Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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La semana pasada comentamos que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) tiene dos fallas estructurales que resultan en subestimaciones de la pobreza por ingresos y de la desigualdad. Un estudio reciente realizado por dos investigadores del INEGI (Gerardo Leyva y Alfredo Bustos) desarrolla un método de ajuste estadístico que utiliza información fiscal y de cuentas nacionales para mejorar la estimación del ingreso proveniente de la ENIGH. Concluye que la incidencia de pobreza monetaria es de 30 por ciento de los hogares, comparada con el 44 por ciento que resulta de las cifras originales de la ENIGH y que el coeficiente de Gini tiene un valor de 0.63, en contraste de 0.44 de la ENIGH. En otras palabras, confirma las hipótesis de que no somos tan pobres pero nuestra distribución del ingreso es mucho más inequitativa.

En principio, los resultados están intuitivamente correctos y hace sentido todo lo que hacen. Pero bien sabemos que es muy difícil separar el interés académico del político en un tema tan sensible. De entrada, se desató una gran polémica el año pasado cuando Coneval rehusó medir la pobreza para 2015 ante los cambios que introdujo el INEGI en los criterios para la captación y verificación de los datos en la Encuesta. Después el gobierno impuso ilegalmente una Directora General de Sedesol a la Junta de Gobierno del INEGI, que muchos interpretaron que llegaba con agenda preestablecida para adecuar los resultados de la Encuesta a los intereses oscuros de ciertos políticos. Finalmente, estamos en la antesala de las elecciones presidenciales en las cuales el gobierno actual ha mostrado ser capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder.

El PRI anunció su regreso con bombo y platillos. Nos dijeron que era el “Momento México”. El crecimiento económico estaría arriba de 5 por ciento en forma sostenida. Tendríamos estabilidad macroeconómica plena sin problemas fiscales. Disminuiría la pobreza y mejoraría la distribución del ingreso. Terminaría la violencia, asesinatos e inseguridad pública. Sin embargo, casi cinco años después el crecimiento promedio apenas supera 2 por ciento, la pobreza no ha disminuido, la inflación se ubica más del doble que el objetivo, la deuda pública rebasa 50 por ciento del PIB, la inseguridad ha aumentado notablemente, hay más asesinatos y los niveles de confianza, tanto empresarial como del consumidor, están en mínimos históricos. Peor aún, nunca hemos enfrentado tanta corrupción e impunidad. El gobierno no sabe qué hacer ni cómo proceder, pero quiere mantener el poder. El sospechismo está en su máximo, por lo que éste estudio contribuye a la controversia.

No obstante, sí necesitamos una mejor medida de la pobreza por ingresos. No puede ser que la pobreza en México es casi 2.6 veces mayor a Brasil e incluso peor que en países como Bolivia. En un sentido perverso, al gobierno le conviene tener un patrón inflado de pobreza para comprar más votos y perpetuarse en el poder. Pero por el otro lado, necesitamos una medida de pobreza consistente a través del tiempo. La única forma de poder evaluar los programas sociales y las políticas públicas es con una barra de medición homogénea. En aras de mejorar la medición de la pobreza, si vamos cambiando la metodología y los criterios de aplicación de la ENIGH cada rato, nunca vamos a poder calificar adecuadamente los esfuerzos para reducirla.

Al final de cuentas ¿qué es mejor? ¿Tener cada vez más una medición más precisa de la pobreza, pero sin poder calificar los esfuerzos para abatirla?, o bien, ¿tener una medición no tan precisa pero consistente a través del tiempo, que nos permite evaluar los programas sociales, pero sin realmente conocer la dimensión correcta de la pobreza? La verdad es queremos y necesitamos ambas, es decir, tener una medición precisa y homogénea a través del tiempo. Pero ¿cómo lo podemos lograr?

La responsabilidad de la medición de la pobreza es de Coneval. La responsabilidad de la ENIGH es del INEGI. Esta acordado por ambas instituciones divulgar los resultados tanto de la ENIGH como de la pobreza el 28 de agosto. En teoría, están trabajando juntos, pero ¿cómo van a conciliar ambos objetivos? Es casi un hecho, de que, si el INEGI mejora la aplicación de la ENIGH, la medición de la pobreza no podrá comparase con años anteriores. Pero si no lo mejora, seguiremos sobreestimando la pobreza.

El INEGI lleva a cabo una cantidad impresionante de encuestas para construir y calcular un sinnúmero de indicadores económicos de gran relevancia. Dentro de todas, la más difícil es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), cuyo levantamiento es cada dos años. De esta encuesta se sustrae información para el cálculo de las cuentas nacionales y los índices de precios. A partir de 2008, incluye el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), que es la fuente de información para la medición multidimensional de la pobreza. Cualquier error o imprecisión implica malos cálculos de la inflación, del consumo y de la pobreza.

Desde hace tiempo atrás, se le ha criticado por dos fallas estructurales fundamentales. La primera es que hay un incentivo perverso para que los hogares entrevistados no divulgan la totalidad de sus ingresos. Por ejemplo, un hogar que obtiene un subsidio de Prospera y al mismo tiempo, recibe remesas de familiares que radican en Estados Unidos, no va reportar los ingresos obtenidos por remesas ante la posibilidad de que le cancelen su subsidio. Resulta que la cantidad de remesas capturadas por la ENIGH no llega al 10 por ciento de lo que reporta Banxico cada mes. En general, el gasto en consumo de los hogares de la ENIGH no logra registrar ni siquiera la mitad del consumo que se reporta en las Cuentas Nacionales. Es muy obvio decir que, si existe un problema serio de subdeclaración de ingresos, cualquier medición de la pobreza estará sobreestimada. Resulta importante subrayar que este problema se detectó hace por lo menos tres décadas, si no antes, es decir, mucho antes de que existiera el Coneval.

