Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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Desde hace más de una década las autoridades fiscales y monetarias, junto con la propia presidencia de la República, han argumentado que dentro de lo mejor que tiene el país es la estabilidad macroeconómica; lo que llaman buenos “fundamentos económicos”. Esto consistía de una inflación cercana al objetivo del Banco Central, una balanza de pagos sin problemas ni mayor vulnerabilidad, un sistema bancario capitalizado y sin cartera vencida, finanzas públicas sanas y una deuda pública baja como proporción del PIB. Esto debería traducirse en un tipo de cambio estable y tasas de interés relativamente bajas, que a su vez conduciría a un ambiente de confianza, propicio para inducir inversión y generar empleo. Lo único que faltó en esta descripción de un país de maravillas era mayor crecimiento económico. No obstante, nos dijeron que, con las reformas aprobadas, ya estaríamos creciendo por encima de 5 por ciento anual.

De alguna forma u otra, las agencias calificadoras de riesgo-país estaban de acuerdo. Después de la crisis “tequilera” de 1995, Moody’s había mejorado la calificación soberana de México en 6 ocasiones, desde un Ba3 hasta A3, sin bajarla en ni una sola ocasión. S&P lo ha aumentado 5 veces (aunque sí lo bajó una vez en 2009), también para llevarla desde un BB- hasta BBB+. Salvo Chile, México ha sido el país mejor calificado de la región. Desde 2002, las 3 agencias, incluyendo a Fitch, nos han considerado como “grado de inversión”. La crisis de la “gran recesión” fue una prueba severa para México, que libramos muy bien. Incluso, en los 3 años siguientes, de 2010 a 2012, México logró crecer en promedio por arriba de 4 por ciento.

¿Qué fue lo que pasó para que ahora las 3 agencias nos hayan puesto en “perspectiva negativa”? Poco a poco, la estabilidad macroeconómica se ha demolido y ahora está en tela de juicio. No estamos tan mal como para perder el grado de inversión, pero sí para bajar uno o dos peldaños. Tenemos un déficit en la cuenta corriente que permanece por arriba de 3 por ciento del PIB, a pesar de un ajuste en el tipo de cambio que ya supera 50 por ciento. La nueva dirección de la política monetaria de Estados Unidos, hace que nuestra dependencia creciente en la inversión extranjera de cartera nos haga más vulnerables. Tenemos un déficit fiscal elevado, que no ha podido reducir el gobierno, y como consecuencia, una deuda pública creciente que ya cruzó el umbral del 50 por ciento del PIB. Por más promesas que hace la SHCP, sigue subiendo la deuda. No queda claro que los esfuerzos anunciados en el presupuesto para 2017 vayan hacer suficientes. A esta situación, tenemos que añadir el problema escandaloso de la deuda pública estatal.

Ambos desequilibrios han llevado a que las autoridades instrumenten una política económica restrictiva, con miras a reducir el poco crecimiento económico que tenemos. Al mismo tiempo, es casi un hecho de que la inflación seguirá en aumento, posiblemente terminando el año entrante por encima de techo del rango de variabilidad. También enfrentamos la posibilidad de que la SHCP tenga que anunciar más recortes al gasto, lo cual complica todavía más el escenario.

La situación ha derivado en una crisis de confianza, en la cual el consumidor ya ve con mayor pesimismo la situación económica actual y futura del país, a tal grado que nunca antes (desde que existe el indicador) hemos visto la economía con tanto pesimismo. La inversión se ha enfrenado, las exportaciones disminuyen, el gasto público se estrecha y el consumo de los hogares (lo único que crece) ya muestra signos de desaceleración. Pero no le podemos echar la culpa a Trump, porque todo esto era lo que teníamos antes de las elecciones del 8 de noviembre pasado. Con Trump en la mira, ahora tenemos más volatilidad cambiaria, menores flujos de capital de inversión extranjera, mayor traspaso del tipo de cambio hacia la inflación, mayores alzas en la tasa de política monetaria y menor inversión privada ante la incertidumbre creciente. Todo lo anterior se va derivar en menos crecimiento económico, menor generación de empleo, mayor informalidad y una brecha laboral creciente.

Si era cierto que nuestra fortaleza era la estabilidad económica, estamos viendo cómo se desmorona. En parte, ha sido resultado de un entorno externo desfavorable, pero también de una política económica equivocada.

La SHCP entregó el paquete económico para el presupuesto 2017 al Poder Legislativo hace 3 semanas y ahora se encuentra bajo estudio para el proceso de aprobación. En las comparecencias los funcionarios han dicho que se construyó con 3 principios fundamentales: realismo, equidad y responsabilidad, mientras que las finanzas públicas están sanas y bien estructuradas. Sin embargo, un examen a fondo hace dudar de lo mismo. Si se aprueba tal cual, es casi un hecho de que tanto Moody’s como S&P bajarán la calificación de riesgo soberano del país. ¿Por qué?

Primero el realismo. ¿Es realista un tipo de cambio promedio de 18.20 pesos para 2017? El promedio para las primeras 3 semanas de septiembre ya se ubica por encima de 19 pesos, mientras que es posible que registre 20 ya en octubre. En el corto plazo tenemos la incertidumbre del proceso electoral de Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal aumente de nuevo su tasa en diciembre. Una victoria de Trump implicaría un golpe severo al tipo de cambio, mientras que un aumento en la tasa de fondos federales simplemente traslada la preocupación a la fecha del próximo aumento. En el mediano plazo, tenemos un déficit en la cuenta corriente que permanecerá por arriba de 3 por ciento del PIB. Esto significa que se mantendrán las necesidades de mayor financiamiento en la cuenta financiera de la balanza de pagos en un entorno en que la política monetaria de Estados Unidos se encamina a reducir la gran liquidez de años anteriores. ¿Qué motivará la supuesta apreciación del peso? Más bien todo apunta a que la depreciación continuará.

