Cuadrando Números

Los candidatos presidenciales prometieron muchas cosas durante la campaña, por lo que era difícil hacer las sumas. Parecía que, si cumplían con todo, no importaba quién ganaba, tendríamos una deuda creciente por adelante. En especial, los amlofóbicos sacaban unas cuentas alegres que comprobaban la quiebra casi inmediata del país. Incluso, ya pasada las elecciones y a pesar de que el equipo de AMLO ha aclarado bastante bien cuales serán sus intenciones, seguimos leyendo muchos análisis fatalistas. Sin embargo, a estas alturas ya debemos hacer un esfuerzo más serio y objetivo.

Posiblemente lo que más ha llamado la atención son los dos proyectos insignia de AMLO, la pensión universal para viejitos y el programa de becas para los jóvenes sin oportunidades de estudio ni de trabajo. Los cálculos que manejaban muchos analistas para el costo de estos dos programas eran de 350 mil millones de pesos o más, equivalente a más del dos por ciento del PIB. El simplismo puro los llevaba a sumar este monto directo al déficit fiscal actual, de alrededor de dos por ciento del PIB, para concluir que ya para el año entrante habrá el mayor déficit visto desde la década de los ochenta.

Sin embargo, no son los números correctos. Según el equipo de AMLO, el costo aproximado de los dos programas no rebasa 0.8 por ciento del PIB. La primera razón es que la pensión universal para viejitos ya existe; lo que plantea AMLO es extender el monto que actualmente se tiene para la Ciudad de México al resto del país. Los que ya reciben una pensión del parte del IMSS o del ISSSTE no califican, mientras que habrá un mecanismo de autoeliminación de muchos adultos mayores que no lo necesitan. Al final, este programa costará 0.2 por ciento del PIB adicional a lo que se gasta hoy. En el caso del programa para jóvenes, el costo será alrededor 108 mil millones de pesos, equivalente a 0.5 por ciento del PIB. No obstante, el costo total de este programa no será de inmediato, sino después de algunos años, ya que habrá rezagos administrativos y de implementación.

Aun así, no se debe sumar el 0.8 por ciento al déficit fiscal, ya que su financiamiento no será vía mayor deuda. Entonces, ¿cómo se van a financiar? De entrada, mediante la eliminación de muchos de los programas sociales existentes. Aparentemente, existen alrededor de 150 programas a nivel federal, de los cuales la mayoría han sido calificadas de ineficientes por Coneval y auditores externos. En segundo lugar, está el programa de austeridad que plantea el gobierno entrante. Aunque se ha dicho que este esfuerzo no logrará un ahorro significativo, su implementación es más por necesidad y coherencia. Finalmente, el nuevo equipo dice que habrá también ahorros mediante el esfuerzo de centralizar las compras del gobierno federal. Aunque no lo han dicho explícito, recordemos que en la caja negra del Ramo 23, por sí solo representa mucho más dinero de lo que se necesita para estos programas. En otras palabras, no hay gran problema para financiar estos programas.

El nuevo gobierno ya esta empezando a preparar, junto con el actual, el presupuesto para 2019. Aunque todavía no conocemos todos los parámetros, se contempla un superávit primario entre 0.5 y 0.9 por ciento del PIB, lo que implica un déficit fiscal menor a los observados a lo largo de este sexenio. Habrá una propuesta para la trayectoria de la deuda pública como porcentaje del PIB a la baja. A lo contrario de lo que dicen los amlofóbicos, la nueva política económica será fiscalmente más conservador que la actual.

Tampoco hay porque pensar que habrá más inflación. De entrada, no habrá un déficit fiscal creciente ni gasolinazos para provocar mayores presiones inflacionarios. En segundo lugar, se mantendrá la autonomía del Banco de México intacta, sin cambios en la ley orgánica del instituto ni modificaciones a los artículos de la Constitución que lo regule. El equipo de AMLO ha dicho que el nombramiento del Subgobernador para el periodo 2019-2026 será de alguien responsable, de buena reputación, sin línea e independiente del equipo de AMLO y que conozca bien el funcionamiento de la política monetaria.

La nueva política económica mantendrá los equilibrios macroeconómicos y buscará un gasto más eficiente. Las diferencias principales giran alrededor de una política más incluyente y menos elitista. Yo no veo ningún peligro en esto.

¿Y tú qué opinas?