Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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El INEGI dio a conocer el viernes, 14 de agosto, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al segundo trimestre de 2015. La ENOE tiene entregas mensuales, donde se reportan las tasas de desempleo, participación laboral y algunas tasas laborales complementarias. También tiene entregas trimestrales, con mayor desglose e información. En la entrega trimestral, se traducen las tasas a número de personas mediante las proyecciones demográficas del CONAPO. Esto último permite calcular tasas adicionales que enriquecen el análisis del mercado laboral, como la brecha laboral. También incluye la publicación de datos estratégicos que permiten calcular el ingreso promedio de los trabajadores.

La Brecha Laboral

Recientemente, el Buro Nacional de Investigación Económica (NBER) de Estados Unidos publicó un artículo escrito por David Blanchflower y Andrew Levin sobre la atonía del mercado laboral y sus implicaciones para la política monetaria. En el artículo, los autores desarrollan un concepto más amplio que la tasa de desempleo abierto para caracterizar lo que llaman la “brecha laboral”. El concepto proviene de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) que se efectuó en Suiza en octubre de 2013. Básicamente consiste en sumar el desempleo abierto, el subempleo (los que trabajan menos horas por razones de mercado) y el desempleo disfrazado (los no ocupados disponibles para trabajar pero que no buscan activamente empleo). Concluyen que es un concepto más robusto para medir la insuficiencia de trabajo en el mercado laboral, ya que no solamente incluye el desempleo abierto, sino los que se consideran desempleados desde otra perspectiva: el subempleo, que son las personas que no encuentran un empleo de tiempo completo, y; el desempleo disfrazado, que son las personas que están clasificados como parte de la Población No Económicamente Activo (PNEA) porque no buscan activamente un empleo, pero que quieren trabajar. Estos últimos también se les conoce como desempleados frustrados, que pudieron haber buscado trabajo en forma activa en un momento dado, pero al no conseguirlo, su búsqueda se volvió pasivo. Para muchos analistas, estos últimos son tan desempleados como los que activamente buscan trabajo.

La ENOE reporta 2.288 millones de desempleados en el segundo trimestre de 2015, 4.179 millones de subempleados y 5.884 millones de desempleados disfrazados. La tasa de desempleo abierto del segundo trimestre de 2015 fue 4.35 por ciento, la tasa de subempleo fue 8.30 por ciento y la tasa de desempleo disfrazado (o desempleo pasivo) fue 16.54 por ciento. Si sumáramos los tres porcentajes obtendríamos 29.19 por ciento, sin embargo, no son tasas que se puedan sumar ya que cada una tiene un denominador diferente. La tasa de desempleo es el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no tiene ocupación; la tasa de subempleo es la parte de la Población Ocupada (PO) que trabaja menos horas a la semana; mientras que la tasa de desempleo disfrazado es la parte proporcional de la Población No Económicamente Activa (PNEA) que está disponible para trabajar.

Para sumar los tres componentes tenemos que partir de un denominador común, que sería la Fuerza Laboral Potencial (FLP), que incluye no sólo la PEA sino también la PNEA Disponible (PNEAD). Mientras que la PEA representa 59.67 por ciento de la población en edad de trabajar (15 años y mayores), la FLP abarca 66.34 por ciento, es decir, la FLP es mayor a la PEA normal, ya que le agregamos 6.67 por ciento más de la población en edad de trabajar que es económicamente pasiva pero disponible para laborar. Las tres tasas, ahora todas expresadas como porcentaje de la FLP son 3.91 por ciento (desempleo activo), 7.14 por ciento (subempleo) y 10.06 por ciento (desempleo pasivo), lo que ahora sí da una tasa de 21.11 por ciento, lo que podemos llamar la brecha laboral. En términos muy generales, vemos que alrededor de 18.5 por ciento de la brecha laboral lo constituye el desempleo tradicional, 33.8 por ciento el subempleo (cerca de una tercera parte) y 47.6 por ciento el desempleo disfrazado (casi la mitad).

Si tomamos mediados de 2009 como el momento en que arranca la recuperación posterior a la gran recesión de 2008-2009, encontramos que la brecha laboral muestra una tendencia a la baja de 0.09 por ciento por trimestre (a partir de 23.3 por ciento en el tercer trimestre de 2009). Los componentes de desempleo, tanto activo como pasivo, disminuyen 0.03 por ciento por periodo (arrancando de 4.95 por ciento y 10.84 por ciento, respectivamente), mientras que el subempleo cae 0.02 puntos porcentuales por trimestre (desde 7.47 por ciento). Si nos concentramos nada más en el último trimestre, observamos que mientras aumenta el desempleo abierto y el subempleo, disminuye el desempleo disfrazado, pero dado que aumenta la fuerza laboral potencial, la brecha laboral registra una tasa de 21.11 por ciento, prácticamente igual al del trimestre anterior de 21.10 por ciento.

El concepto de la fuerza laboral potencial es interesante, ya que excluye la condición de que una persona sin trabajo tiene que estar activamente en búsqueda de un empleo para considerarla como “desempleado”. Aunque no todos, pero una buena parte de la PNEA disponible para trabajar son personas que quizás en un momento buscaron trabajo pero al no encontrarlo dejaron su búsqueda (desmotivados o frustrados), o bien, personas con discapacidad (o capacidades diferentes como ahora se estila decir) que no buscan en forma activa una oportunidad porque piensan que simplemente no existen posibilidades de encontrar algún empleo que se adapte a sus necesidades.

La brecha laboral también es una noción útil, aunque habría que ajustar el componente del subempleo para solo integrar las horas a la semana que no trabajan (por razones de mercado). No se le puede dar el mismo peso a un desempleado abierto (cero horas de trabajo a la semana) a una persona que labora 30 horas, o bien a otro que se ocupa por 10. También habría que considerar una distinción para las personas que viven del autoconsumo o subsistencia agrícola, ya que realmente no participan en el mercado laboral (ni como empleado ni como desempleado).

El Ingreso Promedio

La ENOE también permite construir un indicador del ingreso promedio real mediante los indicadores estratégicos que se publican en la entrega trimestral. La Encuesta nos da el promedio de horas trabajadas a la semana y el ingreso promedio por hora trabajada. Multiplicamos ambos y lo deflactamos por el INPC para obtener una medida del ingreso promedio real. Posteriormente, podemos multiplicar este indicador por la población ocupada remunerada (PO) para obtener una medida de la masa salarial, que puede ayudar a entender el avance del consumo de los hogares.

