Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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Desde hace más de una década las autoridades fiscales y monetarias, junto con la propia presidencia de la República, han argumentado que dentro de lo mejor que tiene el país es la estabilidad macroeconómica; lo que llaman buenos “fundamentos económicos”. Esto consistía de una inflación cercana al objetivo del Banco Central, una balanza de pagos sin problemas ni mayor vulnerabilidad, un sistema bancario capitalizado y sin cartera vencida, finanzas públicas sanas y una deuda pública baja como proporción del PIB. Esto debería traducirse en un tipo de cambio estable y tasas de interés relativamente bajas, que a su vez conduciría a un ambiente de confianza, propicio para inducir inversión y generar empleo. Lo único que faltó en esta descripción de un país de maravillas era mayor crecimiento económico. No obstante, nos dijeron que, con las reformas aprobadas, ya estaríamos creciendo por encima de 5 por ciento anual.

De alguna forma u otra, las agencias calificadoras de riesgo-país estaban de acuerdo. Después de la crisis “tequilera” de 1995, Moody’s había mejorado la calificación soberana de México en 6 ocasiones, desde un Ba3 hasta A3, sin bajarla en ni una sola ocasión. S&P lo ha aumentado 5 veces (aunque sí lo bajó una vez en 2009), también para llevarla desde un BB- hasta BBB+. Salvo Chile, México ha sido el país mejor calificado de la región. Desde 2002, las 3 agencias, incluyendo a Fitch, nos han considerado como “grado de inversión”. La crisis de la “gran recesión” fue una prueba severa para México, que libramos muy bien. Incluso, en los 3 años siguientes, de 2010 a 2012, México logró crecer en promedio por arriba de 4 por ciento.

¿Qué fue lo que pasó para que ahora las 3 agencias nos hayan puesto en “perspectiva negativa”? Poco a poco, la estabilidad macroeconómica se ha demolido y ahora está en tela de juicio. No estamos tan mal como para perder el grado de inversión, pero sí para bajar uno o dos peldaños. Tenemos un déficit en la cuenta corriente que permanece por arriba de 3 por ciento del PIB, a pesar de un ajuste en el tipo de cambio que ya supera 50 por ciento. La nueva dirección de la política monetaria de Estados Unidos, hace que nuestra dependencia creciente en la inversión extranjera de cartera nos haga más vulnerables. Tenemos un déficit fiscal elevado, que no ha podido reducir el gobierno, y como consecuencia, una deuda pública creciente que ya cruzó el umbral del 50 por ciento del PIB. Por más promesas que hace la SHCP, sigue subiendo la deuda. No queda claro que los esfuerzos anunciados en el presupuesto para 2017 vayan hacer suficientes. A esta situación, tenemos que añadir el problema escandaloso de la deuda pública estatal.

Ambos desequilibrios han llevado a que las autoridades instrumenten una política económica restrictiva, con miras a reducir el poco crecimiento económico que tenemos. Al mismo tiempo, es casi un hecho de que la inflación seguirá en aumento, posiblemente terminando el año entrante por encima de techo del rango de variabilidad. También enfrentamos la posibilidad de que la SHCP tenga que anunciar más recortes al gasto, lo cual complica todavía más el escenario.

La situación ha derivado en una crisis de confianza, en la cual el consumidor ya ve con mayor pesimismo la situación económica actual y futura del país, a tal grado que nunca antes (desde que existe el indicador) hemos visto la economía con tanto pesimismo. La inversión se ha enfrenado, las exportaciones disminuyen, el gasto público se estrecha y el consumo de los hogares (lo único que crece) ya muestra signos de desaceleración. Pero no le podemos echar la culpa a Trump, porque todo esto era lo que teníamos antes de las elecciones del 8 de noviembre pasado. Con Trump en la mira, ahora tenemos más volatilidad cambiaria, menores flujos de capital de inversión extranjera, mayor traspaso del tipo de cambio hacia la inflación, mayores alzas en la tasa de política monetaria y menor inversión privada ante la incertidumbre creciente. Todo lo anterior se va derivar en menos crecimiento económico, menor generación de empleo, mayor informalidad y una brecha laboral creciente.

Si era cierto que nuestra fortaleza era la estabilidad económica, estamos viendo cómo se desmorona. En parte, ha sido resultado de un entorno externo desfavorable, pero también de una política económica equivocada.