¿Cuál es el riesgo de una mayor depreciación a la contemplada? Según la SHCP una moneda más débil aumenta “los ingresos petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada a las exportaciones de crudo netas de importaciones de hidrocarburos”, al mismo tiempo que aumenta “el servicio de la deuda denominada en moneda extranjera.” El efecto combinado de una depreciación de 2 pesos más que lo estimado en el presupuesto sería de 0.2 por ciento del PIB. También, al sobreestimar el crecimiento económico de 2016 es equivalente a subestimar los ingresos tributarios de 2017, que se calcula en casi 0.1 por ciento del PIB adicional. Aparentemente, el paquete tiene esta subestimación para contrarrestar cualquier aumento adicional en la tasa de interés, ya que sólo se contempla un aumento de 50 puntos base de aquí a fin de 2017. En otras palabras, es un presupuesto amañado a propósito para generar mayores ingresos de los presupuestados, para tener más gasto discrecional (como todos los años).

Segundo, la equidad. ¿Es equitativo recortar la administración central, mientras que aumentan las participaciones a estados y municipios y al Poder Legislativo? Creo que todos estaríamos de acuerdo en que el gasto menos transparente y más ineficiente es el que ejerce los gobiernos locales. Es donde hay más corrupción y menos control. En todos los casos, ¿no debería ser al revés?

Tercero, la responsabilidad. ¿Responsabilidad significa permitir que la deuda pública permanezca por arriba del 50% del PIB? ¿Es responsable subestimar los ingresos para gastar más que lo aprobado? Hay que recordar que año tras año el gobierno siempre ha gastado más de lo presupuestado. En los 4 años de este sexenio, se ha gastado en promedio casi 2 puntos porcentuales del PIB más que lo aprobado por año. También hay que recordar que el gobierno ha prometido contener la deuda pública en cada uno de los últimos 4 años sin haberlo logrado. ¿Por qué vamos a creer que ahora sí?

Por último, ¿están sanas y bien estructuradas las finanzas públicas? La estructura refleja un gasto no programable muy elevada, participaciones inflexibles y la necesidad de enfocar recortes en el gasto de inversión. En buena parte la estructura rígida del gasto refleja la dificultad de contener el gasto (a pesar de ingresos tributarios en máximos históricos), por lo que terminamos siempre con mayor endeudamiento. Por ejemplo, el ejercicio del presupuesto “base cero” que se aplicó hace un año fue prácticamente inútil. No es sano permitir que aumente la deuda pública en casi 15 puntos porcentuales del PIB en tan poco tiempo.

En conclusión, el presupuesto no es muy realista, ni responsable, ni equitativo, ya que partimos de finanzas públicas mal estructuradas y ya no tan sanas.

Criterios Generales

Septiembre 19th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

A los escasos 24 horas después de haber asumido el puesto, el nuevo Secretario de SHCP entregó al Poder Legislativo los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2017, junto con el resto del paquete que comprende el presupuesto para el año entrante. No sabemos si está de acuerdo o no con la propuesta, pues queda claro que no tuvo nada que ver en su elaboración. De entrada, no parece ser suficiente para contrarrestar el aumento anual en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) y así evitar que Moody’s y S&P disminuyen la calificación de riesgo soberano. Debemos recordar que, en cada año de este sexenio, el gobierno federal no ha cumplido con las metas de reducción del SHRFSP como proporción del PIB. De hecho, la última estimación para 2016 es de 50.5 por ciento del PIB, 14.2 puntos porcentuales por arriba de lo que el gobierno se comprometió originalmente en los CGPE de 2013 para este año.

El proceso de saneamiento de las finanzas públicas plantea una reducción en el gasto programable de 1.5 puntos porcentuales del PIB, principalmente mediante una reducción en el gasto de capital. Básicamente no hay recortes estructurales ni sacrificios en los renglones importantes. Una buena parte de la reducción se verá neutralizada por un aumento en el gasto no programable (0.6 puntos porcentuales) y una disminución en los ingresos presupuestarios (0.5 puntos). Finalmente, al considerar que no se contará con un remanente de operación del Banco de México, la reducción en los RFSP para 2017 será de tan solo 0.1 por ciento del PIB. Los CGPE mantiene que será suficiente para reducir el SHRFSP como proporción del PIB en 0.3 puntos porcentuales, que de entrada se antoja como muy poco. Sin embargo, estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señalan que más bien el SHRFSP aumentará casi tres puntos porcentuales. Más bien, su análisis encuentra que para que no se incremente la deuda como proporción del PIB se necesita una reducción adicional en programas no prioritarios de alrededor de 220 mil millones de pesos, necesarios para obtener un superávit primario de 1.5 puntos porcentuales del PIB.

Hay un problema adicional en la programación financiera de los CGPE para 2017. Parte del supuesto de que la economía terminará creciendo este año 2.4 por ciento. Sin embargo, para llegar a esta cifra, necesitaremos una recuperación sustancial en la actividad económica en la segunda mitad del año, algo que no se ve inminente. Se ve mucho más realista el intervalo del Banco de México de 1.7 a 2.5 por ciento (punto medio 2.1 por ciento), ya que las perspectivas actuales apuntan a una alta probabilidad de no llegar a 2.0 por ciento. Incluso si comparamos los números de ahora con la propuesta de pre-criterios de apenas hace cinco meses, no parece hacer sentido. El gobierno revisa a la baja el crecimiento del PIB para 2016 en tan solo 0.2 puntos porcentuales, como resultado de una reducción en las exportaciones de 2.0 puntos, menor consumo de 0.5 puntos y menos inversión de 1.7 puntos. Como que no cuadran estos números. ¿Cuál es el problema? Resulta que 2016 es la base de comparación para 2017. Si crecemos menos este año, necesitaremos crecer mucho más el año entrante para llegar al estimado del PIB que propone la programación financiera para obtener los ingresos presupuestarios estimados.

