Articulos sobre la economía Mexicana
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El Legado

noviembre 23rd, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (1 Comments)

Cuando Miguel Mancera llegó al Banco de México el 1 de diciembre de 1982, la inflación se ubicaba en 84.5 por ciento. Su mandato terminó el 31 de diciembre de 1997 y entregó la Gubernatura a Guillermo Ortiz con 27.7 por ciento de inflación y el camino arreglado para seguir con la trayectoria descendiente mediante la autonomía de la institución. Ortiz terminó al final de 2009 con una tasa de 3.6 por ciento y dejó el marco de “inflación por objetivos” (inflation targeting) en marcha para que el siguiente simplemente terminara de consolidar lo que ya estaba puesto. No obstante, Agustín Carstens se va con la mancha de entregar al nuevo Gobernador una inflación, con los criterios de hoy, muy elevada, alrededor de 6.3 por ciento.

Sin embargo, el objetivo de inflación de 3 por ciento no se aplica exclusivamente al final del periodo, sino más bien es permanente, por lo que realmente importa es la inflación promedio. En los quince años de Mancera la inflación promedió 43.3 por ciento anual; con Ortiz fue 6.6 por ciento; y, Carstens 3.9 por ciento. Pero al final, ¿quién tiene más mérito? En primer lugar, mi voto va para Mancera, ya que su legado fue la autonomía de la institución, una estructura institucional que realmente ha permitido a los siguientes gobernadores verse muy bien. En segundo lugar, ubico a Ortiz, ya que su mandato fue mucho más complicado, primero mediante la transición hacia el régimen de política monetaria actual, después en la aplicación inicial que buscaba formular expectativas de inflación bajas cuando no existían y finalmente en terminar de poner los cimientos de un banco central sólido, respetable y funcional. Sin quitarle mérito a Agustín Carstens, a él le tocó un vuelo muy tranquilo, todo preparado y listo de antemano. Realmente, ¿cuáles fueron sus logros?

Algunos señalan las minutas de las Juntas de Gobierno, que no se publicaban hasta la llegada de Carstens. Sin embargo, Ortiz trabajó arduamente en este proyecto, por lo que realmente fue más mérito de él. Carstens llegó, solo puso el último empujón y se colgó la medalla. Pero más importante, preguntamos ¿es un logro? El FMI acaba de emitir una gran crítica a las minutas de Banxico. Dice que son excesivas, llenas de discusiones repetitivas, de mucho rollo y poco efectivo en términos de transmitir una política de comunicación y transparencia eficaz.

Al final de cuentas, Carstens es un gran economista que domina al fondo los temas relevantes de política monetaria y estabilidad financiera. También ha sabido rodearse de los mejores economistas del país. Sin embargo, la tarea del Gobernador no acaba allí. Es el administrador del Banco y de todo lo que eso involucra. Mientras ha criticado el manejo imprudente del gobierno federal en torno a las finanzas públicas, aumentó el organigrama exponencialmente. Si comparamos el número de altos mandos del último informe de Ortiz contra la estructura actual, encontramos 22 por ciento más directores generales y 55 por ciento más directores, más toda la estructura propia de Gerencias, subgerencias y analistas que esta expansión involucra. Por ejemplo, la nueva Dirección General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos incluye una subgerencia de Género, Diversidad e Inclusión. Sin menospreciar el tema, ¿qué tiene que ver con los temas de un banco central?

El despilfarro no se queda allí. Dicen que muchos funcionarios del Banco sudaron para esconder el verdadero gasto que se dilapidó en la campaña fallida para dirigir el FMI. En su momento se hablaba de una cifra mayor a los 50 millones de dólares. ¿Será cierto el rumor muy difundido de la contratación de un servicio privado de jets bajo un contrato carísimo? Muchos analistas desde hace tiempo han pedido a gritos una comisión en el Senado cuya función sea vigilar, controlar y cuestionar la logística administrativa del Banco, ya que como está ahora se concentra un gran poder, desmedido, en el papel del Gobernador, que en la práctica no rinde cuentas a nadie.

Lo anterior nos deja con mucha inquietud ante el proceso de designación del siguiente Gobernador del Banco. Al posponer el nombramiento hasta que el presidente de la República designe el candidato presidencial del PRI y decide como barajear su gabinete, deja en evidencia que es un proceso político atado a los intereses exclusivos de un partido político y no de escoger al mejor calificado mediante criterios técnicos.

Aunque los debates sobre el salario mínimo (SM) van y vienen, parecía olvidado en México. En los ochenta el SM se utilizó como mecanismo para ayudar a estabilizar la moneda y los precios, mediante una política deliberada de otorgar aumentos por debajo de la inflación. El resultado fue una pérdida en su poder adquisitivo de más de 70 por ciento. Ya entrado en los noventa, se adoptó una política casi automática de incrementos atados a los objetivos de inflación, para así mantener su poder adquisitivo estable, pero sin ninguna recuperación. Peor aún, se establecieron mecanismos de indexación atados al SM, que prácticamente imposibilitó que el SM fuera lo que debería ser. El resultado fue la sepultura de cualquier debate sobre el tema.

