Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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El día primero de enero pensé que la buena noticia era que ya se acabó 2016, un año difícil, tedioso y de inestabilidad. Pero la mala noticia es que empieza 2017 con perspectiva peor. Ya llevamos un poco más de una semana del año y vemos que ya no es lo duro sino lo tupido. El gasolinazo, las protestas, los saqueos, los bloqueos y aumentos generalizados en precios han acaparado las ocho columnas, pero también nos han agraciado con noticias adicionales como el regreso de Videgaray, la cancelación de inversión de Ford y la posible salida del país de Chrysler. Todo indica que las promesas de Trump se van a materializar. El Indicador IMEF dice que “aumenta incertidumbre”, mientras que sigue en desplome la confianza empresarial y del consumidor. Todo se refleja en la continua debilidad del peso, que ya vimos como el tipo de cambio registra de nuevo, máximos históricos. Existe en el país una sensación de inestabilidad económica y política no visto desde el “tequilazo” al comienzo de 1995.

Ante tanta adversidad, lo que más necesita el país es un gobierno inteligente, que asume su rol de líder y que instrumente políticas para resolver los problemas e incertidumbres que enfrentamos. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta? El “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar”, posiblemente la máxima desilusión del gobierno actual. Es un conjunto de enunciados vacíos, sin fondo, lleno de contradicciones y desconectado de la problemática que enfrenta el país. Ni siquiera logró un consenso entre las cúpulas empresariales y excluye a los gobiernos estatales y a los partidos de oposición. Es una muestra más de que no solamente no entiende los reclamos de la población, sino que no entiende que no entiende. Es aun peor que el anuncio conjunto de la SHCP y el Banco de México que dieron a conocer a las 7:00 de la mañana después de las elecciones de Estados Unidos, cuando acordaron no hacer nada más que “estar atentos”.

Por ejemplo, incluye el compromiso de evitar incrementos significativos en los precios de la canasta básica (como especie de control de precios), que seguramente causará escasez como suele suceder, pero al mismo tiempo dice que realizará acciones en favor de la libre competencia (como evitar o quitar controles de precios). En caso de que se dé el incremento en el precio de algún producto de la canasta básica se permitirá la libre importación de éste para estabilizar el mercado. El problema es que la importación de cualquier producto al tipo de cambio actual seguramente implicará un incremento todavía mayor en el precio, al no ser que el gobierno lo vaya subsidiar. Sin embargo, la justificación del gasolinazo fue que lo que se quiere evitar son los subsidios.

Otro problema de fondo es la credibilidad. ¿Cuántas veces ya nos ha dicho el gobierno que va combatir la corrupción sin que no pasa absolutamente nada? ¿Cuántos recortes de gasto se han anunciado para que al final del año encontramos que se gastó mucho más que lo presupuestado originalmente? El Acuerdo dice que se va a modernizar el transporte público, pero la inversión pública ha disminuido en cada uno de los últimos siete años. Incluye medidas “nuevas” que se supone que ya se deberían estar instrumentando, como garantizar un superávit primario, impulsar la recuperación del salario mínimo y preservar la estabilidad económica. Evita acciones directas para resolver el agravio más apremiante: el gasolinazo. No incluye medidas para evitar o minimizar el robo de gasolinas o resolver el problema de abasto. No abarca el problema de incertidumbre ante la llegada de Trump, que frenará la poca inversión que teníamos. Remarca la instrumentación de políticas fiscales y monetarias restrictivas, que implica frenar aún más el crecimiento económico.

Todos hemos revisado a la baja las expectativas de crecimiento económico para este año al saber que Trump será presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero. No obstante, las primeras revisiones eran tibias al no conocer a ciencia cierta lo que hará el vecino en nuestra contra y tampoco anticipábamos la parálisis o falta de ideas de nuestro gobierno. Los anuncios de Ford y Chrysler y el continuo ataque vía Twitter por parte de Trump, empiezan a vislumbrar que podríamos estar enfrentando el peor escenario contemplado. Las probabilidades de una recesión este año van en aumento día a día.

