A todos nos queda claro que hasta ahora una de las principales promesas incumplidas de este gobierno es la del crecimiento económico. De llegar a crecer 2.7 por ciento este año (la proyección de la SHCP), la tasa promedio de los primeros dos años de gobierno será 1.9 por ciento, por debajo del promedio de los últimos cuatro sexenios e incluso, menos que el promedio de los últimos 32 años. Hace dos años, nos dijeron que si de aprobarse una serie de reformas estructurales, a estas alturas ya estaríamos creciendo por encima de 5 por ciento. Sin embargo, a pesar de tenerlas ya todas publicadas en el Diario Oficial, nos cambiaron el discurso: resulta que los beneficios se darán en el mediano o largo plazo. Si bien nos va, será a partir de la segunda mitad del sexenio, pero si no por lo menos a partir del sexenio entrante.
En estos dos años muchas cosas han pasado. Quizás lo más importante es aceptar la realidad de que las reformas no son la panacea y que será muy difícil crecer si no fortalecemos las instituciones, el estado de derecho y los derechos de propiedad, junto con un combate frontal a la corrupción, la informalidad y a la disolución de los poderes fácticos que protegen los monopolios y el abuso del poder. ¿De qué sirve reformar la Constitución y cambiar las leyes si no existe el pleno respeto y cumplimiento de las mismas? En otras palabras, estructuralmente no estamos listos todavía para crecer a mayores tasas.
Fueron muchos factores que explican la desaceleración y estancamiento de la actividad económica a partir de este sexenio. De entrada, dependemos mucho de nuestras exportaciones y el entorno externo no ha sido del todo favorable. Sin embargo, si analizamos cada factor a fondo, encontramos que lo que más ha limitado el crecimiento es la política fiscal. Primero, fue el proceso de consolidación fiscal y un subejercicio del gasto que casi empuja la economía a una recesión el año pasado. Posteriormente, vino la reforma hacendaria que se limitó a ser un esfuerzo recaudatorio profundo con efectos negativos en el ingreso personal disponible de los hogares y un golpe irremediable a la confianza del consumidor y empresarial. Peor aún, el esfuerzo recaudatorio no solo se limitó a quitarle más ingresos a los hogares y empresas, sino también a incrementar significativamente el déficit fiscal y la deuda pública, desplazando recursos que pudieran haberse destinado a inversiones del sector privado. Finalmente, nos encontramos con la sorpresa de que a pesar del enorme incremento de recursos en el erario, el gasto público ha disminuido sustancialmente este año. El INEGI reportó que el gasto público del segundo trimestre es el más bajo de los últimos 17, mientras que la inversión pública mantiene una tendencia negativa desde el último trimestre de 2010 a la fecha. El gasto público real del primer semestre de este año resultó todavía 0.9 por ciento menos que el mismo semestre del año pasado (que fue el afectado por la consolidación fiscal y el subejercicio del gasto).
Empezamos el año sabiendo que el consumo de los hogares estaría sumamente débil como consecuencia de la política fiscal del gobierno, pero con la esperanza de que aumentara el gasto público, en especial en inversiones físicas esenciales. El gobierno anunció un plan de infraestructura impresionante, que en parte debería reponer parte del daño causado por la reforma fiscal. Sin embargo, las cuentas nacionales registraron una contribución negativa del gasto público en el primer trimestre. Ante esta incógnita, pensamos que simplemente era otro arranque lento y que a partir del segundo trimestre se registraría un aumento en el gasto. De nuevo nos sorprendimos cuando vimos que el gasto público real disminuyó en el segundo trimestre e ingenuamente dijimos que sería a partir del tercer trimestre que empezaría a repuntar. El problema es que ya estamos en octubre y todavía nos queda el gobierno a deber.
El INEGI divulgó la semana pasada las cifras de la actividad industrial de agosto. La construcción de obras de ingeniería civil, que refleja fundamentalmente la inversión pública, registró una disminución de 1.83 por ciento respecto a julio (que anualizado equivale a -24.3 por ciento) y un decremento de 5.46 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Con este desempeño, la construcción pública cumple 24 meses al hilo con una tendencia negativa. Si examinamos la serie histórica desde 1993, encontramos que esta racha es la más larga (y por mucho), ya que en 1995 observamos una tendencia negativa de tan solo 14 meses y en 2000 una de 12.
