuyo nombre no salía en la lista de las primeras diez sugerencias mediante una búsqueda en Google. Ahora su biografía se ha dado a conocer en prácticamente todos los medios. Tiene un doctorado en Economía de UCLA, ha trabajado en la SHCP, el FMI, el ITAM y el Banco de México. Su mayor experiencia lo obtuvo tras once años en el Banco de México desempeñado la Gerencia de Información y Análisis de la Dirección General de Operaciones de Banca Central. Ha publicado artículos sobre inflación, programas de estabilización, tipos de cambio, política fiscal, la estructura temporal de las tasas de interés, crecimiento económico, salarios, movilidad laboral, flujos de capital, balanza de pagos, crisis financieras, desarrollo de mercados de deuda y otros temas afines (pero nada en torno a la importancia, construcción o metodología de indicadores económicos y mucho menos de temas geográficas). Se habla de su experiencia al frente del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, un órgano dependiente del propio Banco de México, que arrancó apenas en enero de este año. Pero esto último no parece ser gran cosa, pues tiene poco tiempo funcionando y no es un organismo independiente o autónomo.

Con esta información podemos pensar que tiene los grados académicos necesarios y algo de experiencia relacionada a algunas funciones propias del INEGI, pero tendrá que enfrentar una curva de aprendizaje importante para la mayoría de las ocupaciones de su nuevo puesto. Posiblemente lo que más preocupa (o desconocemos) es su experiencia y habilidad política para las negociaciones, decisiones importantes y situaciones propias de la autonomía.

Posiblemente la primera buena noticia es que no surge de las filas de SHCP, de los allegados de la Presidencia o del Secretario de Hacienda. Todo apunta a que la SHCP acudió al Gobernador de Banxico para una recomendación. En principio, parece proceder del servicio profesional de carrera y no pupilo del Gobernador, sin embargo, no debemos ser tan ingenuos como para pensar que su designación fue totalmente gratuita. Sabemos que ha existido mucho recelo y critica entre las dos instituciones desde tiempo atrás. ¿Llega Santaella con agenda preestablecida y posiblemente cargada? Realmente no sabemos. Pero sí hay quienes ya expresaron su temor de que sea muy leal al Gobernador y con esto Banxico expande sus tentáculos e influencia. Lo que menos necesitamos es que la persona que tiene la autoridad monetaria máxima se convierte en un zar omnipotente.

La segunda buena noticia es que aparentemente es buena persona, de buen trato y de mente abierta. No sabemos si tiene el entusiasmo y ganas de hacer del INEGI uno de los mejores institutos de estadística del mundo (que era la actitud de Eduardo Sojo), pero algunas personas que lo conocen mejor dicen que sí. Ojalá que sea abierto a la crítica, dispuesto a escuchar y dispuesto a empujar los proyectos necesarios. Sería un verdadero plus si ve la crítica como asesoría gratis, como era la filosofía de su antecesor en el INEGI.

Por lo pronto, aceptamos la designación, ya que tiene los credenciales necesarios. Estaremos atentos, ya que no sabemos a bien si tiene los suficientes. Le damos el beneficio de la duda y esperemos que resulte un excelente presidente. En vías de mientras, seguiremos con las críticas constructivas, observaciones pertinentes y vigilancia permanente de los indicadores económicos del país.

Hace como cinco años, el INEGI invitó a Víctor Guerrero, un profesor destacado de estadísticas del ITAM, a realizar un proyecto de investigación sobre una estimación más oportuna del PIB. Presentó una metodología, elaborada junto con Esperanza Sainz, que utilizaba la información preliminar de los dos primeros meses del trimestre (a partir del IGAE) e incorporaba estimaciones econométricas para calcular el mes faltante. A partir de este trabajo, el INEGI empezó a probarlo y a refinar la metodología. Finalmente, se optó por un cálculo que incorporaba más información concreta, un máximo de los procedimientos estándar de las cuentas nacionales y un mínimo de modelado econométrico. Gracias a estos esfuerzos, ahora el INEGI nos presenta un “estimado oportuno” del PIB a los 30 días de haber concluido el trimestre. Es importante recalcar que no viene a reemplazar al cálculo tradicional, que se dará a conocer este viernes, sino simplemente es un anticipo aproximado de lo que conoceremos en unos días.

