Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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Paloma

Marzo 19th, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

La controversia sobre la designación de Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del INEGI va creciendo. El eje central es que realmente no cumple los requisitos legales. Peor aún, ni siquiera cerca. Me habían dicho que era cuestión de interpretación jurídica, pues con consideraciones laxas, pudiera calificar, aunque fuera apenas. Sin embargo, ya con una investigación más exhaustiva, está lejos pero muy lejos de calificar.

Como comentamos la semana pasada, la ley dice que debe “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”. El único puesto relevante, es decir, que califica de “alto nivel”, es su aproximadamente un año en el puesto de Director General en Sedesol. El puesto que ocupó en el IMSS está marcada como categoría “L”, que la propia ley lo pone en el tabulador de “mando medio”.

Sin embargo, con estos dos puestos no llega ni cerca a los cinco años. Habría que sumar su estancia en la prestigiosa consultoría GEA, de Mauricio González y Jesús Reyes Heroles. Resulta que trabajó allí dos años cinco meses, pero en un puesto de apoyo a los socios, que se caracteriza por ser de pasantes, que después van a estudiar un posgrado. La referencia que dan de ella es que fue una excelente colaboradora, pero definitivamente no fue en un puesto de nivel jerárquico que se pudiera interpretar de “alto nivel”. En otras palabras, tiene alrededor de uno de los “por lo menos” cinco años necesarios para el puesto. Ya la semana pasada en esta misma columna, vimos que tampoco califica como “profesional distinguido” o de “académico de reconocido prestigio”. Al final de cuentas, no cumple con ni uno solo de los requisitos.

Me han dicho que la designación de Merodio tiene que ser aprobada por dos comisiones del Senado para que procede al pleno para su votación. En la de Gobernación me dicen que aparentemente domina el PRI, que siempre aprueba en automático las designaciones de la Presidencia, sin mayor consideración. No me queda claro, pero habría que preguntar a Cristina Díaz Salazar del PRI, con quien no he tenido la oportunidad de platicar. La otra, de Población y Desarrollo, es presidida por Armando Ríos Piter del PRD, e integrada por Esteban Albarrán Mendoza del PRI y Juan Carlos Romero Hicks del PAN. Según me han dicho Romero Hicks ya se pronunció en contra, mientras que Albarrán votará al estilo PRI. Por tanto, el voto decisivo queda en manos de Ríos Piter. Sin embargo, nadie sabe cuál será su decisión. Algo fuera de lo común, se ha caracterizado por un silencio total en estas últimas semanas. Me han señalado que “el silencio de @RiosPiterJaguar sobre la nominación de Merodio para INEGI es preocupante. Espero valore gravedad”.

Romero Hicks protestó formalmente ante el “microexpediente” que recibieron ambas comisiones en torno a su curriculum, ya que no contiene la información necesaria para sustentar la experiencia académica y profesional que presume. Obvio. La presidencia mandó documentación insuficiente ante el temor de que más información la descalificaría para el puesto.

En adición a la falta de experiencia, otros han señalado conflictos de interés que pudieran incluso dañar el proceder del INEGI y su reputación. Resaltan dos artículos a su favor, uno escrito por Humberto Musacchio y otro por Yuriria Sierra. El primero pone como argumento que es una mujer muy guapa, comentario exageradamente sexista. El segundo dice que su designación es importante porque sería la primera mujer en la Junta de Gobierno. Aparentemente, no ha oído de Rocío Ruiz, quien ocupó una silla en la Junta hace apenas cuatro años. Pero lo que más llama la atención es la larga lista de mujeres muy capaces para el puesto, que también ya discutimos la semana pasada. Incluso, en estos días me han llegado muchos más nombres que debería haber incluido.

Estaremos muy atentos en estos días a las decisiones de estas Comisiones de vital importancia. No queremos más daño a la reputación del INEGI, que entró en controversia con Coneval sobre la medición de pobreza y ha suscitado sospechas en torno a la medición de la inflación. Lo que más necesita ahora es una Junta de Gobierno sólida, más allá de cualquier sospecha.

