Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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El INEGI divulgó ayer martes el desglose del PIB por el lado del gasto para el cuarto trimestre de 2016, que consiste en consumo privado, consumo de gobierno, inversión fija bruta, exportaciones e importaciones. Con esta información ya tenemos todas las cifras del año. Ya sabíamos que el PIB creció 2.3 por ciento, impulsado por un día más (año bisiesto). Si corregimos por este efecto de calendario, el crecimiento fue 2.05 por ciento. Este día adicional impulsó principalmente al consumo de los hogares, ya que su tasa de 2.8 fue 2.5 por ciento ya corregido, mientras que los otros componentes del PIB no muestran mucha diferencia. Al final de cuentas, el consumo explica 1.9 puntos porcentuales del crecimiento del PIB, es decir, su expansión contribuyó el 83 por ciento del avance en la actividad económica del año. Con estos números, resulta que el consumo privado tiene su máxima expansión para un año en lo que va del sexenio, marginalmente mejor que 2013.

A pesar de la mejoría en el consumo, el PIB creció menos el año pasado que en 2015. Los dos factores que realmente explican la desaceleración son la inversión fija bruta y las exportaciones. La inversión total creció 0.4 por ciento en 2016 versus 4.3 por ciento el año anterior. Si la desglosamos entre pública y privada, primero encontramos que la pública disminuyó -9.4 por ciento en 2016, comparado con -11.7 por ciento en 2015. Con esta cifra vemos una tasa negativa en la inversión pública por séptimo año consecutivo. En 1995, la pública representaba 51.6 por ciento de la inversión total, mientras que en 2016 solo explica 14.5 por ciento. La inversión privada creció 2.2 por ciento el año pasado, una desaceleración significativa comparado con el avance de 8.1 por ciento del 2015.

La desaceleración en las exportaciones muestra una faceta interesante en cuanto a su contribución al crecimiento económico. En 2015 habían crecido 10.4 por ciento, mientras que en 2016 solo avanzaron 1.2 por ciento, es decir, después de haber sido el componente más dinámico de la actividad económica en 2015, el año pasado fue de los menos. Sin embargo, estas cifras contrastan enormemente con las de la balanza comercial, que cayeron -4.1 por ciento en 2015 y -1.8 por ciento en 2016. Entre ambas series hay dos diferencias básicas. Primero, la balanza comercial registra las exportaciones en dólares nominales, mientras que en las cuentas nacionales se expresan en pesos reales. Si el deflactor implícito de las exportaciones se calcula bien, lo último sería equivalente a volumen, mientras que lo primero es valor. Significa que exportamos más volumen en 2015 comparado con el año anterior, pero recibimos menos dólares. En cambio, en 2016 la diferencia no fue muy marcada. Esto fue especialmente significativo en las exportaciones petroleras, ya que disminuyeron -45.3 por ciento (dólares nominales) en 2015, mientras que las no petroleras aumentaron 0.8 por ciento. En 2016, las petroleras cayeron -19.1 por ciento y las no petroleras -0.6 por ciento. La segunda diferencia radica en que la balanza comercial incluye solo mercancías, mientras que en las cuentas nacionales incluye servicios no factoriales (esencialmente turismo, fletes y transporte).

Finalmente, vemos que el consumo de gobierno aumentó 1.1 por ciento en 2016, menos que el avance de 2.4 por ciento en el año anterior. Si sumamos el consumo de gobierno y la inversión pública para obtener una idea del gasto público, resulta que disminuyó -1.5 por ciento en 2016, muy parecido a la tasa de -1.4 por ciento del año anterior. Estas cifras también difieren de las que reporta la SHCP, básicamente por diferencias en cobertura y metodología. Mientras que la SHCP reporta el gasto federal, INEGI tiene que considerar todas las instancias de gobierno. La SHCP registra flujos de efectivo, mientras que el INEGI calcula el valor agregado del gasto. Esto significa que el gasto que registra SHCP en muchos de sus programas sociales, INEGI lo considera como transferencias y no valor agregado.

En resumen, crecimos un poco menos en 2016 que en el año anterior, a pesar de una mejoría en el consumo de los hogares. La razón es que la inversión privada y las exportaciones se desaceleraron bastante. ¿Qué se espera para este año? Menos crecimiento en el consumo y la inversión privada y más en las exportaciones.

El día primero de enero pensé que la buena noticia era que ya se acabó 2016, un año difícil, tedioso y de inestabilidad. Pero la mala noticia es que empieza 2017 con perspectiva peor. Ya llevamos un poco más de una semana del año y vemos que ya no es lo duro sino lo tupido. El gasolinazo, las protestas, los saqueos, los bloqueos y aumentos generalizados en precios han acaparado las ocho columnas, pero también nos han agraciado con noticias adicionales como el regreso de Videgaray, la cancelación de inversión de Ford y la posible salida del país de Chrysler. Todo indica que las promesas de Trump se van a materializar. El Indicador IMEF dice que “aumenta incertidumbre”, mientras que sigue en desplome la confianza empresarial y del consumidor. Todo se refleja en la continua debilidad del peso, que ya vimos como el tipo de cambio registra de nuevo, máximos históricos. Existe en el país una sensación de inestabilidad económica y política no visto desde el “tequilazo” al comienzo de 1995.

