Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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El día primero de enero pensé que la buena noticia era que ya se acabó 2016, un año difícil, tedioso y de inestabilidad. Pero la mala noticia es que empieza 2017 con perspectiva peor. Ya llevamos un poco más de una semana del año y vemos que ya no es lo duro sino lo tupido. El gasolinazo, las protestas, los saqueos, los bloqueos y aumentos generalizados en precios han acaparado las ocho columnas, pero también nos han agraciado con noticias adicionales como el regreso de Videgaray, la cancelación de inversión de Ford y la posible salida del país de Chrysler. Todo indica que las promesas de Trump se van a materializar. El Indicador IMEF dice que “aumenta incertidumbre”, mientras que sigue en desplome la confianza empresarial y del consumidor. Todo se refleja en la continua debilidad del peso, que ya vimos como el tipo de cambio registra de nuevo, máximos históricos. Existe en el país una sensación de inestabilidad económica y política no visto desde el “tequilazo” al comienzo de 1995.

Ante tanta adversidad, lo que más necesita el país es un gobierno inteligente, que asume su rol de líder y que instrumente políticas para resolver los problemas e incertidumbres que enfrentamos. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la respuesta? El “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar”, posiblemente la máxima desilusión del gobierno actual. Es un conjunto de enunciados vacíos, sin fondo, lleno de contradicciones y desconectado de la problemática que enfrenta el país. Ni siquiera logró un consenso entre las cúpulas empresariales y excluye a los gobiernos estatales y a los partidos de oposición. Es una muestra más de que no solamente no entiende los reclamos de la población, sino que no entiende que no entiende. Es aun peor que el anuncio conjunto de la SHCP y el Banco de México que dieron a conocer a las 7:00 de la mañana después de las elecciones de Estados Unidos, cuando acordaron no hacer nada más que “estar atentos”.

Por ejemplo, incluye el compromiso de evitar incrementos significativos en los precios de la canasta básica (como especie de control de precios), que seguramente causará escasez como suele suceder, pero al mismo tiempo dice que realizará acciones en favor de la libre competencia (como evitar o quitar controles de precios). En caso de que se dé el incremento en el precio de algún producto de la canasta básica se permitirá la libre importación de éste para estabilizar el mercado. El problema es que la importación de cualquier producto al tipo de cambio actual seguramente implicará un incremento todavía mayor en el precio, al no ser que el gobierno lo vaya subsidiar. Sin embargo, la justificación del gasolinazo fue que lo que se quiere evitar son los subsidios.

Otro problema de fondo es la credibilidad. ¿Cuántas veces ya nos ha dicho el gobierno que va combatir la corrupción sin que no pasa absolutamente nada? ¿Cuántos recortes de gasto se han anunciado para que al final del año encontramos que se gastó mucho más que lo presupuestado originalmente? El Acuerdo dice que se va a modernizar el transporte público, pero la inversión pública ha disminuido en cada uno de los últimos siete años. Incluye medidas “nuevas” que se supone que ya se deberían estar instrumentando, como garantizar un superávit primario, impulsar la recuperación del salario mínimo y preservar la estabilidad económica. Evita acciones directas para resolver el agravio más apremiante: el gasolinazo. No incluye medidas para evitar o minimizar el robo de gasolinas o resolver el problema de abasto. No abarca el problema de incertidumbre ante la llegada de Trump, que frenará la poca inversión que teníamos. Remarca la instrumentación de políticas fiscales y monetarias restrictivas, que implica frenar aún más el crecimiento económico.

Todos hemos revisado a la baja las expectativas de crecimiento económico para este año al saber que Trump será presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero. No obstante, las primeras revisiones eran tibias al no conocer a ciencia cierta lo que hará el vecino en nuestra contra y tampoco anticipábamos la parálisis o falta de ideas de nuestro gobierno. Los anuncios de Ford y Chrysler y el continuo ataque vía Twitter por parte de Trump, empiezan a vislumbrar que podríamos estar enfrentando el peor escenario contemplado. Las probabilidades de una recesión este año van en aumento día a día.

Aunque ya había muchos rumores al respecto, fuimos sorprendidos la semana pasada con la noticia de que Agustín Carstens renuncia al puesto de Gobernador del Banco de México, efectivo a mediados del año entrante. El anuncio causó mucho revuelo y comentarios de todo tipo. Hubo rumores de que el Presidente lo promovió ante la crítica constante de Banxico al manejo de las finanzas públicas. Hubo acotaciones de que peligra Banxico ante su salida, ya que se diluye la autonomía de la institución. Hubo opiniones de que el Gobernador huye ante la llegada de una mega tormenta que se ve venir como consecuencia de las políticas de Trump. Hubo comentarios de que la renuncia se da en el peor momento posible y podrá ser causa misma de una nueva crisis. Hubo quien vaticinó que el efecto sobre el tipo de cambio sería tan pronunciado como cuando supimos quién sería el próximo presidente de Estados Unidos. Incluso, hubo quien recomendó llevarlo a juicio político por haber tomado la decisión.