La Junta de Gobierno del INEGI comprende cinco personas, un presidente (Julio Santaella que asumió funciones el 1 de enero de 2016) y cuatro vicepresidentes con periodos de ocho años escalonados: Enrique de Alba, quien hace poco fue ratificado para un periodo adicional de ocho años; Rolando Ocampo, quien inició en 2013; y Mario Palma, quien termina en 2018. El cuarto era Félix Vélez, quien entró en 2013 a sustituir a Roció Ruiz ante su renuncia. Por lo mismo, solo desempeño el cargo menos de cuatro años, cuyo periodo concluyó a fines del año pasado. El puesto quedó vacío, primero en espera de una designación y ahora, en espera de la ratificación del Senado de Paloma Merodio, quien fue propuesta por el Presidente.

Todas estas personas, incluyendo a Eduardo Sojo, el presidente anterior y José Antonio Mejía, vicepresidente hasta 2012, fueron personas de muy amplia experiencia y de credenciales impecables para sus puestos. Sin embargo, Paloma Merodio no tiene el mismo perfil, en especial la experiencia relevante acumulada, ya que tiene apenas 31 años de edad. Su designación ha armado gran controversia, a tal grado que el CEEY encabezó una petición al Senado para que la rechazaran, firmado por más de 30 organizaciones no gubernamentales. También la Sociedad Mexicana de Demografía, encabezado por Carlos Echarri, mandó una petición similar, firmado por todos sus expresidentes. El argumento principal en su contra es que no cumple con los requisitos marcados por la ley.

La ley dice que debe “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”. Si revisamos el CV de Paloma, es de interpretación difícil y ambiguo decir que realmente tiene por lo menos cinco años de experiencia en puestos de alto nivel. De entrada, sí tiene estudios relevantes de Licenciatura en Economía del ITAM (con honores) y una Maestría de la Universidad de Harvard. Su experiencia de trabajo en Sedesol y el IMSS es relevante, ya que fue en puestos de toma de decisiones, planeación estratégica y evaluación de políticas públicas, coordinando equipos multidisciplinarios. Pero ¿fueron de alto nivel? Posiblemente su último puesto de Directora General en Sedesol puede calificar, pero no fue de cinco años. Se tendría que considerar el puesto de Coordinadora de Investigación Estratégica en el IMSS y así, con una interpretación laxa, pudiera calificar, pero rayando llanta.

¿Ha sido profesional distinguido? Yo no había oído de ella antes y es difícil pensar que alcanza esa distinción a los 31 años. ¿Es académica reconocida? Da clases en el ITAM desde 2014, pero por asignatura, por lo que tampoco podemos pensar que ya alcanzó ser distinguida. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente y puedo atestiguar que es una persona inteligente, capaz, motivada, independiente y articulada. El hecho de que sea mujer es muy bien visto por todos. Sin embargo, ante su corta edad, queda claro la controversia en torno a su designación.

Más allá de la discusión de que si califica o no para el puesto, la indignación de los quienes han protestado tiene que ver con el hecho de que se debe propugnar por los mejores nombramientos posibles en los organismos autónomos y evitar las designaciones de amistades o cuotas. Por ejemplo, la lista de mujeres profesionales, capaces y con la experiencia necesaria es vasta. Sin pensar mucho, se me ocurre Lorenza Martínez, Ana María Aguilar, Evelyn Rodríguez, Delia Paredes, Sara Castellanos, Irene Espinosa, Nelly Aguilera, María Luisa Ruvalcaba, María de la Paz, Edith Pacheco y Graciela Teruel. Incluso, hacia dentro del INEGI hay muchas mujeres muy capaces, por ejemplo, con el perfil de Marcela Eternod, quien fue Directora General de Estadísticas.

Escribo sobre el tema porque muchos me han preguntado por mi opinión. Al final de cuentas, creo que el Senado no va gastar su poco capital político para bloquear la designación; Paloma Merodio será miembro de la Junta de Gobierno del INEGI hasta fines de 2024. Seguro que en este tiempo acumulará la experiencia necesaria y terminará por realizar un buen trabajo. Será reto de ella demostrar su independencia, apartidismo y dones de liderazgo. Bienvenida, felicidades y mucha suerte.