En los últimos meses hemos visto señales claras de cierto resurgimiento en el consumo de los hogares. La venta de automóviles nuevos en abril fue 23.3 por ciento superior al mismo mes del año anterior. Las tasas anuales de ventas reales de tiendas totales, reportadas por la ANTAD, han promediado 5.6 por ciento en los cuatro primeros meses del año, a diferencia del promedio de 1.1 por ciento en todo 2014. Aunque las cifras del INEGI están más rezagadas, los ingresos reales obtenidos por el suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor (lo que antes le decíamos ventas al por menor), se ubicaron 5.5 por ciento por encima del nivel observado hace un año. El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de las actividades terciarias no creció tanto (tasa anual de 2.6 por ciento en febrero), pero las actividades de comercio (SCIAN 43-46) reporta un avance de 3.6 por ciento respecto al año pasado.

Estos datos son interesantes, en especial a la luz que nuestro motor principal de crecimiento (las exportaciones no petroleras) presentó una desaceleración importante en el primer trimestre del año. Típicamente, necesitamos dinamismo en las actividades manufactureras para “jalar” a la economía interna. Sin embargo, ahora presenta signos de vida la economía interna sin correspondencia a la actividad exportadora. Resulta importante entender de dónde viene este empuje y en especial, si es un fenómeno temporal o permanente. De ser lo último, pudiéramos estar por iniciar una etapa de mayor crecimiento, que tanto falta hace.

Varios de las hipótesis que se ha manejado son el gasto electoral (que tiene un componente muy líquido), la economía informal (que también podría explicar el crecimiento elevado de la base monetaria), la renovada fiscalización de las autoridades (que fomenta el consumo en vez de depositar ingresos en los bancos), la tasa de interés tan baja (que desincentiva el ahorro), la depreciación cambiaria (que lleva a adelantar compras antes de un traspaso a los precios), la demanda reprimida (que empieza a satisfacerse) y la disminución en la tasa de desempleo (que explicaría un incremento en el ingreso promedio real de las familias).

La semana pasada, el INEGI divulgó la versión trimestral de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE) para los primeros tres meses del año, que presenta datos del promedio de horas trabajadas a la semana y el ingreso promedio por hora trabajada. La multiplicación de ambos (y deflactado por el INPC) nos permite obtener una medida del ingreso promedio real. Resulta que aumenta 2.7 por ciento respecto al trimestre anterior, que si bien pudiera ser simplemente un efecto estacional, interrumpe la tendencia decreciente que han mostrado los ingresos desde hace dos años. Si lo multiplicamos por el empleo remunerado para obtener un cálculo de la masa salarial real, vemos que ha aumentado 3.1 por ciento respecto al periodo anterior. Si combinamos este resultado con una disminución en la tasa de desempleo abierto, encontramos algo de evidencia que apunta a una mejoría (aunque marginal) en el poder de compra de los hogares.

Aun así, no queda del todo claro que está pasando. Si comparamos los niveles de ingreso de los ocupados del primer trimestre con el mismo periodo del año anterior, encontramos que hay un incremento significativo en empleos de dos salarios mínimos (SM) o menos, una disminución en empleos entre dos y tres SM y muy pocos empleos nuevos con salarios mayores a tres SM. Esto significa que aunque la creación de empleo ha avanzado, la mayoría son de ingresos muy bajos. Sin embargo, hay un aumento de más de 450 mil ocupados que no especifican sus ingresos y que pudieran ser empleos mucho mejor remunerados.

Pero si realizamos la misma comparación con el trimestre inmediato anterior, encontramos resultados muy diferentes. Resulta que en el primer trimestre hay más de 550 mil ocupados adicionales con salarios de tres SM o más. Hay mucha evidencia de una mejoría en el margen, pero que difícilmente podemos saber si es simplemente una mejora estacional (ya que los datos no están ajustadas por estacionalidad), o bien, el comienzo de una nueva tendencia ascendente. Lo que si podemos afirmar es que se interrumpe la tendencia a la baja que prevaleció por dos años. Ahora necesitamos esperar a los siguientes trimestres para ver cómo avanzamos.

Mañana, jueves 21, sabremos cuánto creció el PIB en el primer trimestre. A pesar de todo, no se esperan datos buenos y esto podría llevar a más revisiones a la baja en las expectativas.

