Modalidad 34

En la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET) de 2003, se acordó que la medición del empleo informal no debería limitarse al trabajo en el propio sector informal (definido como unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros básicos para operar), sino que además debería abarcar otras modalidades de la informalidad, como la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado de los hogares y todos los demás empleos ligados a unidades económicas formales, pero sin la protección laboral correspondiente. Estos últimos, incluso, abarcan a muchos empleos de gobiernos (federal, estatal y municipal) que no otorgan los beneficios marcados por la ley.
Ante las recomendaciones de las CIET y otros organismos internacionales, el INEGI procedió a rediseñar casi por completo la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) en 2005, para proceder a partir de entonces con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esta nueva encuesta incorporó muchos cambios y recomendaciones metodológicas, mientras que también añadió todos los aspectos necesarios para calcular la “tasa de informalidad laboral”, que derivaba de las resoluciones adoptadas por la CIET 2003. Sin embargo, el gobierno impidió que se diera a conocer esta nueva serie, ya que duplicaba la proporción de informalidad que se manejaba bajo la definición más estrecha, que solo consideraba los empleos en el propio sector informal.
Así, el INEGI tuvo que esperar al cambio de gobierno a fines de 2012 para dar a conocer los nuevos datos. Con la idea de que “más vale pedir perdón que permiso”, a los pocos días de haberse iniciado el nuevo sexenio, se divulgó la nueva tasa de informalidad laboral que admitía que alrededor del 60 por ciento de todos los empleos en el país son informales. Incluso, en los estados más pobres la tasa llega a representar alrededor de 80 por ciento de los trabajos.
La semana pasada, el INEGI dio a conocer la parte complementaria a la tasa de informalidad laboral, que es el primer cálculo oficial de tamaño de la actividad económica informal, es decir, cuánto producen los que elaboran en condiciones informales. Bajo los lineamientos internacionales de las organizaciones relevantes, se presentó la medición del valor agregado bruto de la economía informal de 2003 a 2012. Con estos datos ahora sabemos que el 60 por ciento de la población que trabaja en condiciones de informalidad genera el 25 por ciento del PIB. Estos datos son cruciales para la elaboración de políticas públicas dirigidas a reducir el tamaño de la economía informal y a proteger a las familias que viven en condiciones precarias sin ningún tipo de seguridad social.
Dentro de las otras modalidades de la informalidad, están las personas que trabajan en nuestros hogares, es decir, el servicio doméstico remunerado. En muchos casos, son personas muy allegadas a las familias, que tienen muchos años trabajando muy de cerca con nosotros y a veces hasta con lazos sentimentales. Sin embargo, en la mayoría de los casos son personas que carecen de una protección laboral, no gozan de algún tipo de servicio médico y carecen de seguros de trabajo, invalidez, retiro, cesantía y vejez. Podrían inscribirse voluntariamente al Seguro Social, pero por su remuneración precaria no es una opción viable. Podrán acudir al Seguro Popular, que es más un tipo de subsidio del gobierno con severas limitaciones y carencias. Al final del día, es un segmento más de la población sin protección social.
No obstante, existe una opción poco conocida que se llama la “modalidad 34” del IMSS, que fue concebida especialmente para el trabajador doméstico bajo el Artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social. Cualquier familia puede dar de alta a la persona que trabaja en su hogar, sin contingencia o responsabilidad laboral, mediante un pago único anual de aproximadamente 7,500 pesos (625 pesos mensuales) y así proveer a la persona de todos los beneficios de un derechohabiente, incluyendo una aportación a una Afore para generar una pensión mínima garantizada. No hay ningún contrato de por medio, ni obligación patronal más allá de cubrir la cuota anual. No hay pagos adicionales de impuestos u obligaciones para otorgar vacaciones, aguinaldos o demás prestaciones.
Llama la atención que casi no hay hogares en el país que tengan un trabajador doméstico que acuden a la modalidad 34. En una de las Subdelegaciones del IMSS en la Ciudad de México me dijeron que han tenido un solo caso en los últimos cinco años (el mío). Parece ser que vemos la informalidad como problema exclusivo del estado.

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