Aunque ya había muchos rumores al respecto, fuimos sorprendidos la semana pasada con la noticia de que Agustín Carstens renuncia al puesto de Gobernador del Banco de México, efectivo a mediados del año entrante. El anuncio causó mucho revuelo y comentarios de todo tipo. Hubo rumores de que el Presidente lo promovió ante la crítica constante de Banxico al manejo de las finanzas públicas. Hubo acotaciones de que peligra Banxico ante su salida, ya que se diluye la autonomía de la institución. Hubo opiniones de que el Gobernador huye ante la llegada de una mega tormenta que se ve venir como consecuencia de las políticas de Trump. Hubo comentarios de que la renuncia se da en el peor momento posible y podrá ser causa misma de una nueva crisis. Hubo quien vaticinó que el efecto sobre el tipo de cambio sería tan pronunciado como cuando supimos quién sería el próximo presidente de Estados Unidos. Incluso, hubo quien recomendó llevarlo a juicio político por haber tomado la decisión.

Todas estas apreciaciones y especulaciones fueron exageradas. Sabíamos que Carstens tenía interés en un puesto de primer nivel en un organismo internacional desde hace tiempo. Ya fue el segundo a bordo del FMI y Secretario de Hacienda. Su prestigio y experiencia hacían que tarde o temprano se lo iban a ofrecer. Sin embargo, él no dictaminó la fecha, ni lo buscó con el propósito de huir a sus responsabilidades actuales. Seguramente fue una decisión difícil, pero principalmente personal.

Difícilmente podremos encontrar una persona mejor calificada que Carstens para Gobernador del Banco de México. Desde su preparación académica y profesional hasta su experiencia en muchos puestos relevantes, lo perfilaba para el puesto desde tiempo atrás. Ya como Gobernador, fue nombrado Banquero Central del año en varias ocasiones. Incluso, había quien lo veía en el puesto para un tercer periodo hasta 2028. Aun así, su prestigio lo llevó a contender para estar al frente del FMI y desde hace tiempo, se escuchaba su nombre para varios puestos de primer nivel internacional. En sí, su nombramiento para dirigir el BIS no sorprende.

Afortunadamente, la autonomía del Banco se ha consolidado y es una de las instituciones más sólidas del país. Se requieren personalidades de gran altura para dirigir instituciones endebles, ya que es la persona que inspira confianza y le da el realce necesario. Sin embargo, cuando se trata de una institución establecida, fuerte y bien encaminada, ya no es imprescindible tener a una figura de la misma talla. Por ejemplo, hace 20 años el dirigente del Bundesbank de Alemania era un periodista y su experiencia y formación quedaba muy corta en comparación al que tiene Carstens ahora. Por lo mismo, no debemos preocuparnos por un vacío en el poder monetario. El Banco tiene una Junta de Gobierno sólida y cuenta con un equipo de economistas del mejor nivel, capaces de asesorar y dirigir la política monetaria de forma más que satisfactorio.

Por lo mismo, no debe preocupar la salida de Carstens. El gobierno tiene siete meses para reflexionar y escoger al candidato idóneo. No tiene que ser de la talla de los anteriores, pero sí reunir ciertas características. De entrada, las que marque la ley: ser mexicano por nacimiento y no tener más de sesenta y cinco años cumplidos; gozar de reconocida competencia en materia monetaria y haber ocupado por lo menos durante cinco años cargos de alto nivel en el sistema financiera mexicano o en instituciones que ejerzan funciones de autoridad financiera. Pero en adición a estos preceptos legales, necesitamos que sea una persona que respetará la autonomía y encauce bien la administración monetaria del país. Debe evitar ser una persona del círculo cercano del Presidente, que pudiera dar imagen de tener una agenda preestablecida del gobierno federal, o bien, ser cómplice del esfuerzo fallido de sanear las finanzas públicas.