La teoría cuantitativa del dinero parte de una identidad, que relaciona el valor de las transacciones en la economía con la cantidad de dinero que circula. Aunque la formulación original se le atribuye a Jean Bodin en el siglo dieciséis, muchos economistas como Hume, Fisher, Marshall, Pigou, Von Mises, Keynes y Friedman, contribuyeron a su elaboración, que básicamente establece la relación entre la oferta y la demanda de dinero. Su formulación es relativamente simple: MV=PQ, dónde M es la cantidad nominal de dinero en circulación, V es la velocidad de circulación, P es el nivel de precios y Q es el número de transacciones en la economía, o bien, el nivel de producción.
En un principio, V se consideraba constante, de tal forma que la cantidad de dinero en circulación tenía que crecer proporcionalmente al nivel de producción, ya que de lo contrario aumentaría el nivel de precios, es decir, se produciría inflación. Posteriormente, se interpretó a V como la inversa de la demanda de dinero, de tal forma que depende del ingreso, el nivel de riqueza y las tasas de interés. No obstante, se supone que esta función es estable a largo plazo, por lo que de todos modos cualquier incremento desproporcionado en la circulación de dinero produciría más inflación.
El nivel de producción (Q) es un concepto similar al PIB real que si lo multiplicamos por P, obtenemos el PIB nominal. Ante una demanda de dinero estable, esto significa que la tasa de crecimiento de los billetes y moneda en circulación debería ser similar al crecimiento del PIB nominal. El INEGI reportó hace poco que el PIB nominal creció 5.8 por ciento en 2014, por lo que esperaríamos que la oferta monetaria estaría creciendo a un ritmo más o menos similar. El problema es que el Banco de México nos dice que la base monetaria (billetes y monedas) creció a un ritmo anual de 19.0 por ciento, es decir, más de tres veces el crecimiento del PIB nominal.
Si la demanda de dinero fuera estable, estaríamos ante una bomba inflacionaria. Sin embargo, la tasa anual se ubica por ahora en 3.0 por ciento, que es exactamente el objetivo puntual del Banco de México, mientras que las expectativas de las autoridades monetarias son que termine el año ligeramente por debajo de ese nivel. Esto significa que no tenemos una demanda estable, sino más bien creciente. La gran pregunta es ¿por qué?
Hay varias hipótesis al respecto y como suele suceder, lo más seguro es que la respuesta es una combinación de todas ellas. La primera es la tasa de interés tan baja, lo que desincentiva el ahorro y aumenta la demanda por dinero. No obstante, si fuera así deberíamos observar mayor consumo, que realmente no es el caso. La segunda es un mayor crecimiento de la economía informal, que típicamente se maneja con dinero en efectivo. Sin embargo, los datos del INEGI y del IMSS sugieren más bien lo contrario. La tercera es que se haya expandido mucho más la economía ilegal (léase narcotráfico), pero no hay mucha evidencia que soporte un crecimiento tan elevado. La cuarta es que ya estamos viendo el gasto electoral, que típicamente maneja más efectivo. No obstante, el crecimiento de la base monetaria ha sido elevado desde el año pasado, por lo que no es fenómeno de los últimos meses.
Finalmente, hay una quinta hipótesis, que parece ser la más probable. Las reformas fiscal y financiera del año pasado, en combinación con otras medidas instrumentadas por las autoridades fiscales para reducir el lavado de dinero han llevado a una mayor fiscalización de todas las transacciones cotidianas que se realizan en la economía. Esto ha llevado a que mucha gente y empresas estén evitando utilizar el sistema bancario y demás formas que alertan a las autoridades de sus transacciones. Por ejemplo, se dice que el SAT ahora sabe cuándo viajó, a dónde, cuánto gasto y hasta qué compró. Para mucha gente, ésta intromisión de las autoridades en la vida privada no solamente es intimidante, sino incluso un abuso. La consecuencia es que la gente prefiere cada vez más manejarse en efectivo y así evitar el uso de las tarjetas de crédito, los pagos vía el sistema bancario y demás transacciones fiscalizables, lo que ha llevado a un incremento significativo en la demanda de dinero.
De ser cierto, significa que podemos agregar otro factor a la larga lista de puntos negativos de la reforma hacendaria. En sus intentos de reducir el lavado de dinero, de fiscalizar más a la gente y de reducir las oportunidades de evadir impuestos, la SHCP ha logrado exactamente lo contrario. En otras palabras, otra política fiscal que no ha funcionado bien.