El ingreso promedio real llegó a su máximo a mediados de 2007, justo cuando la economía empezó a desacelerarse en anticipación a la gran recesión de 2008-2009. Como era de esperarse, disminuyó significativamente en los años de la recesión para estabilizarse en 2010. Sin embargo, no creció en 2011 y 2012, sino más bien presentó una tendencia lateral en estos años. En 2013 y 2014, cuando la actividad económica se desaceleró, el ingreso promedio real volvió a presentar una tendencia a la baja. Finalmente, tocó fondo en el último trimestre de 2014, en un nivel que representó una disminución de -20.1 por ciento respecto al segundo trimestre de 2007. Afortunadamente, se ha registrado una tendencia hacia la recuperación en los dos primeros trimestres de 2015, con crecimientos de 2.69 y 0.65 por ciento en cada periodo respectivamente.

El empleo remunerado ha registrado una tendencia alcista continua desde 2010, aunque con una pendiente mucho menos pronunciado en 2013 y 2014. No obstante, a partir del primer trimestre de 2015 vuelve a crecer a un ritmo mayor, con tasas de 0.45 y 0.63 por ciento en el primer y segundo trimestre, respectivamente. Si multiplicamos el empleo por el ingreso, encontramos que la masa salarial presenta una mejoría importante en los dos primeros trimestres de 2015, que en buena medida explica la mejoría observada en la mayoría de los indicadores relacionados con el consumo familiar.

En los últimos meses hemos visto señales claras de cierto resurgimiento en el consumo de los hogares. La venta de automóviles nuevos en abril fue 23.3 por ciento superior al mismo mes del año anterior. Las tasas anuales de ventas reales de tiendas totales, reportadas por la ANTAD, han promediado 5.6 por ciento en los cuatro primeros meses del año, a diferencia del promedio de 1.1 por ciento en todo 2014. Aunque las cifras del INEGI están más rezagadas, los ingresos reales obtenidos por el suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor (lo que antes le decíamos ventas al por menor), se ubicaron 5.5 por ciento por encima del nivel observado hace un año. El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de las actividades terciarias no creció tanto (tasa anual de 2.6 por ciento en febrero), pero las actividades de comercio (SCIAN 43-46) reporta un avance de 3.6 por ciento respecto al año pasado.

Estos datos son interesantes, en especial a la luz que nuestro motor principal de crecimiento (las exportaciones no petroleras) presentó una desaceleración importante en el primer trimestre del año. Típicamente, necesitamos dinamismo en las actividades manufactureras para “jalar” a la economía interna. Sin embargo, ahora presenta signos de vida la economía interna sin correspondencia a la actividad exportadora. Resulta importante entender de dónde viene este empuje y en especial, si es un fenómeno temporal o permanente. De ser lo último, pudiéramos estar por iniciar una etapa de mayor crecimiento, que tanto falta hace.

Varios de las hipótesis que se ha manejado son el gasto electoral (que tiene un componente muy líquido), la economía informal (que también podría explicar el crecimiento elevado de la base monetaria), la renovada fiscalización de las autoridades (que fomenta el consumo en vez de depositar ingresos en los bancos), la tasa de interés tan baja (que desincentiva el ahorro), la depreciación cambiaria (que lleva a adelantar compras antes de un traspaso a los precios), la demanda reprimida (que empieza a satisfacerse) y la disminución en la tasa de desempleo (que explicaría un incremento en el ingreso promedio real de las familias).

La semana pasada, el INEGI divulgó la versión trimestral de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE) para los primeros tres meses del año, que presenta datos del promedio de horas trabajadas a la semana y el ingreso promedio por hora trabajada. La multiplicación de ambos (y deflactado por el INPC) nos permite obtener una medida del ingreso promedio real. Resulta que aumenta 2.7 por ciento respecto al trimestre anterior, que si bien pudiera ser simplemente un efecto estacional, interrumpe la tendencia decreciente que han mostrado los ingresos desde hace dos años. Si lo multiplicamos por el empleo remunerado para obtener un cálculo de la masa salarial real, vemos que ha aumentado 3.1 por ciento respecto al periodo anterior. Si combinamos este resultado con una disminución en la tasa de desempleo abierto, encontramos algo de evidencia que apunta a una mejoría (aunque marginal) en el poder de compra de los hogares.

Aun así, no queda del todo claro que está pasando. Si comparamos los niveles de ingreso de los ocupados del primer trimestre con el mismo periodo del año anterior, encontramos que hay un incremento significativo en empleos de dos salarios mínimos (SM) o menos, una disminución en empleos entre dos y tres SM y muy pocos empleos nuevos con salarios mayores a tres SM. Esto significa que aunque la creación de empleo ha avanzado, la mayoría son de ingresos muy bajos. Sin embargo, hay un aumento de más de 450 mil ocupados que no especifican sus ingresos y que pudieran ser empleos mucho mejor remunerados.

Pero si realizamos la misma comparación con el trimestre inmediato anterior, encontramos resultados muy diferentes. Resulta que en el primer trimestre hay más de 550 mil ocupados adicionales con salarios de tres SM o más. Hay mucha evidencia de una mejoría en el margen, pero que difícilmente podemos saber si es simplemente una mejora estacional (ya que los datos no están ajustadas por estacionalidad), o bien, el comienzo de una nueva tendencia ascendente. Lo que si podemos afirmar es que se interrumpe la tendencia a la baja que prevaleció por dos años. Ahora necesitamos esperar a los siguientes trimestres para ver cómo avanzamos.

Mañana, jueves 21, sabremos cuánto creció el PIB en el primer trimestre. A pesar de todo, no se esperan datos buenos y esto podría llevar a más revisiones a la baja en las expectativas.

A raíz de la gran recesión de 2008-2009, la tasa de desempleo urbano en México llegó a registrar un máximo de 7.6 por ciento en julio de 2009. A mediados de ese año empezó la recuperación y la tasa disminuyó paulatinamente hasta llegar cerca de 6.0 por ciento a principios de 2011. No obstante, a partir de entonces habíamos observado una tendencia lateral, alrededor de 5.9 por ciento, que duró aproximadamente 44 meses (de enero 2011 a agosto 2014). El crecimiento económico de los últimos cuatro años simplemente no fue lo suficiente para disminuir el desempleo.

