La medición de la pobreza siempre ha sido tema de controversia, en México y en el resto del mundo. ¿Cuál es la definición? ¿Cómo se debe medir? A través del tiempo hemos visto múltiples intentos en diferentes países y en distintos tiempos, cada uno con su propia definición y medición. Por ejemplo, en 1999 se presentó una estimación realizada por Progresa (el programa principal del gobierno para atender a la pobreza extrema) de que había en ese momento 13.6 millones de pobres. Santiago Levy (entonces Subsecretario de Egresos de la SHCP) divulgó que su estimación era de 18.8 millones. Julio Boltvinik (investigador del Colegio de México) presentó su corrección a la estimación de Levy de 36.5 millones. Enseguida, Marco Provencio (vocero oficial de la SHCP) dijo que oficialmente el gobierno reconocía 25.4 millones de mexicanos viviendo en condiciones de pobreza extrema. En otras palabras, había cuatro cifras muy distintas que decían que el número de pobres oscilaba entre 13.6 y 36.5 millones, que en términos porcentuales representaba entre 14 y 38 por ciento de la población en 1999.
Ante este problema, en 2001 se formó un Comité Técnico para la Medición de la pobreza, compuesto de académicos de cuatro instituciones educativas del país. Después de 10 meses de trabajo, el comité aprobó una metodología “oficial”, basada en información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que produce el INEGI cada dos años. La primera estimación, que fue para 2000, arrojó una cifra de 53.7 por ciento de la población, en una definición que consideraba solamente al ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas. Los primeros esfuerzos para una medición consistente y oficial de este comité fueron premiados al convertirlo en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ya como Consejo, los expertos decidieron modificar la definición de la pobreza mediante la incorporación de carencias sociales. Al combinar criterios de ingresos con carencias básicas, el Coneval estableció una metodología original “multidimensional”.
Ahora se considera a la población que vive en condiciones de pobreza extrema a los que tienen un ingreso inferior a lo que se necesita para adquirir una canasta básica alimenticia y que tengan por lo menos tres carencias sociales. La pobreza patrimonial se define como la población que tienen un ingreso inferior a lo que se necesita para adquirir una canasta básica ampliada (que incluye bienes no alimenticios) y por lo menos una carencia social. Las carencias sociales consideradas son seis: rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Para el cálculo de los ingresos y de las carencias sociales, el Coneval solicitó al INEGI que ampliara la ENIGH para incorporar un “Módulo de Condiciones Socioeconómicas» (MCS). Por ejemplo, para 2014 esta información encontró que 53.2 por ciento de la población tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar y que 72.4 por ciento tenían al menos una carencia social. Al combinar los dos criterios se obtuvo una estimación de 46.2 por ciento de la población que vive en situación de pobreza, mientras que 9.5 por ciento son de pobreza extrema. Se encontró que 26.3 por ciento de la población es vulnerable por carencias sociales (a pesar de tener suficientes ingresos), mientras que 7.1 por ciento es vulnerable por ingresos (aunque no tienen carencias sociales). Al final, significa que tan solo 20.5 por ciento de la población no es pobre ni vulnerable.
La información que proporciona el INEGI cada año mediante el MCS de la ENIGH es crucial para tener mediciones consistentes y homogéneas a través del tiempo. Es el insumo básico para el seguimiento de los programas sociales construidos para abatir la pobreza en el país. Por lo mismo, todos esperábamos con ansiedad los datos del MCS de 2015, que se darían a conocer el 15 de julio. Sin embargo, recibimos con sorpresa la noticia de que el INEGI introdujo cambios en los criterios para la captación y verificación de datos, de tal forma que ya no sea comparable la información con años anteriores.
El MCS de 2015 arroja una cifra de 36.7 por ciento de la población que vive en la pobreza, una disminución de 9.5 por ciento respecto a la estimación de 2014, mientras que la pobreza extrema es de 5.9 por ciento, una diferencia de 3.6 por ciento menos respecto al año anterior. El primer problema es que no podemos comparar las nuevas cifras de 2015 con cualquier otro punto en el tiempo. Lo que dice INEGI es que todos sus cálculos anteriores fueron equivocados, ya que tenían una subestimación de ingresos. La población con ingresos inferiores a la línea de bienestar de 53.2 por ciento en 2014, ahora resulta que es tan sólo 42.1 por ciento, una diferencia de 11.1 puntos porcentuales.
Pensemos que el INEGI tiene razón al considerar que había un sesgo sistemático en la información de años anteriores. De entrada, tenemos un problema de credibilidad. Las cifras nuevas, ¿son creíbles? Enseguida, tenemos otro problema de sospecha. ¿Qué motivó al INEGI a corregir el MCS en el momento actual y en la forma que lo hizo? ¿Fue por encargo del gobierno? ¿Realmente funciona la autonomía del INEGI? Las respuestas a estas interrogantes y el veredicto final le corresponden al Coneval.
Al final de cuentas, el INEGI nos obliga a tirar a la basura años de información y análisis sobre la pobreza. Peor aún, ¿cómo sabemos que no volverá hacer lo mismo de nuevo más adelante? ¿Podría ocurrir lo mismo con otros indicadores económicos que produce la institución? Es verdaderamente triste lo que ocurrió. Aunque el INEGI nos dice que son menos los pobres en el país, siento ahora que somos un país más pobre ante la falta de estadísticas confiables y seguros.