Articulos sobre la economía Mexicana
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Cual es la Verdadera Pobreza

junio 21st, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (Comentarios desactivados en Cual es la Verdadera Pobreza)

La semana pasada comentamos que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) tiene dos fallas estructurales que resultan en subestimaciones de la pobreza por ingresos y de la desigualdad. Un estudio reciente realizado por dos investigadores del INEGI (Gerardo Leyva y Alfredo Bustos) desarrolla un método de ajuste estadístico que utiliza información fiscal y de cuentas nacionales para mejorar la estimación del ingreso proveniente de la ENIGH. Concluye que la incidencia de pobreza monetaria es de 30 por ciento de los hogares, comparada con el 44 por ciento que resulta de las cifras originales de la ENIGH y que el coeficiente de Gini tiene un valor de 0.63, en contraste de 0.44 de la ENIGH. En otras palabras, confirma las hipótesis de que no somos tan pobres pero nuestra distribución del ingreso es mucho más inequitativa.

En principio, los resultados están intuitivamente correctos y hace sentido todo lo que hacen. Pero bien sabemos que es muy difícil separar el interés académico del político en un tema tan sensible. De entrada, se desató una gran polémica el año pasado cuando Coneval rehusó medir la pobreza para 2015 ante los cambios que introdujo el INEGI en los criterios para la captación y verificación de los datos en la Encuesta. Después el gobierno impuso ilegalmente una Directora General de Sedesol a la Junta de Gobierno del INEGI, que muchos interpretaron que llegaba con agenda preestablecida para adecuar los resultados de la Encuesta a los intereses oscuros de ciertos políticos. Finalmente, estamos en la antesala de las elecciones presidenciales en las cuales el gobierno actual ha mostrado ser capaz de hacer lo que sea para mantenerse en el poder.

El PRI anunció su regreso con bombo y platillos. Nos dijeron que era el “Momento México”. El crecimiento económico estaría arriba de 5 por ciento en forma sostenida. Tendríamos estabilidad macroeconómica plena sin problemas fiscales. Disminuiría la pobreza y mejoraría la distribución del ingreso. Terminaría la violencia, asesinatos e inseguridad pública. Sin embargo, casi cinco años después el crecimiento promedio apenas supera 2 por ciento, la pobreza no ha disminuido, la inflación se ubica más del doble que el objetivo, la deuda pública rebasa 50 por ciento del PIB, la inseguridad ha aumentado notablemente, hay más asesinatos y los niveles de confianza, tanto empresarial como del consumidor, están en mínimos históricos. Peor aún, nunca hemos enfrentado tanta corrupción e impunidad. El gobierno no sabe qué hacer ni cómo proceder, pero quiere mantener el poder. El sospechismo está en su máximo, por lo que éste estudio contribuye a la controversia.

No obstante, sí necesitamos una mejor medida de la pobreza por ingresos. No puede ser que la pobreza en México es casi 2.6 veces mayor a Brasil e incluso peor que en países como Bolivia. En un sentido perverso, al gobierno le conviene tener un patrón inflado de pobreza para comprar más votos y perpetuarse en el poder. Pero por el otro lado, necesitamos una medida de pobreza consistente a través del tiempo. La única forma de poder evaluar los programas sociales y las políticas públicas es con una barra de medición homogénea. En aras de mejorar la medición de la pobreza, si vamos cambiando la metodología y los criterios de aplicación de la ENIGH cada rato, nunca vamos a poder calificar adecuadamente los esfuerzos para reducirla.

Al final de cuentas ¿qué es mejor? ¿Tener cada vez más una medición más precisa de la pobreza, pero sin poder calificar los esfuerzos para abatirla?, o bien, ¿tener una medición no tan precisa pero consistente a través del tiempo, que nos permite evaluar los programas sociales, pero sin realmente conocer la dimensión correcta de la pobreza? La verdad es queremos y necesitamos ambas, es decir, tener una medición precisa y homogénea a través del tiempo. Pero ¿cómo lo podemos lograr?

La responsabilidad de la medición de la pobreza es de Coneval. La responsabilidad de la ENIGH es del INEGI. Esta acordado por ambas instituciones divulgar los resultados tanto de la ENIGH como de la pobreza el 28 de agosto. En teoría, están trabajando juntos, pero ¿cómo van a conciliar ambos objetivos? Es casi un hecho, de que, si el INEGI mejora la aplicación de la ENIGH, la medición de la pobreza no podrá comparase con años anteriores. Pero si no lo mejora, seguiremos sobreestimando la pobreza.