Ante tanta adversidad, lo que más necesita el país es un gobierno inteligente, que asume su rol de líder y que instrumente políticas para resolver los problemas e incertidumbres que enfrentamos. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta? El “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar”, posiblemente la máxima desilusión del gobierno actual. Es un conjunto de enunciados vacíos, sin fondo, lleno de contradicciones y desconectado de la problemática que enfrenta el país. Ni siquiera logró un consenso entre las cúpulas empresariales y excluye a los gobiernos estatales y a los partidos de oposición. Es una muestra más de que no solamente no entiende los reclamos de la población, sino que no entiende que no entiende. Es aun peor que el anuncio conjunto de la SHCP y el Banco de México que dieron a conocer a las 7:00 de la mañana después de las elecciones de Estados Unidos, cuando acordaron no hacer nada más que “estar atentos”.

Por ejemplo, incluye el compromiso de evitar incrementos significativos en los precios de la canasta básica (como especie de control de precios), que seguramente causará escasez como suele suceder, pero al mismo tiempo dice que realizará acciones en favor de la libre competencia (como evitar o quitar controles de precios). En caso de que se dé el incremento en el precio de algún producto de la canasta básica se permitirá la libre importación de éste para estabilizar el mercado. El problema es que la importación de cualquier producto al tipo de cambio actual seguramente implicará un incremento todavía mayor en el precio, al no ser que el gobierno lo vaya subsidiar. Sin embargo, la justificación del gasolinazo fue que lo que se quiere evitar son los subsidios.

Otro problema de fondo es la credibilidad. ¿Cuántas veces ya nos ha dicho el gobierno que va combatir la corrupción sin que no pasa absolutamente nada? ¿Cuántos recortes de gasto se han anunciado para que al final del año encontramos que se gastó mucho más que lo presupuestado originalmente? El Acuerdo dice que se va a modernizar el transporte público, pero la inversión pública ha disminuido en cada uno de los últimos siete años. Incluye medidas “nuevas” que se supone que ya se deberían estar instrumentando, como garantizar un superávit primario, impulsar la recuperación del salario mínimo y preservar la estabilidad económica. Evita acciones directas para resolver el agravio más apremiante: el gasolinazo. No incluye medidas para evitar o minimizar el robo de gasolinas o resolver el problema de abasto. No abarca el problema de incertidumbre ante la llegada de Trump, que frenará la poca inversión que teníamos. Remarca la instrumentación de políticas fiscales y monetarias restrictivas, que implica frenar aún más el crecimiento económico.

Todos hemos revisado a la baja las expectativas de crecimiento económico para este año al saber que Trump será presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero. No obstante, las primeras revisiones eran tibias al no conocer a ciencia cierta lo que hará el vecino en nuestra contra y tampoco anticipábamos la parálisis o falta de ideas de nuestro gobierno. Los anuncios de Ford y Chrysler y el continuo ataque vía Twitter por parte de Trump, empiezan a vislumbrar que podríamos estar enfrentando el peor escenario contemplado. Las probabilidades de una recesión este año van en aumento día a día.

Desde hace más de una década las autoridades fiscales y monetarias, junto con la propia presidencia de la República, han argumentado que dentro de lo mejor que tiene el país es la estabilidad macroeconómica; lo que llaman buenos “fundamentos económicos”. Esto consistía de una inflación cercana al objetivo del Banco Central, una balanza de pagos sin problemas ni mayor vulnerabilidad, un sistema bancario capitalizado y sin cartera vencida, finanzas públicas sanas y una deuda pública baja como proporción del PIB. Esto debería traducirse en un tipo de cambio estable y tasas de interés relativamente bajas, que a su vez conduciría a un ambiente de confianza, propicio para inducir inversión y generar empleo. Lo único que faltó en esta descripción de un país de maravillas era mayor crecimiento económico. No obstante, nos dijeron que, con las reformas aprobadas, ya estaríamos creciendo por encima de 5 por ciento anual.

De alguna forma u otra, las agencias calificadoras de riesgo-país estaban de acuerdo. Después de la crisis “tequilera” de 1995, Moody’s había mejorado la calificación soberana de México en 6 ocasiones, desde un Ba3 hasta A3, sin bajarla en ni una sola ocasión. S&P lo ha aumentado 5 veces (aunque sí lo bajó una vez en 2009), también para llevarla desde un BB- hasta BBB+. Salvo Chile, México ha sido el país mejor calificado de la región. Desde 2002, las 3 agencias, incluyendo a Fitch, nos han considerado como “grado de inversión”. La crisis de la “gran recesión” fue una prueba severa para México, que libramos muy bien. Incluso, en los 3 años siguientes, de 2010 a 2012, México logró crecer en promedio por arriba de 4 por ciento.

¿Qué fue lo que pasó para que ahora las 3 agencias nos hayan puesto en “perspectiva negativa”? Poco a poco, la estabilidad macroeconómica se ha demolido y ahora está en tela de juicio. No estamos tan mal como para perder el grado de inversión, pero sí para bajar uno o dos peldaños. Tenemos un déficit en la cuenta corriente que permanece por arriba de 3 por ciento del PIB, a pesar de un ajuste en el tipo de cambio que ya supera 50 por ciento. La nueva dirección de la política monetaria de Estados Unidos, hace que nuestra dependencia creciente en la inversión extranjera de cartera nos haga más vulnerables. Tenemos un déficit fiscal elevado, que no ha podido reducir el gobierno, y como consecuencia, una deuda pública creciente que ya cruzó el umbral del 50 por ciento del PIB. Por más promesas que hace la SHCP, sigue subiendo la deuda. No queda claro que los esfuerzos anunciados en el presupuesto para 2017 vayan hacer suficientes. A esta situación, tenemos que añadir el problema escandaloso de la deuda pública estatal.

