Artículos y comentarios sobre la Economía Mexicana
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Este lunes, el INEGI divulgó la inflación mensual de abril de -0.32 por ciento. Los medios reportaron que fue la primera caída en los precios al consumidor tras 10 meses consecutivos de alzas. Incluso, varios lo reportaron como el primer mes de “alivio” en los precios. La razón fundamental de la tasa negativa fue, tal como lo señala el boletín de prensa, “resultado de la entrada en vigor del esquema de tarifas eléctricas de temporada cálida en varias ciudades del país”. En otras palabras, fue producto del patrón estacional de los precios.

Dependiendo de la temperatura promedio de cada ciudad a lo largo del año, la CFE aplica subsidios diferenciados a las tarifas eléctricas por periodos de cinco a siete meses en diferentes ciudades del país. Este programa arrancó en 2003 con una disminución en las tarifas a partir de mayo hasta noviembre y posteriormente se amplió en 2010 para que el esquema arrancara en abril para algunas regiones y concluyera en octubre. Por lo mismo, en abril y mayo casi siempre tenemos tasas mensuales negativas en la inflación, mientras que en octubre y noviembre tasas más elevadas, que reflejan el esquema de subsidios de las tarifas eléctricas.

Existe un patrón estacional muy definida en la inflación. Mayo seguido de abril son los meses de menor inflación en el año, mientras que noviembre seguido de octubre son los más elevados, dada la ponderación de las tarifas eléctricas en el INPC. Septiembre (por las colegiaturas), diciembre (por los aguinaldos) y enero (por el arranque del año) son meses con tasas de inflación típicamente por arriba del promedio. Junio y julio (meses de verano) normalmente tienen tasas por debajo del promedio. Hay años donde el patrón estacional explica casi en su totalidad el comportamiento de los precios a lo largo de los meses, mientras que habrá algunas excepciones. Por ejemplo, el año pasado tuvimos por primera vez en la historia una tasa negativa en enero, producto de reducciones en precios administrados por el gobierno y una tasa excepcionalmente elevada en marzo para terminar con un primer trimestre totalmente atípico. Pero, aun así, el comportamiento durante el resto del año respondió muy de cerca al patrón estacional promedio observado en años anteriores.

El INEGI ha hecho un esfuerzo extraordinario a través de las últimas dos décadas en educarnos en torno a la estacionalidad de los indicadores económicos. Prácticamente todas las variables que reporta cada mes tienen ajustes estacionales, o como dice INEGI están “desestacionalizadas” (palabra que no existe en español). Pero curiosamente, la inflación es casi el único indicador que no tiene este ajuste. Por lo mismo, el INEGI siempre pone una gráfica en el boletín de precios que muestra la tasa mensual del mes que se reporta comparado con el mismo de los últimos diez años. Es una forma implícita de reportar la estacionalidad.

Por ejemplo, sabemos que la tasa reportada para abril de -0.32 por ciento fue negativa por éste patrón. Si calculamos el factor estacional de abril de 2010 a 2015, resulta que es -0.634 multiplicado por la tasa promedio del año. Esto significa que la tasa ajustada por estacionalidad de abril sería alrededor de 0.50 por ciento (en un cálculo simplista). Visto así, la inflación de abril se antoja elevada.

¿Por qué no se reporta la inflación ajustada por estacionalidad? Como referencia, prácticamente todos los países sí lo hacen, siendo México una de las raras excepciones. Aparentemente, la razón viene desde hace mucho tiempo cuando el Banco de México se encargaba del cálculo del INPC. Algún abogado (que claramente no sabía nada de economía) dijo que el Banco no podría reportar el índice ajustado porque se usaba en muchos contratos legales para fijar incrementos en precios, como en rentas, la determinación del UDI y otras cosas semejantes. Parece realmente un razonamiento bastante limitado, ya que lo único que se tendría que hacer es especificar que la fijación se hace mediante la serie original del INPC, mientras que la ajustada es para fines analíticos.

Sin duda alguna, el Banco de México tiene sus series de inflación ajustadas por estacionalidad para uso interno. Distinguir entre la estacionalidad y todos los demás factores que determinan los precios es de primera importancia para el seguimiento adecuado de la inflación. Ya es tiempo que el INEGI empiece a reportar tasas ajustadas por estacionalidad y la tendencia-ciclo de los precios, tal como la hace para casi todos los indicadores que reportan mensualmente. Sería bueno que mostrara su autonomía.

La medición del poder adquisitivo es un trabajo complejo y muchas veces no muy bien comprendido. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mide la inflación de una canasta representativa de una familia promedio a nivel nacional, con base a las ponderaciones que salen de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). Sin embargo, los precios son distintos para cada familia según sus gustos y preferencias, sus ingresos y su lugar de residencia. Por lo mismo, para muchos la tasa reportada resulta distinta a su propia percepción e incluso, causa cierta sospecha de la medición misma.

