En general, el anuncio del recorte al gasto público fue bienvenido. Fue una medida precautoria ante mucha incertidumbre en torno al presupuesto de 2015, que refleja madurez y visión. Fue una opción mucho mejor a la de acudir a un mayor endeudamiento o simplemente hacer nada. Sin embargo, aun así recibió críticas, quizás porque así es la naturaleza humana. Algunos lo vieron muy tibio, mientras que otros demasiado severo. Hubo quienes cuestionaron los recortes en la inversión pública, en vez de concentrar mucho más el esfuerzo en el gasto corriente que tiene fama de ser ineficiente e improductivo. Hay quién piensa que tendrá un efecto negativo inmenso en el crecimiento económico, mientras que los analistas más experimentados anticipan un impacto más acotado.
Mucho del debate se concentra en las finanzas públicas, tal como lo reporta la SHCP, versus la contabilidad implícita en las Cuentas Nacionales. La correlación entre ambas medidas del gasto público siempre ha sido relativamente baja, pero en los últimos dos años ha disminuido aún más hasta el grado de aparecer cerca de cero o incluso hasta ligeramente negativa. Esto significa que un aumento (o disminución) en el gasto público presupuestal no se traduce necesariamente en un incremento (o caída) proporcional en el gasto público que comprende el PIB y que forma parte de las cuentas nacionales.
Son muchas razones las que explican esta aparente disociación, siendo la mayoría cuestiones relacionadas a la contabilidad de ambas cuentas. De entrada, las finanzas públicas de la SHCP comprende el gobierno federal y las entidades públicas bajo control presupuestal (directa o indirectamente), mientras que las cuentas nacionales abarcan todas las instancias de gobierno, tanto federal como estatal y local. Esto significa que los ingresos propios de los estados y municipios, que en muchas instancias van a financiar gasto local, no están en el radar contable de la SHCP. También implica que si la SHCP transfiere recursos a una entidad federativa, que a su vez los utiliza para liquidar una deuda, se registra como gasto desde la óptica federal, pero no para el gobierno local.
La siguiente radica en la forma en que la SHCP contabiliza su gasto, que es básicamente mediante un esquema de flujos, sin importar sus implicaciones. La SHCP reporta como “gasto” una transferencia de recursos de su tesorería de una cuenta a otra, mientras que el INEGI lo maneja simplemente como transferencia. Por ejemplo, si la SHCP transfiere recursos de su propia cuenta al Ramo 33 (recursos de libre uso por parte de los estados), anota un incremento en su gasto. En cambio, en las cuentas nacionales no se registra operación alguna, ya que es dinero que todavía no se ha gastado. El INEGI lo registrará como gasto primero en el momento en que realmente se gasta y segundo, dependiendo del uso final del “gasto”.
Las cuentas nacionales miden el PIB mediante un concepto que conocemos como “valor agregado”. Para tales efectos, miden la producción total y el consumo intermedio; el valor agregado resulta de la diferencia entre ambas medidas. El tratamiento de transferencias en las cuentas nacionales es ajeno a un gasto que genere valor agregado, ya que es simplemente el cambio de una bolsa a otra. Por ejemplo, un limpiavidrios de la esquina no se considera empleado o desempleado, sino parte de la población económicamente inactiva, es decir, una persona que no tiene empleo y que no le interesa tenerlo. Vive de realizar un acto no requerido en cambio por una limosna, por lo que no genera valor agregado ni contribuye al PIB.
En principio, una cantidad importante del “gasto” público (medido por las finanzas públicas de la SHCP) son transferencias. Si el gobierno federal transfiere recursos a las familias en un programa social como Progresa u Oportunidades, no genera valor agregado, es decir, no realiza un “gasto” sino simplemente transfiere recursos de un lado a otro. La reforma fiscal recién implementada fue un esfuerzo por incrementar la recaudación para financiar más programas sociales de nulo impacto en el valor agregado, por lo que se registró un incremento significativo en el “gasto” público de la SHCP, pero no en el gasto público de las cuentas nacionales.
Las diferencias se hacen todavía más aparentes al considerar la inversión pública. Las definiciones de “inversión” que maneja el INEGI provienen de precisiones establecidas en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales del FMI, avaladas por instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE y demás. En cambio, la SHCP clasifica bajo su propio catálogo de cuentas lo que considera inversión, gasto corriente y transferencias. La SHCP podrá clasificar como inversión un anteproyecto para la construcción de un aeropuerto, mientras que el INEGI esperará a contar la cantidad de ladrillos, cemento y varilla.
El pensar que un recorte de 0.7 por ciento del PIB del gasto público presupuestal equivale a un recorte de la misma magnitud en el gasto público de las cuentas nacionales no solo es ingenuo, sino muestra de no entender los principios básicos de contabilidad nacional.