Ambos desequilibrios han llevado a que las autoridades instrumenten una política económica restrictiva, con miras a reducir el poco crecimiento económico que tenemos. Al mismo tiempo, es casi un hecho de que la inflación seguirá en aumento, posiblemente terminando el año entrante por encima de techo del rango de variabilidad. También enfrentamos la posibilidad de que la SHCP tenga que anunciar más recortes al gasto, lo cual complica todavía más el escenario.

La situación ha derivado en una crisis de confianza, en la cual el consumidor ya ve con mayor pesimismo la situación económica actual y futura del país, a tal grado que nunca antes (desde que existe el indicador) hemos visto la economía con tanto pesimismo. La inversión se ha enfrenado, las exportaciones disminuyen, el gasto público se estrecha y el consumo de los hogares (lo único que crece) ya muestra signos de desaceleración. Pero no le podemos echar la culpa a Trump, porque todo esto era lo que teníamos antes de las elecciones del 8 de noviembre pasado. Con Trump en la mira, ahora tenemos más volatilidad cambiaria, menores flujos de capital de inversión extranjera, mayor traspaso del tipo de cambio hacia la inflación, mayores alzas en la tasa de política monetaria y menor inversión privada ante la incertidumbre creciente. Todo lo anterior se va derivar en menos crecimiento económico, menor generación de empleo, mayor informalidad y una brecha laboral creciente.

Si era cierto que nuestra fortaleza era la estabilidad económica, estamos viendo cómo se desmorona. En parte, ha sido resultado de un entorno externo desfavorable, pero también de una política económica equivocada.

Aunque ya había muchos rumores al respecto, fuimos sorprendidos la semana pasada con la noticia de que Agustín Carstens renuncia al puesto de Gobernador del Banco de México, efectivo a mediados del año entrante. El anuncio causó mucho revuelo y comentarios de todo tipo. Hubo rumores de que el Presidente lo promovió ante la crítica constante de Banxico al manejo de las finanzas públicas. Hubo acotaciones de que peligra Banxico ante su salida, ya que se diluye la autonomía de la institución. Hubo opiniones de que el Gobernador huye ante la llegada de una mega tormenta que se ve venir como consecuencia de las políticas de Trump. Hubo comentarios de que la renuncia se da en el peor momento posible y podrá ser causa misma de una nueva crisis. Hubo quien vaticinó que el efecto sobre el tipo de cambio sería tan pronunciado como cuando supimos quién sería el próximo presidente de Estados Unidos. Incluso, hubo quien recomendó llevarlo a juicio político por haber tomado la decisión.

Todas estas apreciaciones y especulaciones fueron exageradas. Sabíamos que Carstens tenía interés en un puesto de primer nivel en un organismo internacional desde hace tiempo. Ya fue el segundo a bordo del FMI y Secretario de Hacienda. Su prestigio y experiencia hacían que tarde o temprano se lo iban a ofrecer. Sin embargo, él no dictaminó la fecha, ni lo buscó con el propósito de huir a sus responsabilidades actuales. Seguramente fue una decisión difícil, pero principalmente personal.

Difícilmente podremos encontrar una persona mejor calificada que Carstens para Gobernador del Banco de México. Desde su preparación académica y profesional hasta su experiencia en muchos puestos relevantes, lo perfilaba para el puesto desde tiempo atrás. Ya como Gobernador, fue nombrado Banquero Central del año en varias ocasiones. Incluso, había quien lo veía en el puesto para un tercer periodo hasta 2028. Aun así, su prestigio lo llevó a contender para estar al frente del FMI y desde hace tiempo, se escuchaba su nombre para varios puestos de primer nivel internacional. En sí, su nombramiento para dirigir el BIS no sorprende.

Afortunadamente, la autonomía del Banco se ha consolidado y es una de las instituciones más sólidas del país. Se requieren personalidades de gran altura para dirigir instituciones endebles, ya que es la persona que inspira confianza y le da el realce necesario. Sin embargo, cuando se trata de una institución establecida, fuerte y bien encaminada, ya no es imprescindible tener a una figura de la misma talla. Por ejemplo, hace 20 años el dirigente del Bundesbank de Alemania era un periodista y su experiencia y formación quedaba muy corta en comparación al que tiene Carstens ahora. Por lo mismo, no debemos preocuparnos por un vacío en el poder monetario. El Banco tiene una Junta de Gobierno sólida y cuenta con un equipo de economistas del mejor nivel, capaces de asesorar y dirigir la política monetaria de forma más que satisfactorio.

