Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
Header

Hay Pulso

Abril 4th, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

Hacía fines del año pasado la economía marchaba a un paso lento, caracterizado por desequilibrios fiscal y externo crecientes. A pesar de un ajuste cambiario extraordinario a lo largo de dos años, nuestras exportaciones no crecían. A pesar de un gasto público sin precedente, la inversión pública seguía cayendo (por séptimo año consecutivo) y la deuda pública ya rebasaba 50 por ciento del PIB. Peor aún, tanto la política fiscal como la monetaria se tornaban más y más restrictiva, prometiendo un freno adicional a la actividad económica. La percepción de la situación económica del país reflejaba un pesimismo no visto en mucho tiempo. En ese momento, gana Trump la presidencia de Estados Unidos. En un par de meses vimos cómo se desplomaba el peso junto con la confianza empresarial y del consumidor.

Ya con el tipo de cambio tocando 22 pesos por dólar y la confianza del consumidor en mínimos históricos, los analistas que se dedican a tratar de anticipar el rumbo de la economía revisaban sus expectativas para el crecimiento a la baja. El consenso llegó a 1.5 por ciento, pero algunos esperaban todavía algo peor. Por ejemplo, las instituciones financieras más importantes como Banamex (1.2 por ciento), Bancomer (1.0 por ciento) y Banorte (1.1 por ciento) fueron de los más pesimistas. Incluso, una institución, BNP-Paribas, puso su expectativa en 0.0 por ciento para el año. No era para menos, ya que algunas de las primeras cifras, como el Indicador IMEF y las ventas de ANTAD, marcaban una clara tendencia a la baja.

Para tener una tasa de crecimiento más cercano a 1.0 por ciento, necesitaríamos anticipar una caída en el PIB en el primer trimestre del año. El escenario lo vea ante una inversión privada detenida por la incertidumbre que representaba Trump y ante un consumo privado más medido por la pérdida en el poder adquisitivo como consecuencia del incremento significativo en la inflación. Pero cuál ha sido la sorpresa que los primeros indicadores duros muestran que la actividad económica sigue creciendo. El INEGI reportó que el IGAE de enero creció 0.27 por ciento respecto a diciembre. Aunque no es una tasa tan robusta, sí implica un ritmo de crecimiento mayor a 3 por ciento y es la novena tasa positiva consecutivo para la actividad económica global. Fue producto de avances marginales en las actividades secundarias y terciarias y de una tasa muy significativa en las primarias. No todo va bien, pues la minería sigue a la baja y el comercio presentó una caída importante (¿saqueos?). Pero simplemente el hecho de que no hubo una tasa negativa en general para el mes fue excelente noticia.

Para febrero, ya tenemos dos indicadores adicionales con buen desempeño. Las exportaciones manufactureras avanzaron 3.6 por ciento en febrero y más aún, muestran una clara tendencia al alza. Las exportaciones no petroleras de enero-febrero se ubican 6.9 por ciento por encima del mismo bimestre del año anterior, mientras que las petroleras reflejan una recuperación muy importante. Dado que las exportaciones han sido el principal motor de crecimiento del país a lo largo de los últimos 24 años, su buen comportamiento es vital. También sigue a la baja el desempleo; la tasa urbano de 3.78 por ciento de febrero es la más baja desde que existe la ENOE desde enero de 2005. La mejoría observada a lo largo de los últimos 15 meses es de las más pronunciadas desde la que vimos después de la crisis “tequilera” de 1997 a 1999. Finalmente, la trayectoria del tipo de cambio en los últimos dos meses ha regresado el valor del peso a los niveles pre-Trump, claro reflejo de que se han revertido las preocupaciones extremas.

No todas las noticias son buenas. Más bien predominan señales mixtas. El desplome en las obras de ingeniería civil es impresionante, la edificación muestra una tendencia lateral desde hace buen tiempo y las ventas de ANTAD anticipan una desaceleración importante en el comercio. El incremento en la inflación en los primeros tres meses del año es sumamente preocupante, ya que anticipa una pérdida importante en el poder adquisitivo, fundamental para el consumo de los hogares. No obstante, la economía no se está colapsando como algunos anticipaban. Se mantiene cierto pulso, nada acelerado, pero lo suficiente como para relajarnos tantito. Con todo esto, es muy probable que veamos ahora revisiones al alza en las expectativas de crecimiento para el año.