La segunda falla es que la Encuesta esta truncada, es decir, no cubre los hogares de mayores ingresos en el país. Hace como tres décadas, Agustín Legorreta se hizo famoso al decir que la economía de México estaba controlada por 300 familias. Pues resulta que ni una sola de esas 300 familias más ricas del país están incluidas en la encuesta. Simplemente al excluir a Carlos Slim, quien más veces que no resulta ser el hombre más rico del mundo, la ENIGH tiene este problema. El problema resulta de que se utiliza la información del ENIGH para calcular el famoso “coeficiente de Gini”, que mide la distribución del ingreso. Si la Encuesta no incluye a los más ricos del país, cualquier cálculo va subestimar este coeficiente. En otras palabras, la distribución del ingreso es mucho más inequitativo de lo que sugiere la Encuesta.

Estas dos fallas y las implicaciones que tienen en cuanto a la sobreestimación de la pobreza y la subestimación de la desigualdad, han sido sujetos de investigación desde hace tiempo. Hay estudios de Cortes, Leyva, Esquivel, Bustos, Torres, Campos, Chávez, Boltvinik, Hernández, Cervantes y un sinnúmero más, que han contribuido al tema. También hay estudios de organismos oficiales, aunque autónomos, como Coneval y el INEGI, que han hecho aportaciones muy valiosas. En cuanto al último, cabe la pena citar un estudio recién publicada (en inglés en el Journal de Latin American Policy, mayo 2017, y una reseña en español en la Revista Este País, junio 2017), realizado por Gerardo Leyva y Alfredo Bustos. Desarrollan un método de ajuste estadístico que utiliza información fiscal y de cuentas nacionales para mejorar la estimación del ingreso. Encuentran que la incidencia de pobreza monetaria sería de 30 por ciento de los hogares, comparada con el 44 por ciento que resulta de las cifras originales de la ENIGH, y que el coeficiente de Gini tiene un valor de 0.63, en contraste de 0.44 de la ENIGH. En otras palabras, confirma las hipótesis de que no somos tan pobres pero nuestra distribución del ingreso es mucho más inequitativa.

El estudio parece ser serio. La contribución resulta importante. La búsqueda por mejores datos, metodologías e indicadores debe ser continua. El debate es genuino. Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta difícil separar la necesidad académica y el interés político en un tema tan sensible, en especial a la luz de la polémica mayor que se desató el año pasado cuando Coneval rehusó medir la pobreza para 2015. ¿Por qué? El INEGI introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de los datos en la Encuesta, de tal forma que ya no era comparable la información con años anteriores: Peor aún, lo hizo sin consulta previa con Coneval.

Seguiremos comentando.

Paloma

Marzo 19th, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

La controversia sobre la designación de Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del INEGI va creciendo. El eje central es que realmente no cumple los requisitos legales. Peor aún, ni siquiera cerca. Me habían dicho que era cuestión de interpretación jurídica, pues con consideraciones laxas, pudiera calificar, aunque fuera apenas. Sin embargo, ya con una investigación más exhaustiva, está lejos pero muy lejos de calificar.

Como comentamos la semana pasada, la ley dice que debe “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”. El único puesto relevante, es decir, que califica de “alto nivel”, es su aproximadamente un año en el puesto de Director General en Sedesol. El puesto que ocupó en el IMSS está marcada como categoría “L”, que la propia ley lo pone en el tabulador de “mando medio”.

Sin embargo, con estos dos puestos no llega ni cerca a los cinco años. Habría que sumar su estancia en la prestigiosa consultoría GEA, de Mauricio González y Jesús Reyes Heroles. Resulta que trabajó allí dos años cinco meses, pero en un puesto de apoyo a los socios, que se caracteriza por ser de pasantes, que después van a estudiar un posgrado. La referencia que dan de ella es que fue una excelente colaboradora, pero definitivamente no fue en un puesto de nivel jerárquico que se pudiera interpretar de “alto nivel”. En otras palabras, tiene alrededor de uno de los “por lo menos” cinco años necesarios para el puesto. Ya la semana pasada en esta misma columna, vimos que tampoco califica como “profesional distinguido” o de “académico de reconocido prestigio”. Al final de cuentas, no cumple con ni uno solo de los requisitos.

Me han dicho que la designación de Merodio tiene que ser aprobada por dos comisiones del Senado para que procede al pleno para su votación. En la de Gobernación me dicen que aparentemente domina el PRI, que siempre aprueba en automático las designaciones de la Presidencia, sin mayor consideración. No me queda claro, pero habría que preguntar a Cristina Díaz Salazar del PRI, con quien no he tenido la oportunidad de platicar. La otra, de Población y Desarrollo, es presidida por Armando Ríos Piter del PRD, e integrada por Esteban Albarrán Mendoza del PRI y Juan Carlos Romero Hicks del PAN. Según me han dicho Romero Hicks ya se pronunció en contra, mientras que Albarrán votará al estilo PRI. Por tanto, el voto decisivo queda en manos de Ríos Piter. Sin embargo, nadie sabe cuál será su decisión. Algo fuera de lo común, se ha caracterizado por un silencio total en estas últimas semanas. Me han señalado que “el silencio de @RiosPiterJaguar sobre la nominación de Merodio para INEGI es preocupante. Espero valore gravedad”.