Por lo mismo, no debe preocupar la salida de Carstens. El gobierno tiene siete meses para reflexionar y escoger al candidato idóneo. No tiene que ser de la talla de los anteriores, pero sí reunir ciertas características. De entrada, las que marque la ley: ser mexicano por nacimiento y no tener más de sesenta y cinco años cumplidos; gozar de reconocida competencia en materia monetaria y haber ocupado por lo menos durante cinco años cargos de alto nivel en el sistema financiera mexicano o en instituciones que ejerzan funciones de autoridad financiera. Pero en adición a estos preceptos legales, necesitamos que sea una persona que respetará la autonomía y encauce bien la administración monetaria del país. Debe evitar ser una persona del círculo cercano del Presidente, que pudiera dar imagen de tener una agenda preestablecida del gobierno federal, o bien, ser cómplice del esfuerzo fallido de sanear las finanzas públicas.

Queda mucho tiempo para conformar una terna final. Por lo pronto, podríamos pensar en un cuadro amplio de candidatos idóneos. Incluso, podríamos hasta especular con más nombres ante la posibilidad de que se reformaran los requisitos de edad y de nacimiento. Sin embargo, antes de hacerlo, quizás sería prudente empezar con la lista de las personas no deseadas para el puesto. No sé si todos estarían de acuerdo conmigo, pero arrancaría con el ex Secretario de SHCP en la primera posición.

El Subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez González, termina su gestión este 31 de diciembre. Dado que tiene 66 años de edad, ya no califica para un segundo periodo de ocho años. Por lo mismo, tendremos un nuevo Subgobernador a partir de enero. El Presidente de la República propone a Alejandro Díaz de León para este puesto. ¿Es buen candidato para formar parte de la Junta de Gobierno?

La Ley del Banco de México señala que, para que alguien sea designado miembro de la Junta de Gobierno, tiene que ser un individuo con un elevado nivel técnico y profesional. Tiene que ser ciudadano mexicano por nacimiento, no tener más de sesenta y cinco años cumplidos y gozar de reconocida competencia en materia monetaria. También especifica haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

Hasta aquí podemos afirmar que Díaz de León cumple con estos requisitos. Es economista del ITAM con maestría de la Universidad de Yale. Su formación principal proviene del propio Banco de México, donde trabajó los primeros 16 años de su carrera y llegó a ser Director de Análisis Macroeconómico. De allí trabajó como Director General de Pensionissste, después como el titular de la Unidad de Crédito Público en la SHCP (en sustitución de Gerardo Rodríguez) y finalmente, como Director General de Bancomext (sustituyendo a Enrique de la Madrid). Su experiencia obtenida en SHCP es en especial valiosa, ya que obtuvo conocimientos profundos de los mercados financieros internacionales, hoy en día sumamente relevante para un banco central. Sus credenciales académicas y su experiencia profesional son incuestionables. Además, tiene excelente reputación y reconocimiento en los medios.

Es trascendental que cada miembro de la Junta entienda a fondo cómo funciona la política monetaria, sus alcances y la importancia de contener la inflación. La Constitución establece claramente que el objetivo prioritario, más no el único, es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Para cumplir con este mandato es crucial entender la interacción entre la inflación, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. No hay duda que cada uno de los miembros de la Junta, incluyendo al propio Díaz León, cumplen perfectamente bien con este cometido.

No obstante, la Ley también establece que dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno no necesitan cumplir con el requisito de antigüedad, siempre y cuando sean profesionistas distinguidos en materia económica, financiera o jurídica, para así permitir la participación de personas como académicos distinguidos, que pueden aportar un caudal de valiosos conocimientos. Al final de cuentas, lo que se quiere de una Junta de Gobierno es que tenga cierta diversidad y representación de intereses para que funciona como cierto chequeo y balance al poder inmenso que tiene el Gobernador del instituto. Si los cuatro subgobernadores son tipo “yes men”, que van a aprobar absolutamente todas las decisiones del Gobernador, ¿para qué queremos una Junta?

Con la llegada de Díaz de León, vamos a tener una Junta de Gobierno de clones, todos formados en el propio Banco, con estrechos lazos con el ITAM y de alguna forma u otra allegados del Gobernador actual. Prácticamente desde que empezó la autonomía del banco central, hemos tenido algo de diversidad. Guillermo Prieto Fortún, quien duró menos de un año como Subgobernador, provenía de la Bolsa Mexicana de Valores. Guillermo Güémez García venía del sector privado con experiencia empresarial y financiera y en la negociación del TLCAN. Everardo Elizondo era un reconocido académico, consultor de empresas y fue el economista principal para Bancomer. Manuel Sánchez González también venía del sector privado y se consideraba representante de la banca comercial. Así será que va ser la primera vez que la Junta de Gobierno se conforma sin un representante del sector privado, sin alguien con formación distinta del propio Banco de México y posiblemente, sin alguien que se atreve a cuestionar al poderosísimo Gobernador. Sin diversificación, sin alguien que presenta contraargumentos y sin representatividad del sector privado, ¿para qué va servir la Junta?

La SHCP entregó el paquete económico para el presupuesto 2017 al Poder Legislativo hace 3 semanas y ahora se encuentra bajo estudio para el proceso de aprobación. En las comparecencias los funcionarios han dicho que se construyó con 3 principios fundamentales: realismo, equidad y responsabilidad, mientras que las finanzas públicas están sanas y bien estructuradas. Sin embargo, un examen a fondo hace dudar de lo mismo. Si se aprueba tal cual, es casi un hecho de que tanto Moody’s como S&P bajarán la calificación de riesgo soberano del país. ¿Por qué?