La SHCP entregó el paquete económico para el presupuesto 2017 al Poder Legislativo hace 3 semanas y ahora se encuentra bajo estudio para el proceso de aprobación. En las comparecencias los funcionarios han dicho que se construyó con 3 principios fundamentales: realismo, equidad y responsabilidad, mientras que las finanzas públicas están sanas y bien estructuradas. Sin embargo, un examen a fondo hace dudar de lo mismo. Si se aprueba tal cual, es casi un hecho de que tanto Moody’s como S&P bajarán la calificación de riesgo soberano del país. ¿Por qué?

Primero el realismo. ¿Es realista un tipo de cambio promedio de 18.20 pesos para 2017? El promedio para las primeras 3 semanas de septiembre ya se ubica por encima de 19 pesos, mientras que es posible que registre 20 ya en octubre. En el corto plazo tenemos la incertidumbre del proceso electoral de Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal aumente de nuevo su tasa en diciembre. Una victoria de Trump implicaría un golpe severo al tipo de cambio, mientras que un aumento en la tasa de fondos federales simplemente traslada la preocupación a la fecha del próximo aumento. En el mediano plazo, tenemos un déficit en la cuenta corriente que permanecerá por arriba de 3 por ciento del PIB. Esto significa que se mantendrán las necesidades de mayor financiamiento en la cuenta financiera de la balanza de pagos en un entorno en que la política monetaria de Estados Unidos se encamina a reducir la gran liquidez de años anteriores. ¿Qué motivará la supuesta apreciación del peso? Más bien todo apunta a que la depreciación continuará.

¿Cuál es el riesgo de una mayor depreciación a la contemplada? Según la SHCP una moneda más débil aumenta “los ingresos petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada a las exportaciones de crudo netas de importaciones de hidrocarburos”, al mismo tiempo que aumenta “el servicio de la deuda denominada en moneda extranjera.” El efecto combinado de una depreciación de 2 pesos más que lo estimado en el presupuesto sería de 0.2 por ciento del PIB. También, al sobreestimar el crecimiento económico de 2016 es equivalente a subestimar los ingresos tributarios de 2017, que se calcula en casi 0.1 por ciento del PIB adicional. Aparentemente, el paquete tiene esta subestimación para contrarrestar cualquier aumento adicional en la tasa de interés, ya que sólo se contempla un aumento de 50 puntos base de aquí a fin de 2017. En otras palabras, es un presupuesto amañado a propósito para generar mayores ingresos de los presupuestados, para tener más gasto discrecional (como todos los años).

Segundo, la equidad. ¿Es equitativo recortar la administración central, mientras que aumentan las participaciones a estados y municipios y al Poder Legislativo? Creo que todos estaríamos de acuerdo en que el gasto menos transparente y más ineficiente es el que ejerce los gobiernos locales. Es donde hay más corrupción y menos control. En todos los casos, ¿no debería ser al revés?

Tercero, la responsabilidad. ¿Responsabilidad significa permitir que la deuda pública permanezca por arriba del 50% del PIB? ¿Es responsable subestimar los ingresos para gastar más que lo aprobado? Hay que recordar que año tras año el gobierno siempre ha gastado más de lo presupuestado. En los 4 años de este sexenio, se ha gastado en promedio casi 2 puntos porcentuales del PIB más que lo aprobado por año. También hay que recordar que el gobierno ha prometido contener la deuda pública en cada uno de los últimos 4 años sin haberlo logrado. ¿Por qué vamos a creer que ahora sí?

Por último, ¿están sanas y bien estructuradas las finanzas públicas? La estructura refleja un gasto no programable muy elevada, participaciones inflexibles y la necesidad de enfocar recortes en el gasto de inversión. En buena parte la estructura rígida del gasto refleja la dificultad de contener el gasto (a pesar de ingresos tributarios en máximos históricos), por lo que terminamos siempre con mayor endeudamiento. Por ejemplo, el ejercicio del presupuesto “base cero” que se aplicó hace un año fue prácticamente inútil. No es sano permitir que aumente la deuda pública en casi 15 puntos porcentuales del PIB en tan poco tiempo.

En conclusión, el presupuesto no es muy realista, ni responsable, ni equitativo, ya que partimos de finanzas públicas mal estructuradas y ya no tan sanas.