Sin embargo, los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran que el comportamiento ha cambiado. A partir de septiembre de 2014, vemos una clara tendencia a la baja; en marzo de 2015 la serie de tendencia-ciclo llegó a 5.1 por ciento, un punto porcentual completo por debajo del nivel registrado apenas hace nueve meses. En la serie normal (ajustada por estacionalidad), vimos una primera disminución significativa en noviembre cuando llegó a 5.3 por ciento (de 5.8 por ciento en octubre) y después una baja adicional en diciembre a 5.0 por ciento.

En un principio, la tasa de diciembre parecía ser un “outlier” (aberración estadística), típico de la alta varianza de los datos de la ENOE, por lo que esperábamos que subiera de nuevo en enero cerca de su tendencia. Aunque sí aumentó en enero y de nuevo en febrero, los incrementos no fueron realmente tan significativos (5.1 y 5.3 por ciento, respectivamente). Más aun, en marzo se registró una nueva disminución a 5.0 por ciento, la tasa más baja que se ha observado desde octubre 2008 (de los últimos 77 meses). Ya podemos afirmar que estamos ante una mejoría indiscutible y lo que corresponde ahora es preguntarnos por qué y qué implicaciones tiene.

En paralelo a esta convalecencia laboral, hemos visto a partir de enero de este año un incremento importante en el consumo de los hogares. Los primeros indicadores en señalar la mejoría fueron las ventas a tiendas totales de la ANTAD y las ventas internas de automóviles de la AMIA (para enero, febrero y marzo). En seguida el INEGI reportó la mejoría comentada en el desempleo (en los primeros tres meses del año) y un repunte en las exportaciones no petroleras (a partir de marzo). Posteriormente, el INEGI señaló aumentos en las ventas al por menor (para enero y febrero) y en el consumo privado interno de la economía (para enero). Estos datos duros, aunado a una mejoría en los índices que produce la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor (ENCO), muestran claramente que el consumo familiar empieza a recuperarse después de dos años de estancamiento.

Hace un mes cuando veíamos las primeras indicaciones de esta mejoría, vertimos algunas hipótesis. La primera es que estamos sintiendo los efectos del gasto electoral en miras a las elecciones de mitad de sexenio de junio. No parece ser el caso, ya que los efectos positivos se empezaron a sentir mucho antes de lo que pudiera ser un mayor gasto público. Una segunda es que existe una demanda reprimida que se empieza a satisfacer. Sin embargo, sin la contrapuesta de una mejoría en el ingreso, no parece ser una explicación satisfactoria. Finalmente, tenemos que el incremento observado en la inversión privada empieza a tener efectos positivos en la generación de empleo, una mejoría en las perspectivas de ingreso y aumentos en el consumo. Ojalá que esta última sea la hipótesis con mayor peso, ya que tiene las mejores implicaciones para el crecimiento económico de aquí en adelante. Simplemente veamos el último dato de la importación de bienes de capital, que en marzo crecieron 13.2 por ciento respecto al año pasado.

Si bien es cierto que el dato del IGAE de febrero no fue tan bueno, la mayoría de los indicadores que giran alrededor de las actividades terciarias empiezan a dar señales de mejoría. Obviamente necesitamos más datos, pero por lo pronto parece que las perspectivas pudieran mejorar por primera vez en lo que va el sexenio.

Recientemente, el Buro Nacional de Investigación Económica (NBER) de Estados Unidos publicó un artículo escrito por David Blanchflower y Andrew Levin sobre la atonía del mercado laboral y sus implicaciones para la política monetaria. En el artículo, los autores desarrollan un concepto más amplio que la tasa de desempleo abierto para caracterizar lo que llaman la brecha laboral. Básicamente consiste en sumar el desempleo abierto, el subempleo (los que trabajan menos horas por razones de mercado) y el desempleo disfrazado (los no ocupados disponibles para trabajar pero que no buscan activamente empleo). Concluyen que es un concepto más robusto para medir la insuficiencia de trabajo en el mercado laboral.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI contiene todos los datos necesarios para calcular la brecha laboral para el caso de México. Por ejemplo, la ENOE reporta 2.285 millones de desempleados en el último trimestre de 2014, 3.974 millones de subempleados y 5.835 millones de desempleados disfrazados. La tasa de desempleo abierto del último trimestre de 2014 fue 4.38 por ciento, la tasa de subempleo fue 7.98 por ciento y la tasa de desempleo disfrazado (o desempleo pasivo) fue 16.48 por ciento. Si sumáramos los tres porcentajes obtendríamos 28.84 por ciento, sin embargo, no son tasas que se puedan sumar ya que cada una tiene un denominador diferente. La tasa de desempleo es el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no tiene ocupación; la tasa de subempleo es la parte de la Población Ocupada (PO) que trabaja menos horas a la semana; mientras que la tasa de desempleo disfrazado es la parte proporcional de la Población No Económicamente Activa (PNEA) que está disponible para trabajar.

Para sumar los tres componentes tenemos que partir de un denominador común, que sería la Fuerza Laboral Potencial (FLP), que incluye no sólo la PEA sino también la PNEA Disponible (PNEAD). Mientras que la PEA representa 59.54 por ciento de la población en edad de trabajar (15 años y mayores), la FLP abarca 66.21 por ciento, es decir, la FLP es mayor a la PEA normal, ya que le agregamos 6.67 por ciento más de la población en edad de trabajar que es económicamente pasiva pero disponible para laborar. Las tres tasas, ahora todas expresadas como porcentaje de la FLP son 3.94 por ciento (desempleo activo), 6.86 por ciento (subempleo) y 10.07 por ciento (desempleo pasivo), lo que ahora sí da una tasa de 20.87 por ciento, lo que podemos llamar la brecha laboral. En términos muy generales, vemos que alrededor de 19 por ciento de la brecha laboral lo constituye el desempleo tradicional, 33 por ciento el subempleo (cerca de una tercera parte) y 48 por ciento el desempleo disfrazado (casi la mitad).