La recomendación internacional es que los países deberían presentar el cálculo del PIB a los dos meses (o menos) de haber terminado el trimestre. El INEGI cumple cabalmente con el lineamiento, ya que produce la cifra a los 50 días. No obstante, Estados Unidos divulga una primera estimación a los 30 días, mientras que algunos países como Singapur, China y el Reino Unido hasta en menos. Aun así, este nuevo esfuerzo del INEGI coloca a México entre los ocho países del mundo que brinda un primer estimado en un mes o menos.

Eduardo Sojo, el actual presidente del INEGI, realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Pennsylvania. Su tesis doctoral lo realizó bajo la supervisión de Lawrence Klein (premio Nobel de Economía 1980) a mediados de la década de los 80. Su trabajo era como obtener un estimado rápido del PIB trimestral mediante indicadores de mayor frecuencia. Esta misma metodología fue trabajada en la misma universidad años más tarde por alumnos posteriores de Klein, pero siempre con un enfoque econométrico. Cuando Sojo se reincorporó al INEGI a mediados del sexenio pasado, tenía la idea de que se pudiera utilizar esta técnica para adelantar la estimación del PIB. Por lo mismo, buscó a Víctor Guerrero y empezaron a trabajar en lo mismo. Sin embargo, los investigadores de planta de Estadísticas Económicas del INEGI desarrollaron una metodología distinta, que busca maximizar la incorporación de información concreta, ya que el INEGI tiene más del 80 por ciento de la información directa en el momento de realizar el cálculo oportuno, por lo que solo necesita estimar una tercera parte del último mes del trimestre. Otra de las bondades de la metodología es que sigue la agregación tradicional del PIB contenida en las cuentas nacionales, por lo que en pruebas anteriores se ha obtenido una estimación oportuna que discrepa muy poco con el cálculo tradicional que se obtiene 20 días después.

El INEGI estima que el crecimiento del PIB del tercer trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior es 2.4 por ciento. Al incorporar ajustes por la estacionalidad, la tasa anual sería 2.3 por ciento (por efectos de calendario) y la tasa respecto al trimestre inmediato anterior 0.6 por ciento. De resultar acertado, es un resultado ligeramente mejor a lo que se había anticipado anteriormente. El viernes veremos.

Existe otro aspecto del cálculo que necesitamos entender mejor. El INEGI primero calcula el PIB por el lado de la oferta mediante la diferencia entre el valor bruto de la producción y el consumo intermedio. Así obtiene el desglose de las actividades económicas entre primarias, secundarias y terciarias. Un mes después (18 de diciembre), obtiene un segundo desglose por el lado de la demanda mediante los cálculos de los componentes del gasto (consumo privado, consumo de gobierno, inversión fija bruta, variación de existencias, exportaciones e importaciones). Como son cálculos estadísticos, siempre existe una discrepancia estadística entre los dos. El problema que hemos visto este año es que esta discrepancia es la más elevada de los últimos 14 años, lo cual ha desconcertado a más de uno.

Si tomáramos el cálculo por el lado de la demanda e ignorando la discrepancia, el crecimiento anual del PIB para el primer y segundo trimestre de este año sería 5.1 y 4.7 por ciento, respectivamente, comparado con las tasas de 2.6 y 2.2 por ciento por el lado de la oferta. ¿Cuál de las dos estimaciones es más robusta? ¿En función de qué está la discrepancia? ¿Será que realmente estamos creciendo más?