Queda mucho tiempo para conformar una terna final. Por lo pronto, podríamos pensar en un cuadro amplio de candidatos idóneos. Incluso, podríamos hasta especular con más nombres ante la posibilidad de que se reformaran los requisitos de edad y de nacimiento. Sin embargo, antes de hacerlo, quizás sería prudente empezar con la lista de las personas no deseadas para el puesto. No sé si todos estarían de acuerdo conmigo, pero arrancaría con el ex Secretario de SHCP en la primera posición.

El Subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez González, termina su gestión este 31 de diciembre. Dado que tiene 66 años de edad, ya no califica para un segundo periodo de ocho años. Por lo mismo, tendremos un nuevo Subgobernador a partir de enero. El Presidente de la República propone a Alejandro Díaz de León para este puesto. ¿Es buen candidato para formar parte de la Junta de Gobierno?

La Ley del Banco de México señala que, para que alguien sea designado miembro de la Junta de Gobierno, tiene que ser un individuo con un elevado nivel técnico y profesional. Tiene que ser ciudadano mexicano por nacimiento, no tener más de sesenta y cinco años cumplidos y gozar de reconocida competencia en materia monetaria. También especifica haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

Hasta aquí podemos afirmar que Díaz de León cumple con estos requisitos. Es economista del ITAM con maestría de la Universidad de Yale. Su formación principal proviene del propio Banco de México, donde trabajó los primeros 16 años de su carrera y llegó a ser Director de Análisis Macroeconómico. De allí trabajó como Director General de Pensionissste, después como el titular de la Unidad de Crédito Público en la SHCP (en sustitución de Gerardo Rodríguez) y finalmente, como Director General de Bancomext (sustituyendo a Enrique de la Madrid). Su experiencia obtenida en SHCP es en especial valiosa, ya que obtuvo conocimientos profundos de los mercados financieros internacionales, hoy en día sumamente relevante para un banco central. Sus credenciales académicas y su experiencia profesional son incuestionables. Además, tiene excelente reputación y reconocimiento en los medios.

Es trascendental que cada miembro de la Junta entienda a fondo cómo funciona la política monetaria, sus alcances y la importancia de contener la inflación. La Constitución establece claramente que el objetivo prioritario, más no el único, es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Para cumplir con este mandato es crucial entender la interacción entre la inflación, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. No hay duda que cada uno de los miembros de la Junta, incluyendo al propio Díaz León, cumplen perfectamente bien con este cometido.

No obstante, la Ley también establece que dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno no necesitan cumplir con el requisito de antigüedad, siempre y cuando sean profesionistas distinguidos en materia económica, financiera o jurídica, para así permitir la participación de personas como académicos distinguidos, que pueden aportar un caudal de valiosos conocimientos. Al final de cuentas, lo que se quiere de una Junta de Gobierno es que tenga cierta diversidad y representación de intereses para que funciona como cierto chequeo y balance al poder inmenso que tiene el Gobernador del instituto. Si los cuatro subgobernadores son tipo “yes men”, que van a aprobar absolutamente todas las decisiones del Gobernador, ¿para qué queremos una Junta?

Con la llegada de Díaz de León, vamos a tener una Junta de Gobierno de clones, todos formados en el propio Banco, con estrechos lazos con el ITAM y de alguna forma u otra allegados del Gobernador actual. Prácticamente desde que empezó la autonomía del banco central, hemos tenido algo de diversidad. Guillermo Prieto Fortún, quien duró menos de un año como Subgobernador, provenía de la Bolsa Mexicana de Valores. Guillermo Güémez García venía del sector privado con experiencia empresarial y financiera y en la negociación del TLCAN. Everardo Elizondo era un reconocido académico, consultor de empresas y fue el economista principal para Bancomer. Manuel Sánchez González también venía del sector privado y se consideraba representante de la banca comercial. Así será que va ser la primera vez que la Junta de Gobierno se conforma sin un representante del sector privado, sin alguien con formación distinta del propio Banco de México y posiblemente, sin alguien que se atreve a cuestionar al poderosísimo Gobernador. Sin diversificación, sin alguien que presenta contraargumentos y sin representatividad del sector privado, ¿para qué va servir la Junta?