Primero el realismo. ¿Es realista un tipo de cambio promedio de 18.20 pesos para 2017? El promedio para las primeras 3 semanas de septiembre ya se ubica por encima de 19 pesos, mientras que es posible que registre 20 ya en octubre. En el corto plazo tenemos la incertidumbre del proceso electoral de Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal aumente de nuevo su tasa en diciembre. Una victoria de Trump implicaría un golpe severo al tipo de cambio, mientras que un aumento en la tasa de fondos federales simplemente traslada la preocupación a la fecha del próximo aumento. En el mediano plazo, tenemos un déficit en la cuenta corriente que permanecerá por arriba de 3 por ciento del PIB. Esto significa que se mantendrán las necesidades de mayor financiamiento en la cuenta financiera de la balanza de pagos en un entorno en que la política monetaria de Estados Unidos se encamina a reducir la gran liquidez de años anteriores. ¿Qué motivará la supuesta apreciación del peso? Más bien todo apunta a que la depreciación continuará.

¿Cuál es el riesgo de una mayor depreciación a la contemplada? Según la SHCP una moneda más débil aumenta “los ingresos petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada a las exportaciones de crudo netas de importaciones de hidrocarburos”, al mismo tiempo que aumenta “el servicio de la deuda denominada en moneda extranjera.” El efecto combinado de una depreciación de 2 pesos más que lo estimado en el presupuesto sería de 0.2 por ciento del PIB. También, al sobreestimar el crecimiento económico de 2016 es equivalente a subestimar los ingresos tributarios de 2017, que se calcula en casi 0.1 por ciento del PIB adicional. Aparentemente, el paquete tiene esta subestimación para contrarrestar cualquier aumento adicional en la tasa de interés, ya que sólo se contempla un aumento de 50 puntos base de aquí a fin de 2017. En otras palabras, es un presupuesto amañado a propósito para generar mayores ingresos de los presupuestados, para tener más gasto discrecional (como todos los años).

Segundo, la equidad. ¿Es equitativo recortar la administración central, mientras que aumentan las participaciones a estados y municipios y al Poder Legislativo? Creo que todos estaríamos de acuerdo en que el gasto menos transparente y más ineficiente es el que ejerce los gobiernos locales. Es donde hay más corrupción y menos control. En todos los casos, ¿no debería ser al revés?

Tercero, la responsabilidad. ¿Responsabilidad significa permitir que la deuda pública permanezca por arriba del 50% del PIB? ¿Es responsable subestimar los ingresos para gastar más que lo aprobado? Hay que recordar que año tras año el gobierno siempre ha gastado más de lo presupuestado. En los 4 años de este sexenio, se ha gastado en promedio casi 2 puntos porcentuales del PIB más que lo aprobado por año. También hay que recordar que el gobierno ha prometido contener la deuda pública en cada uno de los últimos 4 años sin haberlo logrado. ¿Por qué vamos a creer que ahora sí?

Por último, ¿están sanas y bien estructuradas las finanzas públicas? La estructura refleja un gasto no programable muy elevada, participaciones inflexibles y la necesidad de enfocar recortes en el gasto de inversión. En buena parte la estructura rígida del gasto refleja la dificultad de contener el gasto (a pesar de ingresos tributarios en máximos históricos), por lo que terminamos siempre con mayor endeudamiento. Por ejemplo, el ejercicio del presupuesto “base cero” que se aplicó hace un año fue prácticamente inútil. No es sano permitir que aumente la deuda pública en casi 15 puntos porcentuales del PIB en tan poco tiempo.

En conclusión, el presupuesto no es muy realista, ni responsable, ni equitativo, ya que partimos de finanzas públicas mal estructuradas y ya no tan sanas.

Criterios Generales

Septiembre 19th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

A los escasos 24 horas después de haber asumido el puesto, el nuevo Secretario de SHCP entregó al Poder Legislativo los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2017, junto con el resto del paquete que comprende el presupuesto para el año entrante. No sabemos si está de acuerdo o no con la propuesta, pues queda claro que no tuvo nada que ver en su elaboración. De entrada, no parece ser suficiente para contrarrestar el aumento anual en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) y así evitar que Moody’s y S&P disminuyen la calificación de riesgo soberano. Debemos recordar que, en cada año de este sexenio, el gobierno federal no ha cumplido con las metas de reducción del SHRFSP como proporción del PIB. De hecho, la última estimación para 2016 es de 50.5 por ciento del PIB, 14.2 puntos porcentuales por arriba de lo que el gobierno se comprometió originalmente en los CGPE de 2013 para este año.

El proceso de saneamiento de las finanzas públicas plantea una reducción en el gasto programable de 1.5 puntos porcentuales del PIB, principalmente mediante una reducción en el gasto de capital. Básicamente no hay recortes estructurales ni sacrificios en los renglones importantes. Una buena parte de la reducción se verá neutralizada por un aumento en el gasto no programable (0.6 puntos porcentuales) y una disminución en los ingresos presupuestarios (0.5 puntos). Finalmente, al considerar que no se contará con un remanente de operación del Banco de México, la reducción en los RFSP para 2017 será de tan solo 0.1 por ciento del PIB. Los CGPE mantiene que será suficiente para reducir el SHRFSP como proporción del PIB en 0.3 puntos porcentuales, que de entrada se antoja como muy poco. Sin embargo, estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señalan que más bien el SHRFSP aumentará casi tres puntos porcentuales. Más bien, su análisis encuentra que para que no se incremente la deuda como proporción del PIB se necesita una reducción adicional en programas no prioritarios de alrededor de 220 mil millones de pesos, necesarios para obtener un superávit primario de 1.5 puntos porcentuales del PIB.