Todas estas apreciaciones y especulaciones fueron exageradas. Sabíamos que Carstens tenía interés en un puesto de primer nivel en un organismo internacional desde hace tiempo. Ya fue el segundo a bordo del FMI y Secretario de Hacienda. Su prestigio y experiencia hacían que tarde o temprano se lo iban a ofrecer. Sin embargo, él no dictaminó la fecha, ni lo buscó con el propósito de huir a sus responsabilidades actuales. Seguramente fue una decisión difícil, pero principalmente personal.

Difícilmente podremos encontrar una persona mejor calificada que Carstens para Gobernador del Banco de México. Desde su preparación académica y profesional hasta su experiencia en muchos puestos relevantes, lo perfilaba para el puesto desde tiempo atrás. Ya como Gobernador, fue nombrado Banquero Central del año en varias ocasiones. Incluso, había quien lo veía en el puesto para un tercer periodo hasta 2028. Aun así, su prestigio lo llevó a contender para estar al frente del FMI y desde hace tiempo, se escuchaba su nombre para varios puestos de primer nivel internacional. En sí, su nombramiento para dirigir el BIS no sorprende.

Afortunadamente, la autonomía del Banco se ha consolidado y es una de las instituciones más sólidas del país. Se requieren personalidades de gran altura para dirigir instituciones endebles, ya que es la persona que inspira confianza y le da el realce necesario. Sin embargo, cuando se trata de una institución establecida, fuerte y bien encaminada, ya no es imprescindible tener a una figura de la misma talla. Por ejemplo, hace 20 años el dirigente del Bundesbank de Alemania era un periodista y su experiencia y formación quedaba muy corta en comparación al que tiene Carstens ahora. Por lo mismo, no debemos preocuparnos por un vacío en el poder monetario. El Banco tiene una Junta de Gobierno sólida y cuenta con un equipo de economistas del mejor nivel, capaces de asesorar y dirigir la política monetaria de forma más que satisfactorio.

Por lo mismo, no debe preocupar la salida de Carstens. El gobierno tiene siete meses para reflexionar y escoger al candidato idóneo. No tiene que ser de la talla de los anteriores, pero sí reunir ciertas características. De entrada, las que marque la ley: ser mexicano por nacimiento y no tener más de sesenta y cinco años cumplidos; gozar de reconocida competencia en materia monetaria y haber ocupado por lo menos durante cinco años cargos de alto nivel en el sistema financiera mexicano o en instituciones que ejerzan funciones de autoridad financiera. Pero en adición a estos preceptos legales, necesitamos que sea una persona que respetará la autonomía y encauce bien la administración monetaria del país. Debe evitar ser una persona del círculo cercano del Presidente, que pudiera dar imagen de tener una agenda preestablecida del gobierno federal, o bien, ser cómplice del esfuerzo fallido de sanear las finanzas públicas.

Queda mucho tiempo para conformar una terna final. Por lo pronto, podríamos pensar en un cuadro amplio de candidatos idóneos. Incluso, podríamos hasta especular con más nombres ante la posibilidad de que se reformaran los requisitos de edad y de nacimiento. Sin embargo, antes de hacerlo, quizás sería prudente empezar con la lista de las personas no deseadas para el puesto. No sé si todos estarían de acuerdo conmigo, pero arrancaría con el ex Secretario de SHCP en la primera posición.

El Subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez González, termina su gestión este 31 de diciembre. Dado que tiene 66 años de edad, ya no califica para un segundo periodo de ocho años. Por lo mismo, tendremos un nuevo Subgobernador a partir de enero. El Presidente de la República propone a Alejandro Díaz de León para este puesto. ¿Es buen candidato para formar parte de la Junta de Gobierno?

La Ley del Banco de México señala que, para que alguien sea designado miembro de la Junta de Gobierno, tiene que ser un individuo con un elevado nivel técnico y profesional. Tiene que ser ciudadano mexicano por nacimiento, no tener más de sesenta y cinco años cumplidos y gozar de reconocida competencia en materia monetaria. También especifica haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

Hasta aquí podemos afirmar que Díaz de León cumple con estos requisitos. Es economista del ITAM con maestría de la Universidad de Yale. Su formación principal proviene del propio Banco de México, donde trabajó los primeros 16 años de su carrera y llegó a ser Director de Análisis Macroeconómico. De allí trabajó como Director General de Pensionissste, después como el titular de la Unidad de Crédito Público en la SHCP (en sustitución de Gerardo Rodríguez) y finalmente, como Director General de Bancomext (sustituyendo a Enrique de la Madrid). Su experiencia obtenida en SHCP es en especial valiosa, ya que obtuvo conocimientos profundos de los mercados financieros internacionales, hoy en día sumamente relevante para un banco central. Sus credenciales académicas y su experiencia profesional son incuestionables. Además, tiene excelente reputación y reconocimiento en los medios.

Es trascendental que cada miembro de la Junta entienda a fondo cómo funciona la política monetaria, sus alcances y la importancia de contener la inflación. La Constitución establece claramente que el objetivo prioritario, más no el único, es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Para cumplir con este mandato es crucial entender la interacción entre la inflación, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. No hay duda que cada uno de los miembros de la Junta, incluyendo al propio Díaz León, cumplen perfectamente bien con este cometido.