De manera inusual, la semana pasada la Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunciaron conjuntamente nuevas medidas de política económica. En principio, las decisiones son “restrictivas”, típicamente asociadas a situaciones de crecimiento acelerado con presiones inflacionarias. No obstante, la economía avanza a pasos moderados y la inflación se ubica por debajo del objetivo que ha establecido el banco central. Si tomamos en cuenta el entorno externo, el desempeño de la economía mexicana es comparativamente bueno. Obviamente, las autoridades vieron la necesidad de implementar acciones para corregir el rumbo, pero ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿Realmente está tan mal la coyuntura?

En principio, las medidas fueron relativamente simples. En materia de política fiscal, la SHCP anunció un recorte al gasto público programado para el año equivalente a 0.7 por ciento del PIB. En cuanto a la política monetaria, Banxico comunicó el incremento de 50 puntos base en el objetivo de la tasa de fondeo interbancario, fuera de calendario. En lo que toca a la política cambiaria, la Comisión de Cambios informó que se cancelan las intervenciones mecánicas vía subastas en el mercado cambiario. Las intenciones de las autoridades son básicamente preventivas, encaminadas a evitar un rebote en la inflación por la depreciación de la moneda y corregir el gasto ante la disminución de ingresos petroleros. Finalmente, tuvieron que admitir que la política cambiaria no era la adecuada y que las finanzas públicas enfrentan más riesgos que lo que habían admitido.

Hubo mucha critica a la política de intervenciones en el mercado cambiario, ya que se perdió una cantidad considerable de reservas sin que se detuviera la depreciación del peso. Por lo mismo, muchos vieron las subastas diarias como un fracaso. Sin embargo, la intención nunca fue “corregir” el tipo de cambio, sino simplemente reducir la volatilidad diaria. En este sentido, podemos decir que la política funcionó, pues de no haberse implementado es muy probable que hubiéramos visto una depreciación mucho más desordenada. Pero si este es el caso, entonces ¿por qué se abandonó? La razón principal es que, ante la depreciación continua de la moneda, las autoridades monetarias vieron que el problema no era la volatilidad del ajuste en sí, sino más bien el hecho de que existe un sobreajuste de una dimensión ya exagerada.

El aumento en la tasa de política monetaria está encaminado a hacer que el peso sea más atractivo. Todavía hay una gran cantidad de inversión extranjera de portafolio que puede abandonar el país, por lo que el tipo de cambio pudiera seguir aumentando por mucho más tiempo. Una moneda exageradamente subvaluada puede acarrear muchos problemas, de los cuales una mayor inflación es apenas el principio. Puede ser que hasta ahora se ha evitado el traspaso de la depreciación a los precios en general, pero ante el tamaño del ajuste es inevitable que tarde o temprano veamos un incremento en la inflación. Ya no era cuestión de mantener el diferencial de tasas con Estados Unidos, sino de ampliarlo para incentivar la inversión en pesos.

En principio, pudiéramos ver el ajuste a la política fiscal como una acción separada de la monetaria, simplemente enfocado a asegurar el proceso de consolidación fiscal que necesita realizar la SHCP. Sin embargo, las medidas se complementan muy bien, ya que la preocupación por el precio del petróleo estaba ejerciendo presión sobre el tipo de cambio. Utilizar dos instrumentos en la misma dirección debe tener mucha más eficacia que uno solo, o peor, que los dos se manejaran en sentidos opuestos. También hace mucho sentido aplicar el 75 por ciento del recorte a Pemex, ya que es el foco principal del problema.

Algunos se han cuestionado los tiempos de las medidas, ya que se sabe que la política monetaria tarda mucho en surtir efecto. Si las autoridades monetarias hubieran aumentado la tasa hace un par de meses, es muy probable que el tipo de cambio no solamente no hubiera aumentado lo que vimos a principios de año, sino que seguramente hubiera empezado desde entonces a apreciarse. No obstante, en ese momento se pensaba que el aumento de la tasa de fondos federales por parte de la Reserva Federal daría fin a un periodo prolongado de incertidumbre y turbulencia en los mercados. El problema fue que no solo no pasó lo que se esperaba, sino que se complicó todavía más el panorama. Difícil de anticipar, pero al final de cuentas las medidas son muy buenas (aunque un poco tarde) y deben empezar a surtir efecto casi de inmediato.

