La controversia sobre la designación de Paloma Merodio a la Junta de Gobierno del INEGI va creciendo. El eje central es que realmente no cumple los requisitos legales. Peor aún, ni siquiera cerca. Me habían dicho que era cuestión de interpretación jurídica, pues con consideraciones laxas, pudiera calificar, aunque fuera apenas. Sin embargo, ya con una investigación más exhaustiva, está lejos pero muy lejos de calificar.
Como comentamos la semana pasada, la ley dice que debe “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”. El único puesto relevante, es decir, que califica de “alto nivel”, es su aproximadamente un año en el puesto de Director General en Sedesol. El puesto que ocupó en el IMSS está marcada como categoría “L”, que la propia ley lo pone en el tabulador de “mando medio”.
Sin embargo, con estos dos puestos no llega ni cerca a los cinco años. Habría que sumar su estancia en la prestigiosa consultoría GEA, de Mauricio González y Jesús Reyes Heroles. Resulta que trabajó allí dos años cinco meses, pero en un puesto de apoyo a los socios, que se caracteriza por ser de pasantes, que después van a estudiar un posgrado. La referencia que dan de ella es que fue una excelente colaboradora, pero definitivamente no fue en un puesto de nivel jerárquico que se pudiera interpretar de “alto nivel”. En otras palabras, tiene alrededor de uno de los “por lo menos” cinco años necesarios para el puesto. Ya la semana pasada en esta misma columna, vimos que tampoco califica como “profesional distinguido” o de “académico de reconocido prestigio”. Al final de cuentas, no cumple con ni uno solo de los requisitos.
Me han dicho que la designación de Merodio tiene que ser aprobada por dos comisiones del Senado para que procede al pleno para su votación. En la de Gobernación me dicen que aparentemente domina el PRI, que siempre aprueba en automático las designaciones de la Presidencia, sin mayor consideración. No me queda claro, pero habría que preguntar a Cristina Díaz Salazar del PRI, con quien no he tenido la oportunidad de platicar. La otra, de Población y Desarrollo, es presidida por Armando Ríos Piter del PRD, e integrada por Esteban Albarrán Mendoza del PRI y Juan Carlos Romero Hicks del PAN. Según me han dicho Romero Hicks ya se pronunció en contra, mientras que Albarrán votará al estilo PRI. Por tanto, el voto decisivo queda en manos de Ríos Piter. Sin embargo, nadie sabe cuál será su decisión. Algo fuera de lo común, se ha caracterizado por un silencio total en estas últimas semanas. Me han señalado que “el silencio de @RiosPiterJaguar sobre la nominación de Merodio para INEGI es preocupante. Espero valore gravedad”.
Romero Hicks protestó formalmente ante el “microexpediente” que recibieron ambas comisiones en torno a su curriculum, ya que no contiene la información necesaria para sustentar la experiencia académica y profesional que presume. Obvio. La presidencia mandó documentación insuficiente ante el temor de que más información la descalificaría para el puesto.
En adición a la falta de experiencia, otros han señalado conflictos de interés que pudieran incluso dañar el proceder del INEGI y su reputación. Resaltan dos artículos a su favor, uno escrito por Humberto Musacchio y otro por Yuriria Sierra. El primero pone como argumento que es una mujer muy guapa, comentario exageradamente sexista. El segundo dice que su designación es importante porque sería la primera mujer en la Junta de Gobierno. Aparentemente, no ha oído de Rocío Ruiz, quien ocupó una silla en la Junta hace apenas cuatro años. Pero lo que más llama la atención es la larga lista de mujeres muy capaces para el puesto, que también ya discutimos la semana pasada. Incluso, en estos días me han llegado muchos más nombres que debería haber incluido.
Estaremos muy atentos en estos días a las decisiones de estas Comisiones de vital importancia. No queremos más daño a la reputación del INEGI, que entró en controversia con Coneval sobre la medición de pobreza y ha suscitado sospechas en torno a la medición de la inflación. Lo que más necesita ahora es una Junta de Gobierno sólida, más allá de cualquier sospecha.