Romero Hicks protestó formalmente ante el “microexpediente” que recibieron ambas comisiones en torno a su curriculum, ya que no contiene la información necesaria para sustentar la experiencia académica y profesional que presume. Obvio. La presidencia mandó documentación insuficiente ante el temor de que más información la descalificaría para el puesto.

En adición a la falta de experiencia, otros han señalado conflictos de interés que pudieran incluso dañar el proceder del INEGI y su reputación. Resaltan dos artículos a su favor, uno escrito por Humberto Musacchio y otro por Yuriria Sierra. El primero pone como argumento que es una mujer muy guapa, comentario exageradamente sexista. El segundo dice que su designación es importante porque sería la primera mujer en la Junta de Gobierno. Aparentemente, no ha oído de Rocío Ruiz, quien ocupó una silla en la Junta hace apenas cuatro años. Pero lo que más llama la atención es la larga lista de mujeres muy capaces para el puesto, que también ya discutimos la semana pasada. Incluso, en estos días me han llegado muchos más nombres que debería haber incluido.

Estaremos muy atentos en estos días a las decisiones de estas Comisiones de vital importancia. No queremos más daño a la reputación del INEGI, que entró en controversia con Coneval sobre la medición de pobreza y ha suscitado sospechas en torno a la medición de la inflación. Lo que más necesita ahora es una Junta de Gobierno sólida, más allá de cualquier sospecha.

Como todos saben, el INEGI reportó una inflación mínima histórica a finales del año pasado de 2.1 por ciento. Al mes de julio ligamos 15 meses consecutivos con una tasa anual por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, estos datos simplemente no parecen corresponder a la realidad que enfrentamos. Vemos como muchos precios de bienes esenciales con gran ponderación en nuestro presupuesto suben mucho pero mucho más de lo que reporta el INPC. Cada vez escucho más y más que se cuestiona la medición de la inflación, ya no solo del ciudadano común sin mucho conocimiento de cómo se construye un índice de precios, sino de analistas iniciados en el tema. Al final de cuentas, ¿qué tan creíble son los datos que se reportan?

Empecemos con el Coneval, organismo encargado de medir la pobreza. Parte integral de la medición multidimensional de la pobreza son los umbrales de ingresos que se calculan para poder comprar la canasta alimentaria, o bien, la canasta alimentaria y no alimentaria (llamémosla de bienestar), conocidos como las líneas de bienestar mínimo y de bienestar, respectivamente. Para julio, Coneval informa que el ingreso mensual por persona para adquirir la canasta alimentaria es de 1,321.24 pesos, mientras que para comprar la canasta de bienestar se necesita 2,667.94 pesos mensuales por persona. Para hacer estos cálculos, Coneval utiliza la información del INPC del INEGI para las cotizaciones de los genéricos, pero utiliza sus propias ponderaciones.

Si tomamos 2010 como año de referencia, INEGI reporta que la inflación acumulada es de 28.9 por ciento en los últimos seis años y medio. No obstante, Coneval reporta que el costo de la canasta de bienestar ha aumentado 32.9 por ciento en el mismo periodo, cuatro puntos porcentuales más. Sin embargo, el costo de la canasta alimentaria ha incrementado 43.8 por ciento, quince puntos porcentuales más que la inflación oficial. En otras palabras, pensando que los precios de los genéricos que reporta INEGI son correctos, pero utilizando ponderadores más realistas, ya tenemos diferencias importantes.

Pero, ¿podemos creer qué los precios de los genéricos son correctos? Por ejemplo, todas las rentas de las viviendas en Tijuana son en dólares, pero INEGI los cotiza en pesos. He escuchado problemas en cómo se cotizan los servicios turísticos en paquete y el transporte aéreo. Aparentemente, los precios de los coches no son tan representativos de lo que más se compra. Me han comentado que muchos precios que reflejan toda la depreciación de la moneda no están contemplados. La fórmula para el cálculo del servicio telefónico celular ha sido sumamente criticada. Se sobreestimó el efecto del transporte público gratuito en los días del no circula. Otro problema adicional abarca a las personas que levantan cada quincena los precios. Los precios de los huevos no tienen una ponderación entre mercados, tianguis y supermercados que corresponde a la realidad. Dicen que muchos encuestadores se ahorran el trabajo de cotizar correctamente, ya que su supervisión es sumamente laxa. No he guardado una lista de todas las observaciones que me han hecho en este sentido, pero si lo hubiera hecho, les aseguro que sería una lista de muchas hojas.

Para rematar existe un problema metodológico de fondo, ya que el patrón de gasto que se utiliza para el cálculo del INPC proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). ¿Se acuerdan de esta encuesta? Sí, es la que estuvo en medio de la gran controversia del mes pasado en torno a la medición de los ingresos de los hogares. Así como solo capta el 50 por ciento del consumo de los hogares y menos del 10 por ciento de las remesas, tiene grandes carencias en cuanto al gasto de las familias. Por ejemplo, resulta que nadie toma bebidas alcohólicas en su casa durante la semana que va de visita el encuestador. Aparentemente, el gasto reportado es muy distinto a lo que abarca el INPC.