En estos meses, la SHCP tiene la tarea de preparar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la Iniciativa de la Ley de Ingresos (ILI) y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2015, que se enviarán al Congreso para su aprobación antes del 8 de septiembre. Este ejercicio ha despertado mucho interés, en especial por el anunció de la intención de trabajar en una reingeniería del gasto público con una perspectiva de Presupuesto Base Cero. Lo que la SHCP busca es contener el crecimiento inercial de los egresos, pues en los últimos dos sexenios el gasto corriente aumentó de 10.9 a 15.2 por ciento del PIB. Sin la abundancia de recursos petroleros, si quiere SHCP cumplir con la trayectoria prometida de un déficit fiscal decreciente, simplemente tiene que buscar cómo gastar menos y mejor.

Que tan efectivo podrá ser este ejercicio de reingeniería ha sido tema de numerosos debates. Existe mucho escepticismo al respecto y las expectativas no son muy buenas. La mayoría piensa que, efectivamente, habrá recortes en el gasto, pero realmente no mejorará la calidad y eficiencia del mismo. En otras palabras, el gasto público seguirá aportando muy poco (si es que algo) al crecimiento económico, mientras que el gobierno hostigará a los hogares y a las empresas para quitarles el máximo de recursos posibles.

Sin embargo, los recortes no son el único tema de discusión en esta ocasión. También se cuestionan los parámetros que se utilizarán en el marco macroeconómico para elaborar el ejercicio financiero. La SHCP anunció a principios de abril (en un documento conocido como pre-criterios) que elaborará el presupuesto con estimados de 3.7 por ciento para el crecimiento económico, de 14.50 pesos por dólar para el tipo de cambio promedio y 4.5 por ciento para la tasa de política monetaria. Si consultamos las últimas encuestas de expectativas, encontramos que se anticipa un crecimiento mucho menor de 3.2 por ciento, un tipo de cambio más cercano a 16 pesos y una tasa de interés ligeramente menor. Esto ha llevado a varios a preguntar que si no sería recomendable que los CGPE fueran formulados por una entidad autónoma y validados por expertos independientes.

Ha sido muy criticada la SHCP por sus proyecciones económicas en este sexenio. Para el presupuesto de 2013 se utilizó una tasa de crecimiento para el PIB de 3.9 por ciento, cuando tan solo crecimos 1.4 por ciento. Para 2014 se utilizó de nuevo una tasa de 3.9 por ciento y el crecimiento se quedó en 2.1 por ciento. Para este año, la SHCP estimó que el crecimiento sería 3.7 por ciento, mientras que el consenso actual es de 2.5 por ciento (y seguimos revisando a la baja). Peor aún, cada trimestre tiene que salir la SHCP a admitir que el crecimiento será menor a lo que estimaban apenas hace tres meses.

Pero a pesar de que el gobierno se ha equivocado constantemente en sus proyecciones económicas, no creo que se necesita una entidad autónoma para elaborar los parámetros ni una valuación de expertos independientes. El estancamiento de 2013 y el desempeño mediocre de los siguientes dos años fue sorpresa para todos. Si vemos cuanto eran las estimaciones de consenso en los momentos en que la SHCP preparó sus presupuestos, observamos que todos nos equivocamos, tanto el sector privado como los organismos internacionales. Nadie tiene una bola de cristal y no por ser el gobierno debe tener una mejor habilidad de proyectar el futuro que los demás. Más bien, lo que tiene que hacer es tomar los últimos datos correspondientes, basados en la información disponible al momento. Si sus proyecciones difieren mucho de los consensos de las encuestas disponibles (como la de Especialistas en Economía del Sector Privado que realiza Banxico, la de Expectativas quincenales de Instituciones Financieras que levanta Banamex, o la Encuesta Mensual de Expectativas del Comité de Estudios Económicos del IMEF), entonces el Congreso tendrá la responsabilidad de cuestionar a la SHCP.

Lo que sí debería de dejar de hacer la SHCP es participar en el “juego” de tener proyecciones actualizadas cada trimestre. A diferencia del Banco de México donde es parte del análisis de la economía, que se necesita para respaldar sus decisiones de política monetaria, la SHCP solo necesita realizar un marco macroeconómico en septiembre de cada año para la programación financiera de su presupuesto. No es necesario tener proyecciones al día, que sólo alimentan una travesura mediática en la cual no gana absolutamente nada. Salir cada tres meses para este propósito es un invento innecesario de este sexenio.