Hace dos semanas abordé el tema del segundo periodo del Gobernador del Banco de México. Me sorprendió la cantidad de comentarios que recibí al respecto; todos están de acuerdo que Agustín Carstens era el candidato ideal para seguir al frente de nuestro banco central. Nadie menosprecia su capacidad y experiencia, ni lo que ha hecho en sus primeros seis años en el puesto. No solamente tenemos una política monetaria bien encaminada hacia su objetivo y temas afines como la estabilidad financiera y los sistemas de pago bajo la lupa, sino además ha mejorado mucho la calidad y amplitud de los análisis que hace el banco. Los trabajos de investigación son de clase mundial y el instituto funciona como un semillero extraordinario de economistas para el sector público, la banca y organismos internacionales. Sin dudas, es de las pocas instituciones del país que realmente funcionan.

No obstante, el tema recurrente en los comentarios recibidos, que retoma el hilo de muchas discusiones que he tenido a lo largo de los años con colegas míos, es el de los chequeos y balances, o contrapesos necesarios para evitar la discrecionalidad y arbitrariedad de la administración de los recursos públicos del instituto. Hemos escuchado demasiadas historias de un manejo proclive al gasto, excesos en viajes, prerrogativas para cierto personal, contratación desmedida de plazas y un crecimiento de estructura que no parece racional. Por ejemplo, hace seis años el Banco tenía ocho directores generales y 22 directores de área; hoy tiene nueve directores generales y 33 directores de área, que representa 48 por ciento más de mandos superiores (verificable en la página de Internet del Banco). ¿Ha sido necesario tal expansión?

Una de las propuestas que he escuchado de varios lados es que lo que falta para ya consolidar la autonomía de la institución es la creación en el Senado de una Comisión de Banca Central. Ésta podría ser el vehículo para un buen chequeo y balance para la transparencia y rendición de cuentas, la cual podría también mejorar la administración misma del banco. Esta Comisión debería obligar al Banco a entregarle al Congreso un reporte trimestral sobre su operación financiera, que fuera complemento al informe actual sobre la inflación y el manejo de la política monetaria. Para garantizar la autonomía, habría que aclarar que sería un “informe” y no un presupuesto que busca autorización, en aras de que los mexicanos tenemos el derecho a conocer cómo se gastan los recursos públicos en un órgano independiente.

Hay otros temas bajo discusión, como la transparencia y comunicación del Banco en cuanto al manejo de la política monetaria. Por ejemplo, el Banco publica regularmente gráficas de indicadores cuyos datos no están disponibles al público en general. Algunos de los más importantes es la del PIB potencial y la brecha del producto. Solicité los datos y metodología para reproducir una gráfica sobre el ingreso personal real, que se construye mediante información pública, pero tardé meses en conseguir la información. Busqué entablar una discusión sobre los indicadores de confianza al consumidor, pero siempre ante un temor bajo el cual operan los extraordinarios funcionarios del Banco. Mencioné en una columna pasada un comentario (ni siquiera tan importante) que había escuchado en varias reuniones, que después supe que había recibido reproche.

Las minutas de la Junta de Gobierno son un gran avance, pero faltaría que se identifique los comentarios con nombre y apellido. Sabemos muy poco de qué y cómo piensan los Subgobernadores. Sus puntos de vista son monolíticos y siempre homogéneos con la versión oficial (hasta en sus presentaciones en PowerPoint). Tal parece que los miembros de la Junta de Gobierno tienen que pedir permiso para hablar y qué opinar con cualquier ente fuera del Banco. El staff tiene miedo hasta de aceptar una invitación a comer. Mucha autonomía, pero con la apariencia de un totalitarismo que parece innecesario. Concuerdo con muchos de mis colegas en que el staff debería de tener más soltura para opinar y divulgar el credo del banco central, ya que tienen la madurez y capacidad.

Realmente felicito a Agustín Carstens por su ratificación para un periodo más. Nos conviene como país y estoy seguro que seguirá construyendo para el bien de todos. Ojalá que escuche mis comentarios, inspirados por muchos de mis colegas, y que los acepte como crítica constructiva. Creo que puedan ayudar a tener un banco central todavía más sólido, transparente y que rinda mejores cuentas a la sociedad.