Paloma

marzo 19th, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (Comentarios desactivados en Paloma)

La controversia sobre la designación de Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del INEGI va creciendo. El eje central es que realmente no cumple los requisitos legales. Peor aún, ni siquiera cerca. Me habían dicho que era cuestión de interpretación jurídica, pues con consideraciones laxas, pudiera calificar, aunque fuera apenas. Sin embargo, ya con una investigación más exhaustiva, está lejos pero muy lejos de calificar.

Como comentamos la semana pasada, la ley dice que debe “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”. El único puesto relevante, es decir, que califica de “alto nivel”, es su aproximadamente un año en el puesto de Director General en Sedesol. El puesto que ocupó en el IMSS está marcada como categoría “L”, que la propia ley lo pone en el tabulador de “mando medio”.

Sin embargo, con estos dos puestos no llega ni cerca a los cinco años. Habría que sumar su estancia en la prestigiosa consultoría GEA, de Mauricio González y Jesús Reyes Heroles. Resulta que trabajó allí dos años cinco meses, pero en un puesto de apoyo a los socios, que se caracteriza por ser de pasantes, que después van a estudiar un posgrado. La referencia que dan de ella es que fue una excelente colaboradora, pero definitivamente no fue en un puesto de nivel jerárquico que se pudiera interpretar de “alto nivel”. En otras palabras, tiene alrededor de uno de los “por lo menos” cinco años necesarios para el puesto. Ya la semana pasada en esta misma columna, vimos que tampoco califica como “profesional distinguido” o de “académico de reconocido prestigio”. Al final de cuentas, no cumple con ni uno solo de los requisitos.

Me han dicho que la designación de Merodio tiene que ser aprobada por dos comisiones del Senado para que procede al pleno para su votación. En la de Gobernación me dicen que aparentemente domina el PRI, que siempre aprueba en automático las designaciones de la Presidencia, sin mayor consideración. No me queda claro, pero habría que preguntar a Cristina Díaz Salazar del PRI, con quien no he tenido la oportunidad de platicar. La otra, de Población y Desarrollo, es presidida por Armando Ríos Piter del PRD, e integrada por Esteban Albarrán Mendoza del PRI y Juan Carlos Romero Hicks del PAN. Según me han dicho Romero Hicks ya se pronunció en contra, mientras que Albarrán votará al estilo PRI. Por tanto, el voto decisivo queda en manos de Ríos Piter. Sin embargo, nadie sabe cuál será su decisión. Algo fuera de lo común, se ha caracterizado por un silencio total en estas últimas semanas. Me han señalado que “el silencio de @RiosPiterJaguar sobre la nominación de Merodio para INEGI es preocupante. Espero valore gravedad”.

Romero Hicks protestó formalmente ante el “microexpediente” que recibieron ambas comisiones en torno a su curriculum, ya que no contiene la información necesaria para sustentar la experiencia académica y profesional que presume. Obvio. La presidencia mandó documentación insuficiente ante el temor de que más información la descalificaría para el puesto.

En adición a la falta de experiencia, otros han señalado conflictos de interés que pudieran incluso dañar el proceder del INEGI y su reputación. Resaltan dos artículos a su favor, uno escrito por Humberto Musacchio y otro por Yuriria Sierra. El primero pone como argumento que es una mujer muy guapa, comentario exageradamente sexista. El segundo dice que su designación es importante porque sería la primera mujer en la Junta de Gobierno. Aparentemente, no ha oído de Rocío Ruiz, quien ocupó una silla en la Junta hace apenas cuatro años. Pero lo que más llama la atención es la larga lista de mujeres muy capaces para el puesto, que también ya discutimos la semana pasada. Incluso, en estos días me han llegado muchos más nombres que debería haber incluido.

Estaremos muy atentos en estos días a las decisiones de estas Comisiones de vital importancia. No queremos más daño a la reputación del INEGI, que entró en controversia con Coneval sobre la medición de pobreza y ha suscitado sospechas en torno a la medición de la inflación. Lo que más necesita ahora es una Junta de Gobierno sólida, más allá de cualquier sospecha.