De las diez u once reformas estructurales que se han aprobado, la más criticada ha sido la Reforma Hacendaria. Quitó ingresos a los hogares en vez de reducir impuestos, justo cuando la economía se encontraba en una situación precaria. Eliminó incentivos para las empresas en el momento en que habría que fomentar más la inversión. En vez de aplicar una política fiscal contra cíclica, se instrumentó una pro cíclica, que frenó la actividad económica y perjudicó a la mayoría de los mexicanos. Peor aún, la SHCP presumió un aumento significante en el gasto público y en especial en la inversión pública, que terminó siendo sumamente ineficiente, a tal grado que no tuvo repercusión alguna en el PIB. Para muchos, la reforma es la causa principal del crecimiento económico mediocre que tuvimos el año pasado.

Aun así, mucha de la evidencia en contra de la reforma había sido anecdotario, o bien, formulado mediante la opinión reiterativa de muchos analistas y empresarios. Sin embargo, ahora aparece un estudio de fondo realizado por Kantar Worldpanel México, que es una agencia de investigación de mercados, que aporta evidencia dura de los efectos sobre los hogares. Esta empresa monitorea cuidadosamente los patrones de consumo de 8,500 hogares mexicanos, escogidos de tal forma que representan al 97 por ciento de la población urbana del país. Registra cada semana las compras de los hogares de más de 70 categorías de productos, por lo que se puede considerar, sin duda, como una autoridad calificada para emitir juicios sobre los efectos de los impuestos a alimentos y bebidas a raíz de la reforma hacendaria.

De entrada, Kantar encontró que el comportamiento del consumo en las familias en 2014 fue similar a cuando el país se ha encontrado en crisis, es decir, similar a lo ocurrido en la gran recesión de 2008-2009. Dado que el 30 por ciento del presupuesto de los hogares se gasta en productos gravados con los nuevos impuestos a alimentos y bebidas saborizantes, se dio una redistribución del presupuesto con el resultado de que se redujo el gasto en bienes de cuidado personal y del hogar. En otras palabras, se pagó en promedio 13 por ciento más por los bienes gravadas con la idea de no consumir menos, mientras que se sacrificó el consumo de otro tipo de bienes para que les alcanzara. En vez de consumir menos de los alimentos de alto contenido calorífico, los hogares redistribuyeron su gasto de tal manera que pudieron consumir lo mismo de este tipo de productos y menos de otros bienes no gravados. Los bienes sacrificados fueron fundamentalmente en las categorías de cuidado del hogar y cuidado personal.

Al final de cuentas, el resultado fue que los hogares gastaron más en productos gravados por los nuevos impuestos, pero se llevaron menos volumen, mientras que gastaron menos en otras categorías. El efecto final fue que todos perdieron: unas categorías perdieron gasto mientras que otras perdieron volumen. Los consumidores cambiaron a marcas más económicas y compraron tamaños más pequeños, mientras que repartieron su gasto entre un mayor número de establecimientos, tanto formales como informales. Este resultado es compatible con los datos que fue reportando la ANTAD a través del año.

En el proceso, Kantar encontró que los niveles socioeconómicos más bajos fueron los más afectados. También encontró que las tienditas de la esquina fueron severamente afectadas, ya que 52 por ciento de sus ventas son de productos que pagan los nuevos impuestos. En general, se encontró que estas tienditas vendieron menos volumen en 2014 comparado con el año anterior. Dado que más de 600 mil familias dependen de estos negocios para subsistir y la mayoría provienen de niveles socioeconómicos medios y bajos, hubo una afectación negativa para un segmento importante de la población. Kantar concluyó que no hay evidencia de que la medida ayudó en parte a resolver el problema de obesidad en el país, pero definitivamente afectó de manera importante la economía de los hogares mexicanos.

El estudio de Kantar Worldpanel México, las cifras de ventas de ANTAD y los cálculos del ingreso personal disponible de los hogares mediante datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), apuntan hacia una afectación severa del consumo de los hogares el año pasado, con un impacto todavía mayor en los niveles socioeconómicos más bajos. El gobierno prometió hace un par de años que si se aprobaran todas las reformas estructurales, a estas alturas del sexenio ya estaríamos creciendo al 5 por ciento anual. En cambio, el crecimiento observado en estos últimos dos años se ubica por debajo del escenario inercial (sin reformas) y a menos de la mitad del promedio observado en los últimos tres años del sexenio anterior.

El gobierno justificó el diseño recaudatorio de la reforma como un instrumento para incrementar el gasto social en apoyo a las familias más necesitadas y reducir la dependencia de los ingresos petroleros, mientras que impuso mayores impuestos a los alimentos más consumidos para combatir la obesidad. Sin embargo, encontramos que los efectos nocivos se concentraron en los hogares socioeconómicos más bajos, no ayudó en reducir la obesidad y todavía existe gran dependencia en los ingresos petroleros como podemos atestiguar con los recortes anunciados en el presupuesto. Así, ¿cómo puede defender el gobierno esta reforma?