No obstante, la Ley también establece que dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno no necesitan cumplir con el requisito de antigüedad, siempre y cuando sean profesionistas distinguidos en materia económica, financiera o jurídica, para así permitir la participación de personas como académicos distinguidos, que pueden aportar un caudal de valiosos conocimientos. Al final de cuentas, lo que se quiere de una Junta de Gobierno es que tenga cierta diversidad y representación de intereses para que funciona como cierto chequeo y balance al poder inmenso que tiene el Gobernador del instituto. Si los cuatro subgobernadores son tipo “yes men”, que van a aprobar absolutamente todas las decisiones del Gobernador, ¿para qué queremos una Junta?

Con la llegada de Díaz de León, vamos a tener una Junta de Gobierno de clones, todos formados en el propio Banco, con estrechos lazos con el ITAM y de alguna forma u otra allegados del Gobernador actual. Prácticamente desde que empezó la autonomía del banco central, hemos tenido algo de diversidad. Guillermo Prieto Fortún, quien duró menos de un año como Subgobernador, provenía de la Bolsa Mexicana de Valores. Guillermo Güémez García venía del sector privado con experiencia empresarial y financiera y en la negociación del TLCAN. Everardo Elizondo era un reconocido académico, consultor de empresas y fue el economista principal para Bancomer. Manuel Sánchez González también venía del sector privado y se consideraba representante de la banca comercial. Así será que va ser la primera vez que la Junta de Gobierno se conforma sin un representante del sector privado, sin alguien con formación distinta del propio Banco de México y posiblemente, sin alguien que se atreve a cuestionar al poderosísimo Gobernador. Sin diversificación, sin alguien que presenta contraargumentos y sin representatividad del sector privado, ¿para qué va servir la Junta?

Desde principios de año hemos estado revisando a la baja las proyecciones de crecimiento para el año entrante en forma sistemática y al alza el tipo de cambio. Las razones giraban alrededor de una incertidumbre en torno a la inversión, la reducción en el gasto público, menores exportaciones y la implementación de políticas económicas más y más restrictivas. Si tomamos como referencia las últimas encuestas de expectativas de Banxico, Banamex y el IMEF, para principios de noviembre había un consenso para el PIB de 2.3 por ciento para 2017, dentro de un intervalo de 1.5 a 3.3 por ciento. Para el tipo de cambio, alrededor de 18.60 al cierre del próximo año, en un intervalo de 17.25 a 20.50. Sin embargo, todos estos números, ya de por si cada vez más pesimistas, pertenecían a un escenario “Clinton”. Posiblemente algunos habían elaborado un escenario “Trump”, pero ni era su escenario más probable y ni lo pensaron mucho.

Ahora nos enfrentamos todos a la dificultosa obra de construir el escenario Trump. Si de por sí la tarea de vislumbrar el futuro es complicado entre tanta conjetura que se tiene que realizar, elaborar un escenario cuya línea principal es que casi todo puede cambiar, lo vuelve casi imposible. Podemos poner números sobre la mesa, pero debemos admitir que el margen de error aumenta en forma exponencial. No obstante, podemos empezar con algunas pinceladas sobre lo que puede venir.

De entrada, debemos dividir el escenario en dos partes: la primera de corto plazo, cuya motivación principal es una mayor incertidumbre, donde casi todo se va mover ante la especulación; y la segunda, de mediano y largo plazo, que responde más a lo que vamos viendo sobre la marcha en torno a cambios estructurales. Por ejemplo, en el corto plazo podemos pensar que el tipo de cambio va aumentar todavía mucho más ante la incertidumbre de que si el Tratado de Libre Comercio se va renegociar o de plano, cancelar. Pero en el mediano plazo, podemos realizar algunos supuestos acerca de la dirección y alcance de una supuesta renegociación y tratar de anticipar sus implicaciones.

En el corto plazo, podemos anticipar un tipo de cambio más elevado, mayor inflación, menos crecimiento y una tasa de política monetaria mayor, todo con respecto al escenario Clinton que teníamos. ¿Por qué? El tipo de cambio es uno de los mejores reflectores de la incertidumbre. En el corto plazo, no sabemos que esperar, por lo que por lo pronto compraremos dólares para protegernos y casi no habrá nadie que venda sus dólares para comprar pesos. ¿Hasta dónde puede llegar el tipo de cambio en estas semanas? No podemos descartar que aumentará todavía dos o tres pesos más para situarse más cerca de 24 o 25 pesos, mientras que difícilmente regresará a estar por debajo de 20. ¿Esto qué implica? Hasta ahora hemos visto que el traspaso del tipo de cambio a la inflación se ha contenido, pero el ajuste ya llegó a un nivel en el cual será prácticamente imposible contener una escalada de precios. Por lo mismo, tendremos que revisar la expectativa de inflación para el año entrante al alza. ¿En cuánto? Aun en un escenario optimista, es muy probable que la inflación se ubica por arriba del techo del famoso rango de variabilidad de 4 por ciento. ¿Qué tanto más? Un escenario pesimista lo podría ubicar incluso ya cerca de 10 por ciento.