Si tomamos mediados de 2009 como el momento en que arranca la recuperación posterior a la gran recesión de 2008-2009, encontramos que la brecha laboral muestra una tendencia a la baja de 0.08 por ciento por trimestre (a partir de 23.3 por ciento en el tercer trimestre de 2009). Los componentes de desempleo, tanto activo como pasivo, disminuyen 0.03 por ciento por periodo (arrancando de 4.95 por ciento y 10.84 por ciento, respectivamente), mientras que el subempleo cae 0.02 puntos porcentuales por trimestre (desde 7.47 por ciento).

El concepto de la fuerza laboral potencial es interesante, ya que excluye la condición de que una persona sin trabajo tiene que esta activamente en búsqueda de un empleo para considerarla como “desempleado”. Aunque no todos, pero una buena parte de la PNEA disponible para trabajar son personas que quizás en un momento buscaron trabajo pero al no encontrarlo dejaron su búsqueda (desmotivados o frustrados), o bien, personas con discapacidad (o capacidades diferentes como ahora se estila decir) que no buscan en forma activa una oportunidad porque piensan que simplemente no existen posibilidades de encontrar algún empleo que se adapte a sus necesidades.

La brecha laboral también es una noción útil, aunque habría que ajustar el componente del subempleo para solo integrar las horas a la semana que no trabajan (por razones de mercado). No se le puede dar el mismo peso a un desempleado abierto (cero horas de trabajo a la semana) a una persona que labora 30 horas, o bien a otro que se ocupa por 10. También habría que considerar una distinción para las personas que viven del autoconsumo o subsistencia agrícola, ya que realmente no participan en el mercado laboral (no como empleado ni como desempleado). ¿Cuál será la opinión del INEGI?

De las diez u once reformas estructurales que se han aprobado, la más criticada ha sido la Reforma Hacendaria. Quitó ingresos a los hogares en vez de reducir impuestos, justo cuando la economía se encontraba en una situación precaria. Eliminó incentivos para las empresas en el momento en que habría que fomentar más la inversión. En vez de aplicar una política fiscal contra cíclica, se instrumentó una pro cíclica, que frenó la actividad económica y perjudicó a la mayoría de los mexicanos. Peor aún, la SHCP presumió un aumento significante en el gasto público y en especial en la inversión pública, que terminó siendo sumamente ineficiente, a tal grado que no tuvo repercusión alguna en el PIB. Para muchos, la reforma es la causa principal del crecimiento económico mediocre que tuvimos el año pasado.

Aun así, mucha de la evidencia en contra de la reforma había sido anecdotario, o bien, formulado mediante la opinión reiterativa de muchos analistas y empresarios. Sin embargo, ahora aparece un estudio de fondo realizado por Kantar Worldpanel México, que es una agencia de investigación de mercados, que aporta evidencia dura de los efectos sobre los hogares. Esta empresa monitorea cuidadosamente los patrones de consumo de 8,500 hogares mexicanos, escogidos de tal forma que representan al 97 por ciento de la población urbana del país. Registra cada semana las compras de los hogares de más de 70 categorías de productos, por lo que se puede considerar, sin duda, como una autoridad calificada para emitir juicios sobre los efectos de los impuestos a alimentos y bebidas a raíz de la reforma hacendaria.

De entrada, Kantar encontró que el comportamiento del consumo en las familias en 2014 fue similar a cuando el país se ha encontrado en crisis, es decir, similar a lo ocurrido en la gran recesión de 2008-2009. Dado que el 30 por ciento del presupuesto de los hogares se gasta en productos gravados con los nuevos impuestos a alimentos y bebidas saborizantes, se dio una redistribución del presupuesto con el resultado de que se redujo el gasto en bienes de cuidado personal y del hogar. En otras palabras, se pagó en promedio 13 por ciento más por los bienes gravadas con la idea de no consumir menos, mientras que se sacrificó el consumo de otro tipo de bienes para que les alcanzara. En vez de consumir menos de los alimentos de alto contenido calorífico, los hogares redistribuyeron su gasto de tal manera que pudieron consumir lo mismo de este tipo de productos y menos de otros bienes no gravados. Los bienes sacrificados fueron fundamentalmente en las categorías de cuidado del hogar y cuidado personal.

Al final de cuentas, el resultado fue que los hogares gastaron más en productos gravados por los nuevos impuestos, pero se llevaron menos volumen, mientras que gastaron menos en otras categorías. El efecto final fue que todos perdieron: unas categorías perdieron gasto mientras que otras perdieron volumen. Los consumidores cambiaron a marcas más económicas y compraron tamaños más pequeños, mientras que repartieron su gasto entre un mayor número de establecimientos, tanto formales como informales. Este resultado es compatible con los datos que fue reportando la ANTAD a través del año.

En el proceso, Kantar encontró que los niveles socioeconómicos más bajos fueron los más afectados. También encontró que las tienditas de la esquina fueron severamente afectadas, ya que 52 por ciento de sus ventas son de productos que pagan los nuevos impuestos. En general, se encontró que estas tienditas vendieron menos volumen en 2014 comparado con el año anterior. Dado que más de 600 mil familias dependen de estos negocios para subsistir y la mayoría provienen de niveles socioeconómicos medios y bajos, hubo una afectación negativa para un segmento importante de la población. Kantar concluyó que no hay evidencia de que la medida ayudó en parte a resolver el problema de obesidad en el país, pero definitivamente afectó de manera importante la economía de los hogares mexicanos.

El estudio de Kantar Worldpanel México, las cifras de ventas de ANTAD y los cálculos del ingreso personal disponible de los hogares mediante datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), apuntan hacia una afectación severa del consumo de los hogares el año pasado, con un impacto todavía mayor en los niveles socioeconómicos más bajos. El gobierno prometió hace un par de años que si se aprobaran todas las reformas estructurales, a estas alturas del sexenio ya estaríamos creciendo al 5 por ciento anual. En cambio, el crecimiento observado en estos últimos dos años se ubica por debajo del escenario inercial (sin reformas) y a menos de la mitad del promedio observado en los últimos tres años del sexenio anterior.

El gobierno justificó el diseño recaudatorio de la reforma como un instrumento para incrementar el gasto social en apoyo a las familias más necesitadas y reducir la dependencia de los ingresos petroleros, mientras que impuso mayores impuestos a los alimentos más consumidos para combatir la obesidad. Sin embargo, encontramos que los efectos nocivos se concentraron en los hogares socioeconómicos más bajos, no ayudó en reducir la obesidad y todavía existe gran dependencia en los ingresos petroleros como podemos atestiguar con los recortes anunciados en el presupuesto. Así, ¿cómo puede defender el gobierno esta reforma?