Hay un problema adicional en la programación financiera de los CGPE para 2017. Parte del supuesto de que la economía terminará creciendo este año 2.4 por ciento. Sin embargo, para llegar a esta cifra, necesitaremos una recuperación sustancial en la actividad económica en la segunda mitad del año, algo que no se ve inminente. Se ve mucho más realista el intervalo del Banco de México de 1.7 a 2.5 por ciento (punto medio 2.1 por ciento), ya que las perspectivas actuales apuntan a una alta probabilidad de no llegar a 2.0 por ciento. Incluso si comparamos los números de ahora con la propuesta de pre-criterios de apenas hace cinco meses, no parece hacer sentido. El gobierno revisa a la baja el crecimiento del PIB para 2016 en tan solo 0.2 puntos porcentuales, como resultado de una reducción en las exportaciones de 2.0 puntos, menor consumo de 0.5 puntos y menos inversión de 1.7 puntos. Como que no cuadran estos números. ¿Cuál es el problema? Resulta que 2016 es la base de comparación para 2017. Si crecemos menos este año, necesitaremos crecer mucho más el año entrante para llegar al estimado del PIB que propone la programación financiera para obtener los ingresos presupuestarios estimados.

Tal como está planteado el presupuesto apunta a que no será suficiente como revertir la tendencia de deuda pública. De ser cierto, es casi un hecho de que tanto Moody’s como S&P bajaran la calificación de riesgo soberano del país. Mayor deuda con una calificación más baja implicaría que aumentaría el costo financiero de la deuda aún más de lo que se tiene programado; de por sí, los CGPE para 2017 prevé un incremento de 2.4 a 2.8 por ciento del PIB en este rubro. De aprobarse el presupuesto tal como está planteada corre el riesgo de que el gobierno tendrá de implementar recortes adicionales al gasto en el transcurso del año.

Probablemente lo más decepcionante de los CGPE es la admisión de que el crecimiento económico será de tan solo 2.5 y 3.0 por ciento para 2017 y 2018, respectivamente. De ser cierto, el crecimiento promedio anual del sexenio terminará en 2.2 por ciento, no muy diferente a los doce años anteriores (con todo y reformas estructurales).

Cuatro Años

Septiembre 6th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

Mañana, 1 de septiembre, el Ejecutivo entregará su Cuarto Informe al Poder Legislativo. Al quien se toma la molestia de leerlo, seguramente encontrará puras maravillas. Sin embargo, sabemos que han sido cuatro años muy difíciles, de escasos logros y de muchos retrocesos. Por ejemplo, hace una semana el INEGI informó que había disminuido el PIB en el segundo trimestre respecto al primero, lo cual convirtió al periodo en el segundo peor del sexenio. Sin embargo, la SHCP presumió que el trimestre tuvo el mejor desempeño para un segundo trimestre desde 2012, claro mediante la trampa de incluir efectos de calendario y estacionalidad.

En el terreno político, tenemos una presidencia con la aprobación más baja en la historia, resultado de los múltiples escándalos de la Casa Blanca, Malinalco y el plagio de la tesis, en conjunto con eventos trágicos como Ayotzinapa y Apatzingán (y varias más), la fuga del Chapo, la vacilada de Virgilio Andrade y hasta la ratificación de Alfredo Castillo. Pero posiblemente ha pesado más la continua inseguridad y la impunidad rapante ante la corrupción extendida. Sin embargo, dejó el análisis de estos temas a mis colegas politólogos.

En el terreno económico, las noticias son peores. El crecimiento promedio anual de los cuatro años se ubica por debajo del promedio de los tres sexenios anteriores. Sin embargo, cada uno de los anteriores se enfrentó a una gran crisis: el “tequilazo” de 1995, la recesión de 2001-2002 y la gran recesión de 2008-2009. A pesar de no haber entrado en recesión este sexenio, el promedio no alcanza los anteriores que sí tuvieron. La herida se siente peor ante la promesa de crecer más del 5 por ciento con las reformas estructurales (o ya de perdida 3.5 por ciento sin reformas).

El gobierno ha presumido de la creación de empleo y la disminución en el desempleo. De hecho, la tasa de desempleo urbano de julio de 4.41 por ciento no solamente es la más baja del sexenio, sino la menor desde mayo de 2008. El problema es que el desempleo abierto nunca ha sido el problema laboral más apremiante del país; lo es el empleo precario y mal remunerado. Por ejemplo, la tasa de condiciones críticas de ocupación en mayo de este año registró su nivel más elevado desde mayo 2005, por arriba incluso del pico observado en la gran recesión de 2008-2009. La ENOE confirma que la gran mayoría de los empleos creados en los últimos años son de dos salarios mínimos para bajo. La misma encuesta muestra que el ingreso laboral real se ubica por debajo de los niveles observados a lo largo de los últimos ocho años (a pesar de una muy pequeña recuperación en 2015).