Hace tiempo, el Banco de México agrupó 80 productos genéricos para conformar una canasta básica, con la idea de medir más de cerca el poder adquisitivo de la mayor parte de la población. Sin embargo, la conformación de esta canasta siempre fue muy cuestionado, ya que hay una cantidad significativa de bienes de primera necesidad que están excluidos, mientras que incluye bienes superfluos, que difícilmente se pueden considerar “básicos”. El ejemplo más absurdo es que incluye gasolina, tanto de bajo como de alto octanaje, reproductores de video y cerveza, mientras que excluye jitomate, cebolla, limón, chiles de todo tipo, pan dulce y pollo y no contiene ni un solo producto de la categoría de ropa, calzado y accesorios. Las contradicciones e inconsistencias de su conformación hacen llegar a la conclusión de que no tiene fin analítico ni uso propio. De hecho, es un indicador que se debería descontinuar.

Afortunadamente, Coneval nunca ha considerado la canasta básica como representativa de algo y en su lugar conformó su propia canasta llamada “alimentaria”, que lo utiliza para evaluar el bienestar mínimo. Al examinar su contenido, encontramos que está conformado como por la mitad de los productos y resulta ser mucho más realista y representativo. En adición a ésta, Coneval también estableció una canasta no alimentaria, que en conjunto con la primera es utilizada para evaluar la línea de bienestar que define uno de los parámetros en la evaluación multidimensional de la pobreza. Estos índices son los que debería divulgar el INEGI es su página en vez de el de la canasta básica.

Es un ejercicio obligatorio comparar la evolución de los índices conformados por el Coneval con el INPC. De entrada, en prácticamente todos los años la inflación general es menor al incremento en el costo de la canasta alimentaria y de la de bienestar. Si analizamos el incremento acumulado de los últimos siete años, el INPC ha aumentado 29.4 por ciento, la canasta de bienestar 35.2 por ciento y la alimentaria 45.7 por ciento. Esto significa que, si una persona ha recibido incrementos en su salario equivalentes al INPC desde 2009 a la fecha, tiene hoy -11.2 por ciento menos poder adquisitivo en términos de la canasta alimentaria y -4.3 por ciento menos en términos de la canasta de bienestar.

Resulta interesante 2015, ya que fue una de las raras excepciones. En el año en que la inflación registró su famoso mínimo histórico de 2.13 por ciento, tanto el incremento anual de la canasta alimentaria como la de bienestar fueron menores (1.8 y 1.6 por ciento, respectivamente). Esto significa que después de observar un deterioro en los niveles de ingreso de las familias de menores ingresos por muchos años, es posible que, por primera vez en mucho tiempo, en 2015 veremos una recuperación (aunque marginal). Esto nos hace pensar que cuando Coneval divulga la medición de pobreza para 2015, pudiéramos esperar una reducción (aunque pequeña) en sus números.

Si examinamos la evolución de la pobreza en los últimos años, encontramos una mejoría continua en la disminución de las carencias de derechos sociales, pero un empeoramiento en términos de la población con ingreso menor a la línea de bienestar. Esta da pie a una reducción en los vulnerables por carencia social y en la pobreza extrema, pero un aumento en los vulnerables por ingreso y en los pobres moderados.

Esta discusión es muy relevante en estos momentos en que se discute la posibilidad de aumentar el salario mínimo y de adecuar su política. En el pasado, se ha incrementado el mínimo en función de la inflación medido por el INPC, por lo que se ha observado un deterioro continuo en su poder adquisitivo en términos de adquirir la canasta alimentaria. Esto significa que no solo es necesario elevar el salario para que sea el mínimo necesario para comprar la canasta alimentaria, sino que de aquí en adelante se debería adoptar como la referencia para fijar los aumentos anuales.

El Fondo Monetario Internacional publica sus perspectivas de la economía mundial (World Economic Oultlook) en abril y octubre de cada año y una actualización cada tres meses. La institución acaba de divulgar la última edición en la cual revisa a la baja (otra vez) su perspectiva para el crecimiento mundial a 3.2 por ciento, apenas un punto decimal más del estimado para el año pasado. Salvo China y Europa emergente, revisa hacia la baja la expectativa para prácticamente todos los países del mundo: Señala que la probabilidad de que se materialice su escenario central ha disminuido, mientras que aumenta la posibilidad de mayor estancamiento con brechas de producto negativas en más países.

