Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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Desde hace más de una década las autoridades fiscales y monetarias, junto con la propia presidencia de la República, han argumentado que dentro de lo mejor que tiene el país es la estabilidad macroeconómica; lo que llaman buenos “fundamentos económicos”. Esto consistía de una inflación cercana al objetivo del Banco Central, una balanza de pagos sin problemas ni mayor vulnerabilidad, un sistema bancario capitalizado y sin cartera vencida, finanzas públicas sanas y una deuda pública baja como proporción del PIB. Esto debería traducirse en un tipo de cambio estable y tasas de interés relativamente bajas, que a su vez conduciría a un ambiente de confianza, propicio para inducir inversión y generar empleo. Lo único que faltó en esta descripción de un país de maravillas era mayor crecimiento económico. No obstante, nos dijeron que, con las reformas aprobadas, ya estaríamos creciendo por encima de 5 por ciento anual.

De alguna forma u otra, las agencias calificadoras de riesgo-país estaban de acuerdo. Después de la crisis “tequilera” de 1995, Moody’s había mejorado la calificación soberana de México en 6 ocasiones, desde un Ba3 hasta A3, sin bajarla en ni una sola ocasión. S&P lo ha aumentado 5 veces (aunque sí lo bajó una vez en 2009), también para llevarla desde un BB- hasta BBB+. Salvo Chile, México ha sido el país mejor calificado de la región. Desde 2002, las 3 agencias, incluyendo a Fitch, nos han considerado como “grado de inversión”. La crisis de la “gran recesión” fue una prueba severa para México, que libramos muy bien. Incluso, en los 3 años siguientes, de 2010 a 2012, México logró crecer en promedio por arriba de 4 por ciento.

¿Qué fue lo que pasó para que ahora las 3 agencias nos hayan puesto en “perspectiva negativa”? Poco a poco, la estabilidad macroeconómica se ha demolido y ahora está en tela de juicio. No estamos tan mal como para perder el grado de inversión, pero sí para bajar uno o dos peldaños. Tenemos un déficit en la cuenta corriente que permanece por arriba de 3 por ciento del PIB, a pesar de un ajuste en el tipo de cambio que ya supera 50 por ciento. La nueva dirección de la política monetaria de Estados Unidos, hace que nuestra dependencia creciente en la inversión extranjera de cartera nos haga más vulnerables. Tenemos un déficit fiscal elevado, que no ha podido reducir el gobierno, y como consecuencia, una deuda pública creciente que ya cruzó el umbral del 50 por ciento del PIB. Por más promesas que hace la SHCP, sigue subiendo la deuda. No queda claro que los esfuerzos anunciados en el presupuesto para 2017 vayan hacer suficientes. A esta situación, tenemos que añadir el problema escandaloso de la deuda pública estatal.

Ambos desequilibrios han llevado a que las autoridades instrumenten una política económica restrictiva, con miras a reducir el poco crecimiento económico que tenemos. Al mismo tiempo, es casi un hecho de que la inflación seguirá en aumento, posiblemente terminando el año entrante por encima de techo del rango de variabilidad. También enfrentamos la posibilidad de que la SHCP tenga que anunciar más recortes al gasto, lo cual complica todavía más el escenario.

La situación ha derivado en una crisis de confianza, en la cual el consumidor ya ve con mayor pesimismo la situación económica actual y futura del país, a tal grado que nunca antes (desde que existe el indicador) hemos visto la economía con tanto pesimismo. La inversión se ha enfrenado, las exportaciones disminuyen, el gasto público se estrecha y el consumo de los hogares (lo único que crece) ya muestra signos de desaceleración. Pero no le podemos echar la culpa a Trump, porque todo esto era lo que teníamos antes de las elecciones del 8 de noviembre pasado. Con Trump en la mira, ahora tenemos más volatilidad cambiaria, menores flujos de capital de inversión extranjera, mayor traspaso del tipo de cambio hacia la inflación, mayores alzas en la tasa de política monetaria y menor inversión privada ante la incertidumbre creciente. Todo lo anterior se va derivar en menos crecimiento económico, menor generación de empleo, mayor informalidad y una brecha laboral creciente.

Si era cierto que nuestra fortaleza era la estabilidad económica, estamos viendo cómo se desmorona. En parte, ha sido resultado de un entorno externo desfavorable, pero también de una política económica equivocada.