Estamos muy conscientes de las limitaciones que tiene el INPC para medir el poder adquisitivo de la población que vive con ingresos insuficientes para comprar la canasta de bienestar. Pero, ¿qué tal el ejecutivo medio? Consume en los restaurantes de Masarik, toma vino tinto de la Rioja, viaja en Uber y compra en la sección gourmet de Palacio, pero su incremento salarial va acorde al INPC. También ha perdido poder adquisitivo en los últimos años.

Cuando el INEGI dio a conocer los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de 2015 el pasado 15 de julio, se vio envuelto en [quizás] el mayor escándalo en toda su historia. Resulta que introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de los datos, de tal forma que ya no sea comparable la información con años anteriores. El INEGI ha introducido cambios en metodologías y formas en levantar su información en múltiples ocasiones anteriores, pero en esta ocasión causó controversia al no realizar consulta previa ni abrir primero el tema a un mínimo debate. La molestia de Coneval, el instituto encargado de medir oficialmente la pobreza mediante las cifras del MCS, fue tan grande que, al final de cuentas, simplemente rehusó medir la pobreza para 2015. Causó mucha suspicacia, dado que las cifras de pobreza resultan sustancialmente menores a los años anteriores. El golpe al INEGI fue tremendo, especialmente en términos de credibilidad, confianza y transparencia.

En principio, el escandalo llegó a su fin cuando el INEGI y el Coneval limaron asperezas al reunirse y discutir opciones al futuro. En principio, acordaron realizar la encuesta (ENIGH) este año de tal forma que los resultados sean comparables con los años anteriores. Esto implica sacrificar las mejoras que realizó el INEGI en el MCS para tener en el futuro comparabilidad a través del tiempo. En otras palabras, resulta más importante para el Coneval saber si aumenta o disminuye la pobreza a través del tiempo, a tener una medición de una vez por todas más sólida.

No obstante, queda pendiente tener una mejor medición de la pobreza para nuestro país. Sin menospreciar la dimensión del problema en México, queda claro que el número en nuestro país no es sustancialmente mayor al resto de América Latina. Sin embargo, la CEPAL realizó un estudio que concluye que la proporción de pobres en México es 2.6 veces a la de Brasil y que incluso, mayor a la de Bolivia, uno de los países más pobres del continente. Casi todos los analistas criticaron el estudio por irresponsable, malhecho, desorientador y francamente erróneo. El problema es que son mediciones diferentes, que no se pueden utilizar para comparaciones. No obstante, el estudio dejó claro que la medición de la pobreza en México está claramente sobreestimada.

¿Por qué? El problema no surge de la metodología empleada por Coneval. Es de vanguardia y resultado de una discusión académica muy nutrida. Tampoco se ubica en la metodología empleada en la encuesta levantada por el INEGI; fue resultado de discusión y diseño del propio Coneval. El problema radica en que existe un incentivo perverso en este tipo de encuestas para subestimar los ingresos. Pongamos un ejemplo de un hogar que obtiene un subsidio de Prospera y al mismo tiempo, recibe una remesa mensual de familiares que radican en Estados Unidos. Si declara la totalidad de sus ingresos, podría perder su participación en Prospera. Resulta que las encuestas captan menos del 10 por ciento de las remesas reportadas por Banxico. Pensemos en un hogar cuyos ingresos provienen totalmente de la informalidad (seis de cada 10 empleos en el país); ¿a poco van a decirle al INEGI todo lo que ganan? Veamos otro ejemplo, de una familia de clase media acomodada que no participa al SAT la totalidad de sus ingresos. No vaya ser que el INEGI comparte los resultados de la encuesta con el SAT. Los más ricos del país ni siquiera están contemplados en la muestra.

Al final de cuentas, nos guste o no, no tenemos tantos pobres en el país como sugieren las encuestas, en tanto que la distribución del ingreso es realmente mucho peor de lo que revela. Las cifras de 2014 dicen que el 46.2 por ciento de la población vive en situación de pobreza, sin embargo, el nuevo módulo dice que la proporción realmente es de 36.7 por ciento, casi 10 por ciento menos. Pero aguas, no significa que la pobreza se ha reducido en 9.5 puntos porcentuales, sino que anteriormente estaba sobreestimada.

Entiendo porque Coneval no quiere perder la comparabilidad con el pasado. Pero también estimo que necesitamos una mejor medición en términos absolutos. No solo de la pobreza, sino también de la distribución del ingreso. Lo que necesita INEGI es proporcionar todo lo anterior: una mejor medición y comparabilidad con el pasado, no uno u otro. Ese es el verdadero reto.

La medición de la pobreza siempre ha sido tema de controversia, en México y en el resto del mundo. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo se debe medir? A través del tiempo hemos visto múltiples intentos en diferentes países y en distintos tiempos, cada uno con su propia definición y medición. Por ejemplo, en 1999 se presentó una estimación realizada por Progresa (el programa principal del gobierno para atender a la pobreza extrema) de que había en ese momento 13.6 millones de pobres. Santiago Levy (entonces Subsecretario de Egresos de la SHCP) divulgó que su estimación era de 18.8 millones. Julio Boltvinik (investigador del Colegio de México) presentó su corrección a la estimación de Levy de 36.5 millones. Enseguida, Marco Provencio (vocero oficial de la SHCP) dijo que oficialmente el gobierno reconocía 25.4 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza extrema. En otras palabras, había cuatro cifras muy distintas que decían que el número de pobres oscilaba entre 13.6 y 36.5 millones, que en términos porcentuales representaba entre 14 y 38 por ciento de la población en 1999.