Como era de esperar, revisa a la baja el crecimiento esperado de México por -0.4 puntos porcentuales para 2016, respecto a lo que tenía en octubre, y -0.5 puntos para 2017. Por tanto, ahora la perspectiva es que vamos a crecer 2.4 por ciento este año y 2.6 por ciento en 2017, pero con un marcado riesgo a la baja. Para redondear el marco macroeconómico, ve la inflación en 2.9 y 3.0 por ciento al final de 2016 y 2017, respectivamente, el déficit de la cuenta corriente en 2.6 por ciento para ambos años y la tasa de desempleo en 4.0 y 3.9 por ciento para los dos años.

El crecimiento proyectado para nuestro país es una gran desilusión, en especial porque el gobierno prometió que a estas alturas del sexenio estaríamos creciendo alrededor de 5 por ciento en un escenario en el cual se aprobaran todas las reformas estructurales. No obstante, el crecimiento se ubica a la mitad de lo dicho y cada vez se ve más probable de que terminemos el sexenio sin conocer ni siquiera el 3 por ciento en el último año. Pero nadie esperaba un entorno externo tan complicado, estancamiento en muchos países y precios de los commodities por los suelos.

Ahora nos dicen que 2.5 por ciento resulta muy bueno, ya que estamos creciendo por arriba de casi toda América Latina. ¿Será cierto? Queda muy claro que estamos mucho mejor que los tres países más grandes de América del Sur: Argentina, Brasil y Venezuela. Los tres tienen proyectado una tasa negativa para 2016 y peor aún, con inflaciones elevadas (el FMI ahora estima la inflación de Venezuela en 1,642.8 por ciento para 2017 y 4,505 para 2021). No obstante, si nos comparamos con los 32 países de América Latina y el Caribe, resulta que hay igual número de países de la región que van a crecer por arriba de México que por debajo. Por ejemplo, se espera que Bolivia, Costa Rica, Dominica, la República Dominicana, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y San Kitts y Nevis van a crecer todos 3.0 por ciento o más este año. Mientras que Argentina, Brasil, Ecuador, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela esperan tasas negativas, Antigua y Barbuda, Bahamas, Chile, Santa Lucia y Uruguay tiene la expectativa de crecer 2.0 por ciento o menos. Los otros ocho países van a crecer a tasas similares a México. En otras palabras, si no ponderamos los países por el tamaño de su economía, estamos muy cerca de la media (y la mediana) para la región.

En materia de inflación, estamos mejor que la media, pero aun así hay 14 países cuya proyección para el promedio del año está por debajo del 2.9 por ciento que estima el FMI para 2016. Venezuela tiene proyectado la inflación más elevada del mundo en este momento. Argentina, Haití y Surinam son los únicos países con una tasa de dos dígitos, mientras que Brasil y Uruguay están muy cerca de unirse con ellos.

En términos del déficit de la cuenta corriente, México se ubica justo en la media (ponderada) de la región, pero muy por debajo de la mediana (no ponderada). Hay 22 países con déficit externo como proporción del PIB mayor a la de México. San Vicente tiene el mayor déficit (-21.3), seguido por San Kitts y Nevis (18.4), Dominica (16.6) y Granada (12.2), todos países caribeños muy pequeños. Bolivia (8.3), Colombia (6.0), Perú (3.9) y Uruguay (3.9) son de los países medianos con mayor déficit, mientras que Venezuela registra 6.6 por ciento del PIB. Guatemala tiene el déficit más pequeño de la región (0.7), mientras que Argentina (1.7), República Dominicana (1.7) y Paraguay (1.2) le siguen.

Es una lectura interesante para el iniciado, ya que el análisis del FMI siempre es profundo y meditado. Vale la pena entender como nos comparamos con los demás. En especial, se recomienda repasar los riesgos que enfrentamos todos. Sin embargo, para los no iniciados o simplemente no tan interesados, basta con leer el título: “demasiado lento por demasiado tiempo”.

El pasado viernes, 1 de abril, la SHCP divulgó el documento conocido como “Pre-Criterios”, que ofrece un diagnóstico adelantado a los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), que el gobierno enviará al Congreso en septiembre junto con el presupuesto de 2017 para su aprobación. El escrito ofrece una actualización de la visión del gobierno para 2016 y un preámbulo a lo que piensa presentar para 2017. Dado que el entorno externo presenta ahora menor dinamismo a lo anticipado hace seis meses, el ejercicio ofrece una explicación más detallado de sus implicaciones.

En los CGPE de 2016, el gobierno presentó un rango para el crecimiento de este año de 2.6 a 3.6 por ciento. No obstante, la utilización de un intervalo es para el consumo mediático, ya que para la programación financiera se necesita un estimado puntual. Hace seis meses, la SHCP tomó el punto medio del intervalo (3.1 por ciento), mientras que ahora propone utilizar la parte inferior (2.6 por ciento). Esto significa que, aunque no ha modificado su estimación mediática, incorpora una revisión a la baja de medio punto porcentual en la expectativa para el año. El número es marginalmente más optimista que el consenso actual de los analistas de mercado (2.4 por ciento) y muy cercano al crecimiento observado el año pasado.