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) permite calcular el PIB de tres formas diferentes, de las cuales (en teoría) se debe llegar al mismo número. Al final de cuentas, la contabilidad nacional debe cuadrar al igual que cualquier otro sistema de cuentas, por lo que la práctica común es que se realiza el cálculo mediante dos de las tres opciones. Estas son por el Valor Agregado (VA), por el lado de los gastos y por la suma de los ingresos. El INEGI realiza primero el cómputo del VA, que consiste en medir el valor bruto de la producción y el consumo intermedio; el PIB se obtiene restando los dos componentes. Posteriormente, calcula el PIB por el lado del gasto, que es mediante la suma del consumo privado, la inversión, el gasto público y las exportaciones, todo neto de las importaciones. El primer cálculo lo tenemos alrededor de 35 días hábiles después del cierre del trimestre, mientras que el segundo como un mes después.
A nivel trimestral, el INEGI no realiza el cálculo por el lado del ingreso, que sería la suma de los salarios, las rentas, las utilidades y otras fuentes de ingresos. Como nueve meses después del cierre del año, nos entrega todas las cuentas nacionales cuadradas, incluyendo un cálculo del Ingreso Nacional, pero solo en términos anuales. Por lo mismo, carecemos de indicadores mensuales y trimestrales de ingresos, como sería el ingreso personal disponible de los hogares que produce Estados Unidos cada mes. Dentro de la familia de indicadores coyunturales de alta frecuencia, este indicador sería posiblemente el que más hace falta en nuestro país.
Al analizar la conformación del PIB en los últimos dos años, encontramos que el gasto público (y en especial la inversión pública) ha sido significativamente más bajo que lo sugerido por la SHCP. Al tratar de entender los porqués, encontramos que existen diferentes coberturas, metodologías y hasta métodos de registro entre las dos contabilidades. Pero también encontramos que el consumo de los hogares ha sido muy bajo, incluso más allá de lo que pudiéramos esperar a raíz de la reforma fiscal. Para terminar de entender bien este fenómeno, necesitamos indicadores de ingresos familiares, de los cuales carecemos.
Una posibilidad es armar un indicador de la masa salarial mediante las cifras del IMSS. Se multiplica el número de aseguradores por la cotización salarial promedio deflactado por el índice de precios. Sin embargo, encontramos una tendencia constante al alza a raíz de un salario real relativamente fijo y un incremento continuo en el empleo registrado por el IMSS. El problema es que lo último no refleja un incremento real en el empleo del país, sino un esfuerzo de fiscalización por parte del Instituto. Algunos analistas mantienen que más de la mitad de estos “nuevos” empleos son simplemente una formalización de empleos ya existentes. En realidad, el número de asegurados no es un buen indicador del empleo en el país, por lo que el cálculo no tiene utilidad.
Otra opción es construir un indicador del ingreso promedio real mediante los indicadores estratégicos de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE), tal como lo hace el Banco de México. La Encuesta nos da el promedio de horas trabajadas a la semana y el ingreso promedio por hora trabajada. Multiplicamos ambos y lo deflactamos por el INPC para obtener una medida del ingreso promedio real. Podemos multiplicar este indicador por la población ocupada remunerada (PO) para obtener una medida de la masa salarial. Aquí encontramos que la PO no ha aumentado tanto, mientras que el ingreso real muestra una clara tendencia a la baja desde 2008 a la fecha. De esta forma observamos una clara disminución en la masa salarial en 2008 y 2009, una tendencia lateral entre 2010 y 2012, y de nuevo una baja significativa en 2013 y 2014.
Aunque esta medida es claramente superior a cualquiera derivada de los datos del IMSS, no queda tan claro que esté libre de críticas. Por ejemplo, a través del tiempo ha aumentado el porcentaje de respuestas “no contesto” en los ingresos, por lo que pudiera existir un sesgo hacia la baja. Sin embargo, la caída en el ingreso promedio real en 2013 y 2014 sí parece explicar en parte la debilidad del consumo de los hogares en estos dos últimos años.
Ahora falta buscar explicaciones para la caída en los ingresos de los hogares. Sabemos que muchos de los empleos que se han creado en los últimos años han sido de muy baja remuneración. También sabemos que la reforma fiscal tuvo un impacto negativo en 2014. Sin embargo, aun parece que nos faltan piezas para resolver bien este misterio.

El Crecimiento de 2014

Febrero 24th, 2015 | Posted by Jonathan Heath in Arena Publica - (0 Comments)

El INEGI anunció que el crecimiento económico de 2014 fue 2.1 por ciento, el número esperado por todos. En esta ocasión ya no hubo sorpresas, pues era muy difícil que el mes que faltara para completar el año fuera lo suficientemente malo para que las matemáticas dieran una tasa menor, o bien, que sorprendiera mucho al alza para alcanzar 2.2 por ciento. Lo único que hubiera podido haber sucedido es que el INEGI incorporara información nueva en los periodos anteriores (previamente reportados), de tal manera en que las tasas de los primeros tres trimestres resultaran diferentes. Sin embargo, no fue el caso ya que las cifras anteriores sufrieron solo modificaciones marginales.

Así terminamos el año creciendo 0.3, 1.0, 0.5 y 0.7 por ciento, respectivamente, para cada uno de los cuatro trimestres del año. Crecimos más que Estados Unidos en el primer y último trimestre del año y menos en el segundo y tercero, pero en el año en su conjunto nuestras vecinos terminaron con una tasa (2.4 por ciento) mejor que nosotros. Estados Unidos empezó el año muy mal con una caída de -2.1 por ciento en el primer trimestre, a raíz de condiciones climatológicas adversas. Sin embargo, se repuso su economía y terminaron relativamente bien. Su desempeño favorable ayudo a impulsar nuestras exportaciones no petroleras, que de nuevo terminaron el año como nuestro principal motor de crecimiento.

