En estos momentos, Venezuela se acerca a sufrir el peor colapso mundial de los últimos 50 años. Entre 2014 y 2017 el PIB ha disminuido -35.2 por ciento, mientras que, si resultan acertadas las proyecciones del FMI, para 2019 habrá derrumbado -48.3 por ciento. El PIB per cápita ya se ubica a niveles de hace más de 20 años, después de haber ocupado el primer lugar de América Latina entre 2007 y 2013. A pesar de existir una ley de “inmovilidad laboral” desde hace 13 años, el FMI anticipa que la tasa de desempleo se ubicará cerca de 40 por ciento en 2019. Se estima que la inflación se acercó a 3,000 por ciento en 2017, mientras que el FMI espera que se ubicara arriba de 13,000 por ciento a fines de este año, pero algunos analistas estiman una tasa de seis dígitos. La moneda, que en 2000 era de 0.70 bolívares por dólar, se ubica ahora en el mercado negro en niveles que supera el millón. Existe una escasez extendida de bienes, siendo que una proporción cada vez más grande de la población se alimenta de los desperdicios de los restaurantes. Desde el año pasado ya se ha visto un éxodo impresionante de venezolanos buscando refugio en otros países. El colmo es que a pesar de contar con reservas impresionantes de petróleo, la producción esta disminuyendo por falta de mantenimiento, mientras que existe muchas regiones que se está quedando sin electricidad, agua y gas doméstico.
Existen muchas razones de esta implosión, aunque el origen proviene del control de precios que empezó a establecer Hugo Chávez desde su llegada al poder en 1999 y que se extendió al instrumentar leyes de precios. Mantuvo una política de gasto social ambiciosa mediante programas conocidos como “misiones bolivarianas”, para ampliar el acceso de la población a la alimentación, vivienda, salud y educación. Aunque la calidad de vida de la mayoría de la población mejoró considerablemente entre 2003 y 2007, la actividad económica creció demasiado rápido, provocando así más inflación y distorsiones en el sistema de precios. Ante esto, los controles de precios propiciaron escasez temporal en ciertos productos, desincentivando la producción interna e incrementando las importaciones. El gobierno buscó resolver el problema mediante expropiaciones, lo cual contribuyó al incremento acelerado en el gasto público, que a su vez contribuyó más al proceso inflacionario. Aunque en un principio, los grandes beneficios por la venta de petróleo neutralizaron los desequilibrios fiscales y externos crecientes, llegó un momento en que simplemente se exasperó la situación. Se utilizó el régimen cambiario para aminorar las presiones inflacionarias, sin embargo, más que funcionar para ese propósito, contribuyó más a los problemas de escasez y desequilibrio externo.
La mesa estaba puesta para un verdadero desastre cuando finalmente cayó el precio del petróleo, provocando un desequilibrio fiscal creciente. En vez de implementar políticas correctivas, el gobierno buscó mantener el ritmo de gasto mediante emisión primaria, provocando así el inicio de una hiperinflación, escasez generalizado de bienes y un desplome en la producción nacional. La pregunta que muchos han hecho aquí en México es que si algo así pudiera ocurrir en nuestro país.
Aunque nada así es imposible, la respuesta para mi es que simplemente no. Chávez no solo tenía procedencia militar, sino además una ideología militar, de elaborar estrategias tácticas que se instrumentaban con autoridad casi absoluta. Asumió el poder con el mandato de introducir una nueva constitución a modo, monopolizó las estaciones de radio y comunicación masiva para extender su mensaje hasta las comunidades más remotas. Consiguió una ley “habilitante” que le permitió legislar por decreto y sin consultar al congreso. Lo anterior le permitió imponer regulaciones excesivas y ejercer un autoritarismo casi completo. De entrada, por más débil que pudiéramos pensar que son nuestras instituciones, en México existen contrapesos, balances y una democracia medianamente funcional.
Sin embargo, más importante aún, ni uno de los candidatos proponer terminar con la autonomía del Banco Central, de ejercer un gasto desmedido o de permitir desequilibrios fiscales o externos. Que algunos “intuyen” que uno de los candidatos nos está mintiendo sobre sus verdaderos propósitos, me parece más una de esas teorías de conspiración de una película de ficción.