Ante este problema, en 2001 se formó un Comité Técnico para la Medición de la pobreza, compuesto de académicos de cuatro instituciones educativas del país. Después de 10 meses de trabajo, el comité aprobó una metodología “oficial”, basada en información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que produce el INEGI cada dos años. La primera estimación, que fue para 2000, arrojó una cifra de 53.7 por ciento de la población, en una definición que consideraba solamente al ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas. Los primeros esfuerzos para una medición consistente y oficial de este comité fueron premiados al convertirlo en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ya como Consejo, los expertos decidieron modificar la definición de la pobreza mediante la incorporación de carencias sociales. Al combinar criterios de ingresos con carencias básicas, el Coneval estableció una metodología original “multidimensional”.

Ahora se considera a la población que vive en condiciones de pobreza extrema a los que tienen un ingreso inferior a lo que se necesita para adquirir una canasta básica alimenticia y que tengan por lo menos tres carencias sociales. La pobreza patrimonial se define como la población que tienen un ingreso inferior a lo que se necesita para adquirir una canasta básica ampliada (que incluye bienes no alimenticios) y por lo menos una carencia social. Las carencias sociales consideradas son seis: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Para el cálculo de los ingresos y de las carencias sociales, el Coneval solicitó al INEGI que ampliara la ENIGH para incorporar un “Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). Por ejemplo, para 2014 esta información encontró que 53.2 por ciento de la población tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar y que 72.4 por ciento tenían al menos una carencia social. Al combinar los dos criterios se obtuvo una estimación de 46.2 por ciento de la población que vive en situación de pobreza, mientras que 9.5 por ciento son de pobreza extrema. Se encontró que 26.3 por ciento de la población es vulnerable por carencias sociales (a pesar de tener suficientes ingresos), mientras que 7.1 por ciento es vulnerable por ingresos (aunque no tienen carencias sociales). Al final, significa que tan solo 20.5 por ciento de la población no es pobre ni vulnerable.

La información que proporciona el INEGI cada año mediante el MCS de la ENIGH es crucial para tener mediciones consistentes y homogéneas a través del tiempo. Es el insumo básico para el seguimiento de los programas sociales construidos para abatir la pobreza en el país. Por lo mismo, todos esperábamos con ansiedad los datos del MCS de 2015, que se darían a conocer el 15 de julio. Sin embargo, recibimos con sorpresa la noticia de que el INEGI introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de datos, de tal forma que ya no sea comparable la información con años anteriores.

El MCS de 2015 arroja una cifra de 36.7 por ciento de la población que vive en la pobreza, una disminución de 9.5 por ciento respecto a la estimación de 2014, mientras que la pobreza extrema es de 5.9 por ciento, una diferencia de 3.6 por ciento menos respecto al año anterior. El primer problema es que no podemos comparar las nuevas cifras de 2015 con cualquier otro punto en el tiempo. Lo que dice INEGI es que todos sus cálculos anteriores fueron equivocados, ya que tenían una subestimación de ingresos. La población con ingresos inferiores a la línea de bienestar de 53.2 por ciento en 2014, ahora resulta que es tan sólo 42.1 por ciento, una diferencia de 11.1 puntos porcentuales.

Pensemos que el INEGI tiene razón al considerar que había un sesgo sistemático en la información de años anteriores. De entrada, tenemos un problema de credibilidad. Las cifras nuevas, ¿son creíbles? Enseguida, tenemos otro problema de sospecha. ¿Qué motivó al INEGI a corregir el MCS en el momento actual y en la forma que lo hizo? ¿Fue por encargo del gobierno? ¿Realmente funciona la autonomía del INEGI? Las respuestas a estas interrogantes y el veredicto final le corresponden al Coneval.

Al final de cuentas, el INEGI nos obliga a tirar a la basura años de información y análisis sobre la pobreza. Peor aún, ¿cómo sabemos que no volverá hacer lo mismo de nuevo más adelante? ¿Podría ocurrir lo mismo con otros indicadores económicos que produce la institución? Es verdaderamente triste lo que ocurrió. Aunque el INEGI nos dice que son menos los pobres en el país, siento ahora que somos un país más pobre ante la falta de estadísticas confiables y seguros.

A estas alturas, la noticia la conocen todos. El viernes pasado, el INEGI divulgó los resultados correspondientes al Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de 2015, que son usados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la medición multidimensional de la pobreza. Resulta que introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de los datos, de tal forma que ya no sea comparable la información con años anteriores. Pero posiblemente lo que más controversia causó fue que las modificaciones implican una aparente mejoría notable en la pobreza, sin fundamento, sin consulta y sin debate, que hicieron vibrar hasta los cimientos la propia autonomía del INEGI. Peor aún, en la conferencia que dio el Presidente del INEGI, se le preguntó que va ser el Coneval para la estimación de la pobreza intertemporal; respondió que habría que preguntarle a Coneval, básicamente deslindándose de la responsabilidad del daño hecho. En ese momento, no me quedó claro si Santaella estaba consciente del error que estaba cometiendo.