De nuevo, fue un año mediocre que no solo desilusionó a la población en general, sino que puso en evidencia la dificultad de anticipar el rumbo de la economía. Ya nos pasó en 2013, cuando el consenso para el crecimiento a principios de año era alrededor de 3.5 por ciento y solo logramos crecer 1.4 por ciento. Para 2014 habíamos pensado que el crecimiento podría estar cerca de cuatro por ciento, cuando la realidad nos dijo que no, solamente 2.1 por ciento. Por segundo año consecutivo, la tasa de crecimiento resultó ser alrededor de dos puntos porcentuales menores a lo previsto, un margen demasiado amplio.

A la institución que más le ha llovido es la SHCP. Pero para ser justo, le fallamos todos. Si consultamos la Encuestas de Expectativas de Banamex de hace exactamente un año, el consenso (la mediana de 24 instituciones financieras) señalaba 3.4 por ciento de crecimiento para 2014. La expectativa más optimista era de HSBC (4.1 por ciento), mientras que la más pesimista fue Vector (2.3 por ciento). Pero aunque Vector se veo muy pesimista en ese momento, aun así quedó por arriba. Peor aún, solo dos instituciones más (Invex y Signum) anticipaban crecimiento menor a 3.0 por ciento (2.9 y 2.8 por ciento, respectivamente). Podemos consultar otras encuestas y encontramos resultados similares. Incluso, las instituciones internacionales como la OCDE, Banco Mundial y FMI fallaron igual.

Si nadie le atinó, ¿por qué le reclamamos más a la SHCP? La respuesta es simple: es juez y parte. No solo participa en este juego de los pronósticos, sino que mediante su política económica influye en el resultado. Es el ente encargado de promover una política contra cíclica, es decir, bajar los impuestos cuando la economía está estancada e incrementar la inversión pública. Sin embargo, impulsó una reforma fiscal con aumentos de impuestos y su gasto público tuvo muy poco impacto en el PIB. En adición a las decisiones de finanzas públicas, fue la SHCP quien impulsó las famosas reformas estructurales y prometió al país que ahora si era el momento de México.

¿Por qué pensábamos que íbamos a crecer más? Anticipábamos que muchos de los factores que contribuyeron a la desaceleración del 2013 se iban a revertir. Aunque así pasó con la industria de la construcción y a las exportaciones no petroleras, algo pasó con el gasto público. La SHCP nos iba informando que estaba gastando cada vez más y más, pero las cuentas nacionales indicaban lo contrario. Aunque fue mucho más notorio con la inversión pública, el gasto corriente que realizaba la SHCP no tuvo impacto en el PIB en 2014. No conoceremos los componentes por el lado de la demanda (consumo privado, inversión y gasto público) hasta dentro de un mes, pero todo parece señalar que la inversión pública y el gasto público (gasto corriente) serán los únicos con tasa negativa, o si no, con las tasas más bajas.

También esperábamos una recuperación más robusta en la inversión privada. El gobierno vendió muy bien la idea de que las famosas reformas estructurales atraerían mucha inversión, tanto extranjera como interna. Sin embargo, no fue así. La confianza que pudieron haber generado fue nulificada por los escándalos políticos, por la continua violencia y la rampante corrupción. Al final, la inversión privada creció, pero no lo suficiente como para considerarse motor de crecimiento.

El otro factor fue el consumo de los hogares. Aunque sabíamos que la reforma fiscal tendría un impacto negativo en el consumo privado, no estábamos tan al tanto del desgaste del ingreso familiar que se venía gestando desde 2010. ¿Por qué? Principalmente por falta de datos. El INEGI no calcula el PIB por el lado de los ingresos, por lo que no produce indicadores relevantes de ingresos familiares. Sin embargo, viendo los salarios promedio de cotización del IMSS y los microdatos de la ENOE del INEGI empezamos a intuir (aunque ya muy tarde) que las familias no tenían el poder adquisitivo necesario para contribuir más al crecimiento económico.

Todas las proyecciones para 2015 anticipan una mejoría en relación al 2014. La expectativa más pesimista (de nuevo de Vector) es de 2.3 por ciento, superior al crecimiento del año pasado. Aunque hemos visto una revisión a la baja, el consenso de ahora es 3.1 por ciento, que representa un punto porcentual completo por encima del 2.1 por ciento de 2014. El Banco de México estableció un rango de 2.5 a 3.5 por ciento, mientras que la SHCP sostiene su rango (que ahora se ve exageradamente optimista) de 3.2 a 4.2 por ciento. Pero después de dos años de mucha desilusión, ¿por qué insistimos que sí vamos a crecer más? En especial, ante un entorno muy complicado caracterizado por la baja en el precio del petróleo, recortes en el presupuesto público y tensiones geopolíticos en todo el mundo.

No olvidemos las elecciones de medio sexenio. Es casi un hecho de que ahora vamos a empezar a sentir ese gasto público. Pero sabemos que será temporal. ¿Qué pasará en la segunda mitad del año? ¿Será suficiente el impulso inicial para motivar al resto de la economía, o se apagara de nuevo? El impacto del gasto público y en especial de la inversión pública serán claves para estimular la economía. El problema es que los recortes vienen más por el lado de la inversión, por lo que el balance final no queda claro.

Pero la incógnita más grande radica en el consumo de los hogares. En el corto plazo, no parece que pudiera cambiar la tendencia, más que mediante creación de empleos derivados de la inversión privada. Pero las últimas estadísticas señalan que los nuevos empleos son de baja remuneración, con poco impacto macroeconómico. La confianza del consumidor no cambia. La tasa de desempleo urbano no disminuye. Obviamente vamos estar muy atentos a los primeros indicadores de este trimestre, pero si no empieza a levantar más la actividad económica, podemos desde ahora pronosticar revisiones continuas a la baja en las expectativas de crecimiento para el año.