Si vamos a incorporar a nuestro nuevo escenario más inflación, tenemos que suponer también que el Banco de México subirá mucho más la tasa de política monetaria. ¿Cuánto? Esta semana podríamos ver unos 100 puntos base y posiblemente otros 100 hacia fin de año. Podemos también hacer el supuesto de que no habrá flujos de inversión extranjera directa y que muchos proyectos de inversión se detendrán aun antes del incremento en el costo del crédito. El único flujo que podrá aumentar es el de remesas, ya que muchos aprovecharán el tipo de cambio para mandar recursos a sus familias antes de cualquier interrupción por parte del nuevo gobierno de Trump. Todo junto implica que aumenta considerablemente la posibilidad de una tasa negativa para el PIB en el primer trimestre del año y de una recesión en la primera mitad del año. Las posibilidades de crecimiento para el año en un todo, dependerá de los primeros anuncios concretos de la nueva era en términos de la renegociación del Tratado, las deportaciones masivas, cambios fiscales y otras medidas que se vayan tomando.

El INEGI dio a conocer hace un par de días el consumo de los hogares (para agosto) y la confianza del consumidor (para octubre). Dos indicadores importantes y supuestamente relacionados entre sí. Uno pensaría si el consumidor no tiene confianza, adoptará una actitud cautelosa y no va consumir mucho; en cambio, si aumenta su confianza, empezará a gastar más. Aparentemente, no es tan sencillo.

Después de un par de años de muy lento crecimiento, a partir de 2015 empezamos a observar una mejoría significativa en el consumo de los hogares, mediante un crecimiento de 3.5 por ciento en promedio, que fue muy por encima del avance del PIB de ese año. Ahora seguimos viendo un buen despeño en el consumo, aunque con una ligera desaceleración. En agosto disminuyó -0.2 por ciento respecto a julio, pero solo después de alcanzar un máximo histórico en ese mes. En los primeros ocho meses del año ha crecido 3.2 por ciento respecto a los mismos ocho meses de 2015. De hecho, el consumo privado es prácticamente el único componente del PIB (por el lado del gasto) que muestra crecimiento positivo.

El mismo día, el INEGI dio a conocer que la confianza del consumidor había aumentado 0.15 puntos en octubre respecto al mes anterior, pero solo después de haber alcanzado su nivel más bajo desde abril 2010. De hecho, la tendencia-ciclo de la confianza muestra una pendiente negativa a lo largo de los últimos doce meses. Su nivel de octubre de 35.5 (de una escala de 0 a 100) es el más bajo observado en toda la historia del indicador salvo el periodo de la Gran Recesión en 2009.

En otras palabras, vemos a los hogares consumiendo relativamente bien, pero con un nivel de confianza que anda por los suelos. ¿Cómo podemos conciliar ambos indicadores? ¿Por qué siguen consumiendo los consumidores si su confianza se ha desplomado? Para entender lo que está pasando, primero hay que descomponer el indicador de confianza en sus componentes. Aunque resulta que los cinco han disminuido, la percepción del consumidor acerca de su situación actual no ha disminuido mucho y la de cómo considera el momento actual para efectuar compras mayores (bienes duraderos) se mantiene estable. En cambio, a pesar de que ve su situación actual relativamente estable, empieza a perder algo de confianza en torno a su situación futura. Pero lo que realmente explica el desplome es su percepción sobre la situación actual del país y todavía peor aún, es el pesimismo creciente en torno al futuro del país. En este último rubro, nunca ha manifestado tanto pesimismo como la actual, ni siquiera en el peor momento de la Gran Recesión de 2009.

¿Qué explica esta visión colectiva tan melancólica de los mexicanos de la situación económica? ¿Es simplemente un mal humor social? Creo que es algo mucho más hondo y más apegado a lo que muchos indicadores económicos reflejan. Primero, hemos visto una depreciación de la moneda de alrededor de 35 por ciento en los últimos dos años (y de 50 por ciento en los últimos ocho), cuando las devaluaciones pasadas de la moneda eran símbolos de crisis, recesión y gran pérdida de poder adquisitivo. Segundo, hemos visto que el crecimiento económico promedio del sexenio está por debajo de cada uno de los cuatro sexenios anteriores (a pesar de las famosas reformas estructurales). Tercero, todos hemos sentido una pérdida significativa en nuestro poder de compra a pesar de que el gobierno presume la inflación más baja en la historia. Cuarto, hemos visto como el crecimiento de la deuda pública federal y el deterioro de las finanzas públicas nos ha llevado a que las agencias calificadoras nos pongan en perspectiva negativa. Quinto, se va desvaneciendo la estabilidad macroeconómica, que era de lo poco que podíamos presumir, con los desequilibrios fiscal y externo. Sexto, vemos como los gobiernos locales han llevado a la quiebra a estado tras estado. Séptimo, hemos visto como la corrupción y la impunidad crecen y crecen sin mayor empeño del gobierno. Octavo, la violencia y la falta de seguridad pública han llegado a nuevos máximos históricos. Noveno, hace un año apareció de la nada un racista, fascista, misógino y anti-mexicano, que dice que somos de lo peor y amenaza con quitarnos nuestras remesas y quien sabe que más. Décimo, nos enfrentamos a una democracia disfuncional, que no nos ofrece un camino para deshacernos de los malos gobernantes y partidos políticos.