Tal como está planteado el presupuesto apunta a que no será suficiente como revertir la tendencia de deuda pública. De ser cierto, es casi un hecho de que tanto Moody’s como S&P bajaran la calificación de riesgo soberano del país. Mayor deuda con una calificación más baja implicaría que aumentaría el costo financiero de la deuda aún más de lo que se tiene programado; de por sí, los CGPE para 2017 prevé un incremento de 2.4 a 2.8 por ciento del PIB en este rubro. De aprobarse el presupuesto tal como está planteada corre el riesgo de que el gobierno tendrá de implementar recortes adicionales al gasto en el transcurso del año.

Probablemente lo más decepcionante de los CGPE es la admisión de que el crecimiento económico será de tan solo 2.5 y 3.0 por ciento para 2017 y 2018, respectivamente. De ser cierto, el crecimiento promedio anual del sexenio terminará en 2.2 por ciento, no muy diferente a los doce años anteriores (con todo y reformas estructurales).

Cuatro Años

Septiembre 6th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

Mañana, 1 de septiembre, el Ejecutivo entregará su Cuarto Informe al Poder Legislativo. Al quien se toma la molestia de leerlo, seguramente encontrará puras maravillas. Sin embargo, sabemos que han sido cuatro años muy difíciles, de escasos logros y de muchos retrocesos. Por ejemplo, hace una semana el INEGI informó que había disminuido el PIB en el segundo trimestre respecto al primero, lo cual convirtió al periodo en el segundo peor del sexenio. Sin embargo, la SHCP presumió que el trimestre tuvo el mejor desempeño para un segundo trimestre desde 2012, claro mediante la trampa de incluir efectos de calendario y estacionalidad.

En el terreno político, tenemos una presidencia con la aprobación más baja en la historia, resultado de los múltiples escándalos de la Casa Blanca, Malinalco y el plagio de la tesis, en conjunto con eventos trágicos como Ayotzinapa y Apatzingán (y varias más), la fuga del Chapo, la vacilada de Virgilio Andrade y hasta la ratificación de Alfredo Castillo. Pero posiblemente ha pesado más la continua inseguridad y la impunidad rapante ante la corrupción extendida. Sin embargo, dejó el análisis de estos temas a mis colegas politólogos.

En el terreno económico, las noticias son peores. El crecimiento promedio anual de los cuatro años se ubica por debajo del promedio de los tres sexenios anteriores. Sin embargo, cada uno de los anteriores se enfrentó a una gran crisis: el “tequilazo” de 1995, la recesión de 2001-2002 y la gran recesión de 2008-2009. A pesar de no haber entrado en recesión este sexenio, el promedio no alcanza los anteriores que sí tuvieron. La herida se siente peor ante la promesa de crecer más del 5 por ciento con las reformas estructurales (o ya de perdida 3.5 por ciento sin reformas).

El gobierno ha presumido de la creación de empleo y la disminución en el desempleo. De hecho, la tasa de desempleo urbano de julio de 4.41 por ciento no solamente es la más baja del sexenio, sino la menor desde mayo de 2008. El problema es que el desempleo abierto nunca ha sido el problema laboral más apremiante del país; lo es el empleo precario y mal remunerado. Por ejemplo, la tasa de condiciones críticas de ocupación en mayo de este año registró su nivel más elevado desde mayo 2005, por arriba incluso del pico observado en la gran recesión de 2008-2009. La ENOE confirma que la gran mayoría de los empleos creados en los últimos años son de dos salarios mínimos para bajo. La misma encuesta muestra que el ingreso laboral real se ubica por debajo de los niveles observados a lo largo de los últimos ocho años (a pesar de una muy pequeña recuperación en 2015).

Una de los aspectos económicos que han presumido los últimos tres gobiernos es la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la empresa calificadora Moody’s puso a México en “perspectiva negativa” en marzo, mientras que S&P hizo lo mismo en agosto, ambos cuestionando los desequilibrios macroeconómicos que se han ido formando en los últimos dos años y empeorando en 2016. Después de promediar 1.1 por ciento entre 2003 y 2013, el déficit en cuenta corriente superará 3.0 por ciento del PIB este año, a pesar de haber acumulado una depreciación significativa de la moneda. El incremento de aproximadamente 45 por ciento en los últimos dos años en el tipo de cambio es por mucho el ajuste más grande que se ha observado para un periodo similar desde que existe el régimen cambiario actual. Finalmente, el déficit fiscal tradicional como porcentaje del PIB de 2015 fue el más abultado desde 1990. Esto ha llevado a que la deuda pública como porcentaje del PIB se ubica más de 20 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2007.Los desequilibrios macroeconómicos se han acentuado a tal grado que las autoridades se han visto ante la necesidad de aplicar políticas fiscal y monetaria restrictivas a pesar de que la inflación se encuentra por debajo de su objetivo y que existe una brecha negativa del producto (estamos creciendo por debajo del potencial).

Por último, tenemos el logro de que la inflación registró su mínimo histórico a finales del año pasado y que liga 15 meses por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, se empieza a cuestionar la medición de la inflación, ya que cada vez más no corresponde a lo que enfrentamos, tema que abordaremos la próxima semana.

Foco Rojo

Junio 1st, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

A pesar de tener una tasa de crecimiento del PIB muy bajo, una de las características principales de la economía mexicana desde hace aproximadamente 15 años ha sido su estabilidad macroeconómica. De 2001 a la fecha, la inflación promedio anual ha sido de 4.2 por ciento. De 2001 a 2008, el balance público tradicional mantuvo un promedio de -0.3 por ciento del PIB (de hecho, es el mismo promedio desde 1993 a 2008). El balance de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos sostuvo un déficit de -1.1 por ciento del PIB de 2003 a 2012. La disciplina fiscal, el régimen cambiario de flotación y una política monetaria autónoma y bien dirigida, se combinaron para forjar una estabilidad fundamental. En reconocimiento, las agencias calificadoras otorgaron el grado de inversión a México a partir de 2000 (BBB-) y desde entonces hemos subido dos peldaños a BBB+. Incluso, en febrero de 2014 Moody’s nos otorgó la calificación de A3, que corresponde a un nivel alto/mediano, de bajo riesgo de crédito, considerado como “Prime-1/Prime-2”.