A pesar de anticipar un avance del PIB en 2016 prácticamente igual al de 2015, se espera una composición distinta. El componente más dinámico el año pasado fueron las exportaciones, que a pesar de la caída en el volumen de exportación de petróleo, presentó una tasa de 9.0 por ciento como resultado de la depreciación cambiaria. Este año SHCP anticipa una tasa de 4.4 por ciento ante un menor dinamismo externo y una reducción adicional en la exportación petrolera. La compensación proviene de un avance marginal mayor (0.1 por ciento) en tanto el consumo (3.1 por ciento) como la inversión (3.9 por ciento). Resulta interesante observar que, al referirse al año pasado, se presenta el desglose para ambos componentes entre privado y público, pero no para la expectativa del año. Dado que habrá un recorte en el gasto público, podemos esperar que esto significa que la SHCP espera todavía un mejor desempeño en el consumo privado y en la inversión privada, que crecieron 3.2 y 6.3 por ciento, respectivamente, en 2015. De aquí se deriva que anticipa una mejoría en la recaudación no petrolera de un punto porcentual del PIB.

Para 2017, la SHCP ofrece un rango mediático para el crecimiento económico de 2.6 a 3.6 por ciento (igual que 2016), aunque para efectos de la programación plantea utilizar 3.0 por ciento, una tasa ligeramente por debajo del punto medio del intervalo. Cuando la SHCP prepara su documento, esta proyección estaba en línea con la expectativa del mercado. Sin embargo, las últimas encuestas muestran revisiones a la baja hacia una tasa de 2.8 por ciento. Para llegar a la tasa de 3.0 por ciento, SHCP estima crecimientos en las exportaciones de 5.5 por ciento y en el consumo y la inversión de 3.3 y 4.3 por ciento, respectivamente.

Para cerrar el marco macroeconómico 2016-2017, el gobierno anticipa un tipo de cambio para el cierre de 2016 en 17.5 pesos y para el cierre de 2017 en 17.0 pesos. El déficit de la cuenta corriente quedará relativamente elevado, en 3.1 y 2.9 por ciento del PIB en 2016 y 2017, respectivamente. No obstante, piensa que las entradas de inversión extranjera directa en ambos años serán suficientes para su financiamiento. Plantea tasas de inflación totalmente en línea con el objetivo de Banxico (3.0 por ciento) para ambos años y tasas de CETES a un mes de 4.3 y 5.3 por ciento, respectivamente. Esto último se puede interpretar como que anticipa que la tasa de política monetaria de Banxico terminará este año en 4.25 por ciento y 2017 en 5.25 por ciento.

¿Es un escenario creíble? ¿Lo podemos utilizar para la planeación de las empresas? En principio si, ya que los números no son tan distintos al consenso (mediana) actual de mercado. Incluso, hay corredurías que anticipan más crecimiento; Nomura espera 2.8 por ciento para 2016, mientras que Scotiabank piensa en una tasa de 3.5 por ciento para 2017. Las proyecciones del tipo de cambio para fin de año para 2016 van de 16.80 (Santander) hasta 18.50 (JP Morgan) y para fin de 2017 de 16.00 (CIBanco) hasta 18.60 (BAML). Nadie puede predecir el futuro, simplemente tenemos que estar conscientes de los riesgos y pendientes de las actualizaciones.

¿Los riesgos son más hacia la baja o hacia el alza? Por lo pronto, pensaría que a la baja, pero el tiempo dirá.

La semana pasada, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) organizó el “Encuentro de Especialistas sobre Salario Mínimo: Avances hacia una nueva política”. El objetivo fue presentar una serie de estudios encomendadas a la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, sobre la relación del Salario Mínimo (SM) con la productividad, la inflación, el empleo, la pobreza y las condiciones de vida.

En particular, llamó la atención el estudio realizado por el Banco de México sobre los efectos inflacionarios de un aumento en el SM. La conclusión principal es que el coeficiente de traspaso del SM a la inflación es mayor a la unidad (de hecho, lo estima en 1.37). ¿Eso qué significa en lenguaje normal? Que cualquier aumento en el salario mínimo causaría un impacto más que proporcional en la inflación. Por ejemplo, si se aumentara 146.6 por ciento (lo necesario para que alcance para comprar una canasta ampliada estimada por Coneval), la inflación subiría a 200.8 por ciento. Pero peor aún, ya que el Banco dice que estas estimaciones no incorporan mecanismos de ajuste de expectativas, lo que induciría aún mayores ajustes a los precios. Por lo mismo, estos resultados deben ser interpretados como cotas inferiores del efecto sobre la inflación.