El Traspaso

Octubre 12th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

Existe una relación muy estrecha entre el tipo de cambio y el diferencial de precios del país respecto al exterior; si tenemos mucha más inflación en México respecto al exterior por un tiempo prolongado, tarde o temprano si va reflejar en el tipo de cambio. Esto lo experimentamos en forma traumática cuando teníamos un régimen cambiario semi-fijo. Sin embargo, la relación es de doble causalidad; si tenemos un aumento significativo en el tipo de cambio, tarde o temprano vamos a tener más inflación. Esto último se llama el traspaso (“pass-through”) del tipo de cambio a la inflación.

No es una relación exacta. Dependiendo de las circunstancias, las estructuras, los regímenes cambiarios y otras cosas, el traspaso puede ser muy elevado o muy bajo. En las épocas de alta inflación y regímenes cambiarios rígidos, el traspaso en México era muy elevada; cualquier modificación en el tipo de cambio provocaba un incremento de la inflación en casi la misma magnitud. En esos momentos decíamos que el coeficiente de traspaso era muy cercano a la unidad, lo que implicaba que un incremento en el tipo de cambio de x por ciento, incrementaba la inflación en el mismo x por ciento. Sin embargo, ahora con inflaciones más bajas y un régimen cambiario flexible, el traspaso ha disminuido. Incluso, algunos analistas argumentan que el coeficiente de traspaso ahora es muy cerca a cero, lo que implica que cualquier incremento en el tipo de cambio no tiene una repercusión en la inflación. El Banco de México ha realizado estudios empíricos que concluyen que el coeficiente es alrededor de 0.04, es decir, bastante reducido.

El problema es que el traspaso no necesariamente se da de inmediato o en un solo periodo. Tampoco es obligatorio que sea constante a través del tiempo o que se deriva en una relación lineal. En otras palabras, el traspaso puede ser más significativo ante un incremento mucho más pronunciado en el tipo de cambio. En nuestro caso, podemos pensar que después de un ajuste en el tipo de cambio de casi 50 por ciento y ante la probabilidad de que ya no vuelva a bajar (por lo menos en forma significativa), es de esperar que tengamos un impacto en los precios.

De hecho, ya empieza a surgir evidencia de cierto traspaso. La inflación al consumidor de las mercancías (los precios más susceptibles al tipo de cambio) fue 3.97 por ciento anual en la segunda quincena de septiembre, cuando había registrado 2.33 por ciento en la primera de agosto del año pasado. Sin embargo, es más evidente en los precios del productor: mientras que la tasa anual de septiembre al consumidor es de 2.97 por ciento, del productor es de 6.40 por ciento. Pero los precios del productor de las actividades secundarias han aumentado 8.12 por ciento y los de los bienes intermedios 8.75 por ciento. Por lo pronto, los empresarios han reducido su margen de utilidad para no reflejar el incremento completo en sus precios al consumidor.

Por otro lado, queda el problema de la medición correcta de la inflación, tema que comentamos aquí el mes pasado (Reforma, 7 de septiembre). Existen problemas en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) de la cual CONEVAL, CEMLA y otras instituciones han cuestionado el cálculo del ingreso, que se convierte en la restricción presupuestal del gasto, que a su vez determinan las ponderaciones de los precios. Además, existen un sinnúmero de problemas que, en su momento comentamos que, nos hace cuestionar su cálculo. Tengo la fortuna de participar activamente en un Comité de la ANTAD, dirigida por Javier Salas, que analiza cotidianamente todas estas fallas. Él es posiblemente la persona que más conoce a detalle el INPC de México y la medición de la inflación en general, después de estar a la cabeza de la Dirección de Precios en Banxico por más de 15 años. Él fue que encabezó el proyecto de contar con la certificación de calidad ISO-9002 para el INPC de México. Sin embargo, la supervisión y atención al detalle se ha mermado desde que se le encomendó el INPC al INEGI.

Todo lo anterior nos hace pensar que el efecto del traspaso es mucho mayor de lo que se ha admitido hasta ahora y que será todavía mucho mayor en los años venideros. Según la última encuesta que realiza Banxico a los especialistas en economía, la inflación promedio anual para los próximos 8 años es de 3.3 por ciento. ¿No será que estamos subestimando el famoso traspaso?

Como todos saben, el INEGI reportó una inflación mínima histórica a finales del año pasado de 2.1 por ciento. Al mes de julio ligamos 15 meses consecutivos con una tasa anual por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, estos datos simplemente no parecen corresponder a la realidad que enfrentamos. Vemos como muchos precios de bienes esenciales con gran ponderación en nuestro presupuesto suben mucho pero mucho más de lo que reporta el INPC. Cada vez escucho más y más que se cuestiona la medición de la inflación, ya no solo del ciudadano común sin mucho conocimiento de cómo se construye un índice de precios, sino de analistas iniciados en el tema. Al final de cuentas, ¿qué tan creíble son los datos que se reportan?

Empecemos con el Coneval, organismo encargado de medir la pobreza. Parte integral de la medición multidimensional de la pobreza son los umbrales de ingresos que se calculan para poder comprar la canasta alimentaria, o bien, la canasta alimentaria y no alimentaria (llamémosla de bienestar), conocidos como las líneas de bienestar mínimo y de bienestar, respectivamente. Para julio, Coneval informa que el ingreso mensual por persona para adquirir la canasta alimentaria es de 1,321.24 pesos, mientras que para comprar la canasta de bienestar se necesita 2,667.94 pesos mensuales por persona. Para hacer estos cálculos, Coneval utiliza la información del INPC del INEGI para las cotizaciones de los genéricos, pero utiliza sus propias ponderaciones.