El Banco de México anunció el viernes, 31 de octubre, su decisión de política monetaria. Tal como se esperaba, se mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria. Si nos referimos a la Encuesta Quincenal de Expectativas de Banamex, en la cual participan alrededor de 25 instituciones financieras con injerencia en el mercado de dinero, observamos que ha existido una opinión unánime a partir de la encuesta del 20 de junio, de que las autoridades monetarias mantendrán su tasa sin cambios por el resto del año. A pesar de la sorpresiva reducción de 50 puntos base en el objetivo de la tasa de fondeo interbancario el pasado 6 de junio, todos los analistas mantuvieron la credibilidad en lo dicho de que no habría más cambios en el resto del año. La expectativa en torno a este anuncio no giraba alrededor de un posible cambio en la tasa, sino más bien en los mensajes explícitos e implícitos (entre líneas) en el contenido del comunicado.
Algunos analistas anticipaban un tono un poco más “dovish” en comparación al anuncio anterior, en reconocimiento de una moderación en el desempeño económico de los últimos meses. Dicho y hecho, la Junta de Gobierno subrayó la desaceleración al admitir que la actividad económica parece haber mostrado una “moderada” recuperación, en contraste con el comunicado anterior que decía recuperación “importante” en el tercer trimestre. No obstante, el cambio de adjetivo para la recuperación no fue suficiente como para modificar su balance de riesgos para la actividad económica.
Lo que sí sorprendió fue la introducción de un factor de riesgo adicional para el crecimiento económico. El comunicado concedió que pudiéramos enfrentar una economía menos dinámica ante la posibilidad de que los recientes acontecimientos sociales afectaran las expectativas. Lo sorprendente no fue la consideración de este factor en sí, sino más bien la admisión explícita de una situación política/social potencialmente explosiva. ¿Cómo deberíamos interpretar este hecho? Más que una sobrerreacción a un elemento obvio (pues lo hemos atestiguado), deberíamos verlo como un signo de madurez de la estabilidad macroeconómica del país. En el pasado, una declaración similar hubiera causado una masiva salida de capitales y una segura devaluación.
Aunado a lo anterior, el comunicado incorporó más factores a considerar en el balance de riesgos de la inflación, pero sin inclinar más a un lado o al otro. Por el lado negativo, existe el riesgo de mayores presiones inflacionarias por una mayor depreciación y posibles aumentos en los salarios mínimos, mientras que por el lado positivo, se mencionó la posibilidad de menores precios en los servicios de telecomunicaciones y la posibilidad de que la brecha de producto negativa pudiera neutralizar intenciones de subir precios. Finalmente, se volvió a enfatizar los riesgos de una mayor volatilidad en las variables financieras ante la incertidumbre de los movimientos en las políticas monetarias de los países avanzados (léase Estados Unidos).
En sí, podemos decir que el anuncio fue exactamente lo que anticipábamos, mientras que los cambios de énfasis en el comunicado fueron más o menos previstos. Si bien el IGAE de agosto sorprendió a la baja, en especial el comportamiento de las actividades terciarias, no necesariamente significa cambio de tendencia. Debemos recordar que existe una varianza significativa en la actividad económica, que hace que experimentemos alzas y bajas a lo largo de una tendencia positiva, por lo que no debemos sobrerreacionar a un solo mes más débil que lo esperado.
El problema actual es que por más débil que se presenta el entorno económico externo y la fragilidad de la recuperación interna, enfrentamos cierta incertidumbre ante la finalización del “QE” de la Reserva Federal y las acciones futuras que tomará la política monetaria de Estados Unidos. Debemos estar conscientes de la cantidad exorbitante de bonos mexicanos en poder de fondos extranjeros, que en un momento dado pudiera causar mucha volatilidad en los mercados financieros y la necesidad de subir tasas para minimizar las salidas. En este sentido, queda claro que el siguiente movimiento en la tasa de política monetaria del Banco de México será en acorde a las acciones de la Reserva Federal. Ni antes ni después.