Quedó clarísimo la molestia de Coneval. No tardó en emitir su posicionamiento, acusando al INEGI de incongruente, resaltando la falta de transparencia y planeación. Dijo que el INEGI actuó de forma unilateral, sin el debido debate técnico y justificación. La consecuencia es una ruptura en la evolución histórica de las mediciones de pobreza. Los tuits del Secretario General de Coneval causaron un verdadero revuelo al expresar su enojo. Todos los medios hablan del tema, en reportajes a ocho columnas, en editoriales, columnas, sin menospreciar la convulsión en los medios sociales. Incluso, ya aparecen peticiones mediante change.org para la rectificación de la información.

He sido un INEGI “watcher” desde hace décadas. Mi pasión por los datos y por los indicadores me han llevado a admirar y querer al instituto. He aplaudido cambios y mejorías, al igual que he criticado muchos aspectos, siempre con el afán de ser un crítico constructivo. Sin embargo, no me acuerdo que el INEGI haya procedido antes de tal forma, que generara tanta sospecha y que haya gestado un golpe tan severo a su credibilidad. ¿Simple ingenuidad de un nuevo presidente sin experiencia? ¿Cumplimento de una agenda preestablecida y cargada con su llegada?

En diciembre del año pasado (miércoles, 2 de diciembre) escribí en esta columna un artículo titulado “Humo Blanco para INEGI”. En su momento, había mucha preocupación en torno a la designación de su próximo presidente. Algunos esperaban que la SHCP impusiera un títere como ocurrió en la Función Pública, o bien, alguien muy allegado a la administración federal actual. El miedo extremo era que el INEGI se convirtiera en una especie de INDEC de Argentina, que inventa sus datos para acomodar los gustos del gobierno, o en un INE de Venezuela que simplemente dejó de publicar información incómoda. Al conocer la designación, comentamos que Santaella tenía los grados académicos necesarios y algo de experiencia relacionada a algunas funciones propias del INEGI, pero que tendría que enfrentar una curva de aprendizaje importante. No obstante, lo que más preocupaba era su experiencia y habilidad política para las negociaciones, decisiones importantes y situaciones propias de la autonomía. En su momento, le dimos el beneficio de la duda, esperando que fuera un excelente presidente.

No me queda claro que motivó al INEGI a proceder de esta forma. Tengo que confesar que me quedé estupefacto al escuchar la noticia. Me gustaría pensar que fue un error relacionado a la falta de experiencia política y no resultado de una agenda que negoció antes de su llegada. Todavía creo en el INEGI, en su proyecto, en sus indicadores y todo lo que queda por hacer.

No hay duda del daño hecho. Por lo pronto, vamos a ver cómo va lidiar con lo acontecido y reparar el golpe a su credibilidad. En diciembre, dijimos que seguiríamos con las críticas constructivas, observaciones pertinentes y vigilancia permanente. Ya quemó su primer cartucho y redujo gravemente sus grados de libertad para más equivocaciones. Por el bien del INEGI y del país, no voy a retirarle el beneficio de la duda. Sin embargo, ahora creo que todos estaremos mucho más atentos, mucho más exigentes y mucho más demandantes.

La medición del poder adquisitivo es un trabajo complejo y muchas veces no muy bien comprendido. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide la inflación de una canasta representativa de una familia promedio a nivel nacional, con base a las ponderaciones que salen de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Sin embargo, los precios son distintos para cada familia según sus gustos y preferencias, sus ingresos y su lugar de residencia. Por lo mismo, para muchos la tasa reportada resulta distinta a su propia percepción e incluso, causa cierta sospecha de la medición misma.

Hace tiempo, el Banco de México agrupó 80 productos genéricos para conformar una canasta básica, con la idea de medir más de cerca el poder adquisitivo de la mayor parte de la población. Sin embargo, la conformación de esta canasta siempre fue muy cuestionado, ya que hay una cantidad significativa de bienes de primera necesidad que están excluidos, mientras que incluye bienes superfluos, que difícilmente se pueden considerar “básicos”. El ejemplo más absurdo es que incluye gasolina, tanto de bajo como de alto octanaje, reproductores de video y cerveza, mientras que excluye jitomate, cebolla, limón, chiles de todo tipo, pan dulce y pollo y no contiene ni un solo producto de la categoría de ropa, calzado y accesorios. Las contradicciones e inconsistencias de su conformación hacen llegar a la conclusión de que no tiene fin analítico ni uso propio. De hecho, es un indicador que se debería descontinuar.

Afortunadamente, Coneval nunca ha considerado la canasta básica como representativa de algo y en su lugar conformó su propia canasta llamada “alimentaria”, que lo utiliza para evaluar el bienestar mínimo. Al examinar su contenido, encontramos que está conformado como por la mitad de los productos y resulta ser mucho más realista y representativo. En adición a ésta, Coneval también estableció una canasta no alimentaria, que en conjunto con la primera es utilizada para evaluar la línea de bienestar que define uno de los parámetros en la evaluación multidimensional de la pobreza. Estos índices son los que debería divulgar el INEGI es su página en vez de el de la canasta básica.