Si tomamos 2010 como año de referencia, INEGI reporta que la inflación acumulada es de 28.9 por ciento en los últimos seis años y medio. No obstante, Coneval reporta que el costo de la canasta de bienestar ha aumentado 32.9 por ciento en el mismo periodo, cuatro puntos porcentuales más. Sin embargo, el costo de la canasta alimentaria ha incrementado 43.8 por ciento, quince puntos porcentuales más que la inflación oficial. En otras palabras, pensando que los precios de los genéricos que reporta INEGI son correctos, pero utilizando ponderadores más realistas, ya tenemos diferencias importantes.

Pero, ¿podemos creer qué los precios de los genéricos son correctos? Por ejemplo, todas las rentas de las viviendas en Tijuana son en dólares, pero INEGI los cotiza en pesos. He escuchado problemas en cómo se cotizan los servicios turísticos en paquete y el transporte aéreo. Aparentemente, los precios de los coches no son tan representativos de lo que más se compra. Me han comentado que muchos precios que reflejan toda la depreciación de la moneda no están contemplados. La fórmula para el cálculo del servicio telefónico celular ha sido sumamente criticada. Se sobreestimó el efecto del transporte público gratuito en los días del no circula. Otro problema adicional abarca a las personas que levantan cada quincena los precios. Los precios de los huevos no tienen una ponderación entre mercados, tianguis y supermercados que corresponde a la realidad. Dicen que muchos encuestadores se ahorran el trabajo de cotizar correctamente, ya que su supervisión es sumamente laxa. No he guardado una lista de todas las observaciones que me han hecho en este sentido, pero si lo hubiera hecho, les aseguro que sería una lista de muchas hojas.

Para rematar existe un problema metodológico de fondo, ya que el patrón de gasto que se utiliza para el cálculo del INPC proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). ¿Se acuerdan de esta encuesta? Sí, es la que estuvo en medio de la gran controversia del mes pasado en torno a la medición de los ingresos de los hogares. Así como solo capta el 50 por ciento del consumo de los hogares y menos del 10 por ciento de las remesas, tiene grandes carencias en cuanto al gasto de las familias. Por ejemplo, resulta que nadie toma bebidas alcohólicas en su casa durante la semana que va de visita el encuestador. Aparentemente, el gasto reportado es muy distinto a lo que abarca el INPC.

Estamos muy conscientes de las limitaciones que tiene el INPC para medir el poder adquisitivo de la población que vive con ingresos insuficientes para comprar la canasta de bienestar. Pero, ¿qué tal el ejecutivo medio? Consume en los restaurantes de Masarik, toma vino tinto de la Rioja, viaja en Uber y compra en la sección gourmet de Palacio, pero su incremento salarial va acorde al INPC. También ha perdido poder adquisitivo en los últimos años.

Cuatro Años

Septiembre 6th, 2016 | Posted by Jonathan Heath in Pulso Económico (Reforma) - (0 Comments)

Mañana, 1 de septiembre, el Ejecutivo entregará su Cuarto Informe al Poder Legislativo. Al quien se toma la molestia de leerlo, seguramente encontrará puras maravillas. Sin embargo, sabemos que han sido cuatro años muy difíciles, de escasos logros y de muchos retrocesos. Por ejemplo, hace una semana el INEGI informó que había disminuido el PIB en el segundo trimestre respecto al primero, lo cual convirtió al periodo en el segundo peor del sexenio. Sin embargo, la SHCP presumió que el trimestre tuvo el mejor desempeño para un segundo trimestre desde 2012, claro mediante la trampa de incluir efectos de calendario y estacionalidad.

En el terreno político, tenemos una presidencia con la aprobación más baja en la historia, resultado de los múltiples escándalos de la Casa Blanca, Malinalco y el plagio de la tesis, en conjunto con eventos trágicos como Ayotzinapa y Apatzingán (y varias más), la fuga del Chapo, la vacilada de Virgilio Andrade y hasta la ratificación de Alfredo Castillo. Pero posiblemente ha pesado más la continua inseguridad y la impunidad rapante ante la corrupción extendida. Sin embargo, dejó el análisis de estos temas a mis colegas politólogos.

En el terreno económico, las noticias son peores. El crecimiento promedio anual de los cuatro años se ubica por debajo del promedio de los tres sexenios anteriores. Sin embargo, cada uno de los anteriores se enfrentó a una gran crisis: el “tequilazo” de 1995, la recesión de 2001-2002 y la gran recesión de 2008-2009. A pesar de no haber entrado en recesión este sexenio, el promedio no alcanza los anteriores que sí tuvieron. La herida se siente peor ante la promesa de crecer más del 5 por ciento con las reformas estructurales (o ya de perdida 3.5 por ciento sin reformas).