Desde que se aprobó la reforma constitución a fines de 1993, la Constitución manifiesta claramente que la prioridad del Banco de México es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, léase, abatir permanentemente la inflación. No obstante, desde hace 20 años hemos tenido un especie de debate permanente sobre el tema, ya que muchas personas piensan que el banco central debería tener doble mandato: no sólo controlar la inflación, sino también velar por el crecimiento económico y la creación de empleos, tal como lo tiene la Reserva Federal en Estados Unidos.

El argumento central de los que abogan por un solo mandato es que es la única manera de evitar el problema de la “inconsistencia temporal” de utilizar la política monetaria para estimular la actividad económica (que puede ser deseable en el corto plazo, pero inconsistente en el mediano/largo plazo). En cambio, los del otro lado del debate argumentan que la obsesión por abatir la inflación va en detrimento del crecimiento.

Sin embargo, el tener un objetivo prioritario no está peleado con un segundo y en el fondo, realmente no hay mucha diferencia en cómo conducen la política monetaria en ambos países. En ambos casos existen los dos objetivos. La diferencia es que en Estados Unidos la Reserva Federal le da mayor prioridad (implícita) al control inflacionario, mientras que aquí el Banco de México tiene los mismos dos objetivos, aunque el segundo no es explícito.

¿Esto qué significa? En los dos países se reconoce los límites y alcances de la política monetaria.  Se sabe que es el instrumento ideal para controlar la inflación mientras que puede coadyuvar al crecimiento económico en el corto plazo, pero su contribución fundamental es mediante un ambiente de estabilidad macroeconómico.  Esto significa que nunca van a permitir un ambiente de inflación, ya que sus efectos desestabilizadores no sólo van en perjuicio del poder adquisitivo, sino también en contra del ambiente macroeconómico que fomenta el crecimiento económico.  No obstante, cuando no existen presiones inflacionarias, es posible llevar a cabo una política monetaria más laxa que pudiera estimular la inversión y el crecimiento económico mediante tasas más bajas.

Si uno estudia las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, queda evidente que la Reserva Federal nunca ha bajado su tasa objetivo cuando existen amenazas o presiones inflacionarias, aun en casos de estancamiento o bajo crecimiento económico. Al enfrentar sus dos objetivos, siempre le ha dado prioridad a la estabilidad de precios. Por lo mismo, no es necesario cambiar su mandato ya que queda claro los alcances y limitaciones de sus políticas.

En México podemos ver lo mismo.  Si leemos las minutas de las juntas de gobierno, los anuncios de política monetaria y demás documentos que respaldan sus decisiones, siempre vemos el análisis de los balances de riesgo, tanto de inflación como de crecimiento económico. Aunque siempre ha buscado el objetivo de 3.0 por ciento de inflación, nunca se ha comportado de manera “obsesiva” en su persecución. Incluso, ha mantenido una política expansionista en los últimos cinco años a pesar de nunca haber alcanzado su meta.

Desde que se implementó la política actual de tener una tasa objetivo para el mercado interbancario (a principios de 2008), hemos visto que el Banco se ha inclinado mucho más por una postura laxa que por una restrictiva.  Bajó la tasa de política monetaria de 8.25 por ciento a 4.50 por ciento en los primeros seis meses de 2009 cuando la inflación promediaba 6.0 por ciento (dos veces su objetivo). Después mantuvo su tasa en 4.50 por ciento por casi cuatro años cuando la inflación giraba alrededor de 4.0 por ciento. Finalmente, ha bajado la tasa en 150 puntos base adicionales en los últimos quince meses aprovechando el estancamiento económico y una brecha de producción claramente negativa.

Al final de cuentas, parece que el comportamiento de Banxico es compatible con un doble mandato, pero siempre con el cuidado suficiente para procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. La pregunta que queda en el aire más bien gira alrededor de las intenciones de la Junta de Gobierno. ¿Realmente piensa que la posición monetaria actual es consistente con una convergencia de la inflación a 3.0 por ciento?, o bien, ¿hay motivos políticos detrás de su decisión? No olvidemos que el actual Gobernador termina su periodo a fines del año entrante y le gustaría ocupar el puesto por seis años más. ¿Será que ya está en plena campaña?