TDUrbana 87-14

El INEGI anunció ahora, viernes 16 de enero, la tasa de desempleo urbano para diciembre. Resulta que disminuye significativamente (0.29 puntos porcentuales) de 5.37 por ciento en noviembre a 5.08 por ciento. Al mismo tiempo, revisan a la baja la tasa de los cinco meses anteriores en forma significativa, lo que cambia radicalmente el mensaje que venía transmitiendo. Hasta un día antes, veíamos que la tendencia de la tasa era lateral, alrededor de casi 6.0 por ciento durante prácticamente todo el año. Ahora resulta que a partir de agosto existe una tendencia marcadamente a la baja, que va de 6.0 por ciento en julio hasta 5.30 por ciento en diciembre.
Si examinamos de cerca las series, resulta que la original (sin ajustar) existe apenas desde enero de 2013 a la fecha. Sin embargo, como acta de magia, la serie ajustada (y la de tendencia-ciclo) están desde enero de 2005. Primera pregunta (obvia) es ¿cómo se las arregla para ajustar estacionalmente una serie de 24 meses? Segunda pregunta (todavía más enigmática), ¿cómo producen cifras ajustadas de 2005 a 2012 si no existen los datos originales? Tercera pregunta, ¿cómo se explica que la tasa sin ajustar (original) baja en diciembre a 4.35 por ciento, por mucho la más baja desde la gran recesión de 2008-2009? Sabemos que en diciembre disminuye la tasa por cuestiones estacionales, ¿pero tanto? El dato de diciembre parece ser un serio “outlier”, que hace reflexionar de nuevo en la medición de la tasa de desempleo.
La tasa de desempleo es uno de los indicadores más importantes de la coyuntura económica de un país, por lo que es sumamente importante contar con una serie homogénea muy larga. Por ejemplo, sin buscar mucho, uno puede acudir a la página de Internet del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos y encontrar una serie mensual de 1948 a la fecha. Con estos datos se pueden realizar estudios valiosos sobre su comportamiento cíclico, estacional y coyuntural, además de analizar su tendencia a través del tiempo. En cambio, si nos vamos a la página del INEGI encontramos que la serie homogénea más reciente es a partir de enero de 2013. En otras palabras, mientras que Estados Unidos cuenta con 804 observaciones mensuales homogéneas y consecutivas, México cuenta con tan solo 24 (menos del tres por ciento de nuestros vecinos).
El problema central es que el INEGI ha cambiado de cobertura y metodología un sinnúmero de veces desde que empezaron los primeros esfuerzos en 1972 para medir el desempleo. El primer intento fue la Encuesta Nacional en Hogares (ENH), que se abandonó pronto para utilizar la Encuesta Continua de Mano de Obra (ECMO). Después tuvimos la Encuesta Continua sobre Ocupación (ECSO), hasta que se introdujo la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) a fines de los ochenta. Aunque la ENEU duró 17 años, sufrió múltiples cambios, en especial de cobertura, que hicieron muy difícil la comparación de datos en el tiempo. Además, la metodología fue severamente criticado y sus resultados descartados por la mayoría de los analistas.
Finalmente, el INEGI introdujo en 2005 la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que incorporó mejorías notables que provinieron de las recomendaciones internacionales. Sin embargo, desde antes ya se había reducido significativamente la cobertura (de 48 a solo 32 ciudades) y el tamaño de la muestra) lo que provoca un error de estimación mayor y mucho mayor variabilidad en las tasas). En teoría, esta encuesta nos permitió empezar a construir una serie homogénea, congruente y creíble, que con el tiempo nos brindaría la información necesaria para realizar estudios serios. Aunque no es una serie larga que nos permite comparar el desempleo con la crisis de 1995 o con la década perdida de los ochenta, por lo menos ya estábamos por llegar a diez años de datos. Sin embargo, hace algunos meses (a partir del último trimestre del año pasado) el INEGI anunció que dejaba de actualizar la serie y en su lugar introdujo una nueva con cifras a partir de enero de 2013.
Al buscar los datos de desempleo en el Banco de Información Económica (BIE) del INEGI, nos encontramos con la siguiente nota: “En virtud de la reciente reforma constitucional que elevó la edad legal mínima para trabajar de los 14 a los 15 años, las cifras aquí contenidas corresponden al universo de las personas de 15 años de edad en adelante y, por lo tanto, las series anteriores cuya cobertura era la población de 14 años y más, ya no serán actualizadas”. En otras palabras, de nuevo tenemos un rompimiento en la serie.
En principio, esta noticia debería ser catastrófica para los analistas que buscan realizar estudios serios sobre el desempleo. Sin embargo, si comparamos la serie anterior con la nueva, encontramos que la variación entre ambas es realmente pequeño, alrededor de seis milésimas en promedio. Por lo mismo, podemos unir las dos series bajo el supuesto que la diferencia es no es estadísticamente diferente a cero y obtener una serie (más o menos) homogénea desde octubre de 1996. Es importante hacer notar que esto sólo se aplica a la tasa urbana, ya que la nacional solo existe a partir de desde abril de 2000.
Mediante varios supuestos verdaderamente heroicos, he reconstruido la serie de desempleo urbano desde 1987 a la fecha. En la gráfica se puede apreciar la gran volatilidad que tiene la tasa a través del tiempo. Si se fija la atención en el último dato, se ve claramente que la tasa de diciembre de 2014 es una aberración (outlier), muy por debajo de cualquier mes desde la gran recesión de hace seis años. Una primera hipótesis es que es el comienzo de una recuperación seria en la tasa de desempleo, aunque personalmente no lo creo. Una segunda hipótesis, es que simplemente corresponde a la volatilidad de la serie, producto de la muestra tan pequeño que utiliza el INEGI y que por lo tanto, regresará a una tasa más en línea en enero. Pienso que esta es mucho más plausible que la primera. Esperemos un mes para ver…