Hace ya casi dos años, Miguel Mancera declaró que debería existir en México un SM de 171 pesos, aproximadamente 154 por ciento mayor al vigente en el momento. Propuso abrir el tema a debate, viendo no solo su posible efecto sobre la inflación, sino también en términos de productividad, generación de empleo y crecimiento económico. En los siguientes meses, hubo mucha discusión y se organizaron varios foros al respecto. Lo primero que surgió es que el SM real en México era de los más bajos del mundo. Quedó claro que hubo un abuso en su uso como política antiinflacionaria y que su nivel contradecía lo establecido en la Constitución.

El resultado de esa primera ronda de debate fue la conclusión que era prácticamente imposible avanzar en cualquier política encaminada a la recuperación del SM sin desmantelar la indexación de facto al desvincular cualquier aumento del SM de precios, rentas y tarifas. El debate sí tuvo resonancia en la sociedad y aceptación de que había que hacer algo. Así, en septiembre de 2014 se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, a fin de “estudiar los mecanismos viables y sostenidos para la recuperación de los ingresos de los mexicanos perceptores de un salario mínimo”.

En algún momento del año pasado se aprobó la reforma constitucional para desvincular el SM de todas las disposiciones legales y así, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar las obligaciones y supuestos previstos en las leyes, dejando al SM libre de dicha responsabilidad. El siguiente paso fue encomendar estudios sobre la relación del SM con productividad, inflación, empleo, pobreza y condiciones de vida, a diferentes entes e instituciones. No obstante, dichos estudios han tardado más de lo debido, por lo que se han aprobado prorrogas para su entrega, junto con opiniones y recomendaciones encaminado hacia una resolución final. El último plazo establecido vence el 23 de junio de este año.

En principio, los estudios ya están terminados y la CONASAMI, junto con la STPS, han convocado a un Encuentro de Especialistas sobre el Salario Mínimo, que se efectuará este jueves y viernes (10 y 11 de marzo), con el objetivo de presentar los estudios con comentaristas y discusiones. Los estudios serán presentados por sus autores (Banxico, Banco Mundial, la OIT, Coneval y el CEESP), mientras que los comentaristas serán principalmente académicos (de la UAM, CIDE, Colmex, ITAM e ITESM), junto con personajes del BID, Sedesol y Cofece. Esperemos que la discusión sea nutrida, pero que de allí emanen recomendaciones específicas, junto con calendarios y acciones a seguir.

Como es de esperar, la oposición principal a cualquier cambio en la política actual del SM proviene del Banco de México. Esta institución va presentar dos estudios cruciales, sobre el efecto “faro” (la contaminación de aumentos al SM hacia los demás salarios) y el efecto final sobre la inflación. Su argumento principal es que cualquier aumento tendría repercusiones negativas sobre el funcionamiento de la economía en general y sobre la inflación en particular, de tal forma que habría una perdida en términos reales en el SM. Sin embargo, habría que descalificar estos estudios, ya que al ser juez y parte, son sesgados y no se les puede considerar como imparciales.

De entrada, el Banco argumenta que empíricamente se ha encontrado que aumentos en el SM se trasladan en un 85 por ciento a los demás salarios. Sin embargo, esto era antes de establecer la UMA para desvincular el SM y en una época en que la mayoría de los aumentos salariales tenía al SM como referencia. Cualquier estudio econométrico debe tomar en cuenta que el cambio estructural que implica la UMA hace casi irrelevante las relaciones que existían en el pasado.

Habrá que estar atentos a los resultados.