A todos nos queda claro que hasta ahora una de las principales promesas incumplidas de este gobierno es la del crecimiento económico. De llegar a crecer 2.7 por ciento este año (la proyección de la SHCP), la tasa promedio de los primeros dos años de gobierno será 1.9 por ciento, por debajo del promedio de los últimos cuatro sexenios e incluso, menos que el promedio de los últimos 32 años. Hace dos años, nos dijeron que si de aprobarse una serie de reformas estructurales, a estas alturas ya estaríamos creciendo por encima de 5 por ciento. Sin embargo, a pesar de tenerlas ya todas publicadas en el Diario Oficial, nos cambiaron el discurso: resulta que los beneficios se darán en el mediano o largo plazo. Si bien nos va, será a partir de la segunda mitad del sexenio, pero si no por lo menos a partir del sexenio entrante.
En estos dos años muchas cosas han pasado. Quizás lo más importante es aceptar la realidad de que las reformas no son la panacea y que será muy difícil crecer si no fortalecemos las instituciones, el estado de derecho y los derechos de propiedad, junto con un combate frontal a la corrupción, la informalidad y a la disolución de los poderes fácticos que protegen los monopolios y el abuso del poder. ¿De qué sirve reformar la Constitución y cambiar las leyes si no existe el pleno respeto y cumplimiento de las mismas? En otras palabras, estructuralmente no estamos listos todavía para crecer a mayores tasas.
Fueron muchos factores que explican la desaceleración y estancamiento de la actividad económica a partir de este sexenio. De entrada, dependemos mucho de nuestras exportaciones y el entorno externo no ha sido del todo favorable. Sin embargo, si analizamos cada factor a fondo, encontramos que lo que más ha limitado el crecimiento es la política fiscal. Primero, fue el proceso de consolidación fiscal y un subejercicio del gasto que casi empuja la economía a una recesión el año pasado. Posteriormente, vino la reforma hacendaria que se limitó a ser un esfuerzo recaudatorio profundo con efectos negativos en el ingreso personal disponible de los hogares y un golpe irremediable a la confianza del consumidor y empresarial. Peor aún, el esfuerzo recaudatorio no solo se limitó a quitarle más ingresos a los hogares y empresas, sino también a incrementar significativamente el déficit fiscal y la deuda pública, desplazando recursos que pudieran haberse destinado a inversiones del sector privado. Finalmente, nos encontramos con la sorpresa de que a pesar del enorme incremento de recursos en el erario, el gasto público ha disminuido sustancialmente este año. El INEGI reportó que el gasto público del segundo trimestre es el más bajo de los últimos 17, mientras que la inversión pública mantiene una tendencia negativa desde el último trimestre de 2010 a la fecha. El gasto público real del primer semestre de este año resultó todavía 0.9 por ciento menos que el mismo semestre del año pasado (que fue el afectado por la consolidación fiscal y el subejercicio del gasto).
Empezamos el año sabiendo que el consumo de los hogares estaría sumamente débil como consecuencia de la política fiscal del gobierno, pero con la esperanza de que aumentara el gasto público, en especial en inversiones físicas esenciales. El gobierno anunció un plan de infraestructura impresionante, que en parte debería reponer parte del daño causado por la reforma fiscal. Sin embargo, las cuentas nacionales registraron una contribución negativa del gasto público en el primer trimestre. Ante esta incógnita, pensamos que simplemente era otro arranque lento y que a partir del segundo trimestre se registraría un aumento en el gasto. De nuevo nos sorprendimos cuando vimos que el gasto público real disminuyó en el segundo trimestre e ingenuamente dijimos que sería a partir del tercer trimestre que empezaría a repuntar. El problema es que ya estamos en octubre y todavía nos queda el gobierno a deber.
El INEGI divulgó la semana pasada las cifras de la actividad industrial de agosto. La construcción de obras de ingeniería civil, que refleja fundamentalmente la inversión pública, registró una disminución de 1.83 por ciento respecto a julio (que anualizado equivale a -24.3 por ciento) y un decremento de 5.46 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Con este desempeño, la construcción pública cumple 24 meses al hilo con una tendencia negativa. Si examinamos la serie histórica desde 1993, encontramos que esta racha es la más larga (y por mucho), ya que en 1995 observamos una tendencia negativa de tan solo 14 meses y en 2000 una de 12.