El gobierno ha presumido de la creación de empleo y la disminución en el desempleo. De hecho, la tasa de desempleo urbano de julio de 4.41 por ciento no solamente es la más baja del sexenio, sino la menor desde mayo de 2008. El problema es que el desempleo abierto nunca ha sido el problema laboral más apremiante del país; lo es el empleo precario y mal remunerado. Por ejemplo, la tasa de condiciones críticas de ocupación en mayo de este año registró su nivel más elevado desde mayo 2005, por arriba incluso del pico observado en la gran recesión de 2008-2009. La ENOE confirma que la gran mayoría de los empleos creados en los últimos años son de dos salarios mínimos para bajo. La misma encuesta muestra que el ingreso laboral real se ubica por debajo de los niveles observados a lo largo de los últimos ocho años (a pesar de una muy pequeña recuperación en 2015).

Una de los aspectos económicos que han presumido los últimos tres gobiernos es la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la empresa calificadora Moody’s puso a México en “perspectiva negativa” en marzo, mientras que S&P hizo lo mismo en agosto, ambos cuestionando los desequilibrios macroeconómicos que se han ido formando en los últimos dos años y empeorando en 2016. Después de promediar 1.1 por ciento entre 2003 y 2013, el déficit en cuenta corriente superará 3.0 por ciento del PIB este año, a pesar de haber acumulado una depreciación significativa de la moneda. El incremento de aproximadamente 45 por ciento en los últimos dos años en el tipo de cambio es por mucho el ajuste más grande que se ha observado para un periodo similar desde que existe el régimen cambiario actual. Finalmente, el déficit fiscal tradicional como porcentaje del PIB de 2015 fue el más abultado desde 1990. Esto ha llevado a que la deuda pública como porcentaje del PIB se ubica más de 20 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2007.Los desequilibrios macroeconómicos se han acentuado a tal grado que las autoridades se han visto ante la necesidad de aplicar políticas fiscal y monetaria restrictivas a pesar de que la inflación se encuentra por debajo de su objetivo y que existe una brecha negativa del producto (estamos creciendo por debajo del potencial).

Por último, tenemos el logro de que la inflación registró su mínimo histórico a finales del año pasado y que liga 15 meses por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. Sin embargo, se empieza a cuestionar la medición de la inflación, ya que cada vez más no corresponde a lo que enfrentamos, tema que abordaremos la próxima semana.

El INEGI realiza ajustes por estacionalidad a la gran mayoría de los indicadores económicos que produce. La razón es que la estacionalidad distorsiona el análisis de cualquier serie, entorpeciendo las conclusiones a las que se pueden llegar de lo que pasó en el último periodo bajo cuestión. Por ejemplo, diciembre se caracteriza por mayores ventas comparado con meses anteriores como resultado de las compras de Navidad y el pago de aguinaldos. Si el INEGI no nos ofreciera el indicador de ventas ajustado por estacionalidad, no podríamos saber si el aumento de ventas en el mes se debió simplemente a la estacionalidad o a otros factores. Las series “desestacionalizadas” son tan valiosas, que en muchos países (en especial Estados Unidos) los indicadores económicos se dan a conocer solamente ajustadas, sin divulgar las series originales.

A esta práctica existe una notable excepción: el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Desde que el INPC era calculado por el Banco de México, no se realiza el ajuste. En su momento, no era tan cuestionado, ya que el Banco tiene la práctica de no ajustar las series que produce, o bien, por lo menos no divulgar estas series al público. En su momento, el Banco alegaba que no lo podía hacer por cuestiones jurídicas, ya que podía confundir al público, en especial en casos de contratos legales. Siempre se nos hizo una argumentación medio tonto, ya que, si fuera el caso ¿por qué todos los demás países presentan sus cifras de inflación ajustadas por estacionalidad? ¿Cómo es que se presenta la inflación subyacente? Nadie confunde la inflación general con la subyacente. Esto de la confusión seguramente fue argumento de un abogado que no entendía economía. Ha de ser el mismo que quiso modificar la ley de la gravedad o legislar la ley de la oferta y la demanda.

Cuando el INEGI asumió la responsabilidad del cálculo del INPC, algunos pensábamos que pronto tendríamos series ajustadas. Sin embargo, el INEGI no lo ha hecho, en buena medida porque la forma en que aplican los ajustes produce pequeñas variaciones a lo largo de la serie. Dado que el INPC se utiliza para muchos cálculos que tienen de por medio bases jurídicas, el cambio en los datos anteriores implicaría modificaciones a los valores con los que se ponen en práctica decisiones legales, lo que podría llevar a juicios jurídicos y reabrir casos ya resueltos.

La verdad es que aquí el INEGI se ahoga en un vaso de agua. Existen múltiples soluciones, siendo la mayoría muy sencillas. La más obvia sería tratar las series en la misma forma que Banxico reporta el tipo de cambio. Existen múltiples series del tipo de cambio, que si a la venta, a la compra, el spot, el forward, el interbancario, el de menudeo, el de mayoreo, el de las casas de cambio, el de las instituciones bancarias comerciales, etc., etc. Sin embargo, no existe “confusión” alguna, ya que en una serie en especial se reporta con la leyenda “para solventar obligaciones denominadas en dólares pagaderas en la República Mexicana”, mientras que es el único que el Banco publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que se estipula que es el que se debe utilizar para solventar obligaciones. Tan sencillo sería que INEGI le pusiera a la serie original del INPC “para solventar cálculos legales relacionadas a la inflación” y que solo publicara la serie original en el DOF. En forma paralela, INEGI puede poner en su Banco de Información Económica (BIE) las series ajustadas con la leyenda “solo para fines analíticos, por lo que no se debe utilizar para cálculos legales”.