No obstante, en marzo Moody’s nos puso en “perspectiva negativa”, que significa que estará contemplando bajar nuestra calificación a Baa1, de nivel mediano, que implica la existencia de algunos elementos especulativos y riesgo de crédito moderado, ya no bajo. ¿Por qué? La razón principal citada fue la trayectoria del déficit y deuda pública, que en los últimos años se ha apartado del buen manejo de unas finanzas públicas sanas. En cuatro años, la deuda pública ha aumentado más de diez puntos porcentuales del PIB y está ya muy cerca de rebasar el umbral de 50 por ciento. De 2009 a la fecha el promedio del balance público tradicional subió a -2.7 por ciento del PIB, siendo que el año pasado llegó a -3.5 por ciento. Sin embargo, si tomamos los requerimientos financieros totales del sector público, la cifra rebasa cuatro por ciento. Queda claro que se ha perdido el buen manejo de las finanzas públicas, que nos había caracterizado en años anteriores.

Pero las finanzas públicas sanas es solo un aspecto. Desde 2013 a la fecha, el promedio del déficit de la cuenta corriente también ha aumentado a -2.4 por ciento del PIB, siendo que en 2015 registró -2.8 por ciento. El último cálculo oficial (Pre-criterios de abril) es que este año aumentará a -3.1 por ciento del PIB y en un descuido podría ser todavía mayor. Poco a poco nos estamos acercando a los niveles del déficit “benigno” de Pedro Aspe, que mantuvo un promedio de -4.3 por ciento entre 1990 y 1994, y que nos llevó a una de las peores crisis en nuestra historia moderna.

Por lo pronto, el déficit acumulado de la balanza comercial en los primeros cuatro meses del año (de 6 mil millones de dólares) es el más elevado para un comienzo de año de toda nuestra historia. Las exportaciones automotrices han dejado de crecer desde mediados del año pasado, mientras que las no automotrices manufactureras llevan más de año y medio con una tendencia negativa. La combinación con la caída en el volumen y precio de exportación de petróleo sigue restando ingresos al país: en el primer trimestre de 2016 las exportaciones totales disminuyeron más que cualquier trimestre desde el primero de 2009 en la Gran Recesión. Todo esto, a pesar de una depreciación acumulada del peso que ha llevado al tipo de cambio a subir 48 por ciento en casi dos años.

La vulnerabilidad de un déficit abultado es mayor cuando se considera que la cuenta financiera empieza a registrar menos flujos de capital. La nueva dirección de la política monetaria de la Reserva Federal es similar a la que ocurrió en 1994, cuando se tuvieron que utilizar las reservas internacionales para financiar el déficit de la cuenta corriente y terminamos sin reservas. Hoy tenemos un régimen cambiario distinto, que en principio debe ajustarse para instaurar cierto equilibrio. El problema es que el ajuste no ha funcionado a la fecha y el déficit sigue creciendo.

Tanto las finanzas públicas como la balanza externa se han deteriorado en estos años. Todavía no llegan a niveles de inminente peligro, pero ya preocupa la trayectoria. Un Moody’s nos vigila. ¿Las demás calificadoras? ¿El FMI? ¿El Banco de México? ¿La SHCP? Todavía están a tiempo de tomar medidas más energéticas. ¿Lo harán?

Después de permanecer mucho tiempo fluctuando alrededor de los 13 pesos por dólar, desde de mediados de octubre del año pasado el tipo de cambio (“fix”) ha mostrado una tendencia al alza y mucho más volatilidad. Hace una semana y media registró un nuevo máximo histórico de 15.6958 pesos, que lo situó un poco más de 20 por ciento por arriba de los niveles observados hace ocho meses. Cuando se observó la depreciación en un principio, la mayoría de los analistas anticipaban que el tipo de cambio bajaría pronto, ya que los movimientos parecían obedecer más a expectativas e incertidumbre relacionada con las intenciones de la Reserva Federal, más que a cambios en los flujos efectivos de divisas. Sin embargo, no hubo tal apreciación y ahora la expectativa es de que permanezca en los niveles actuales, con posibles episodios de mayor volatilidad en los próximos meses.

Queda claro que más que una debilidad del peso frente al dólar, los movimientos obedecen al fortalecimiento del dólar respecto a la gran mayoría de monedas del mundo. Incluso, el peso se ha apreciado contra muchas otras monedas, por lo que su debilidad es totalmente relativa. En ocasiones anteriores, una depreciación significativa del peso se traducía (después de cierto lapso) en una mejoría en las exportaciones. Sin embargo, no queda tan claro cuál terminará siendo su efecto en esta ocasión, dado que si bien ganamos competitividad respecto al dólar, muchas otros países han ganado respecto a nosotros.

Resulta interesante la depreciación, ya que no se han observado grandes cambios en los flujos comerciales y financieros con el exterior. Si bien han disminuido las exportaciones petroleras, los dólares que obtiene Pemex no pasan por el mercado cambiario, sino se venden directamente al Banco de México. Aunque los flujos financieros (inversión extranjera de portafolio) han disminuido, tampoco se ha observado salidas masivas de capital. Obviamente han influido mucho las expectativas, pero ¿qué más está detrás de la determinación del tipo de cambio? Para contestar la pregunta, vale repasar ciertos hechos estilizados del peso mexicano.

De entrada, nuestra moneda se ubica entre las diez más intercambiadas en el mundo; parece ser que fluctúa entre el sexto y octavo lugar. No obstante, es la de mayores transacciones de cualquier país emergente. Me dicen que en un día normal se intercambian entre 10 y 15 mil millones de dólares, aunque algunos me comentan que el monto es todavía mayor. Esto significa que en un par de días se realizan transacciones con el peso equivalentes a un mes completo de nuestras exportaciones totales.