Una de los aspectos económicos que han presumido los últimos tres gobiernos es la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la empresa calificadora Moody’s puso a México en “perspectiva negativa” en marzo, mientras que S&P hizo lo mismo en agosto, ambos cuestionando los desequilibrios macroeconómicos que se han ido formando en los últimos dos años y empeorando en 2016. Después de promediar 1.1 por ciento entre 2003 y 2013, el déficit en cuenta corriente superará 3.0 por ciento del PIB este año, a pesar de haber acumulado una depreciación significativa de la moneda. El incremento de aproximadamente 45 por ciento en los últimos dos años en el tipo de cambio es por mucho el ajuste más grande que se ha observado para un periodo similar desde que existe el régimen cambiario actual. Finalmente, el déficit fiscal tradicional como porcentaje del PIB de 2015 fue el más abultado desde 1990. Esto ha llevado a que la deuda pública como porcentaje del PIB se ubica más de 20 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2007.Los desequilibrios macroeconómicos se han acentuado a tal grado que las autoridades se han visto ante la necesidad de aplicar políticas fiscal y monetaria restrictivas a pesar de que la inflación se encuentra por debajo de su objetivo y que existe una brecha negativa del producto (estamos creciendo por debajo del potencial).

Por último, tenemos el logro de que la inflación registró su mínimo histórico a finales del año pasado y que liga 15 meses por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, se empieza a cuestionar la medición de la inflación, ya que cada vez más no corresponde a lo que enfrentamos, tema que abordaremos la próxima semana.

La medición de la pobreza siempre ha sido tema de controversia, en México y en el resto del mundo. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo se debe medir? A través del tiempo hemos visto múltiples intentos en diferentes países y en distintos tiempos, cada uno con su propia definición y medición. Por ejemplo, en 1999 se presentó una estimación realizada por Progresa (el programa principal del gobierno para atender a la pobreza extrema) de que había en ese momento 13.6 millones de pobres. Santiago Levy (entonces Subsecretario de Egresos de la SHCP) divulgó que su estimación era de 18.8 millones. Julio Boltvinik (investigador del Colegio de México) presentó su corrección a la estimación de Levy de 36.5 millones. Enseguida, Marco Provencio (vocero oficial de la SHCP) dijo que oficialmente el gobierno reconocía 25.4 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza extrema. En otras palabras, había cuatro cifras muy distintas que decían que el número de pobres oscilaba entre 13.6 y 36.5 millones, que en términos porcentuales representaba entre 14 y 38 por ciento de la población en 1999.

Ante este problema, en 2001 se formó un Comité Técnico para la Medición de la pobreza, compuesto de académicos de cuatro instituciones educativas del país. Después de 10 meses de trabajo, el comité aprobó una metodología “oficial”, basada en información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que produce el INEGI cada dos años. La primera estimación, que fue para 2000, arrojó una cifra de 53.7 por ciento de la población, en una definición que consideraba solamente al ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas. Los primeros esfuerzos para una medición consistente y oficial de este comité fueron premiados al convertirlo en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ya como Consejo, los expertos decidieron modificar la definición de la pobreza mediante la incorporación de carencias sociales. Al combinar criterios de ingresos con carencias básicas, el Coneval estableció una metodología original “multidimensional”.

Ahora se considera a la población que vive en condiciones de pobreza extrema a los que tienen un ingreso inferior a lo que se necesita para adquirir una canasta básica alimenticia y que tengan por lo menos tres carencias sociales. La pobreza patrimonial se define como la población que tienen un ingreso inferior a lo que se necesita para adquirir una canasta básica ampliada (que incluye bienes no alimenticios) y por lo menos una carencia social. Las carencias sociales consideradas son seis: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Para el cálculo de los ingresos y de las carencias sociales, el Coneval solicitó al INEGI que ampliara la ENIGH para incorporar un “Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). Por ejemplo, para 2014 esta información encontró que 53.2 por ciento de la población tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar y que 72.4 por ciento tenían al menos una carencia social. Al combinar los dos criterios se obtuvo una estimación de 46.2 por ciento de la población que vive en situación de pobreza, mientras que 9.5 por ciento son de pobreza extrema. Se encontró que 26.3 por ciento de la población es vulnerable por carencias sociales (a pesar de tener suficientes ingresos), mientras que 7.1 por ciento es vulnerable por ingresos (aunque no tienen carencias sociales). Al final, significa que tan solo 20.5 por ciento de la población no es pobre ni vulnerable.

La información que proporciona el INEGI cada año mediante el MCS de la ENIGH es crucial para tener mediciones consistentes y homogéneas a través del tiempo. Es el insumo básico para el seguimiento de los programas sociales construidos para abatir la pobreza en el país. Por lo mismo, todos esperábamos con ansiedad los datos del MCS de 2015, que se darían a conocer el 15 de julio. Sin embargo, recibimos con sorpresa la noticia de que el INEGI introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de datos, de tal forma que ya no sea comparable la información con años anteriores.

El MCS de 2015 arroja una cifra de 36.7 por ciento de la población que vive en la pobreza, una disminución de 9.5 por ciento respecto a la estimación de 2014, mientras que la pobreza extrema es de 5.9 por ciento, una diferencia de 3.6 por ciento menos respecto al año anterior. El primer problema es que no podemos comparar las nuevas cifras de 2015 con cualquier otro punto en el tiempo. Lo que dice INEGI es que todos sus cálculos anteriores fueron equivocados, ya que tenían una subestimación de ingresos. La población con ingresos inferiores a la línea de bienestar de 53.2 por ciento en 2014, ahora resulta que es tan sólo 42.1 por ciento, una diferencia de 11.1 puntos porcentuales.