La SHCP entregó el paquete económico para el presupuesto 2017 al Poder Legislativo hace 3 semanas y ahora se encuentra bajo estudio para el proceso de aprobación. En las comparecencias los funcionarios han dicho que se construyó con 3 principios fundamentales: realismo, equidad y responsabilidad, mientras que las finanzas públicas están sanas y bien estructuradas. Sin embargo, un examen a fondo hace dudar de lo mismo. Si se aprueba tal cual, es casi un hecho de que tanto Moody’s como S&P bajarán la calificación de riesgo soberano del país. ¿Por qué?

Primero el realismo. ¿Es realista un tipo de cambio promedio de 18.20 pesos para 2017? El promedio para las primeras 3 semanas de septiembre ya se ubica por encima de 19 pesos, mientras que es posible que registre 20 ya en octubre. En el corto plazo tenemos la incertidumbre del proceso electoral de Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal aumente de nuevo su tasa en diciembre. Una victoria de Trump implicaría un golpe severo al tipo de cambio, mientras que un aumento en la tasa de fondos federales simplemente traslada la preocupación a la fecha del próximo aumento. En el mediano plazo, tenemos un déficit en la cuenta corriente que permanecerá por arriba de 3 por ciento del PIB. Esto significa que se mantendrán las necesidades de mayor financiamiento en la cuenta financiera de la balanza de pagos en un entorno en que la política monetaria de Estados Unidos se encamina a reducir la gran liquidez de años anteriores. ¿Qué motivará la supuesta apreciación del peso? Más bien todo apunta a que la depreciación continuará.

¿Cuál es el riesgo de una mayor depreciación a la contemplada? Según la SHCP una moneda más débil aumenta “los ingresos petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada a las exportaciones de crudo netas de importaciones de hidrocarburos”, al mismo tiempo que aumenta “el servicio de la deuda denominada en moneda extranjera.” El efecto combinado de una depreciación de 2 pesos más que lo estimado en el presupuesto sería de 0.2 por ciento del PIB. También, al sobreestimar el crecimiento económico de 2016 es equivalente a subestimar los ingresos tributarios de 2017, que se calcula en casi 0.1 por ciento del PIB adicional. Aparentemente, el paquete tiene esta subestimación para contrarrestar cualquier aumento adicional en la tasa de interés, ya que sólo se contempla un aumento de 50 puntos base de aquí a fin de 2017. En otras palabras, es un presupuesto amañado a propósito para generar mayores ingresos de los presupuestados, para tener más gasto discrecional (como todos los años).

Segundo, la equidad. ¿Es equitativo recortar la administración central, mientras que aumentan las participaciones a estados y municipios y al Poder Legislativo? Creo que todos estaríamos de acuerdo en que el gasto menos transparente y más ineficiente es el que ejerce los gobiernos locales. Es donde hay más corrupción y menos control. En todos los casos, ¿no debería ser al revés?

Tercero, la responsabilidad. ¿Responsabilidad significa permitir que la deuda pública permanezca por arriba del 50% del PIB? ¿Es responsable subestimar los ingresos para gastar más que lo aprobado? Hay que recordar que año tras año el gobierno siempre ha gastado más de lo presupuestado. En los 4 años de este sexenio, se ha gastado en promedio casi 2 puntos porcentuales del PIB más que lo aprobado por año. También hay que recordar que el gobierno ha prometido contener la deuda pública en cada uno de los últimos 4 años sin haberlo logrado. ¿Por qué vamos a creer que ahora sí?

Por último, ¿están sanas y bien estructuradas las finanzas públicas? La estructura refleja un gasto no programable muy elevada, participaciones inflexibles y la necesidad de enfocar recortes en el gasto de inversión. En buena parte la estructura rígida del gasto refleja la dificultad de contener el gasto (a pesar de ingresos tributarios en máximos históricos), por lo que terminamos siempre con mayor endeudamiento. Por ejemplo, el ejercicio del presupuesto “base cero” que se aplicó hace un año fue prácticamente inútil. No es sano permitir que aumente la deuda pública en casi 15 puntos porcentuales del PIB en tan poco tiempo.

En conclusión, el presupuesto no es muy realista, ni responsable, ni equitativo, ya que partimos de finanzas públicas mal estructuradas y ya no tan sanas.