La Junta de Gobierno

marzo 8th, 2017 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (Comentarios desactivados en La Junta de Gobierno)

La Junta de Gobierno del INEGI comprende cinco personas, un presidente (Julio Santaella que asumió funciones el 1 de enero de 2016) y cuatro vicepresidentes con periodos de ocho años escalonados: Enrique de Alba, quien hace poco fue ratificado para un periodo adicional de ocho años; Rolando Ocampo, quien inició en 2013; y Mario Palma, quien termina en 2018. El cuarto era Félix Vélez, quien entró en 2013 a sustituir a Roció Ruiz ante su renuncia. Por lo mismo, solo desempeño el cargo menos de cuatro años, cuyo periodo concluyó a fines del año pasado. El puesto quedó vacío, primero en espera de una designación y ahora, en espera de la ratificación del Senado de Paloma Merodio, quien fue propuesta por el Presidente.

Todas estas personas, incluyendo a Eduardo Sojo, el presidente anterior y José Antonio Mejía, vicepresidente hasta 2012, fueron personas de muy amplia experiencia y de credenciales impecables para sus puestos. Sin embargo, Paloma Merodio no tiene el mismo perfil, en especial la experiencia relevante acumulada, ya que tiene apenas 31 años de edad. Su designación ha armado gran controversia, a tal grado que el CEEY encabezó una petición al Senado para que la rechazaran, firmado por más de 30 organizaciones no gubernamentales. También la Sociedad Mexicana de Demografía, encabezado por Carlos Echarri, mandó una petición similar, firmado por todos sus expresidentes. El argumento principal en su contra es que no cumple con los requisitos marcados por la ley.

La ley dice que debe “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”. Si revisamos el CV de Paloma, es de interpretación difícil y ambiguo decir que realmente tiene por lo menos cinco años de experiencia en puestos de alto nivel. De entrada, sí tiene estudios relevantes de Licenciatura en Economía del ITAM (con honores) y una Maestría de la Universidad de Harvard. Su experiencia de trabajo en Sedesol y el IMSS es relevante, ya que fue en puestos de toma de decisiones, planeación estratégica y evaluación de políticas públicas, coordinando equipos multidisciplinarios. Pero ¿fueron de alto nivel? Posiblemente su último puesto de Directora General en Sedesol puede calificar, pero no fue de cinco años. Se tendría que considerar el puesto de Coordinadora de Investigación Estratégica en el IMSS y así, con una interpretación laxa, pudiera calificar, pero rayando llanta.

¿Ha sido profesional distinguido? Yo no había oído de ella antes y es difícil pensar que alcanza esa distinción a los 31 años. ¿Es académica reconocida? Da clases en el ITAM desde 2014, pero por asignatura, por lo que tampoco podemos pensar que ya alcanzó ser distinguida. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente y puedo atestiguar que es una persona inteligente, capaz, motivada, independiente y articulada. El hecho de que sea mujer es muy bien visto por todos. Sin embargo, ante su corta edad, queda claro la controversia en torno a su designación.

Más allá de la discusión de que si califica o no para el puesto, la indignación de los quienes han protestado tiene que ver con el hecho de que se debe propugnar por los mejores nombramientos posibles en los organismos autónomos y evitar las designaciones de amistades o cuotas. Por ejemplo, la lista de mujeres profesionales, capaces y con la experiencia necesaria es vasta. Sin pensar mucho, se me ocurre Lorenza Martínez, Ana María Aguilar, Evelyn Rodríguez, Delia Paredes, Sara Castellanos, Irene Espinosa, Nelly Aguilera, María Luisa Ruvalcaba, María de la Paz, Edith Pacheco y Graciela Teruel. Incluso, hacia dentro del INEGI hay muchas mujeres muy capaces, por ejemplo, con el perfil de Marcela Eternod, quien fue Directora General de Estadísticas.

Escribo sobre el tema porque muchos me han preguntado por mi opinión. Al final de cuentas, creo que el Senado no va gastar su poco capital político para bloquear la designación; Paloma Merodio será miembro de la Junta de Gobierno del INEGI hasta fines de 2024. Seguro que en este tiempo acumulará la experiencia necesaria y terminará por realizar un buen trabajo. Será reto de ella demostrar su independencia, apartidismo y dones de liderazgo. Bienvenida, felicidades y mucha suerte.