Hace unos días observamos el vigésimo aniversario luctuoso de Donaldo Colosio, que ocurrió justo nueve días antes de que iniciara la autonomía del Banco de México. El resultado fue que en su primer mes de independencia, el banco central tuvo que lidiar con la mayor salida de capitales en la historia ante un régimen cambiario inflexible. Al mismo tiempo, el entonces Secretario de Hacienda cambió la definición del balance fiscal para omitir la intermediación financiera y así ocultar un incremento sustancial en el déficit público. Las autoridades monetarias terminaron por financiar la expansión del gasto al trasladar recursos financieros de sus fondos al gobierno. Entre los acontecimientos económicos y los políticos, México vivió una época de inestabilidad y vulnerabilidad, que terminó en una magna devaluación y uno de los años más oscuros de nuestra historia económica reciente.

Así empezó el Banco de México y la política monetaria su emancipación del gobierno federal y de la política fiscal. Entre tropiezos, dudosa autonomía y una inflación que se fue de 7.0 por ciento a 52.0 por ciento en sus primeros 21 meses, las autoridades monetarias tuvieron que asentar cabeza, sacar la casta y mostrar a la sociedad que la autonomía era una buena decisión. Lo primero fue librarse del miedo a la flotación, que aunque hoy parece una decisión trivial, fue traumático en su momento. La mayoría de los funcionarios del gobierno federal y muchos dentro del propio Banco, pensaban que resultaría en una volatilidad incontrolable. Sin embargo, a la postre resultó ser una de las mejores decisiones que se pudiera haber tomado.

Lo segundo fue construir una política monetaria funcional, que no solo lograra revertir la tendencia alcista en la inflación, sino que funcionara en un ambiente hostil. Hay que recordar que la economía creció en promedio por arriba de 5.0 por ciento en los siguientes cinco años (de 1996 a 2000), por lo que seguramente había una brecha de producción positiva. Sin embargo, el Banco logró reducir la inflación de 52.0 por ciento a 9.0 por ciento en el mismo periodo. Sin lugar a dudas, este esfuerzo le dio credibilidad y esperanza de que México podría ser un país estable. Esta primera etapa fue reconocido por las agencias calificadoras, que en ese momento nos dieron la primera calificación de riesgo-país, ya en la zona de grado de inversión.

El momento fue propicio para el cambio de sexenio y el inicio de una nueva etapa democrática del país. Afortunadamente, el nuevo presidente se dio cuenta del logro y respetó por completo el concepto de autonomía. Vicente Fox ratificó toda la Junta de Gobierno y le dio luz verde para construir la siguiente etapa de la política monetaria: primero, la transición hacia el régimen de objetivos de inflación y posteriormente, su plena implementación. En los siguientes doce años vimos una tasa promedio anual de 4.4 por ciento de inflación y la consolidación de la estabilidad económica del país.

En 2013 la inflación terminó el año en 3.97 por ciento, el tercer año consecutivo con una tasa menor a 4.0 por ciento. La inflación subyacente finalizó por debajo de 3.0 por ciento y apunta a que se quedará en esos terrenos por un rato. No obstante, la volatilidad de los precios agrícolas y la política de aumentos en los precios de los energéticos, ya llevado a que la inflación no subyacente, la parte fuera del control del Banco Central, registre promedios cercanos al 8 por ciento anual. Sin embargo, la promesa gubernamental de empatar los aumentos en la gasolina con el objetivo de inflación a partir de 2015, da esperanza de que pronto veremos una tasa general de inflación cercana al 3.0 por ciento anual.

Aunque el esfuerzo por abatir la inflación hacia el objetivo de 3.0 por ciento ha sido difícil y prolongado, el debate actual es si la inflación quedará por debajo de 4.0 por ciento o no. El hecho de que hoy nos estemos peleando por ese último punto porcentual es un verdadero homenaje al progreso en materia de estabilidad de precios de la última década. Las autoridades monetarias no han cesado en su esfuerzo y siguen con la mira en el mismo objetivo. Sin embargo, están conscientes de que se debe lograr al menor costo social posible y en el corto plazo han enfocado la política monetaria más hacia el apuntalar el crecimiento económico.