Parecer ser que la propuesta formal de Miguel Ángel Mancera para el salario mínimo será elevarlo de una vez por todas a 80 pesos diarios, junto con cambios en la ley para eliminar toda indexación o referencia al mínimo para la fijación de cualquier otra cosa. Las preguntas que surgen de inmediato de los que se oponen al incremento son ¿cuál será el impacto inflacionario?, ¿qué relación guarda con la productividad?, ¿aumentará la informalidad y el desempleo? y posiblemente, ¿cuál será el impacto sobre los salarios medios? Las dudas que podrían tener los que están a favor son ¿qué tan positivo será el impacto neto sobre el bienestar de los mexicanos de los estratos de ingreso más bajos? y ¿cómo proseguir con el manejo del mínimo en el futuro?
Hace unas semanas escribí un artículo sobre el tema en el cual traté de establecer el consenso que había en el momento. Dije qué el mínimo era realmente una exageración, medido contra el parámetro que fuera y versus el país que fuera; el manejo del mínimo ha sido totalmente absurdo y abusivo, mientras que cualquier propuesta tendría que contemplar la eliminación de su indexación; su aumento no es la panacea para resolver problemas de pobreza y distribución inequitativa del ingreso; y que habría que cambiar o eliminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM). Aunque la propuesta de Mancera parece tomar en cuenta todos estos puntos (salvo el hacer algo con la CNSM), habría que reconocer que aun 80 pesos sigue situando a México por debajo de prácticamente todos los demás países. En este sentido, no parece un monto exagerado o que pudiera causar desequilibrios importantes.
¿Tendrá un impacto inflacionario? En la medida en que se introduce una nueva ley para efectivamente eliminar toda indexación y referencia al mínimo, el impacto sobre los precios tendría que ser mínimo, si no es que nulo. No debería traducirse en un aumento en los salarios medios, sino confinarse al mínimo, por lo que afectará en principio solo a los que ganan este salario en el sector formal. La mayoría de los que perciben hasta un salario mínimo trabajan en la informalidad, donde el mínimo no tiene injerencia legal (por algo es el sector informal), sino a lo mucho sirve tan solo de referencia. Posiblemente habrá algún impacto en los salarios informales, sin embargo, no tendría por qué permear demasiado. Por último, el momento de aplicar el incremento es ahora, cuando existe una brecha de producto negativa, que según cálculos del Banco de México deberá perdurar hasta fines de 2015.
¿Qué pasará con la productividad? Uno de los argumentos más utilizados para contener el salario mínimo ha sido que cualquier aumento debe ser resultado de una mejoría en la productividad. No hay duda que este debe ser el caso de los salarios medios, pero hay que tener cuidado en generalizar. En las últimas décadas no ha existido relación alguna entre los aumentos decretos al mínimo y la productividad. El establecimiento de un salario mínimo es una política social y debe estar relacionada con umbrales de pobreza. Si como empresario no podemos justificar pagar un mínimo digno, no merecemos ser empresario. Pagar un salario por debajo del umbral de pobreza no es muy diferente a las condiciones de esclavitud virtual que existían en la época del Porfiriato. El tema del salario mínimo no debe mezclarse con el de productividad, al no ser que fuera demasiado elevado (lo cual claramente no es el caso).
¿Aumentará la informalidad? Posiblemente. De entrada, nadie podrá argumentar que la medida disminuirá la informalidad, ya que representa una barrera de entrada y posiblemente un incentivo para salir de la formalidad. Por lo mismo, la pregunta debe enfocarse a ver si habría tan solo un impacto marginal en la informalidad, o si pudiera ser mucho más significativo. Intuitivamente, creo que sí podríamos ver un incremento marginal en la tasa de informalidad laboral, más por el lado de representar una barrera de entrada, que de una expulsión de la formalidad, siendo que el porcentaje de personas que ganan hasta un salario mínimo en el sector formal es sumamente bajo. Sin embargo, este tema tiene que ser el más preocupante y uno que valdría la pena observar de cerca.
¿Aumentará la tasa de desempleo? Para responder, debemos recordar la estructura del mercado laboral en México. Las tasas de desocupación más bajas son las de los segmentos más pobres y menos educados, que no tienen otra alternativa más que aceptar el empleo que sea y al salario que sea, mientras que las tasas más elevadas pertenecen a las clases medias o superiores con mejor nivel educativo y mayores aspiraciones. Si el sector empresarial formal decide reducir su fuerza laboral, las personas encontrarán una ocupación en el sector informal, posiblemente ganando menos. Significa que podríamos ver una reducción en los ingresos de este segmento de la población y un aumento en la tasa de informalidad laboral, pero no en la tasa de desempleo.
¿Cuál será el impacto neto sobre el bienestar de los mexicanos en los estratos de ingreso más bajos? Posiblemente la pregunta más difícil, ya que habrá ganadores y perdedores. Si los ganadores podrían compensar a los perdedores (teóricamente, claro) y todavía tener una ganancia, la política es deseable para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, aunque el balance fuera positivo, queda claro que seguiremos discutiendo posibles políticas públicas para disminuir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso por muchas décadas en adelante. Ningún país ha resuelto estos problemas con la implementación de un salario mínimo, por más bajo o más alto que se quiera fijar.
¿Cuál debería ser la política del mínimo en el futuro? Queda claro que el manejo actual debe cambiar. No podemos permitir de nuevo una merma continua en su poder adquisitivo. Habría que estar atentos a los posibles efectos nocivos sobre la informalidad, pero los aumentos regulares de aquí en adelante deberán claramente compensar la inflación relevante para los hogares con ingresos menores (la cual no es la inflación general). Por último, insisto en que se debería desaparecer la CNSM.