¿Por qué? Primero, al ser un país muy abierto, existe un intercambio comercial muy grande con el resto del mundo. Esto significa que existe mucha liquidez de pesos en los mercados. Por ejemplo, las exportaciones mexicanas superan el 70 por ciento de todas las exportaciones de América Latina. Segundo, México es una economía muy bien calificada a nivel de riesgo-país. Moody’s lo califica con el equivalente a un “A-”, por arriba de la mayoría de los países emergentes. Aunque Chile tiene mejor calificación, su moneda no tiene la liquidez ni el tamaño de mercado para ser relevante. Por ejemplo, México pertenece al World Government Bond Index (WGBI), junto con otros 21 países desarrollados, justamente por la relación de liquidez y riesgo/rendimiento que ofrecen nuestros bonos.

¿Esto qué significa? Que nuestra moneda es utilizada por muchos otros países para operaciones de derivados, coberturas, opciones, futuros, forwards, etc., que poco tienen que ver con nuestra economía per se. Se estima que más del 60 por ciento de todas las operaciones del peso se realiza fuera del país y por motivos ajenos a nuestros flujos comerciales y financieros. En otras palabras, por las características de nuestra moneda se utiliza para muchas transacciones internacionales independientes a nuestra economía; en buena medida, la determinación del tipo de cambio del peso mexicano no es endógena al país.

Al final de cuentas, nuestra moneda opera en diferentes mercados, cada uno con su propia oferta y demanda. Por ejemplo, el mercado de billetes en las casas de cambio en el aeropuerto maneja un tipo de cambio diferente al mercado al mayoreo interbancario o al de documentación en los bancos. Igual sucede con las operaciones de futuros en Chicago. Aunque hay vasos comunicantes entre estos mercados, cada uno tiene su propia dinámica. Pero en buena medida, esto significa es que la Comisión de Cambios tiene menos injerencia en el mercado de lo que pensamos.

Los últimos tres gobiernos iniciaron el sexenio prometiendo encauzar reformas estructurales que nos ayudarán a crecer más. Pero a diferencia de Fox y Calderón que no cumplieron, Peña Nieto construyó el Pacto para México, que produjo alrededor de una decena de reformas. Ahora sí, México debe crecer mucho más, ¿o no?
Claramente, no queda claro. Al iniciar la administración actual, la Secretaría de Hacienda dijo que el crecimiento “inercial” (sin reformas pero con un entorno externo favorable) era alrededor de 4.0 por ciento. En cambio, si se aprobaran todas las reformas estructurales que iba a proponer el Poder Ejecutivo, el crecimiento sería superior a 5.0 por ciento anual. En su momento, se dijo que en 2013 creceríamos 3.5 por ciento; en 2014 cerca de 4.0 por ciento; en 2015 ya con las reformas en marcha, 4.7 por ciento; y a partir de 2016 más de 5.0 por ciento promedio anual. En ese momento, el crecimiento promedio anual del sexenio (con reformas) estaba proyectado en 4.6 por ciento, lo doble del observado en los 30 años anteriores.
Dos años después, el gobierno puede presumir el logro de todas las reformas, incluyendo las leyes secundarias correspondientes y un entorno externo favorable, por lo que podemos descartar el escenario inercial. Sin embargo, ahora el gobierno nos dice que el crecimiento de 2015 será 2.7 por ciento, muy por debajo de su proyección original. Aun en el caso de que se logré crecer 5.2 por ciento en promedio en los últimos tres años del sexenio, el promedio no alcanzará la tasa prometido de 4.6 por ciento, sino apenas 3.7 por ciento. En otras palabras, el promedio del sexenio terminará por debajo del crecimiento inercial de 4.0 por ciento con todo y reformas.
Sin embargo, debemos considerar las proyecciones del gobierno como el escenario optimista, el cual no queda claro que se vaya materializar. Prácticamente todas las proyecciones de las instituciones financieras, analistas privados y organismos internacionales apuntan hacia un crecimiento mucho menor. Hasta ahora, no me acuerdo de una sola institución (fuera del gobierno) que anticipa un escenario similar al oficial.
Por ejemplo, tomemos el caso de Moody’s Investor Service, la empresa calificadora internacional de mayor prestigio mundial. Sin lugar a dudas, ve las reformas estructurales como algo positivo, que va a mejorar las posibilidades de crecimiento económico en el futuro. Las ve como un quiebre histórico que aumenta la habilidad y capacidad del país para crecer. Implican un cambio de reglas que remueve o por lo menos reduce las barreras de entrada a muchos mercados. Existe ahora una expectativa de mayor inversión y fortaleza económica que incrementa el crecimiento potencial en alrededor de un punto porcentual completo. Entonces, ¿cuál es el problema?
La estimación de Moody’s del crecimiento potencial antes de las reformas era de 2 a 3 por ciento. Gracias a la aprobación de las mismas, ahora se eleva a un rango de 3 a 4 por ciento. En otras palabras, la estimación inercial original del gobierno mexicano era demasiado optimista, casi dos puntos porcentuales por encima de la proyección de Moody’s. El Fondo Monetario Internacional (FMI) opina igual, al decir que las reformas estructurales de México suben su crecimiento potencial de 2.5 por ciento a 3.5 por ciento. En otras palabras, necesitamos mucho más que reformas para crecer en forma sostenida por encima de 5 por ciento.
Otra promesa modificada del gobierno gira en torno a los plazos en que se podrá apreciar el mayor potencial de las reformas. Hace un par de años, nos dijeron que ya a partir de 2015 (sino es que antes) íbamos a experimentar mayor crecimiento. Ahora nos dicen que no será hasta 2016. Sin embargo, el consenso apunta hacia un horizonte de mucho mayor largo plazo. De nuevo, Moody’s habla de tres etapas en un escenario “post-reformas”: la primera es de la aprobación, tanto de reformas como de leyes secundarias de 2013 a 2014. Aquí hubo un grado mayor de pesimismo y escepticismo, combinado con la resaca del cambio de sexenio y la reforma fiscal, cuyo resultado fue crecimiento por debajo del potencial inercial. La segunda etapa, de 2015 a 2017 es de un cierto regreso a la normalidad, cuyas características principales son de absorción, entendimiento y de aprovechamiento inicial, por lo que podemos describir a esta etapa como de transición. En estos años, el crecimiento promedio andará entre 3 y 4 por ciento. Finalmente, tenemos la etapa final de consolidación, a partir de 2018, que debería traducirse en mayor inversión y crecimiento continuo. Si todo marcha bien, alcanzaremos la parte superior del nuevo rango al crecer alrededor 4 por ciento a partir de 2018.
Pensemos en un escenario un poco más optimista que el de Moody’s, pero sin ir al extremo del gobierno. Creo muy factible crecer alrededor de 4 por ciento promedio en la segunda mitad del sexenio, con algún que otro año incluso por encima de 5 por ciento. ¿Por qué no? Ya lo hemos logrado en muchas ocasiones: en los últimos 20 años hemos crecido por lo menos 5.0 por ciento en cinco ocasiones (1996, 1997, 2000, 2006 y 2010). Sin embargo, el verdadero reto no es crecer por encima de 4 o 5 por ciento en un año dado, sino mantener un promedio superior a 4 sin nunca crecer menos de 3 por ciento. Para esto, necesitamos construir la habilidad de que la economía interna pueda crecer sanamente independientemente del entorno externo.

