Articulos sobre la economía Mexicana
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La semana pasada comentamos que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) tiene dos fallas estructurales que resultan en subestimaciones de la pobreza por ingresos y de la desigualdad. Un estudio reciente realizado por dos investigadores del INEGI (Gerardo Leyva y Alfredo Bustos) desarrolla un método de ajuste estadístico que utiliza información fiscal y de cuentas nacionales para mejorar la estimación del ingreso proveniente de la ENIGH. Concluye que la incidencia de pobreza monetaria es de 30 por ciento de los hogares, comparada con el 44 por ciento que resulta de las cifras originales de la ENIGH y que el coeficiente de Gini tiene un valor de 0.63, en contraste de 0.44 de la ENIGH. En otras palabras, confirma las hipótesis de que no somos tan pobres pero nuestra distribución del ingreso es mucho más inequitativa.

En principio, los resultados están intuitivamente correctos y hace sentido todo lo que hacen. Pero bien sabemos que es muy difícil separar el interés académico del político en un tema tan sensible. De entrada, se desató una gran polémica el año pasado cuando Coneval rehusó medir la pobreza para 2015 ante los cambios que introdujo el INEGI en los criterios para la captación y verificación de los datos en la Encuesta. Después el gobierno impuso ilegalmente una Directora General de Sedesol a la Junta de Gobierno del INEGI, que muchos interpretaron que llegaba con agenda preestablecida para adecuar los resultados de la Encuesta a los intereses oscuros de ciertos políticos. Finalmente, estamos en la antesala de las elecciones presidenciales en las cuales el gobierno actual ha mostrado ser capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder.

El PRI anunció su regreso con bombo y platillos. Nos dijeron que era el “Momento México”. El crecimiento económico estaría arriba de 5 por ciento en forma sostenida. Tendríamos estabilidad macroeconómica plena sin problemas fiscales. Disminuiría la pobreza y mejoraría la distribución del ingreso. Terminaría la violencia, asesinatos e inseguridad pública. Sin embargo, casi cinco años después el crecimiento promedio apenas supera 2 por ciento, la pobreza no ha disminuido, la inflación se ubica más del doble que el objetivo, la deuda pública rebasa 50 por ciento del PIB, la inseguridad ha aumentado notablemente, hay más asesinatos y los niveles de confianza, tanto empresarial como del consumidor, están en mínimos históricos. Peor aún, nunca hemos enfrentado tanta corrupción e impunidad. El gobierno no sabe qué hacer ni cómo proceder, pero quiere mantener el poder. El sospechismo está en su máximo, por lo que éste estudio contribuye a la controversia.

No obstante, sí necesitamos una mejor medida de la pobreza por ingresos. No puede ser que la pobreza en México es casi 2.6 veces mayor a Brasil e incluso peor que en países como Bolivia. En un sentido perverso, al gobierno le conviene tener un patrón inflado de pobreza para comprar más votos y perpetuarse en el poder. Pero por el otro lado, necesitamos una medida de pobreza consistente a través del tiempo. La única forma de poder evaluar los programas sociales y las políticas públicas es con una barra de medición homogénea. En aras de mejorar la medición de la pobreza, si vamos cambiando la metodología y los criterios de aplicación de la ENIGH cada rato, nunca vamos a poder calificar adecuadamente los esfuerzos para reducirla.

Al final de cuentas ¿qué es mejor? ¿Tener cada vez más una medición más precisa de la pobreza, pero sin poder calificar los esfuerzos para abatirla?, o bien, ¿tener una medición no tan precisa pero consistente a través del tiempo, que nos permite evaluar los programas sociales, pero sin realmente conocer la dimensión correcta de la pobreza? La verdad es queremos y necesitamos ambas, es decir, tener una medición precisa y homogénea a través del tiempo. Pero ¿cómo lo podemos lograr?

La responsabilidad de la medición de la pobreza es de Coneval. La responsabilidad de la ENIGH es del INEGI. Esta acordado por ambas instituciones divulgar los resultados tanto de la ENIGH como de la pobreza el 28 de agosto. En teoría, están trabajando juntos, pero ¿cómo van a conciliar ambos objetivos? Es casi un hecho, de que, si el INEGI mejora la aplicación de la ENIGH, la medición de la pobreza no podrá comparase con años anteriores. Pero si no lo mejora, seguiremos sobreestimando la pobreza.