En pocas palabras, Banxico nos está diciendo que no existe la posibilidad de incrementar el poder adquisitivo del SM. Si se otorga un incremento, la reacción en los precios va ser de tal magnitud que terminará reduciendo el poder de compra del SM. Peor aún, todas las personas que no obtuvieron aumentos significativos en sus salarios terminaran sufriendo todavía más. Estamos ante la posibilidad de tener mayor inflación que en el periodo de febrero de 1987 a febrero de 1988, cuando la tasa anual llegó a 179.7 por ciento. Pero las malas noticias no acaban, ya que terminaríamos con la estabilidad macroeconómica y seguramente las empresas calificadoras nos quitarían el estatus de “grado de inversión”. Al final, terminaríamos peor que la década perdida de los ochenta.

Afortunadamente, el estudio está lleno de supuestos fantasiosos, difíciles de creer. Por ejemplo, para estimar el efecto de largo plazo, el Banco considera que el incremento en el SM provocará un desequilibrio mayor en la balanza de pagos, que se ajustará mediante un incremento significativo en el tipo de cambio. Aquí se hace el supuesto de que habría un traspaso del 100 por ciento del tipo de cambio nominal a la inflación. Si fuera cierto, ahora deberíamos tener una inflación de 45 por ciento, ya que el tipo de cambio ha aumentado en esa magnitud en el último año y medio. Sin embargo, por otro lado, en otros estudios el Banco nos ha dicho que el traspaso actual es de tan solo 4.0 por ciento. Incluso, conozco un economista de Banxico que argumenta que el coeficiente de traspaso es en realidad cero.

Otro supuesto fundamental que hace el estudio es que cualquier aumento en el SM se traslada a los demás salarios (el efecto “faro”) en un 85 por ciento. En otras palabras, si se incrementa el SM en 146.6 por ciento, todos los salarios del país aumentarían 124.6 por ciento en promedio. ¿Por qué? Banxico dice que la práctica de utilizar el aumento anual en el SM como base de negociación para todos los salarios contractuales permanecerá. Muy difícil de creer.

El estudio presenta varios escenarios; el que comentamos aquí es solamente uno. Otro escenario contempla el efecto de un aumento de 21.7 por ciento en el SM, necesario para alcanzar la canasta alimentaria básica definida por Coneval. Los resultados no son tan aparatosos, pero la conclusión es la misma: todos terminaríamos perdiendo. La inflación aumentaría en 29.7 por ciento, reduciendo el poder adquisitivo del SM real y de mucho más. Aunque no se presentan los números que resultarían de una estrategia de incrementos multianuales, el estudio básicamente nos dice que los resultados serían todavía peores.

Normalmente Banxico hace excelentes estudios. A mi juicio, los economistas que trabajan allí simplemente son los mejores del país. Sin embargo, este trabajo tiene un solo fin: espantar a todos para que abandonen cualquier pretensión de aumentar el SM. Para cumplir con este propósito, hace supuestos irrealistas y termina por perder la brújula. Da la impresión de que primero se escribieron las conclusiones y después se buscó una evidencia empírica ad hoc. Ojalá que los integrantes de la Comisión Consultiva se dan cuenta de lo mismo y terminen por descartar el estudio. Yo ya lo hice.

Aunque los debates sobre el salario mínimo (SM) van y vienen, parecía olvidado en México. En los ochenta el SM se utilizó como mecanismo para ayudar a estabilizar la moneda y los precios, mediante una política deliberada de otorgar aumentos por debajo de la inflación. El resultado fue una pérdida en su poder adquisitivo de más de 70 por ciento. Ya entrado en los noventa, se adoptó una política casi automática de incrementos atados a los objetivos de inflación, para así mantener su poder adquisitivo estable, pero sin ninguna recuperación. Peor aún, se establecieron mecanismos de indexación atados al SM, que prácticamente imposibilitó que el SM fuera lo que debería ser. El resultado fue la sepultura de cualquier debate sobre el tema.

Hace ya casi dos años, Miguel Mancera declaró que debería existir en México un SM de 171 pesos, aproximadamente 154 por ciento mayor al vigente en el momento. Propuso abrir el tema a debate, viendo no solo su posible efecto sobre la inflación, sino también en términos de productividad, generación de empleo y crecimiento económico. En los siguientes meses, hubo mucha discusión y se organizaron varios foros al respecto. Lo primero que surgió es que el SM real en México era de los más bajos del mundo. Quedó claro que hubo un abuso en su uso como política antiinflacionaria y que su nivel contradecía lo establecido en la Constitución.

El resultado de esa primera ronda de debate fue la conclusión que era prácticamente imposible avanzar en cualquier política encaminada a la recuperación del SM sin desmantelar la indexación de facto al desvincular cualquier aumento del SM de precios, rentas y tarifas. El debate sí tuvo resonancia en la sociedad y aceptación de que había que hacer algo. Así, en septiembre de 2014 se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, a fin de “estudiar los mecanismos viables y sostenidos para la recuperación de los ingresos de los mexicanos perceptores de un salario mínimo”.