Desde que se aprobó la reforma constitución a fines de 1993, la Constitución manifiesta claramente que la prioridad del Banco de México es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, léase, abatir permanentemente la inflación. No obstante, desde hace 20 años hemos tenido un especie de debate permanente sobre el tema, ya que muchas personas piensan que el banco central debería tener doble mandato: no sólo controlar la inflación, sino también velar por el crecimiento económico y la creación de empleos, tal como lo tiene la Reserva Federal en Estados Unidos.

El argumento central de los que abogan por un solo mandato es que es la única manera de evitar el problema de la “inconsistencia temporal” de utilizar la política monetaria para estimular la actividad económica (que puede ser deseable en el corto plazo, pero inconsistente en el mediano/largo plazo). En cambio, los del otro lado del debate argumentan que la obsesión por abatir la inflación va en detrimento del crecimiento.

Sin embargo, el tener un objetivo prioritario no está peleado con un segundo y en el fondo, realmente no hay mucha diferencia en cómo conducen la política monetaria en ambos países. En ambos casos existen los dos objetivos. La diferencia es que en Estados Unidos la Reserva Federal le da mayor prioridad (implícita) al control inflacionario, mientras que aquí el Banco de México tiene los mismos dos objetivos, aunque el segundo no es explícito.

¿Esto qué significa? En los dos países se reconoce los límites y alcances de la política monetaria.  Se sabe que es el instrumento ideal para controlar la inflación mientras que puede coadyuvar al crecimiento económico en el corto plazo, pero su contribución fundamental es mediante un ambiente de estabilidad macroeconómico.  Esto significa que nunca van a permitir un ambiente de inflación, ya que sus efectos desestabilizadores no sólo van en perjuicio del poder adquisitivo, sino también en contra del ambiente macroeconómico que fomenta el crecimiento económico.  No obstante, cuando no existen presiones inflacionarias, es posible llevar a cabo una política monetaria más laxa que pudiera estimular la inversión y el crecimiento económico mediante tasas más bajas.

Si uno estudia las decisiones de política monetaria en Estados Unidos, queda evidente que la Reserva Federal nunca ha bajado su tasa objetivo cuando existen amenazas o presiones inflacionarias, aun en casos de estancamiento o bajo crecimiento económico. Al enfrentar sus dos objetivos, siempre le ha dado prioridad a la estabilidad de precios. Por lo mismo, no es necesario cambiar su mandato ya que queda claro los alcances y limitaciones de sus políticas.

En México podemos ver lo mismo.  Si leemos las minutas de las juntas de gobierno, los anuncios de política monetaria y demás documentos que respaldan sus decisiones, siempre vemos el análisis de los balances de riesgo, tanto de inflación como de crecimiento económico. Aunque siempre ha buscado el objetivo de 3.0 por ciento de inflación, nunca se ha comportado de manera “obsesiva” en su persecución. Incluso, ha mantenido una política expansionista en los últimos cinco años a pesar de nunca haber alcanzado su meta.

Desde que se implementó la política actual de tener una tasa objetivo para el mercado interbancario (a principios de 2008), hemos visto que el Banco se ha inclinado mucho más por una postura laxa que por una restrictiva.  Bajó la tasa de política monetaria de 8.25 por ciento a 4.50 por ciento en los primeros seis meses de 2009 cuando la inflación promediaba 6.0 por ciento (dos veces su objetivo). Después mantuvo su tasa en 4.50 por ciento por casi cuatro años cuando la inflación giraba alrededor de 4.0 por ciento. Finalmente, ha bajado la tasa en 150 puntos base adicionales en los últimos quince meses aprovechando el estancamiento económico y una brecha de producción claramente negativa.

Al final de cuentas, parece que el comportamiento de Banxico es compatible con un doble mandato, pero siempre con el cuidado suficiente para procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. La pregunta que queda en el aire más bien gira alrededor de las intenciones de la Junta de Gobierno. ¿Realmente piensa que la posición monetaria actual es consistente con una convergencia de la inflación a 3.0 por ciento?, o bien, ¿hay motivos políticos detrás de su decisión? No olvidemos que el actual Gobernador termina su periodo a fines del año entrante y le gustaría ocupar el puesto por seis años más. ¿Será que ya está en plena campaña?