Es un ejercicio obligatorio comparar la evolución de los índices conformados por el Coneval con el INPC. De entrada, en prácticamente todos los años la inflación general es menor al incremento en el costo de la canasta alimentaria y de la de bienestar. Si analizamos el incremento acumulado de los últimos siete años, el INPC ha aumentado 29.4 por ciento, la canasta de bienestar 35.2 por ciento y la alimentaria 45.7 por ciento. Esto significa que, si una persona ha recibido incrementos en su salario equivalentes al INPC desde 2009 a la fecha, tiene hoy -11.2 por ciento menos poder adquisitivo en términos de la canasta alimentaria y -4.3 por ciento menos en términos de la canasta de bienestar.

Resulta interesante 2015, ya que fue una de las raras excepciones. En el año en que la inflación registró su famoso mínimo histórico de 2.13 por ciento, tanto el incremento anual de la canasta alimentaria como la de bienestar fueron menores (1.8 y 1.6 por ciento, respectivamente). Esto significa que después de observar un deterioro en los niveles de ingreso de las familias de menores ingresos por muchos años, es posible que, por primera vez en mucho tiempo, en 2015 veremos una recuperación (aunque marginal). Esto nos hace pensar que cuando Coneval divulga la medición de pobreza para 2015, pudiéramos esperar una reducción (aunque pequeña) en sus números.

Si examinamos la evolución de la pobreza en los últimos años, encontramos una mejoría continua en la disminución de las carencias de derechos sociales, pero un empeoramiento en términos de la población con ingreso menor a la línea de bienestar. Esta da pie a una reducción en los vulnerables por carencia social y en la pobreza extrema, pero un aumento en los vulnerables por ingreso y en los pobres moderados.

Esta discusión es muy relevante en estos momentos en que se discute la posibilidad de aumentar el salario mínimo y de adecuar su política. En el pasado, se ha incrementado el mínimo en función de la inflación medido por el INPC, por lo que se ha observado un deterioro continuo en su poder adquisitivo en términos de adquirir la canasta alimentaria. Esto significa que no solo es necesario elevar el salario para que sea el mínimo necesario para comprar la canasta alimentaria, sino que de aquí en adelante se debería adoptar como la referencia para fijar los aumentos anuales.

La semana pasada, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) organizó el “Encuentro de Especialistas sobre Salario Mínimo: Avances hacia una nueva política”. El objetivo fue presentar una serie de estudios encomendadas a la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, sobre la relación del Salario Mínimo (SM) con la productividad, la inflación, el empleo, la pobreza y las condiciones de vida.

En particular, llamó la atención el estudio realizado por el Banco de México sobre los efectos inflacionarios de un aumento en el SM. La conclusión principal es que el coeficiente de traspaso del SM a la inflación es mayor a la unidad (de hecho, lo estima en 1.37). ¿Eso qué significa en lenguaje normal? Que cualquier aumento en el salario mínimo causaría un impacto más que proporcional en la inflación. Por ejemplo, si se aumentara 146.6 por ciento (lo necesario para que alcance para comprar una canasta ampliada estimada por Coneval), la inflación subiría a 200.8 por ciento. Pero peor aún, ya que el Banco dice que estas estimaciones no incorporan mecanismos de ajuste de expectativas, lo que induciría aún mayores ajustes a los precios. Por lo mismo, estos resultados deben ser interpretados como cotas inferiores del efecto sobre la inflación.

En pocas palabras, Banxico nos está diciendo que no existe la posibilidad de incrementar el poder adquisitivo del SM. Si se otorga un incremento, la reacción en los precios va ser de tal magnitud que terminará reduciendo el poder de compra del SM. Peor aún, todas las personas que no obtuvieron aumentos significativos en sus salarios terminaran sufriendo todavía más. Estamos ante la posibilidad de tener mayor inflación que en el periodo de febrero de 1987 a febrero de 1988, cuando la tasa anual llegó a 179.7 por ciento. Pero las malas noticias no acaban, ya que terminaríamos con la estabilidad macroeconómica y seguramente las empresas calificadoras nos quitarían el estatus de “grado de inversión”. Al final, terminaríamos peor que la década perdida de los ochenta.

Afortunadamente, el estudio está lleno de supuestos fantasiosos, difíciles de creer. Por ejemplo, para estimar el efecto de largo plazo, el Banco considera que el incremento en el SM provocará un desequilibrio mayor en la balanza de pagos, que se ajustará mediante un incremento significativo en el tipo de cambio. Aquí se hace el supuesto de que habría un traspaso del 100 por ciento del tipo de cambio nominal a la inflación. Si fuera cierto, ahora deberíamos tener una inflación de 45 por ciento, ya que el tipo de cambio ha aumentado en esa magnitud en el último año y medio. Sin embargo, por otro lado, en otros estudios el Banco nos ha dicho que el traspaso actual es de tan solo 4.0 por ciento. Incluso, conozco un economista de Banxico que argumenta que el coeficiente de traspaso es en realidad cero.

Otro supuesto fundamental que hace el estudio es que cualquier aumento en el SM se traslada a los demás salarios (el efecto “faro”) en un 85 por ciento. En otras palabras, si se incrementa el SM en 146.6 por ciento, todos los salarios del país aumentarían 124.6 por ciento en promedio. ¿Por qué? Banxico dice que la práctica de utilizar el aumento anual en el SM como base de negociación para todos los salarios contractuales permanecerá. Muy difícil de creer.