En algún momento del año pasado se aprobó la reforma constitucional para desvincular el SM de todas las disposiciones legales y así, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar las obligaciones y supuestos previstos en las leyes, dejando al SM libre de dicha responsabilidad. El siguiente paso fue encomendar estudios sobre la relación del SM con productividad, inflación, empleo, pobreza y condiciones de vida, a diferentes entes e instituciones. No obstante, dichos estudios han tardado más de lo debido, por lo que se han aprobado prorrogas para su entrega, junto con opiniones y recomendaciones encaminado hacia una resolución final. El último plazo establecido vence el 23 de junio de este año.

En principio, los estudios ya están terminados y la CONASAMI, junto con la STPS, han convocado a un Encuentro de Especialistas sobre el Salario Mínimo, que se efectuará este jueves y viernes (10 y 11 de marzo), con el objetivo de presentar los estudios con comentaristas y discusiones. Los estudios serán presentados por sus autores (Banxico, Banco Mundial, la OIT, Coneval y el CEESP), mientras que los comentaristas serán principalmente académicos (de la UAM, CIDE, Colmex, ITAM e ITESM), junto con personajes del BID, Sedesol y Cofece. Esperemos que la discusión sea nutrida, pero que de allí emanen recomendaciones específicas, junto con calendarios y acciones a seguir.

Como es de esperar, la oposición principal a cualquier cambio en la política actual del SM proviene del Banco de México. Esta institución va presentar dos estudios cruciales, sobre el efecto “faro” (la contaminación de aumentos al SM hacia los demás salarios) y el efecto final sobre la inflación. Su argumento principal es que cualquier aumento tendría repercusiones negativas sobre el funcionamiento de la economía en general y sobre la inflación en particular, de tal forma que habría una perdida en términos reales en el SM. Sin embargo, habría que descalificar estos estudios, ya que al ser juez y parte, son sesgados y no se les puede considerar como imparciales.

De entrada, el Banco argumenta que empíricamente se ha encontrado que aumentos en el SM se trasladan en un 85 por ciento a los demás salarios. Sin embargo, esto era antes de establecer la UMA para desvincular el SM y en una época en que la mayoría de los aumentos salariales tenía al SM como referencia. Cualquier estudio econométrico debe tomar en cuenta que el cambio estructural que implica la UMA hace casi irrelevante las relaciones que existían en el pasado.

Habrá que estar atentos a los resultados.

Después de un año de inflación a la baja, todos anticipan que 2016 se caracterizará por una tendencia alcista. La pregunta no es si va a subir la inflación, sino cuánto. ¿Será un incremento moderado limitado para quedar cerca del objetivo de Banxico? O bien, ¿empezaremos a sentir los efectos de un mayor traspaso de la depreciación del peso y una disminución en la brecha negativa del producto (output gap), a tal grado que sorprenderá la inflación al alza?

Por lo pronto, ya tenemos los datos de la inflación de enero, un mes importante, ya que marca la pauta para el año. El gobierno casi siempre aprovecha para ajustar sus tarifas y precios bajo su control, mientras que empresas aumentan sus precios a principios de año. De entrada, el INEGI informó una tasa de 0.38 por ciento para el mes, por arriba de lo que esperaban todas las instituciones financieras que participan en la Encuesta Quincenal de Banamex. La inflación de los últimos doce meses aumentó a 2.61 por ciento, mientras que la de las últimas 24 quincenas llegó a 2.75 por ciento, la más elevada desde la primera quincena de julio del año pasado.

De entrada, sorprendió la tasa de 0.35 por ciento de la segunda quincena del mes, ya que la primera quincena aumentó tan solo 0.03 por ciento. Había instituciones como CIBanco, que esperaban -0.11 por ciento para la segunda mitad de enero. Sin embargo, la tasa subyacente fue 0.19 por ciento para el mes, ligeramente por debajo del consenso de 0.21 por ciento. Por lo mismo, lo que realmente sorprendió fue el componente no subyacente, que aumentó 1.0 por ciento en la quincena (después de una disminución de -0.13 por ciento en la quincena anterior), para registrar un incremento de 0.96 por ciento en el mes. ¿Qué explica este aumento y deberíamos estar preocupados?

De entrada, las alzas en los precios de frutas y verduras (como cebolla, calabacitas y jitomate) explican dos terceras partes del aumento en el componente no subyacente. Estos precios aumentan y bajan mucho, en forma casi aleatoria. También aumentaron las tarifas autorizadas por el gobierno 1.13 por ciento en el mes (derechos por el suministro de agua). Estos incrementos típicamente se presentan en este mes y después no aumentan tanto. En general, podemos pensar que el incremento pronunciado en este componente no obedece a una presión inflacionaria per se, sino simplemente un ajuste estacional que no se debe repetir mucho en el año, salvo el comportamiento en los precios de frutas y verduras que es totalmente impredecible.