La Copa Mundial empieza mañana y Brasil está en la mira de todo el mundo. Su equipo es por mucho el favorito, pues no solamente tiene a Neymar da Silva Santos y un muy buen equipo, sino la indiscutible ventaja de jugar en casa. En cambio, México tiene prácticamente nulas posibilidades de ganar el campeonato y una batalla cuesta arriba simplemente para llegar al cuarto partido. Sin embargo, en medio de esta gran fiesta de futbol, llama la atención el caos que parece reinar en el país ante la multitud de protestas, huelgas y manifestaciones. De no resolverse rápidamente, estamos enfrentando la posibilidad de observar una Copa muy accidentada.

El problema central es que una buena parte de la población no estuvo de acuerdo con el gasto exorbitante que realizó el gobierno de Dilma Rousseff en los preparativos, especialmente cuando la economía está estancada y existen muchas carencias por otros lados. También los sindicatos han aprovechado la situación política para chantajear al gobierno ante la posibilidad de que se paralice el transporte durante el Mundial. Pero no solo enfrenta Dilma la urgencia de resolver el problema inmediato, sino que también ha disminuido sustancialmente su popularidad faltando ya menos de cuatro meses para las elecciones presidenciales. Aunque todavía lleva la delantera sobre el Senador Aécio Neves y el ex gobernador Eduardo Campos, ha perdido más de diez puntos porcentuales en las encuestas desde febrero.

El pobre desempeño del PIB en el primer trimestre prácticamente eliminó el poco optimismo que quedaba para el crecimiento de 2014. Las últimas encuestas señalan que Brasil no llegará ni siquiera al 2 por ciento este año. Por el lado de la oferta no hay indicios de una posible mejora en la producción industrial, mientras que por el lado de la demanda permanecen estancados el consumo de los hogares y las inversiones. En adición al anémico comportamiento de la economía, el Banco Central sostiene una tasa de interés real elevada para tratar de cumplir con su objetivo de inflación.

Ante esta coyuntura, llama la atención las declaraciones del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que descalificó a los que han criticado a Brasil y dicho que México ha lo desbancado como la promesa futura de América Latina. Lula dijo que después de revisar los fundamentos económicos mexicanos, encontró que todo es peor que en Brasil. Para ejemplificar la lentitud de México, dijo que la reforma energética mexicana fue algo que se hizo con Petrobras hace 20 años y que no hay ningún indicador comparable a los brasileños.

Al ser por mucho los dos países más grandes de América Latina, siempre se están comparado. Por un lado, las dos economías se han caracterizado por tener una tasa promedio de crecimiento muy bajo en los últimos treinta años, mientras que por otro lado, han ofrecido promesas similares de que en algún momento podrán despegar. En principio, Brasil aparentemente ha registrado una tasa de crecimiento económico ligeramente superior al que ha presentado México. Sin embargo, en materia de estabilidad económica, México ha mostrado mejores calificaciones que Brasil. Brasil gana en recepción de inversión extranjera directa, mientras que México sale adelante en materia de finanzas y deuda pública.

Es aquí donde resulta interesante la tesis que acaba de presentar Juan Mendoza en el ITAM sobre una evaluación diferente de la trayectoria de crecimiento económico de México y Brasil. Se utilizó una metodología desarrollada por Vernon Henderson para medir el crecimiento mediante el empleo de imágenes satelitales para ver la intensidad de las luces de los distintos países en el tiempo. La hipótesis central es que hay una relación constante entre la intensidad de las luces visto desde el espacio y el crecimiento económico. Sin entrar en detalle en cómo se desarrolló el estudio, las conclusiones principales fueron que mientras existe una probable subestimación en el crecimiento económico de México entre 1992 y 2008 de 0.43 por ciento promedio anual, existe una supuesta sobreestimación para Brasil en el mismo periodo de 0.99 por ciento. El estudio encontró que el crecimiento reportado de 2.69 por ciento por el INEGI para México debería haber sido 3.12 por ciento y en Brasil, en vez de 3.26 por ciento de crecimiento oficial, realmente se registró 2.27 por ciento. De ser cierto, la escasa ventaja que nos llevaba Brasil en el desempeño económico en las últimas décadas se convierte en una pequeña desventaja.

Al final de cuentas, lo más seguro es que Brasil nos ganará el partido el próximo martes 17 de junio. Bien por ellos.