Aunque los debates sobre el salario mínimo (SM) van y vienen, parecía olvidado en México. En los ochenta el SM se utilizó como mecanismo para ayudar a estabilizar la moneda y los precios, mediante una política deliberada de otorgar aumentos por debajo de la inflación. El resultado fue una pérdida en su poder adquisitivo de más de 70 por ciento. Ya entrado en los noventa, se adoptó una política casi automática de incrementos atados a los objetivos de inflación, para así mantener su poder adquisitivo estable, pero sin ninguna recuperación. Peor aún, se establecieron mecanismos de indexación atados al SM, que prácticamente imposibilitó que el SM fuera lo que debería ser. El resultado fue la sepultura de cualquier debate sobre el tema.

Hace ya casi dos años, Miguel Mancera declaró que debería existir en México un SM de 171 pesos, aproximadamente 154 por ciento mayor al vigente en el momento. Propuso abrir el tema a debate, viendo no solo su posible efecto sobre la inflación, sino también en términos de productividad, generación de empleo y crecimiento económico. En los siguientes meses, hubo mucha discusión y se organizaron varios foros al respecto. Lo primero que surgió es que el SM real en México era de los más bajos del mundo. Quedó claro que hubo un abuso en su uso como política antiinflacionaria y que su nivel contradecía lo establecido en la Constitución.

El resultado de esa primera ronda de debate fue la conclusión que era prácticamente imposible avanzar en cualquier política encaminada a la recuperación del SM sin desmantelar la indexación de facto al desvincular cualquier aumento del SM de precios, rentas y tarifas. El debate sí tuvo resonancia en la sociedad y aceptación de que había que hacer algo. Así, en septiembre de 2014 se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, a fin de “estudiar los mecanismos viables y sostenidos para la recuperación de los ingresos de los mexicanos perceptores de un salario mínimo”.

En algún momento del año pasado se aprobó la reforma constitucional para desvincular el SM de todas las disposiciones legales y así, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar las obligaciones y supuestos previstos en las leyes, dejando al SM libre de dicha responsabilidad. El siguiente paso fue encomendar estudios sobre la relación del SM con productividad, inflación, empleo, pobreza y condiciones de vida, a diferentes entes e instituciones. No obstante, dichos estudios han tardado más de lo debido, por lo que se han aprobado prorrogas para su entrega, junto con opiniones y recomendaciones encaminado hacia una resolución final. El último plazo establecido vence el 23 de junio de este año.

En principio, los estudios ya están terminados y la CONASAMI, junto con la STPS, han convocado a un Encuentro de Especialistas sobre el Salario Mínimo, que se efectuará este jueves y viernes (10 y 11 de marzo), con el objetivo de presentar los estudios con comentaristas y discusiones. Los estudios serán presentados por sus autores (Banxico, Banco Mundial, la OIT, Coneval y el CEESP), mientras que los comentaristas serán principalmente académicos (de la UAM, CIDE, Colmex, ITAM e ITESM), junto con personajes del BID, Sedesol y Cofece. Esperemos que la discusión sea nutrida, pero que de allí emanen recomendaciones específicas, junto con calendarios y acciones a seguir.

Como es de esperar, la oposición principal a cualquier cambio en la política actual del SM proviene del Banco de México. Esta institución va presentar dos estudios cruciales, sobre el efecto “faro” (la contaminación de aumentos al SM hacia los demás salarios) y el efecto final sobre la inflación. Su argumento principal es que cualquier aumento tendría repercusiones negativas sobre el funcionamiento de la economía en general y sobre la inflación en particular, de tal forma que habría una perdida en términos reales en el SM. Sin embargo, habría que descalificar estos estudios, ya que al ser juez y parte, son sesgados y no se les puede considerar como imparciales.

De entrada, el Banco argumenta que empíricamente se ha encontrado que aumentos en el SM se trasladan en un 85 por ciento a los demás salarios. Sin embargo, esto era antes de establecer la UMA para desvincular el SM y en una época en que la mayoría de los aumentos salariales tenía al SM como referencia. Cualquier estudio econométrico debe tomar en cuenta que el cambio estructural que implica la UMA hace casi irrelevante las relaciones que existían en el pasado.

Habrá que estar atentos a los resultados.