El INEGI reportó que la inflación de febrero fue 0.19 por ciento respecto al mes anterior y 3.00 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. A primera vista, la noticia es muy buena ya que la tasa objetivo puntual del Banco de México es 3.0 por ciento, mientras que la tasa de 0.19 por ciento anualizada es de 2.3 por ciento. Esto significa que la inflación está en este momento exactamente donde quieren las autoridades monetarias y si persiste el ritmo actual, estará bajando aún más. Es más, la tasa anual de febrero es la tercera tasa más baja desde que existe el INPC (a partir de enero de 1970), es decir, en 45 años: en noviembre 2005 la tasa llegó a 2.91 por ciento y en mayo 2006 registró 2.996 por ciento.
Los números reflejan una mejoría significante de un año para acá, ya que en febrero de 2013 la tasa anual se ubicaba en 4.23 por ciento. La tasa subyacente estaba en 2.98 por ciento y ahora se ubica en 2.40 por ciento, mientras que la no subyacente está ahora en 4.88 por ciento, cuando hace un año se ubicaba en 8.28 por ciento. Sin una reforma fiscal que aumente impuestos y sin aumentos mensuales programados en los precios de la gasolina, todo apunta a que la tasa fin de año se podría ubicar por debajo de 3.0 por ciento, tal y como lo anticipó el Banco de México en su último Informe Trimestral sobre la Inflación.
Sin embargo, un examen un poco más detenido no concluye con tan buenas noticias. La razón principal que explica la disminución en febrero es la tasa de -0.27 por ciento en el componente no subyacente, impulsada fundamentalmente por una disminución de -3.61 en los precios de frutas y verduras (el precio del jitomate bajó 30.1 por ciento). Mientras que es bueno que hayan disminuido estos precios, sabemos que es un subíndice con una varianza enorme: igual sube que baja significativamente. El primer problema es que el ciclo a la baja en estos precios está por concluir. No sabemos cuándo ni cuánto, pero lo más probable es que en el corto plazo vamos a ver incrementos importantes en estos precios. En otras palabras, lo que ayudó a que bajara la tasa de inflación en estos meses, será el mismo factor que explicará aumentos en los meses entrantes.
También encontramos una tasa negativa (-0.03 por ciento) en los energéticos. Sin embargo, no es causa de la reforma de telecomunicaciones o algún cambio estructural que ayuda a que sea más barato la electricidad. Más bien, es un factor estacional, ya que el programa de tarifas eléctricas de temporada cálida (subsidios) inició su periodo de vigencia durante febrero en Tapachula, Chiapas; la inflación en esta ciudad en febrero fue -0.62 por ciento, la más baja de todas las localidades del país que integren el INPC. Esto significa que es una reducción temporal, que volverá a subir cuando termine el programa en la segunda mitad del año.
Aunque el rebote en la tasa de la inflación no subyacente seguramente presionará la tasa general, no es lo que más preocupa. La tasa de inflación subyacente aumentó 0.34 por ciento en febrero, que anualizada implica una tasa de 4.2 por ciento. Es decir, si la subyacente aumente todos los meses a este ritmo, terminaría el año por encima de 4.0 por ciento. Al analizar la desagregación de la subyacente, encontramos que la tasa de mercancías no alimenticias aumentó 0.59 por ciento, algo sumamente inusual. La última vez que observamos una tasa parecida en este subíndice fue en enero de 2010, hace cinco años. La persistencia de tasas elevadas en este rubro es consistente con un traspaso importante de la depreciación del tipo de cambio a precios.
Pero antes de hablar de un traspaso cambiario, tenemos que estar seguros que son aumentos generalizados en las mercancías y no el resultado de aumentos en uno o dos productos con incidencias elevadas. Si examinamos la lista de los diez precios que más impactaron al alza al índice, encontramos que solo un precio, cigarrillos, es una mercancía no alimenticio, mientras que su incidencia no es tan alta (0.015). Esto significa que la tasa elevada de 0.59 por ciento sí parece ser resultado de incrementos generalizados y no de uno o dos precios. Para ver si representa un peligro en cuanto a presiones inflacionarias, lo que queda por ver es si son incrementos sostenidos y no simplemente de una vez por todas. Para esto habrá que examinar este subíndice en los próximos meses, junto con el desempeño del tipo de cambio. Si el peso sigue depreciándose, es muy probable que generará presiones inflacionarias que harán que sube la tasa general.
Finalmente, llama la atención la tasa de 0.35 por ciento en los servicios. Típicamente, los precios de los servicios reflejan las presiones inflacionarias que pueden surgir de la demanda agregada, es decir, de una brecha de producto positivo. En los últimos años, su subíndice ha sido de los más bajos, en buena medida porque se estima que actualmente la brecha de producto es negativo; la tasa anual a febrero es apenas 2.20 por ciento. El aumento se explica por un pequeño repunte en el precio de la vivienda, incrementos estacionales en la educación y un aumento de 0.51 por ciento en “otros servicios”. Sin embargo, cuando acudimos a ver las incidencias, resulta que el incremento en el servicio de telefonía móvil en febrero explica 43 por ciento del incremento total del subíndice. En general, “otros servicios” muestra más varianza en su subíndice que la mayoría de los demás componentes de la subyacente, por lo que no es preocupante y mucho menos indicio de que se está cerrando la brecha de producto. Simplemente llama la atención que el servicio de telefonía móvil sea el precio que más aumentó en todo el INPC en febrero, cuando se supone que debería estar cayendo.
Por lo pronto, podemos decir que la inflación de febrero fue más bien malas noticias, ya que existe evidencia de un traspaso del tipo de cambio a precios y que es muy probable que aumenten los precios de frutas y verduras en los próximos meses. En enero veíamos con muy buenos ojos la expectativa de Banxico de que la inflación anual pudiera terminar el año por debajo de 3.0 por ciento, a tal grado que la mayoría de las instituciones ajustaron sus expectativas a la baja. Sin embargo, ya con la información de febrero el panorama inflacionario ya no se ve tan benigno. Es muy probable que veamos ahora revisiones al alza en las expectativas de inflación para fin de 2015. Pero bueno, faltan diez meses y muchas cosas pueden pasar.