El INEGI lleva a cabo una cantidad impresionante de encuestas para construir y calcular un sinnúmero de indicadores económicos de gran relevancia. Dentro de todas, la más difícil es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), cuyo levantamiento es cada dos años. De esta encuesta se sustrae información para el cálculo de las cuentas nacionales y los índices de precios. A partir de 2008, incluye el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), que es la fuente de información para la medición multidimensional de la pobreza. Cualquier error o imprecisión implica malos cálculos de la inflación, del consumo y de la pobreza.

Desde hace tiempo atrás, se le ha criticado por dos fallas estructurales fundamentales. La primera es que hay un incentivo perverso para que los hogares entrevistados no divulgan la totalidad de sus ingresos. Por ejemplo, un hogar que obtiene un subsidio de Prospera y al mismo tiempo, recibe remesas de familiares que radican en Estados Unidos, no va reportar los ingresos obtenidos por remesas ante la posibilidad de que le cancelen su subsidio. Resulta que la cantidad de remesas capturadas por la ENIGH no llega al 10 por ciento de lo que reporta Banxico cada mes. En general, el gasto en consumo de los hogares de la ENIGH no logra registrar ni siquiera la mitad del consumo que se reporta en las Cuentas Nacionales. Es muy obvio decir que, si existe un problema serio de subdeclaración de ingresos, cualquier medición de la pobreza estará sobreestimada. Resulta importante subrayar que este problema se detectó hace por lo menos tres décadas, si no antes, es decir, mucho antes de que existiera el Coneval.

La segunda falla es que la Encuesta esta truncada, es decir, no cubre los hogares de mayores ingresos en el país. Hace como tres décadas, Agustín Legorreta se hizo famoso al decir que la economía de México estaba controlada por 300 familias. Pues resulta que ni una sola de esas 300 familias más ricas del país están incluidas en la encuesta. Simplemente al excluir a Carlos Slim, quien más veces que no resulta ser el hombre más rico del mundo, la ENIGH tiene este problema. El problema resulta de que se utiliza la información del ENIGH para calcular el famoso “coeficiente de Gini”, que mide la distribución del ingreso. Si la Encuesta no incluye a los más ricos del país, cualquier cálculo va subestimar este coeficiente. En otras palabras, la distribución del ingreso es mucho más inequitativo de lo que sugiere la Encuesta.

Estas dos fallas y las implicaciones que tienen en cuanto a la sobreestimación de la pobreza y la subestimación de la desigualdad, han sido sujetos de investigación desde hace tiempo. Hay estudios de Cortes, Leyva, Esquivel, Bustos, Torres, Campos, Chávez, Boltvinik, Hernández, Cervantes y un sinnúmero más, que han contribuido al tema. También hay estudios de organismos oficiales, aunque autónomos, como Coneval y el INEGI, que han hecho aportaciones muy valiosas. En cuanto al último, cabe la pena citar un estudio recién publicada (en inglés en el Journal de Latin American Policy, mayo 2017, y una reseña en español en la Revista Este País, junio 2017), realizado por Gerardo Leyva y Alfredo Bustos. Desarrollan un método de ajuste estadístico que utiliza información fiscal y de cuentas nacionales para mejorar la estimación del ingreso. Encuentran que la incidencia de pobreza monetaria sería de 30 por ciento de los hogares, comparada con el 44 por ciento que resulta de las cifras originales de la ENIGH, y que el coeficiente de Gini tiene un valor de 0.63, en contraste de 0.44 de la ENIGH. En otras palabras, confirma las hipótesis de que no somos tan pobres pero nuestra distribución del ingreso es mucho más inequitativa.

El estudio parece ser serio. La contribución resulta importante. La búsqueda por mejores datos, metodologías e indicadores debe ser continua. El debate es genuino. Entonces, ¿cuál es el problema? Resulta difícil separar la necesidad académica y el interés político en un tema tan sensible, en especial a la luz de la polémica mayor que se desató el año pasado cuando Coneval rehusó medir la pobreza para 2015. ¿Por qué? El INEGI introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de los datos en la Encuesta, de tal forma que ya no era comparable la información con años anteriores: Peor aún, lo hizo sin consulta previa con Coneval.