Criterios Generales

Septiembre 19th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

A los escasos 24 horas después de haber asumido el puesto, el nuevo Secretario de SHCP entregó al Poder Legislativo los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2017, junto con el resto del paquete que comprende el presupuesto para el año entrante. No sabemos si está de acuerdo o no con la propuesta, pues queda claro que no tuvo nada que ver en su elaboración. De entrada, no parece ser suficiente para contrarrestar el aumento anual en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP) y así evitar que Moody’s y S&P disminuyen la calificación de riesgo soberano. Debemos recordar que, en cada año de este sexenio, el gobierno federal no ha cumplido con las metas de reducción del SHRFSP como proporción del PIB. De hecho, la última estimación para 2016 es de 50.5 por ciento del PIB, 14.2 puntos porcentuales por arriba de lo que el gobierno se comprometió originalmente en los CGPE de 2013 para este año.

El proceso de saneamiento de las finanzas públicas plantea una reducción en el gasto programable de 1.5 puntos porcentuales del PIB, principalmente mediante una reducción en el gasto de capital. Básicamente no hay recortes estructurales ni sacrificios en los renglones importantes. Una buena parte de la reducción se verá neutralizada por un aumento en el gasto no programable (0.6 puntos porcentuales) y una disminución en los ingresos presupuestarios (0.5 puntos). Finalmente, al considerar que no se contará con un remanente de operación del Banco de México, la reducción en los RFSP para 2017 será de tan solo 0.1 por ciento del PIB. Los CGPE mantiene que será suficiente para reducir el SHRFSP como proporción del PIB en 0.3 puntos porcentuales, que de entrada se antoja como muy poco. Sin embargo, estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señalan que más bien el SHRFSP aumentará casi tres puntos porcentuales. Más bien, su análisis encuentra que para que no se incremente la deuda como proporción del PIB se necesita una reducción adicional en programas no prioritarios de alrededor de 220 mil millones de pesos, necesarios para obtener un superávit primario de 1.5 puntos porcentuales del PIB.

Hay un problema adicional en la programación financiera de los CGPE para 2017. Parte del supuesto de que la economía terminará creciendo este año 2.4 por ciento. Sin embargo, para llegar a esta cifra, necesitaremos una recuperación sustancial en la actividad económica en la segunda mitad del año, algo que no se ve inminente. Se ve mucho más realista el intervalo del Banco de México de 1.7 a 2.5 por ciento (punto medio 2.1 por ciento), ya que las perspectivas actuales apuntan a una alta probabilidad de no llegar a 2.0 por ciento. Incluso si comparamos los números de ahora con la propuesta de pre-criterios de apenas hace cinco meses, no parece hacer sentido. El gobierno revisa a la baja el crecimiento del PIB para 2016 en tan solo 0.2 puntos porcentuales, como resultado de una reducción en las exportaciones de 2.0 puntos, menor consumo de 0.5 puntos y menos inversión de 1.7 puntos. Como que no cuadran estos números. ¿Cuál es el problema? Resulta que 2016 es la base de comparación para 2017. Si crecemos menos este año, necesitaremos crecer mucho más el año entrante para llegar al estimado del PIB que propone la programación financiera para obtener los ingresos presupuestarios estimados.

Tal como está planteado el presupuesto apunta a que no será suficiente como revertir la tendencia de deuda pública. De ser cierto, es casi un hecho de que tanto Moody’s como S&P bajaran la calificación de riesgo soberano del país. Mayor deuda con una calificación más baja implicaría que aumentaría el costo financiero de la deuda aún más de lo que se tiene programado; de por sí, los CGPE para 2017 prevé un incremento de 2.4 a 2.8 por ciento del PIB en este rubro. De aprobarse el presupuesto tal como está planteada corre el riesgo de que el gobierno tendrá de implementar recortes adicionales al gasto en el transcurso del año.

Probablemente lo más decepcionante de los CGPE es la admisión de que el crecimiento económico será de tan solo 2.5 y 3.0 por ciento para 2017 y 2018, respectivamente. De ser cierto, el crecimiento promedio anual del sexenio terminará en 2.2 por ciento, no muy diferente a los doce años anteriores (con todo y reformas estructurales).