Lo que siempre debe preocupar más es el componente subyacente, ya que, si hay un mayor traspaso de la depreciación del peso o si empieza a sentirse presiones por una demanda agregada creciente, es aquí donde lo vamos a notar. De entrada, no hay evidencia (todavía) de un mayor traspaso. El componente de mercancías no alimenticias (el más susceptible a un traspaso) registró un incremento de 0.16 por ciento y su variación anual llegó a 3.1 por ciento. Si tomamos en cuenta que el tipo de cambio ha aumentado alrededor de 40 por ciento en el último año y medio, queda claro que estos números reflejan una ausencia de efectos indirectos o secundarios sobre los precios. No descarta ajustes futuros, pero por lo pronto no hay evidencia de alguna contaminación.

El Banco de México ha reportado la presencia de una brecha de producto negativo desde hace tiempo, es decir, que el crecimiento de la economía se ubica por debajo del PIB potencial, que es lo máximo que podemos crecer sin ejercer presiones inflacionarias por el lado de la demanda. El componente de “otros servicios” (el más susceptible a estas presiones), registró una disminución de -0.07 por ciento en el mes, lo que sugiere que la brecha permanece negativa y que por lo pronto no hay evidencia de que se estuviera cerrando.

Por último, observamos que la inflación al productor en enero fue 0.87 por ciento, alcanzando una tasa anual de 3.9 por ciento. Esta cifra sugiere que los productores han experimentado mayores aumentos de precios, pero que no los han reflejado en sus precios al consumidor, todavía mayor evidencia de que permanece la brecha negativa de producto. Por ejemplo, la fabricación de equipo de cómputo refleja un incremento anual de 15.9 por ciento en los precios al productor, mientras que al consumidor refleja una tasa anual de -0.2 por ciento. En general, los bienes durables al consumidor han aumentado 2.7 por ciento anual, prácticamente la mitad del incremento al productor.

Conclusión, la inflación anual ha empezado su esperada trayectoria ascendiente, pero todavía sin mayor preocupación.

La inflación cerró 2016 en una mínima histórica de 2.13 por ciento, resultado que nadie anticipó. Apenas hace dos meses, Scotia Bank espera que terminara el año en 3.3 por ciento. En enero de 2015, el consenso (mediana) estaba en 3.50 por ciento; Scotia Bank esperaba 4.22 por ciento y Monex 4.14 por ciento. Las instituciones más optimistas eran Nomura y Banorte con 3.0 por ciento. Posiblemente lo que más sorprendió fue que la inflación mínima haya coincidido con una depreciación agresiva de la moneda. El tipo de cambio terminó 2015 en 17.2487 pesos por dólar, 17.0 por ciento más respecto a 14.7414 pesos de 2014. Pero si tomamos el 12.8462 a principios de junio de 2014, el aumento acumulado en año y medio llegó a 39.6 por ciento. Tomando en cuenta nuestras experiencias anteriores, uno hubiera esperado un repunte significativo en la inflación ante una depreciación acumulada de casi 40 por ciento. Pero no. Algo pasó que detuvo casi cualquier traspaso del tipo de cambio a la inflación. ¿Es creíble?

Lo primero que habría que aclarar es que sí hubo una afectación del tipo de cambio sobre muchos precios. Lo que no sucedió fue un contagio hacia otros precios, o lo que se conoce como efectos de segunda orden. La mayoría de los precios de los bienes duraderos subieron, a tal grado que fue el rubro dentro del INPC que más subió en el año. Sin embargo, muchos precios de otros bienes y servicios no subieron o aumentaron poco, mientras que hubo precios que disminuyeron. Si recordamos que la inflación es un aumento generalizado y sostenido en los precios, tenemos que concluir que no hubo inflación el año pasado, sino un reacomodo en los precios relativos.

Lo segundo que debemos tomar en cuenta es que una de las características de la economía mundial del 2015 fue el “crash” de los precios de los commodities. Prácticamente todos los precios de los bienes más intercambiados en los mercados internacionales disminuyeron. Esto significa que en buena medida las caídas en los precios en dólares neutralizaron los incrementos en el tipo de cambio. En muchos casos, el desplome en los precios en dólares fue incluso mayor al ajuste cambiario, de tal forma que hubo disminuciones en los precios en pesos. Esto obviamente ayudó a contener los incrementos en los precios de muchos bienes importados.

