Necesitamos Formalizar la Informalidad

Recientemente se ha puesto de moda hablar del mercado laboral y sus bemoles.  El Congreso busca aprobar una reforma laboral con la intención de facilitar la creación de empleo, mientras que iniciativas privadas como “México, ¿Cómo Vamos?” plantea la necesidad de establecer metas cuantificables como la generación de 1.2 a 1.5 millones de empleos al año.  El Banco Mundial acaba de publicar su Informe Anual sobre el Desarrollo Mundial con un enfoque dedicado al empleo, mientras que la OCDE dio a conocer un estudio sobre Mejores Reformas para un Desarrollo Incluyente para México que incluye recomendaciones al respecto.  El gobierno entrante ha manifestado su interés en crear más y mejores empleos en el país con la intención de reducir la pobreza, mejorar la distribución del ingreso y elevar el bienestar de los mexicanos.

Queda claro que uno de los primeros pasos para la elaboración de buenas políticas públicas en materia laboral es contar con información adecuada, correcta y transparente.  Necesitamos saber con certeza el tamaño del desempleo, el empleo informal, el subempleo y las condiciones críticas del mercado laboral.  De no contar con cifras correctas de las distintas características de la problemática, no sólo podemos diseñar políticas inadecuadas o incluso erróneas, sino nos estamos engañando a nosotros mismos.

Siendo las estadísticas laborales de las más importantes, es lamentable el acervo de indicadores con que contamos y de las políticas de difusión que utilizamos.  Por ejemplo, el INEGI tiene una publicación de más de 1,500 páginas de estadísticas históricas, que sólo cuenta con dos tablas relativamente pequeñas de datos de desempleo.  Únicamente contamos con series homogéneas de desempleo y empleo a partir de 2005.  Los boletines de prensa dan énfasis en cifras poco relevantes y menosprecian la información más importante.  Peor aún, el Comité Técnico Especializado de Estadísticas del Trabajo y de la Previsión Social (CTEETPS), que se constituyó a raíz de la nueva ley que rige el INEGI desde su autonomía y es encabezado por la Secretaría de Trabajo, ha vetado toda iniciativa de nuevos indicadores que puedan ilustrar mejor las dimensiones de los problemas laborales.

Desde que el INEGI rediseñó sus estadísticas laborales, introdujo mejorías metodológicas y empezó a levantar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en 2005, la Secretaría de Trabajo ha bloqueado y entorpecido la divulgación transparente y correcto de los indicadores relevantes, primero respecto a la tasa de desempleo y últimamente a las tasas de informalidad.  He escrito numerosos artículos sobre las manipulaciones realizadas para “esconder” la tasa de desempleo, pues es en realidad más elevada a la reportada.  A este acervo de artículos hay que agregar la falta de transparencia en la entrega correcta y completa de las cifras correspondientes a la informalidad.  Mientras que el INEGI reporta cerca de 13 millones de personas con empleos en el sector informal clásico, la correcta aplicación de las resoluciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el Grupo Delhi y la OCDE dan una cifra de 27.1 millones de personas.  Esto significa que la tasa de empleo informal de cerca de 29% que reporta el INEGI, es en realidad casi 60%.

Es importante resaltar que estas cifras no resultan de definiciones arbitrarias, particulares o hipotéticas, sino de los trabajos de expertos mundiales en las Conferencias Internacionales de Estadísticos del Trabajo (en especial las de 1993 y 2003), de las recomendaciones del Grupo Delhi (constituido por la Comisión Estadística de la Naciones Unidas) y de las resoluciones de la OIT para la correcta definición del empleo informal en una economía.  Básicamente consiste en ampliar la definición original de la informalidad a partir de un enfoque de unidad económica para incluir el de las condiciones laborales.  En otras palabras, no se trata de sólo contar el empleo en el sector informal, sino también considerar el empleo informal, independientemente del sector en el que se ubica.

El mejor ejemplo es el servicio doméstico remunerado que no está incluido en la contabilidad que divulga actualmente el INEGI, ya que no se ubica en el sector informal.  La razón es que los hogares que utilizan sus servicios lo hacen como consumidores finales y no para producir bienes o servicios destinados a terceros.  Dado que el hogar empleador no puede ser visto como una empresa o negocio, el servicio doméstico empleado, aún sin garantía laboral alguna, no se ubica en el sector informal.  En cambio, el nuevo enfoque que deberíamos utilizar abarca a todos los empleados que no cuentan con arreglos legales o institucionales que les permitan hacer efectivos sus derechos laborales.

Básicamente la diferencia contempla los empleos informales que se ubican en el sector formal y otros lugares que no se clasifican como sector informal.  La discrepancia es abismal, ya que los empleos informales fuera del sector informal son más que los empleos que existen en el sector informal.

La toma de posesión del nuevo gobierno brinda una oportunidad enorme para empezar a divulgar las estadísticas laborales relevantes e implementar una política de transparencia y de comunicación correcta.  Nadie gana con las políticas de los últimos dos sexenios de encubrir y distorsionar esta información.