Construcción en Crisis

Después de la recesión de 2009, la economía mexicana creció en promedio por arriba de 4 por ciento anual por doce trimestres consecutivos. Sin embargo, desde mediados del año pasado, el crecimiento promedio no ha alcanzado al 2 por ciento anual. Sin lugar a dudas, el factor principal ha sido el menor dinamismo de las exportaciones no petroleras, nuestro motor principal de crecimiento. Su falta de dinamismo se debe al débil comportamiento externo y a que el poco crecimiento de la producción manufacturera que ha experimentado Estados Unidos se ha llevado a cabo en sectores no vinculados con las exportaciones mexicanas.

Aun así, se han presentado otros factores que también han tenido un efecto inhibidor en la actividad económica. Ha existido menor dinamismo en el gasto público, reflejado en un subejercicio del gasto programado, pero también por un esfuerzo de consolidación fiscal, que contempla su reducción anual real. Se ha experimentado un freno en la inversión fija bruta del sector privado ante la incertidumbre de las acciones del nuevo gobierno, las discusiones de reformas estructurales y el débil entorno económico. El ingreso al país por remesas familiares ha disminuido y afectado el consumo de muchos hogares. Finalmente, el sector vivienda ha exacerbado la debilidad de la industria de la construcción, clave para la actividad económica.

Si analizamos la tendencia-ciclo de la construcción, encontramos un descenso continuo desde hace diez meses, algo que nunca había pasado en este sector, fuera de cuando la economía se encontrara en recesión. La construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada, típicamente asociada con el gasto público, tiene una tendencia negativa desde julio del año pasado, justo al terminar la contienda electoral. Los trabajos especializados de la construcción (como remodelaciones y gasto en mantenimiento) empezaron a mostrar su tendencia negativa a partir de agosto. Pero el segmento que más ha disminuido en los últimos trimestres es la edificación, en especial la parte de vivienda dirigida a habitaciones de interés social.

Hubo mucho énfasis en la vivienda durante el sexenio pasado, impulsado por los grandes desarrolladores como Ara, Geo, Homex, Sare y Urbi y financiado por instituciones bancarias, incluidas las Sofoles y Sofomes. Dado la inmensidad de muchos de los proyectos, los desarrolladores compraban grandes terrenos que cada vez se ubicaban más y más lejos de las zonas urbanas, centros de trabajo y servicios de educación y esparcimiento. Esto provocó muchas dificultades a las familias que llegaban a vivir en estos lugares, a tal grado que terminaban por abandonan las viviendas.

Cuando la administración pasada se percató de esta situación, decidió retirar los subsidios que otorgaba, hasta no tener un diagnóstico adecuado y definir una nueva política de vivienda. Se decía que se quería favorecer la construcción vertical en vez de la horizontal, pero como ya se acercaba el fin de sexenio, simplemente se dejó todo en “standby”. El problema es que la propia indefinición del gobierno ha dejado prácticamente a todas las desarrolladoras (y muchos Sofoles) en quiebra. No sólo han parado la construcción, sino que se devaluaron sus activos más importantes, que eran sus reservas territoriales. En la última semana, hemos visto que varias de estas empresas no han presentado sus reportes trimestrales en los tiempos debidos y sus operaciones en Bolsa han quedado suspendidas.

Las empresas han estado en espera de que el gobierno anuncia las nuevas reglas de operación para la reactivación de sus proyectos de vivienda. Después de una larga espera, apenas hace unas semanas la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publicó en el Diario Oficial el nuevo programa de esquemas de financiamiento y subsidios que se aplicarán a partir de 2014. Esto significa que serán ya dos años en que se deja parado a la construcción de vivienda, no solamente con graves secuelas para los grandes desarrolladores, sino además en detrimento de un sector clave para la generación de empleos y para la reactivación misma de la actividad económica.

La nueva política define los subsidios que se podrán otorgar mediante categorías de vivienda en función de ubicación y disponibilidad de servicios. En principio, se busca alinear los incentivos para evitar el abandono de viviendas y al mismo tiempo, estimular de nuevo la construcción de casa de interés social. El problema es que no veremos una reactivación de este sector clave este año.