Parece ser que el Periódico Excélsior publicó una noticia alarmante ayer a partir del reporte mensual de INEGI acerca de la desocupación en México. La nota dice que 40 por ciento del total de desempleados tiene educación media superior o superior, lo que implica algo más de un millón de mexicanos educados no tienen trabajo. Si excluimos de la cifra, la población rural económicamente activa, el porcentaje es mayor, ya que 46 por ciento de los desempleados urbanos tienen un nivel elevado de educación. Leí aquí en Arena Pública, que este porcentaje ha aumentado en los últimos siete años en México, por lo que pudiera ser “uno de los datos más ilustrativos del fracaso de las políticas de crecimiento económico aplicadas en los últimos años”.
Al leer los resultados mensuales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), hay que tener en mente la estructura del mercado laboral. Desde que se levantaron las primeras encuestas en la década de los setenta, se encontró que la tasa de desempleo más bajo lo tiene el segmento de la población con menos educación, que como es lógico también se identifica como el estrato de menos ingresos. La explicación es sencilla. Cuando una persona carece de educación y no tiene ingresos, va estar dispuesto a aceptar el trabajo que sea y al salario que sea. Simplemente es cuestión de supervivencia.
En la medida en que obtiene más educación, empieza a tener aspiraciones mayores. Una persona con educación media superior o superior ya no va a aceptar cualquier trabajo, sino que va extender su periodo de búsqueda hasta encontrar lo que quiere y lo que identifica en acorde a su nivel educativo. Una persona con este nivel de educación se identifica con una familia de mayores ingresos, por lo que se puede dar el “lujo” de buscar mejor trabajo y no aceptar lo que aparezca. Esta persona sabe que siempre podrá encontrar un trabajo de menor ingresos y de menos calificaciones, sin embargo, voluntariamente decide quedarse desempleado hasta encontrar algo que le parece más digno. En este sentido, no debe sorprender que la tasa de desempleo es más elevado en los segmentos con mayor educación.
Algo parecido pasa entre la población rural y la urbana: identificamos la población rural como más pobre y menos educada que la urbana. Al mismo tiempo, encontramos que la población rural tiene la característica de tener la tasa de desempleo más bajo de todo el país. La razón principal es que casi no existe un mercado laboral en las zonas rurales, que son comunidades menores a 2,500 personas. La mayoría de las personas que viven en estas comunidades se dedican a la agricultura de subsistencia o al autoconsumo. Esto significa que no tiene ocupación, pero tampoco se encuentran desocupados, ya que no buscan ni les interesa trabajar. La complejidad del mercado laboral señala que entre más grande es la población de una ciudad, mayor será la tasa de desempleo. En las poblaciones urbanas más grandes, existen más personas educadas en busca de oportunidades y con mayores aspiraciones. Por ejemplo, un doctor en economía buscará empleo en la Ciudad de México o en Monterrey antes de decidir mudarse a Tepatitlán o Huatabampo.
De esta forma encontramos las tasas de desempleo más elevadas en las grandes ciudades, entre la población más educada y donde existen mayores aspiraciones. De igual forma, encontramos las tasas de desempleo más bajas en las zonas rurales, las comunidades más pobres y entre la población menos educada. Por ejemplo, Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen las tasas de desempleo más bajas del país, pero también las tasas de informalidad laboral más elevadas, mayor pobreza y menor educación. No es reflejo de un fracaso de políticas públicas, sino un simple retrato de la realidad estructural de la población mexicana.

En la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (CIET) de 2003, se acordó que la medición del empleo informal no debería limitarse al trabajo en el propio sector informal (definido como unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros básicos para operar), sino que además debería abarcar otras modalidades de la informalidad, como la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado de los hogares y todos los demás empleos ligados a unidades económicas formales, pero sin la protección laboral correspondiente. Estos últimos, incluso, abarcan a muchos empleos de gobiernos (federal, estatal y municipal) que no otorgan los beneficios marcados por la ley.
Ante las recomendaciones de las CIET y otros organismos internacionales, el INEGI procedió a rediseñar casi por completo la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) en 2005, para proceder a partir de entonces con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esta nueva encuesta incorporó muchos cambios y recomendaciones metodológicas, mientras que también añadió todos los aspectos necesarios para calcular la “tasa de informalidad laboral”, que derivaba de las resoluciones adoptadas por la CIET 2003. Sin embargo, el gobierno impidió que se diera a conocer esta nueva serie, ya que duplicaba la proporción de informalidad que se manejaba bajo la definición más estrecha, que solo consideraba los empleos en el propio sector informal.
Así, el INEGI tuvo que esperar al cambio de gobierno a fines de 2012 para dar a conocer los nuevos datos. Con la idea de que “más vale pedir perdón que permiso”, a los pocos días de haberse iniciado el nuevo sexenio, se divulgó la nueva tasa de informalidad laboral que admitía que alrededor del 60 por ciento de todos los empleos en el país son informales. Incluso, en los estados más pobres la tasa llega a representar alrededor de 80 por ciento de los trabajos.
La semana pasada, el INEGI dio a conocer la parte complementaria a la tasa de informalidad laboral, que es el primer cálculo oficial de tamaño de la actividad económica informal, es decir, cuánto producen los que elaboran en condiciones informales. Bajo los lineamientos internacionales de las organizaciones relevantes, se presentó la medición del valor agregado bruto de la economía informal de 2003 a 2012. Con estos datos ahora sabemos que el 60 por ciento de la población que trabaja en condiciones de informalidad genera el 25 por ciento del PIB. Estos datos son cruciales para la elaboración de políticas públicas dirigidas a reducir el tamaño de la economía informal y a proteger a las familias que viven en condiciones precarias sin ningún tipo de seguridad social.
Dentro de las otras modalidades de la informalidad, están las personas que trabajan en nuestros hogares, es decir, el servicio doméstico remunerado. En muchos casos, son personas muy allegadas a las familias, que tienen muchos años trabajando muy de cerca con nosotros y a veces hasta con lazos sentimentales. Sin embargo, en la mayoría de los casos son personas que carecen de una protección laboral, no gozan de algún tipo de servicio médico y carecen de seguros de trabajo, invalidez, retiro, cesantía y vejez. Podrían inscribirse voluntariamente al Seguro Social, pero por su remuneración precaria no es una opción viable. Podrán acudir al Seguro Popular, que es más un tipo de subsidio del gobierno con severas limitaciones y carencias. Al final del día, es un segmento más de la población sin protección social.
No obstante, existe una opción poco conocida que se llama la “modalidad 34” del IMSS, que fue concebida especialmente para el trabajador doméstico bajo el Artículo 13, fracción II, de la Ley del Seguro Social. Cualquier familia puede dar de alta a la persona que trabaja en su hogar, sin contingencia o responsabilidad laboral, mediante un pago único anual de aproximadamente 7,500 pesos (625 pesos mensuales) y así proveer a la persona de todos los beneficios de un derechohabiente, incluyendo una aportación a una Afore para generar una pensión mínima garantizada. No hay ningún contrato de por medio, ni obligación patronal más allá de cubrir la cuota anual. No hay pagos adicionales de impuestos u obligaciones para otorgar vacaciones, aguinaldos o demás prestaciones.
Llama la atención que casi no hay hogares en el país que tengan un trabajador doméstico que acuden a la modalidad 34. En una de las Subdelegaciones del IMSS en la Ciudad de México me dijeron que han tenido un solo caso en los últimos cinco años (el mío). Parece ser que vemos la informalidad como problema exclusivo del estado.