Después de crecer 4.3 por ciento anual por tres años, la actividad económica mexicana se desaceleró significativamente en 2013 para alcanzar apenas una tasa de 1.1 por ciento. Fueron muchos los factores, tanto externos como internos, que contribuyeron al mal desempeño. Una menor demanda por nuestras exportaciones en el exterior, la cancelación de cuotas de exportación de automóviles a Brasil y Argentina, una disminución pronunciada en las remesas y la recesión de Europa fueron algunos de los elementos externos. Mientras tanto, la crisis de la construcción, el menor gasto público, un desabasto de gas, inundaciones, incertidumbre en torno a las reformas estructurales y un deterioro acumulado en el poder adquisitivo de los hogares, fueron las causas internas.

A estas alturas, algunos analistas han querido concentrar la culpa en factores internos y más concretamente, en acciones del gobierno. Sin embargo, sí hubo una visible desaceleración en el crecimiento económico de Estados Unidos (de 2.8 por ciento en 2012 a 1.9 por ciento en 2013) y específicamente en su producción manufacturera, que creció 2.2 por ciento en 2013 después de haber logrado una tasa de 3.9 por ciento en el año anterior. Esto contribuyó a que nuestras exportaciones no petroleras, que representan el motor principal de crecimiento de la economía mexicana, crecieran 4.0 por ciento el año pasado, menos de la mitad de la tasa de 8.5 por ciento de 2012.

Dado que prácticamente todos los economistas que siguen de cerca la economía de Estados Unidos vaticinan una mejoría para este año, es de esperarse que nuestras exportaciones podrán recuperar su dinamismo. Europa parece salir de su recesión, mientras que la OCDE y el FMI ven mayor crecimiento mundial en 2014. Este mejor escenario implica de entrada que deberíamos tener más crecimiento este año. ¿Pero qué tanto es tanto?

Cuando una economía se desacelera visiblemente o entra en recesión, es muy factible que el siguiente año se presenta más crecimiento por la base reprimida de comparación, algo así como un efecto rebote. Esto significa que podemos esperar una mejoría en el desempeño de la actividad económica este año simplemente por inercia. La mejoría del entorno externo y un pequeño efecto rebote nos debería marcar un piso en el crecimiento para este año alrededor de 3.0 por ciento, que podemos llamar el “crecimiento inercial”. Para poder crecer más del 3 por ciento, necesitaremos de ciertos impulsos, principalmente internos.

Los primeros impulsos podrán venir de una recuperación en el sector de la construcción, que se divide principalmente en tres segmentos: edificación, obras civiles y de infraestructura y trabajos especializados. La edificación fue afectada adversamente desde mediados de 2012 cuando el gobierno decidió suspender los subsidios que otorgaba a la vivienda de interés social. El problema central radicaba en que se apoyó la construcción de casas habitación horizontal en zonas alejadas de centros de trabajo, sin la infraestructura necesaria y con escasos servicios de esparcimiento. El resultado fue un abandono masivo de estos hogares y un fracaso en el impulso del sexenio pasado a este tipo de vivienda. A mediados de 2013, el nuevo gobierno modificó la ley (que entra en vigor a principios de 2014) para ahora impulsar la vivienda vertical, ubicada en lugares con mayor demanda laboral. Esto significa que pronto se debería observar una reanudación en la edificación de viviendas, aunque a un paso más moderado que el que hubo en años anteriores.

El segundo segmento de la construcción, el de obras civiles y de infraestructura, está íntimamente ligado a la inversión pública. Desde mediados de 2012, el gobierno saliente disminuyó el gasto, mientras que en 2013 el gobierno entrante no lo supo activar a tiempo. El resultado fue una subejercicio del gasto público en la primera parte del año y una disminución en la inversión pública en todo 2013. No obstante para 2014 el gobierno plantea aumentar significativamente su gasto vía un déficit fiscal visiblemente mayor a otros años, por lo que es de esperarse un incremento en la inversión destinada a obras civiles y de infraestructura.

El tercer segmento, trabajos especializados de construcción, representa esfuerzos de autoconstrucción y remodelación, que se encuentran correlacionados a la entrada de remesas. Muchos hogares no solo utilizan las remesas como complemento de sus ingresos para consumir más, sino también para invertir en sus casas. Las remesas empezaron a disminuir a mediados de 2012 a la par con una disminución en este tipo de trabajos. Sin embargo, parecen haber tocado fondo hacia fines del tercer trimestre y ahora se prevé una recuperación. Esto significa que deberíamos esperar un desempeño positivo en 2014, aunque no necesariamente muy dinámico, en el sector de la construcción en su conjunto, después de un año excepcionalmente malo.