Seguiremos comentando.

Paloma

Marzo 19th, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

La controversia sobre la designación de Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del INEGI va creciendo. El eje central es que realmente no cumple los requisitos legales. Peor aún, ni siquiera cerca. Me habían dicho que era cuestión de interpretación jurídica, pues con consideraciones laxas, pudiera calificar, aunque fuera apenas. Sin embargo, ya con una investigación más exhaustiva, está lejos pero muy lejos de calificar.

Como comentamos la semana pasada, la ley dice que debe “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”. El único puesto relevante, es decir, que califica de “alto nivel”, es su aproximadamente un año en el puesto de Director General en Sedesol. El puesto que ocupó en el IMSS está marcada como categoría “L”, que la propia ley lo pone en el tabulador de “mando medio”.

Sin embargo, con estos dos puestos no llega ni cerca a los cinco años. Habría que sumar su estancia en la prestigiosa consultoría GEA, de Mauricio González y Jesús Reyes Heroles. Resulta que trabajó allí dos años cinco meses, pero en un puesto de apoyo a los socios, que se caracteriza por ser de pasantes, que después van a estudiar un posgrado. La referencia que dan de ella es que fue una excelente colaboradora, pero definitivamente no fue en un puesto de nivel jerárquico que se pudiera interpretar de “alto nivel”. En otras palabras, tiene alrededor de uno de los “por lo menos” cinco años necesarios para el puesto. Ya la semana pasada en esta misma columna, vimos que tampoco califica como “profesional distinguido” o de “académico de reconocido prestigio”. Al final de cuentas, no cumple con ni uno solo de los requisitos.

Me han dicho que la designación de Merodio tiene que ser aprobada por dos comisiones del Senado para que procede al pleno para su votación. En la de Gobernación me dicen que aparentemente domina el PRI, que siempre aprueba en automático las designaciones de la Presidencia, sin mayor consideración. No me queda claro, pero habría que preguntar a Cristina Díaz Salazar del PRI, con quien no he tenido la oportunidad de platicar. La otra, de Población y Desarrollo, es presidida por Armando Ríos Piter del PRD, e integrada por Esteban Albarrán Mendoza del PRI y Juan Carlos Romero Hicks del PAN. Según me han dicho Romero Hicks ya se pronunció en contra, mientras que Albarrán votará al estilo PRI. Por tanto, el voto decisivo queda en manos de Ríos Piter. Sin embargo, nadie sabe cuál será su decisión. Algo fuera de lo común, se ha caracterizado por un silencio total en estas últimas semanas. Me han señalado que “el silencio de @RiosPiterJaguar sobre la nominación de Merodio para INEGI es preocupante. Espero valore gravedad”.

Romero Hicks protestó formalmente ante el “microexpediente” que recibieron ambas comisiones en torno a su curriculum, ya que no contiene la información necesaria para sustentar la experiencia académica y profesional que presume. Obvio. La presidencia mandó documentación insuficiente ante el temor de que más información la descalificaría para el puesto.

En adición a la falta de experiencia, otros han señalado conflictos de interés que pudieran incluso dañar el proceder del INEGI y su reputación. Resaltan dos artículos a su favor, uno escrito por Humberto Musacchio y otro por Yuriria Sierra. El primero pone como argumento que es una mujer muy guapa, comentario exageradamente sexista. El segundo dice que su designación es importante porque sería la primera mujer en la Junta de Gobierno. Aparentemente, no ha oído de Rocío Ruiz, quien ocupó una silla en la Junta hace apenas cuatro años. Pero lo que más llama la atención es la larga lista de mujeres muy capaces para el puesto, que también ya discutimos la semana pasada. Incluso, en estos días me han llegado muchos más nombres que debería haber incluido.

Estaremos muy atentos en estos días a las decisiones de estas Comisiones de vital importancia. No queremos más daño a la reputación del INEGI, que entró en controversia con Coneval sobre la medición de pobreza y ha suscitado sospechas en torno a la medición de la inflación. Lo que más necesita ahora es una Junta de Gobierno sólida, más allá de cualquier sospecha.