El estudio presenta varios escenarios; el que comentamos aquí es solamente uno. Otro escenario contempla el efecto de un aumento de 21.7 por ciento en el SM, necesario para alcanzar la canasta alimentaria básica definida por Coneval. Los resultados no son tan aparatosos, pero la conclusión es la misma: todos terminaríamos perdiendo. La inflación aumentaría en 29.7 por ciento, reduciendo el poder adquisitivo del SM real y de mucho más. Aunque no se presentan los números que resultarían de una estrategia de incrementos multianuales, el estudio básicamente nos dice que los resultados serían todavía peores.

Normalmente Banxico hace excelentes estudios. A mi juicio, los economistas que trabajan allí simplemente son los mejores del país. Sin embargo, este trabajo tiene un solo fin: espantar a todos para que abandonen cualquier pretensión de aumentar el SM. Para cumplir con este propósito, hace supuestos irrealistas y termina por perder la brújula. Da la impresión de que primero se escribieron las conclusiones y después se buscó una evidencia empírica ad hoc. Ojalá que los integrantes de la Comisión Consultiva se dan cuenta de lo mismo y terminen por descartar el estudio. Yo ya lo hice.

Aunque los debates sobre el salario mínimo (SM) van y vienen, parecía olvidado en México. En los ochenta el SM se utilizó como mecanismo para ayudar a estabilizar la moneda y los precios, mediante una política deliberada de otorgar aumentos por debajo de la inflación. El resultado fue una pérdida en su poder adquisitivo de más de 70 por ciento. Ya entrado en los noventa, se adoptó una política casi automática de incrementos atados a los objetivos de inflación, para así mantener su poder adquisitivo estable, pero sin ninguna recuperación. Peor aún, se establecieron mecanismos de indexación atados al SM, que prácticamente imposibilitó que el SM fuera lo que debería ser. El resultado fue la sepultura de cualquier debate sobre el tema.

Hace ya casi dos años, Miguel Mancera declaró que debería existir en México un SM de 171 pesos, aproximadamente 154 por ciento mayor al vigente en el momento. Propuso abrir el tema a debate, viendo no solo su posible efecto sobre la inflación, sino también en términos de productividad, generación de empleo y crecimiento económico. En los siguientes meses, hubo mucha discusión y se organizaron varios foros al respecto. Lo primero que surgió es que el SM real en México era de los más bajos del mundo. Quedó claro que hubo un abuso en su uso como política antiinflacionaria y que su nivel contradecía lo establecido en la Constitución.

El resultado de esa primera ronda de debate fue la conclusión que era prácticamente imposible avanzar en cualquier política encaminada a la recuperación del SM sin desmantelar la indexación de facto al desvincular cualquier aumento del SM de precios, rentas y tarifas. El debate sí tuvo resonancia en la sociedad y aceptación de que había que hacer algo. Así, en septiembre de 2014 se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, a fin de “estudiar los mecanismos viables y sostenidos para la recuperación de los ingresos de los mexicanos perceptores de un salario mínimo”.

En algún momento del año pasado se aprobó la reforma constitucional para desvincular el SM de todas las disposiciones legales y así, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar las obligaciones y supuestos previstos en las leyes, dejando al SM libre de dicha responsabilidad. El siguiente paso fue encomendar estudios sobre la relación del SM con productividad, inflación, empleo, pobreza y condiciones de vida, a diferentes entes e instituciones. No obstante, dichos estudios han tardado más de lo debido, por lo que se han aprobado prorrogas para su entrega, junto con opiniones y recomendaciones encaminado hacia una resolución final. El último plazo establecido vence el 23 de junio de este año.

En principio, los estudios ya están terminados y la CONASAMI, junto con la STPS, han convocado a un Encuentro de Especialistas sobre el Salario Mínimo, que se efectuará este jueves y viernes (10 y 11 de marzo), con el objetivo de presentar los estudios con comentaristas y discusiones. Los estudios serán presentados por sus autores (Banxico, Banco Mundial, la OIT, Coneval y el CEESP), mientras que los comentaristas serán principalmente académicos (de la UAM, CIDE, Colmex, ITAM e ITESM), junto con personajes del BID, Sedesol y Cofece. Esperemos que la discusión sea nutrida, pero que de allí emanen recomendaciones específicas, junto con calendarios y acciones a seguir.

Como es de esperar, la oposición principal a cualquier cambio en la política actual del SM proviene del Banco de México. Esta institución va presentar dos estudios cruciales, sobre el efecto “faro” (la contaminación de aumentos al SM hacia los demás salarios) y el efecto final sobre la inflación. Su argumento principal es que cualquier aumento tendría repercusiones negativas sobre el funcionamiento de la economía en general y sobre la inflación en particular, de tal forma que habría una perdida en términos reales en el SM. Sin embargo, habría que descalificar estos estudios, ya que al ser juez y parte, son sesgados y no se les puede considerar como imparciales.

De entrada, el Banco argumenta que empíricamente se ha encontrado que aumentos en el SM se trasladan en un 85 por ciento a los demás salarios. Sin embargo, esto era antes de establecer la UMA para desvincular el SM y en una época en que la mayoría de los aumentos salariales tenía al SM como referencia. Cualquier estudio econométrico debe tomar en cuenta que el cambio estructural que implica la UMA hace casi irrelevante las relaciones que existían en el pasado.

Habrá que estar atentos a los resultados.