Cuatro Años

Septiembre 6th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

Mañana, 1 de septiembre, el Ejecutivo entregará su Cuarto Informe al Poder Legislativo. Al quien se toma la molestia de leerlo, seguramente encontrará puras maravillas. Sin embargo, sabemos que han sido cuatro años muy difíciles, de escasos logros y de muchos retrocesos. Por ejemplo, hace una semana el INEGI informó que había disminuido el PIB en el segundo trimestre respecto al primero, lo cual convirtió al periodo en el segundo peor del sexenio. Sin embargo, la SHCP presumió que el trimestre tuvo el mejor desempeño para un segundo trimestre desde 2012, claro mediante la trampa de incluir efectos de calendario y estacionalidad.

En el terreno político, tenemos una presidencia con la aprobación más baja en la historia, resultado de los múltiples escándalos de la Casa Blanca, Malinalco y el plagio de la tesis, en conjunto con eventos trágicos como Ayotzinapa y Apatzingán (y varias más), la fuga del Chapo, la vacilada de Virgilio Andrade y hasta la ratificación de Alfredo Castillo. Pero posiblemente ha pesado más la continua inseguridad y la impunidad rapante ante la corrupción extendida. Sin embargo, dejó el análisis de estos temas a mis colegas politólogos.

En el terreno económico, las noticias son peores. El crecimiento promedio anual de los cuatro años se ubica por debajo del promedio de los tres sexenios anteriores. Sin embargo, cada uno de los anteriores se enfrentó a una gran crisis: el “tequilazo” de 1995, la recesión de 2001-2002 y la gran recesión de 2008-2009. A pesar de no haber entrado en recesión este sexenio, el promedio no alcanza los anteriores que sí tuvieron. La herida se siente peor ante la promesa de crecer más del 5 por ciento con las reformas estructurales (o ya de perdida 3.5 por ciento sin reformas).

El gobierno ha presumido de la creación de empleo y la disminución en el desempleo. De hecho, la tasa de desempleo urbano de julio de 4.41 por ciento no solamente es la más baja del sexenio, sino la menor desde mayo de 2008. El problema es que el desempleo abierto nunca ha sido el problema laboral más apremiante del país; lo es el empleo precario y mal remunerado. Por ejemplo, la tasa de condiciones críticas de ocupación en mayo de este año registró su nivel más elevado desde mayo 2005, por arriba incluso del pico observado en la gran recesión de 2008-2009. La ENOE confirma que la gran mayoría de los empleos creados en los últimos años son de dos salarios mínimos para bajo. La misma encuesta muestra que el ingreso laboral real se ubica por debajo de los niveles observados a lo largo de los últimos ocho años (a pesar de una muy pequeña recuperación en 2015).

Una de los aspectos económicos que han presumido los últimos tres gobiernos es la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la empresa calificadora Moody’s puso a México en “perspectiva negativa” en marzo, mientras que S&P hizo lo mismo en agosto, ambos cuestionando los desequilibrios macroeconómicos que se han ido formando en los últimos dos años y empeorando en 2016. Después de promediar 1.1 por ciento entre 2003 y 2013, el déficit en cuenta corriente superará 3.0 por ciento del PIB este año, a pesar de haber acumulado una depreciación significativa de la moneda. El incremento de aproximadamente 45 por ciento en los últimos dos años en el tipo de cambio es por mucho el ajuste más grande que se ha observado para un periodo similar desde que existe el régimen cambiario actual. Finalmente, el déficit fiscal tradicional como porcentaje del PIB de 2015 fue el más abultado desde 1990. Esto ha llevado a que la deuda pública como porcentaje del PIB se ubica más de 20 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2007.Los desequilibrios macroeconómicos se han acentuado a tal grado que las autoridades se han visto ante la necesidad de aplicar políticas fiscal y monetaria restrictivas a pesar de que la inflación se encuentra por debajo de su objetivo y que existe una brecha negativa del producto (estamos creciendo por debajo del potencial).

Por último, tenemos el logro de que la inflación registró su mínimo histórico a finales del año pasado y que liga 15 meses por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, se empieza a cuestionar la medición de la inflación, ya que cada vez más no corresponde a lo que enfrentamos, tema que abordaremos la próxima semana.