Si hay una sola institución en este país que funciona plenamente y que ha cumplido cabalmente con su cometido, es el Banco de México. Nos debemos felicitar y celebrar juntos el próximo 1 de abril este vigésimo aniversario. Enhorabuena.

Las proyecciones de crecimiento para este año se han revisado a la baja consistentemente a lo largo de todo el año, en la medida en que vamos conocido el desempeño de la actividad económica. Antes de iniciar el año, tanto el gobierno como el consenso de los analistas preveían una tasa de 3.5 por ciento para 2013, casi medio punto porcentual menos que el año anterior. Sin embargo, se combinaron muchos factores al mismo tiempo para frenar el crecimiento y ahora se anticipa una tasa ligeramente superior al 1 por ciento, pero suponiendo aun que se inicie una recuperación en la última parte del año.

El gobierno federal ha concedido que habrá menos crecimiento en el año cada vez que el INEGI ha dado a conocer las cifras del trimestre en turno. A los pocos días después del 20 de agosto cuando se divulgó el crecimiento del segundo trimestre, la SHCP revisó a la baja su expectativa a 1.8 por ciento. Es casi un hecho cuando el INEGI dé a conocer el tercer trimestre el próximo 21 de noviembre, SHCP reconocerá todavía una tasa menor.

El optimismo inicial del gobierno llevó a que se aprobara en el presupuesto de 2013 un balance fiscal “cero”, que implicaba un proceso de consolidación fiscal ante los déficits de los últimos cuatro años de la administración de Felipe Calderón. Sin embargo, ante la llegada de una ligera recesión, ahora SHCP recurre a una política fiscal más expansionista al pedir la autorización debida para incurrir en un déficit de 0.4 por ciento del PIB este año y 1.5 por ciento para 2014. En principio, esto le dará margen para no tener que recortar el gasto ante la caída en los ingresos a raíz de la menor actividad económica y compensar las medidas anticíclicas recaudatorias al inicio de 2014.

El gobierno federal no es el único preocupado por la caída en la actividad económica. El Banco de México decidió la semana pasada reducir la tasa de política monetaria por tercera vez en el año, también para apuntalar al crecimiento económico. En principio, la tasa de inflación subyacente ha permanecido por debajo de 3 por ciento por prácticamente diez meses y es casi un hecho que así quedará hasta fin de año. Lo único que le ha impedido reducir la inflación general por debajo del objetivo de 3 por ciento ha sido la política de precios del gobierno en materia de energéticos y tarifas autorizadas, lo cual queda fuera del alcance de la política monetaria. Al reconocer la existencia de una brecha de producto negativa, el Banco no prevé presiones inflacionarias en el corto plazo, por lo que puede aumentar el grado de laxitud en su política.

El único peligro inminente que enfrentan las autoridades monetarias sería un aumento desbordado en la inflación en enero a consecuencia de las medidas fiscales contenidas en la reforma hacendaria. Aumentará el IVA en la zona fronteriza y los precios de refrescos y algunos alimentos, lo que podría traer efectos secundarios. A pesar de que el cálculo del Banco es que será de impacto moderado y transitorio, ya anunció desde ahora que no habrá una reducción adicional en diciembre en la tasa de política monetaria. La Junta de Gobierno quiere hacer lo posible para apuntalar el crecimiento económico, pero sin afectar adversamente las expectativas de inflación.

¿Cuál es la lección fundamental de la decisión de política monetaria? Aunque el objetivo prioritario es mantener la estabilidad de precios, el Banco no descartar el uso de los instrumentos a su alcance para apoyar al crecimiento económico y coadyuvar un ambiente propicio para la creación de empleos. La idea central es que la mejor forma que la política monetaria puede contribuir al bienestar general es mediante la estabilidad de precios. Pero si no existen presiones inflacionarias latentes, el Banco acomodará su política para apoyar el crecimiento. Queda en evidencia que la estabilidad de precios es un medio para un fin mayor y no existe una obsesión por parte de las autoridades monetarias por abatir la inflación al costo que fuera.

Esto significa que el debate en torno a un doble mandato para el Banco es prácticamente irrelevante. Bajo el esquema actual, la Junta de Gobierno analiza a fondo el balance de riesgos de inflación, al igual que el balance de riesgos de crecimiento económico. Si uno lee los anuncios de política monetaria y los informes trimestrales de inflación, encontrará siempre un análisis equilibrado de ambos. Cambiar el mandato único hacia uno doble, no modificaría la política monetaria actual, pero sí sería causal para inyectar presiones políticas indebidas.