La verdadera incógnita radica en el efecto de las diez reformas estructurales que se emitieron en 2013 y que deberíamos ver aprobado las leyes secundarias faltantes a mediados de 2014. El gobierno estima que estas deberían empezar a impulsar el crecimiento este año hacia una tasa cercana a 4 por ciento y llegar acerca a 5 por ciento en 2015. No obstante, esta visión no es compartida por la mayoría de los analistas, que ven mucho menos crecimiento en el corto plazo y un impulso mucho más moderado en los siguientes años.

Parte del problema es la reforma fiscal, que en vez de ser un factor positivo para la actividad económica, ya sido un verdadero dolor de cabeza para el sector privado empresarial y para los hogares. La reforma fue básicamente recaudatoria, no creo incentivos importantes para combatir la informalidad, quitó incentivos a la inversión y no fue equitativo al buscar que pagaran más los que más pagaban antes. Restó poder adquisitivo a muchos segmentos de la población al incrementar impuestos a ciertos productos y subir el IVA cinco puntos porcentuales en las zonas fronterizas del país. Redujo el ingreso personal disponible de muchos hogares al incrementar el impuesto sobre la renta y disminuir las deducciones. Eliminó la deducibilidad inmediata a las inversiones, impuso impuestos temporales a las empresas maquiladoras y complicó aún más el pago de impuestos para los contribuyentes menores.

Todos estos efectos recesivos deberán restarle dinamismo a la actividad económica, en especial al comienzo del año. Los primeros datos disponibles de enero señalan un desplome en la confianza del consumidor, casi nula creación de empleo permanente y un aumento significativo en la inflación. Es de esperarse que la actividad económica permanezca estancada en los primeros meses, para posteriormente iniciar una recuperación lenta. Sin embargo, dado que las repercusiones fiscales son distintos dependiendo del tamaño de la empresa y del giro del negocio, se recomienda que cada negocio busque una asesoría fiscal especializada para entender bien sus opciones. La incertidumbre sobre la economía a corto plazo prevalece, por lo que se dificulta la toma de decisiones en materia de inversiones. Esto significa que deben permanecer sumamente cautelosos y todavía cuidar los niveles de inventarios.

Aunque los riesgos externos prevalecen, el balance ha mejorado. Hace seis meses, preocupaba el posible cambio en la política monetaria de Estados Unidos, ya que México había recibido enormes recursos del exterior (capital de portafolio), que en un momento dado podrían revertirse, con un efecto mayor en el tipo de cambio y alzas en las tasas de interés. En este lapso de tiempo, la Reserva Federal ya anunció cómo irá modificando poco a poco su esquema de inyección de liquidez a los mercados. La buena noticia es que México parece ser de los países emergentes menos afectados, ya que mientras casi todos los demás han sufrido una depreciación significativa en sus monedas, el peso mexicano se mantenido relativamente estable. La empresa clasificadora de riesgos, Moody’s, anunció hace poco que mejoraba la calificación de México, reconociendo una mejoría notable en la relación riesgo/rendimiento del país. Sin que sea una garantía, esta acción disminuye el riesgo que México enfrenta al revertir las políticas monetarias de expansión.

Hace como año y medio surgió en los medios internacionales la idea de que México era uno de los países emergentes que más prometía en términos de crecimiento económico y potencial de desarrollo. Como ya es conocido, se bautizó como el “momento México”. No obstante, con el paso del tiempo y ante los resultados tan negativos del 2013, enfrentó una oleada de críticas hasta que el concepto desvaneció. La economía mexicana entró en un estancamiento, al borde de una posible recesión, a causa de múltiples factores tanto externos como internos. Muy arriba en la lista de las causas, se ubicó primero el proceso de consolidación fiscal y después el subejercicio del gasto público, que condujo a una disminución significativa en la inversión pública. Si bien, no podemos culpar totalmente al gobierno, el mal manejo de la política fiscal contribuyó al mal desempeño económico.

Parece ser que el gobierno se olvidó del corto plazo, para enfocarse en la aprobación de las famosas reformas que le darían a la economía lo que tanto ha faltado en las últimas décadas: la habilidad de crecer más y en forma sostenida. Pero de paso, consiguió que una de las reformas fuera inmensamente impopular, con claros efectos recesivos y de merma del poder adquisitivo. El desplome en la confianza del consumidor en enero fue una clara y directa repercusión de esta reforma recaudatoria, cuyo efecto sobre la actividad económica en 2014 solo podrá ser negativa. La última encuesta de BGC muestra que el porcentaje de personas que están en desacuerdo con la manera en que está gobernando el presidente (61 por ciento) representa la mayoría por primera vez en los últimos cuatro sexenios. El disgusto interno difícilmente podría ser peor.

Sin embargo, la visión externa es otra; el “momento México” ya está de regreso. Los ejemplos abundan: Moody’s subió nuestra calificación a “A3”; la revista Banker’s piensa que nuestro Secretario de Hacienda es el mejor del mundo; la revista Time consagra a nuestro presidente en su portada casi como el nuevo Mesías. En todos los casos, la razón fundamental es la aprobación de las diez reformas estructurales, que era la recomendación de la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y quién sabe que otras instituciones, para que México pudiera crecer más. Pues, ¿qué tanto más vamos ahora a crecer?

Si examinamos las proyecciones de crecimiento económico de todas las encuestas de expectativas, la respuesta es contundente: no mucho. El principal punto de comparación es la estimación realizada por la SHCP del crecimiento “inercial”, es decir, lo que piensa que hubiera sido el crecimiento sin la aprobación de las reformas. El promedio de los siguientes seis años es 3.6 por ciento; en 2014 sería 3.5 y en 2015 3.8, para después disminuir un decimal cada año hasta llegar a 3.5 por ciento en 2018 y 2019.