Otra solución es que el INEGI haga el ajuste estacional como lo hace Estados Unidos. Cada vez que la Reserva Federal, el Buró de Estadísticas Laborales o el Buró de Censos dan a conocer el dato del mes, nunca realizan revisiones a los datos anteriores. De esta manera se soluciona el problema de los juicios legales. También le podría dar el mismo tratamiento a la tasa de desempleo urbana que, a pesar de ser la tasa más importante, no lo presenta en la primera página de su boletín de prensa, sino escondido en un párrafo allí por la página siete.

El INEGI va presentar pronto el cambio de base del INPC. Sería buen momento para introducir series ajustadas. Haría mucho para mejorar su credibilidad, algo que últimamente se ha puesto en tela de juicio.

En el último par de años hemos visto cambios en la balanza de pagos, que ha obligado ajustes en el tipo de cambio. Entre 2003 y 2012, el déficit de la Cuenta Corriente sostuvo un promedio alrededor de 1.1 por ciento del PIB, un nivel relativamente bajo y fácil de financiar mediante el superávit en la cuenta financiera. Incluso, hubo un proceso continuo de acumulación de reservas en el periodo, ya que las entradas de capital eran mucho más de lo que se necesitaba para financiar el déficit. En la mayor parte del periodo, hubo una política monetaria expansiva sin precedentes en Estados Unidos, que provocó mucha liquidez que se canalizó a los países emergentes. Sin embargo, a partir de 2013 el déficit de la cuenta corriente ha crecido sustancialmente. Para este año se estima que pudiera terminar por arriba de 3.2 por ciento del PIB. El crecimiento del déficit ya no ha permitido la misma acumulación de reservas y se ha necesitado de un superávit mayor en la cuenta financiera. El problema es que ha concluido la fase acomodaticia de la política monetaria de la Reserva Federal, lo cual significa que poco a poco se irá revertiendo la liquidez internacional.

En este proceso, hemos visto que el tipo de cambio se ha ido ajustando. En básicamente dos años ha aumentado alrededor de 45 por ciento. En principio, un incremento de tal magnitud debería haber estimulado las exportaciones e inhibido las importaciones para reducir el déficit en la cuenta corriente. Sin embargo, esto realmente no ha sucedido y vemos que el déficit sigue creciendo. Esto significa que necesitaremos un superávit todavía mayor en la cuenta financiera para que las cuentas se ajusten. Sin embargo, un déficit mayor en la cuenta corriente financiado con un superávit mayor en la cuenta financiera implica una mayor vulnerabilidad a los vaivenes financieros internacionales.

Ante esta situación, tenemos dos variables de ajuste. El tipo de cambio puede seguir aumentando para tratar de reducir el déficit en la cuenta corriente, o bien, el Banco Central puede aumentar todavía más la tasa de política monetaria para tratar de atraer más flujos de capital para ampliar el superávit financiero. Hasta hace poco, las autoridades monetarias habían permitido que el ajuste se diera casi por completo vía el tipo de cambio. Mientras que el traspaso del ajuste cambiario hacia la inflación se mantuviera bajo control, el Banco de México no tenía problema con una moneda más débil. No obstante, la depreciación continua sin hacer maya en el déficit y la Junta de Gobierno ve ahora la necesidad de compartir el ajuste con una tasa de interés mayor a sabiendas que tarde o temprano habrá presiones inflacionarias. Como consecuencia, hemos visto en un espacio menor a cinco meses un incremento acumulado de 100 puntos base en la tasa de política monetaria por encima de la tasa de fondos federales en Estados Unidos.

¿Cuál debería ser la variable de ajuste? Si se permite que sea el tipo de cambio, veremos una depreciación todavía mucho mayor a la que se ha dado y sin dudas empezaremos a resentir una mayor inflación. Si se utiliza en forma más agresiva la tasa de interés, veremos una ampliación en la cuenta financiera, con el problema creciente de vulnerabilidad y un efecto contraccionista sobre la demanda agregada.

El mismo Banco de México nos ha dicho que un aumento en la tasa de fondeo bancario provoca alzas en las tasas de interés de mediano y largo plazos, que incentiva el ahorro y disminuye el consumo de las familias. También hace menos atractiva la realización de nuevos proyectos de inversión. Al mismo tiempo, pudiera provocar una apreciación de la moneda, disminuyendo la demanda de bienes nacionales. No solo aumentaría aún más el déficit en la cuenta corriente, sino la desaceleración en la actividad económica podría provocar una recesión. En otras palabras, en el corto plazo las autoridades tendrán que buscar el balance entre las dos alternativas, que de errar podríamos exacerbar la actividad económica o bien, inducir mayores presiones inflacionarias.

Hace 20 años, la tendencia de largo plazo del PIB daba una tasa de crecimiento promedio alrededor de 3.0 por ciento; hoy es de 2.2 por ciento. Hace 20 años, la inflación anual era de dos dígitos; hoy se ubica por debajo del objetivo puntual de 3.0 por ciento. ¿En qué dirección nos moverá el gobierno en el corto plazo?