Pensemos que el INEGI tiene razón al considerar que había un sesgo sistemático en la información de años anteriores. De entrada, tenemos un problema de credibilidad. Las cifras nuevas, ¿son creíbles? Enseguida, tenemos otro problema de sospecha. ¿Qué motivó al INEGI a corregir el MCS en el momento actual y en la forma que lo hizo? ¿Fue por encargo del gobierno? ¿Realmente funciona la autonomía del INEGI? Las respuestas a estas interrogantes y el veredicto final le corresponden al Coneval.

Al final de cuentas, el INEGI nos obliga a tirar a la basura años de información y análisis sobre la pobreza. Peor aún, ¿cómo sabemos que no volverá hacer lo mismo de nuevo más adelante? ¿Podría ocurrir lo mismo con otros indicadores económicos que produce la institución? Es verdaderamente triste lo que ocurrió. Aunque el INEGI nos dice que son menos los pobres en el país, siento ahora que somos un país más pobre ante la falta de estadísticas confiables y seguros.

Los indicadores económicos que se han dado a conocer en las últimas semanas han sido en su gran mayoría negativos. Cada cifra no solo apunta hacia una mayor desaceleración, sino incluso, sugiere que la debilidad económica es mucho mayor de lo que habíamos previsto. Si le agregamos al escenario una política monetaria más restrictiva y una política fiscal menos laxa, pudiéramos estar acercándonos a una posible recesión.

En junio el Indicador IMEF Manufacturero se desplomó 3.9 puntos para ubicarse en un valor de 47.5 unidades. La magnitud de la caída es la segunda más pronunciada en la historia del indicador, solo superado por la de noviembre de 2008 (-5.4 puntos), mientras que el nivel es el más bajo observado desde junio de 2013. En Indicador IMEF No Manufacturero también registró una caída vertiginosa de 3.0 puntos, la mayor en toda la historia del Indicador, para ubicarse en 47.8 puntos. Las magnitudes de ambos indicadores apuntan hacia una desaceleración mucho mayor a lo previsto en meses pasados, señal de una creciente posibilidad de entrar en un periodo de estancamiento (como en 2013), o bien, de estar cerca del inicio de una recesión (como en 2008).

Los datos del consumo privado de abril señalan un muy mal comienzo para el segundo trimestre al disminuir -2.21 por ciento, la tasa más negativa en lo que va el sexenio, mientras que la tasa anual se ubica ahora a tan solo 1.15 por ciento del mismo mes del año anterior. La tendencia-ciclo del consumo de los hogares empieza a registrar pendiente negativa por primera vez desde mediados de 2013. Algunos indicadores complementarios al consumo, como las ventas de las tiendas afiliadas a la ANTAD, empiezan a sugerir una desaceleración significativa. Las ventas reales de tiendas totales en mayo fue 3.5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, la tasa más baja reportada desde diciembre de 2014.

La inversión fija bruta reportada ayer registró una caída de -1.6 por ciento en abril respecto a marzo para ubicarse -2.1 por ciento por debajo de su nivel de hace un año. La adquisición de maquinaria y equipo muestra una clara tendencia negativa a partir de septiembre del año pasado, al registrar tasas negativas en seis de los últimos siete meses. Sin embargo, la sorpresa está en el desplome de -5.3 por ciento en la construcción no residencial, segmento que había mostrado el mayor crecimiento en los cuatro meses anteriores.

Las exportaciones muestran una clara desaceleración en lo que va el año. A nivel de cuentas nacionales (pesos reales), habían crecido 9.0 por ciento en 2015. Sin embargo, en el primer trimestre la tasa anual se ubica en 3.1 por ciento. No obstante, en dólares nominales observamos tasas negativas no solo en las exportaciones petroleras, sino también en las no petroleras. Las exportaciones manufactureras no automotrices empezaron a registrar una tendencia negativa hacia fines de 2014 y en mayo de 2016 mostraron un nivel similar a los promedios anteriores a 2012. Las exportaciones automotrices que fueron la joya de la corona a partir de 2010, empezaron a mostrar una tendencia lateral hacia fines de 2014 y a partir de este año una decreciente.

El consumo de gobierno disminuyó 0.83 por ciento en el primer trimestre de 2016, la tasa más negativa desde el último trimestre de 2006. Esta disminución llevó la tasa anual a -0.29 por ciento, la primera tasa negativa observada desde el último trimestre de 2003. La inversión pública continuó mostrando una tendencia negativa en los primeros tres meses del año, iniciada desde hace siete años. Disminuyó 3.0 por ciento respecto al trimestre anterior y -13.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2015. Esta última tasa es la más baja observada desde el primer trimestre de 2002.

En otras palabras, todos los componentes del PIB por el lado del gasto, sin excepción, muestran desaceleración significativa o tendencia negativa. El gobierno federal acaba de anunciar otro recorte al gasto público, mientras que las autoridades monetarias subieron de nuevo la tasa de fondeo interbancario en otros 50 puntos base. El propio Banco de México nos dice que esto tendrá efecto negativo en el consumo de las familias y será menos atractiva la inversión.

Todavía existe la esperanza que estos datos son aberrantes, es decir, no marcan una tendencia negativa clara, sino solo ruido que se disipara pronto. ¿Será?