Empecemos con el FMI, uno de las instituciones internacionales con más economistas dedicados a estudiar las perspectivas macroeconómicas de los países en función de sus políticas. Su estimación para 2014 y 2015, respectivamente, es de 3.0 y 3.5 por ciento, es decir, por debajo del crecimiento inercial. Implícitamente, el FMI nos dice que tendremos menos crecimiento a raíz de las reformas. La última encuesta de expectativas de Banamex, que pide proyecciones a las instituciones financieras que mayor prestigio y que tiene que ser de las más actualizadas (se lleva a cabo cada 15 días), anticipa 3.4 y 3.9 por ciento, que es igual al promedio inercial para estos dos años. Al final de cuentas, todas las encuestas señalan lo mismo. El consenso de los consensos, que es el promedio de ocho encuestas e instituciones (IMEF, FMI, Banco Mundial, LatinFocus, Consensus Economics, EMED, Banxico y Banamex) arroja crecimiento de 3.4 para 2014 y 3.8 por ciento para 2015.

Las propias estimaciones del Banco de México (punto medio de su intervalo) señalan 3.5 y 3.7 por ciento de crecimiento, aunque aclara que no incluye el efecto de las reformas. Pero, ¿por qué? Ya se aprobaron y no se puede suponer que no van a existir, por más que faltan las leyes secundarias de algunas. Ante la pregunta directa, me respondieron que no saben cómo estimar sus efectos, que son muy inciertas e intangibles. Al final de cuentas, parece ser que nadie realmente sabe si vamos a crecer más o no gracias a las reformas.

El organismo “México ¿cómo vamos?” tiene un excelente semáforo para medir el desempeño económico del país. Para registrar “verde” en crecimiento, necesitamos 6 a 7 por ciento consistente. Creo que vamos a necesitar más y mejores reformas.

La Familia A

Febrero 11th, 2014 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (1 Comments)

La semana pasada, la empresa calificadora Moody’s Investors Services otorgó a México la calificación de “A3” para su riesgo soberano de largo plazo, conocido también como “riesgo-país”. La mayoría de los analistas independientes (no asociados al gobierno) mostraron sorpresa y asomo, ya que la inclusión de nuestro país al primer peldaño de la categoría más elevada viene justo al concluir un año bastante malo para la economía. El crecimiento económico fue cerca de una cuarta parte de los años anteriores, se generó mucho menos empleo, aumentó la inflación y no hubo mejora más que marginal en las finanzas públicas. Además, el anuncio de Moody’s se dio a conocer a la misma hora y fecha en que el INEGI daba a conocer un desplome brutal en la confianza de los consumidores.

La justificación de Moody’s fue la aprobación de las diez reformas estructurales, que abrirá el camino a más crecimiento y recaudación, lo que le da ahora al país una “capacidad fuerte” para cumplir todas nuestras obligaciones financieras. Las dudas surgen de inmediato, ya que todavía faltan muchas leyes secundarias, existe gran oposición de las izquierdas (que no se van resignar) y varias de las reformas fueron incompletas, o de plano malas. Por ejemplo, la reforma laboral no logró ni el diez por ciento de lo que se necesita, la reforma fiscal fue una regresión total y faltan esfuerzos para fortalecer nuestra principal debilidad, el estado de derecho.

Más que un análisis serio de la situación económica del país, Moody’s le está apostando al impulso de las reformas y a la estrategia del gobierno. No es la primera vez que Moody’s arriesga su reputación con una calificación adelantada, ya que hizo algo similar en el 2000 cuando le dio al país su primera calificación de “grado de inversión” varios meses antes de las elecciones. Fue un verdadero albur, ya que prevalecía mucha incertidumbre en torno a los posibles resultados, el futuro del PRI y la fragilidad del estado de derecho ante el primer cambio de régimen. Al final de cuentas fue un acierto, ya que a pesar del pobre desempeño del sexenio de Fox, hubo un manejo responsable de las finanzas públicas y énfasis en la estabilidad macroeconómica, dos factores fundamentales para una calificación que no fuera “especulativa”.

Llama la atención las dos visiones tan diametralmente opuestas que hay sobre México en el exterior y en el interior del país. Afuera ven el “momento México”, el esfuerzo sin precedente de aprobar tantas reformas a la vez, una reforma fiscal que generará más recursos para el estado y un gobierno más enfocado y capaz de obtener los resultados necesarios para crecer y crear empleos. En cambio, al interior vemos un gobierno que nos quita y nos quita nuestros ingresos para mal gastarlos, una falta total de seguridad pública, un estado de derecho casi inoperante, cambios políticos innecesarios para el pueblo y cada vez más incredulidad en cuanto al rumbo económico. Importaciones de coches chatarra, más extorsiones y secuestros, productividad estancada, educación de mala calidad y manifestaciones permanentes.

¿Realmente merecemos pertenecer a la prestigiosa familia “A”, junto con países como Aruba, Bahamas, Bermuda y Chile? Primero, hay que aclarar que todavía nos debemos considerar como “BBB+”, ya que sólo una calificadora nos da la distinción de ser “A3”, mientras que los otros dos nos siguen considerando un peldaño abajo. Si las dos grandes (Moody’s y Standard & Poor’s) no concuerdan, se toma la calificación de Fitch para desempatar. En este caso, Fitch le otorga la razón a S&P, por lo que todavía no nos podemos colgar la medalla.

Segundo, lo que está calificando Moody’s no es nuestro estado de derecho, nuestra capacidad de crecer o la calidad de las reformas per se. Aunque son factores que influyen, lo que realmente está examinando es nuestra capacidad de cumplir cabalmente con nuestros compromisos crediticios, no solamente en buenos tiempos sino ante cambios coyunturales y condiciones económicas adversas. Lo que está reconociendo la agencia es nuestra entrega a la estabilidad macroeconómica y a un manejo relativamente bueno de las finanzas públicas, después de varias décadas de irresponsabilidad en los setentas y ochentas.

Finalmente, vale la pena recordar que Moody’s es la institución que nunca ha disminuido nuestra calificación. S&P nos la ha reducido dos veces (1995 y 2009), mientras que Fitch lo hizo en 2009. En cambio, esta es la sexta vez que Moody’s cambia nuestra calificación y siempre en dirección al alza.