La Familia A

Febrero 11th, 2014 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (1 Comments)

La semana pasada, la empresa calificadora Moody’s Investors Services otorgó a México la calificación de “A3” para su riesgo soberano de largo plazo, conocido también como “riesgo-país”. La mayoría de los analistas independientes (no asociados al gobierno) mostraron sorpresa y asomo, ya que la inclusión de nuestro país al primer peldaño de la categoría más elevada viene justo al concluir un año bastante malo para la economía. El crecimiento económico fue cerca de una cuarta parte de los años anteriores, se generó mucho menos empleo, aumentó la inflación y no hubo mejora más que marginal en las finanzas públicas. Además, el anuncio de Moody’s se dio a conocer a la misma hora y fecha en que el INEGI daba a conocer un desplome brutal en la confianza de los consumidores.

La justificación de Moody’s fue la aprobación de las diez reformas estructurales, que abrirá el camino a más crecimiento y recaudación, lo que le da ahora al país una “capacidad fuerte” para cumplir todas nuestras obligaciones financieras. Las dudas surgen de inmediato, ya que todavía faltan muchas leyes secundarias, existe gran oposición de las izquierdas (que no se van resignar) y varias de las reformas fueron incompletas, o de plano malas. Por ejemplo, la reforma laboral no logró ni el diez por ciento de lo que se necesita, la reforma fiscal fue una regresión total y faltan esfuerzos para fortalecer nuestra principal debilidad, el estado de derecho.

Más que un análisis serio de la situación económica del país, Moody’s le está apostando al impulso de las reformas y a la estrategia del gobierno. No es la primera vez que Moody’s arriesga su reputación con una calificación adelantada, ya que hizo algo similar en el 2000 cuando le dio al país su primera calificación de “grado de inversión” varios meses antes de las elecciones. Fue un verdadero albur, ya que prevalecía mucha incertidumbre en torno a los posibles resultados, el futuro del PRI y la fragilidad del estado de derecho ante el primer cambio de régimen. Al final de cuentas fue un acierto, ya que a pesar del pobre desempeño del sexenio de Fox, hubo un manejo responsable de las finanzas públicas y énfasis en la estabilidad macroeconómica, dos factores fundamentales para una calificación que no fuera “especulativa”.

Llama la atención las dos visiones tan diametralmente opuestas que hay sobre México en el exterior y en el interior del país. Afuera ven el “momento México”, el esfuerzo sin precedente de aprobar tantas reformas a la vez, una reforma fiscal que generará más recursos para el estado y un gobierno más enfocado y capaz de obtener los resultados necesarios para crecer y crear empleos. En cambio, al interior vemos un gobierno que nos quita y nos quita nuestros ingresos para mal gastarlos, una falta total de seguridad pública, un estado de derecho casi inoperante, cambios políticos innecesarios para el pueblo y cada vez más incredulidad en cuanto al rumbo económico. Importaciones de coches chatarra, más extorsiones y secuestros, productividad estancada, educación de mala calidad y manifestaciones permanentes.

¿Realmente merecemos pertenecer a la prestigiosa familia “A”, junto con países como Aruba, Bahamas, Bermuda y Chile? Primero, hay que aclarar que todavía nos debemos considerar como “BBB+”, ya que sólo una calificadora nos da la distinción de ser “A3”, mientras que los otros dos nos siguen considerando un peldaño abajo. Si las dos grandes (Moody’s y Standard & Poor’s) no concuerdan, se toma la calificación de Fitch para desempatar. En este caso, Fitch le otorga la razón a S&P, por lo que todavía no nos podemos colgar la medalla.

Segundo, lo que está calificando Moody’s no es nuestro estado de derecho, nuestra capacidad de crecer o la calidad de las reformas per se. Aunque son factores que influyen, lo que realmente está examinando es nuestra capacidad de cumplir cabalmente con nuestros compromisos crediticios, no solamente en buenos tiempos sino ante cambios coyunturales y condiciones económicas adversas. Lo que está reconociendo la agencia es nuestra entrega a la estabilidad macroeconómica y a un manejo relativamente bueno de las finanzas públicas, después de varias décadas de irresponsabilidad en los setentas y ochentas.

Finalmente, vale la pena recordar que Moody’s es la institución que nunca ha disminuido nuestra calificación. S&P nos la ha reducido dos veces (1995 y 2009), mientras que Fitch lo hizo en 2009. En cambio, esta es la sexta vez que Moody’s cambia nuestra calificación y siempre en dirección al alza.