Como todos saben, el INEGI reportó una inflación mínima histórica a finales del año pasado de 2.1 por ciento. Al mes de julio ligamos 15 meses consecutivos con una tasa anual por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, estos datos simplemente no parecen corresponder a la realidad que enfrentamos. Vemos como muchos precios de bienes esenciales con gran ponderación en nuestro presupuesto suben mucho pero mucho más de lo que reporta el INPC. Cada vez escucho más y más que se cuestiona la medición de la inflación, ya no solo del ciudadano común sin mucho conocimiento de cómo se construye un índice de precios, sino de analistas iniciados en el tema. Al final de cuentas, ¿qué tan creíble son los datos que se reportan?

Empecemos con el Coneval, organismo encargado de medir la pobreza. Parte integral de la medición multidimensional de la pobreza son los umbrales de ingresos que se calculan para poder comprar la canasta alimentaria, o bien, la canasta alimentaria y no alimentaria (llamémosla de bienestar), conocidos como las líneas de bienestar mínimo y de bienestar, respectivamente. Para julio, Coneval informa que el ingreso mensual por persona para adquirir la canasta alimentaria es de 1,321.24 pesos, mientras que para comprar la canasta de bienestar se necesita 2,667.94 pesos mensuales por persona. Para hacer estos cálculos, Coneval utiliza la información del INPC del INEGI para las cotizaciones de los genéricos, pero utiliza sus propias ponderaciones.

Si tomamos 2010 como año de referencia, INEGI reporta que la inflación acumulada es de 28.9 por ciento en los últimos seis años y medio. No obstante, Coneval reporta que el costo de la canasta de bienestar ha aumentado 32.9 por ciento en el mismo periodo, cuatro puntos porcentuales más. Sin embargo, el costo de la canasta alimentaria ha incrementado 43.8 por ciento, quince puntos porcentuales más que la inflación oficial. En otras palabras, pensando que los precios de los genéricos que reporta INEGI son correctos, pero utilizando ponderadores más realistas, ya tenemos diferencias importantes.

Pero, ¿podemos creer qué los precios de los genéricos son correctos? Por ejemplo, todas las rentas de las viviendas en Tijuana son en dólares, pero INEGI los cotiza en pesos. He escuchado problemas en cómo se cotizan los servicios turísticos en paquete y el transporte aéreo. Aparentemente, los precios de los coches no son tan representativos de lo que más se compra. Me han comentado que muchos precios que reflejan toda la depreciación de la moneda no están contemplados. La fórmula para el cálculo del servicio telefónico celular ha sido sumamente criticada. Se sobreestimó el efecto del transporte público gratuito en los días del no circula. Otro problema adicional abarca a las personas que levantan cada quincena los precios. Los precios de los huevos no tienen una ponderación entre mercados, tianguis y supermercados que corresponde a la realidad. Dicen que muchos encuestadores se ahorran el trabajo de cotizar correctamente, ya que su supervisión es sumamente laxa. No he guardado una lista de todas las observaciones que me han hecho en este sentido, pero si lo hubiera hecho, les aseguro que sería una lista de muchas hojas.

Para rematar existe un problema metodológico de fondo, ya que el patrón de gasto que se utiliza para el cálculo del INPC proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). ¿Se acuerdan de esta encuesta? Sí, es la que estuvo en medio de la gran controversia del mes pasado en torno a la medición de los ingresos de los hogares. Así como solo capta el 50 por ciento del consumo de los hogares y menos del 10 por ciento de las remesas, tiene grandes carencias en cuanto al gasto de las familias. Por ejemplo, resulta que nadie toma bebidas alcohólicas en su casa durante la semana que va de visita el encuestador. Aparentemente, el gasto reportado es muy distinto a lo que abarca el INPC.

Estamos muy conscientes de las limitaciones que tiene el INPC para medir el poder adquisitivo de la población que vive con ingresos insuficientes para comprar la canasta de bienestar. Pero, ¿qué tal el ejecutivo medio? Consume en los restaurantes de Masarik, toma vino tinto de la Rioja, viaja en Uber y compra en la sección gourmet de Palacio, pero su incremento salarial va acorde al INPC. También ha perdido poder adquisitivo en los últimos años.