La semana pasada comentamos el comportamiento de la inflación en 2013. Dijimos que a pesar de haber terminado el año por debajo de 4.0 por ciento (3.97 por ciento) por tercer año consecutivo (que nunca se había logrado antes), todavía no se logra cumplir con el objetivo de 3.0 por ciento establecido hace once años. El problema radica en el componente no subyacente del índice de precios, que está fuera del control de la política monetaria. Mientras la inflación subyacente ha promediado 3.0 por ciento en los últimos tres años, la no subyacente ha promediado 6.3 por ciento en el mismo periodo.

Señalamos que mientras persiste la política pública de incrementar sistemáticamente los precios de los energéticos y de realizar ajustes descontinuos (y a veces absurdos como la tarifa del Metro en la Ciudad de México) en las tarifas autorizadas por el gobierno por encima de la inflación general, será prácticamente imposible cumplir con un objetivo de inflación puntual de 3 por ciento. Nunca dijimos que estas políticas fueran buenas o malas. Simplemente significa que no podemos juzgar el desempeño de las autoridades monetarias por algo que esta fuera de su control. Por lo mismo, propusimos que se utilice la inflación subyacente como el parámetro para el objetivo de inflación.

La intención era analizar el resultado de la inflación, independientemente de juzgar o no la política de precios. Sin embargo, hubo varias personas que vieron en el artículo una crítica a la política de precios. Recibimos varios tuits en defensa de la estrategia del gobierno de subir el precio de la gasolina gradualmente para eliminar un subsidio mal enfocado y regresivo. En esto estamos totalmente de acuerdo, ya que es difícil defender una política de subsidios que entorpece todavía más la distribución inequitativa del ingreso en el país.

La política de precios es una estrategia fiscal, cuyos fines se concentran en los impactos sociales, distributivos y a veces recaudatorios. En algunas ocasiones, el gobierno plantea una política en defensa del poder adquisitivo de algunos segmentos de la población. Sin embargo, en la mayoría de los casos los controles de precios tienen impactos nocivos, sin poder cumplir con sus objetivos finales. Por lo mismo, es importante pensar a fondo la estrategia, incluyendo los impactos indirectos que pudieran causar.

Por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal otorga un subsidio significativo al transporte del Sistema Colectivo del Metro. Por un lado, brinda un servicio mucho más barato para los usuarios, que típicamente son de bajos recursos. Aunque alguien con ingresos elevados lo puede utilizar y beneficiarse del subsidio, podemos pensar que el subsidio es aprovechado mayoritariamente por la población objetivo. No obstante, la falta de recursos no le permite al gobierno mantenerlo en condiciones óptimas y en horas picos rebasa su capacidad de usuarios. En general, la política de subsidios de los servicios públicos (agua, electricidad, transporte, etc.) funciona como imán para atraer población de las comunidades rurales y ciudades más pequeños a la capital, creando problemas de pobreza, sobrepoblación y escasez de servicios adecuados.

La política de precios del Metro puede otorgar más beneficios que costos, por lo que difícilmente pudiera cambiar. No obstante, mantener el precio muy bajo por un tiempo prolongado, produce la necesidad de realizar mega-ajustes (60 por ciento de aumento) con consecuencias traumáticas para ciertos segmentos de la población. ¿No sería mejor introducir aumentos pequeños más seguidos y así evitar los mega-ajustes?

Aun así, los controles de precios suelen funcionar mejor con servicios, a diferencia con los bienes, ya que es más fácil discriminar la población objetivo. Los ejemplos más absurdos se ven ahora en Venezuela, donde hay escasez en todo tipo de bienes, desde la leche hasta el papel de baño. En la mayoría de los casos, los controles tienen a lo mucho un impacto temporal, con consecuencias mucho más negativas que positivas. Afortunadamente, los gobiernos mexicanos han evitado utilizar estos extremos.

No obstante, la estrategia utilizada por el gobierno en torno a los precios de la gasolina ha sido diferente. El precio internacional aumentó significativamente en la década anterior. En este caso el gobierno programó aumentos mensuales y aceptó un subsidio temporal con el fin de evitar incrementos desproporcionados en su momento; en otras palabras, es la política opuesta al de la tarifa del Metro. ¿Cuál de los dos extremos es mejor?