Lo tercero, es que hubo disminuciones en precios de ciertos bienes con ponderaciones significativas en el INPC, que también ayudo a compensar incremento en otros precios. Los precios de los servicios telefónicos y la gasolina, junto con las tarifas eléctricas fueron los más visibles. El precio promedio de la gasolina Magna aumentó 11.2 por ciento en 2014 en el interior de la República, mientras que en 2015 se contuvo a un incremento de 1.95 por ciento en enero para después quedar fijo. Sin embargo, en la zona fronteriza experimentó una disminución significativa.

Finalmente, existe actualmente en el país lo que llamamos una brecha de producto negativa, lo cual significa que no solamente hay una ausencia de presiones inflacionarias por el lado de la demanda agregada, sino que se les dificulta a los empresarios subir precios ante la debilidad de sus ventas. Puede ser que ciertos sectores, bienes o servicios experimentaron aumentos en sus precios, pero no fue un fenómeno generalizado.

Ante esta explicación de la inflación en 2015, ¿qué podemos esperar para 2016? De entrada, absolutamente todos (incluyendo el Banco de México) anticipan un incremento en la inflación este año. La última encuesta quincenal de Banamex a 24 instituciones financieras revela un consenso (mediana) de 3.20 por ciento. La institución que prevé menos inflación es Finamex (2.70 por ciento), mientras que tan solo cuatro instituciones más piensan que la tasa no llegará a 3.0 por ciento. Scotia Bank, en cambio, es la única institución que anticipa una tasa superior a 4.0 por ciento (4.39 por ciento).

El razonamiento generalizado es que no habrán disminuciones en precios como el año pasado, que ayudaron a neutralizar aumentos en otros precios. Aunque no se espera que los precios de los commodities sigan disminuyendo con la misma intensidad, todavía no se anticipa alguna recuperación. Si bien es posible que el peso mexicano se deprecie todavía un poco más, nadie anticipa otro año de ajuste traumático. Finalmente, los cálculos del Banco de México apuntan a que todavía tendremos una brecha negativa del producto este año. Para la mayoría, la combinación de estos factores apuntan a que la inflación será aproximadamente un punto porcentual mayor en el 2016 que en el 2015.

Aunque falta más de un mes para empezar a tener las cifras oficiales para el 2015, estamos ya a una semana de cerrar lo que ha sido un año totalmente atípico. De entrada, crecimos un poco más que en los dos años anteriores, pero no se siente; la tasa de desempleo disminuyó a su nivel más bajo desde mediados de 2008, pero la gente se queja de la falta de empleos bien remunerados; la inflación registró su mínimo histórico, pero la mayoría se lamenta del deterioro en su poder adquisitivo; el consumo de los hogares crece a las mejores tasas observadas desde fines de 2012, pero las exportaciones no petroleras están prácticamente estancadas; el gobierno federal reporta inversión pública histórica, pero el INEGI dice que ésta será el sexto año al hilo con tasas negativas; y, se ha armado un buen debate sobre el salario mínimo en el cual el punto central es su nivel tan bajo, pero el aumento promedio anual resultó ser el más elevado desde 1976.

Si analizamos el comportamiento de la economía mexicana de los últimos 20 años, encontramos que el principal motor de crecimiento del país son las exportaciones no petroleras. Si éstas avanzan a una buena tasa, la economía interna responde con buen crecimiento. Sin embargo, si no crecen, o bien, aumentan a una tasa muy baja, el resto de la economía no logra desarrollar un dinamismo suficiente. Si extrapolamos el comportamiento de los primeros diez meses del año, podemos prever que las exportaciones no petroleras terminarán 2015 con un flujo de apenas uno por ciento por encima del año anterior. En principio, esto implicaría una economía estancada. No obstante, el consumo familiar crece a tasas cercanas al 4 por ciento, mientras que la inversión privada avanza a un ritmo superior al 7 por ciento.

En el pasado, cuando el peso mexicano sufría una depreciación significativa, a los pocos meses se observaba una mejoría notable en las exportaciones. El empuje al exterior reactivaba la economía y en los siguientes años crecíamos más. Sin embargo, a pesar de una depreciación que ya ronda alrededor de 30 por ciento, no hemos visto mejoría en las exportaciones. Incluso, si combinamos el estancamiento en las no petroleras con las petroleras (que cayeron más de 40 por ciento en el año), observamos un deterioro importante en la balanza comercial. No obstante, si analizamos las cifras en pesos reales (en vez de dólares nominales), encontramos que las exportaciones totales han crecido más de 10 por ciento en el año y terminará como el componente del PIB por el lado del gasto que más contribuyó al crecimiento en 2015.

Hoy (miércoles 23 de diciembre) conoceremos la inflación de la primera quincena de diciembre. Según la última Encuesta Quincenal de Expectativas de Banamex (que se levanta entre alrededor de 25 instituciones financieras), se anticipa una tasa de 0.31 por ciento para la quincena y 0.46 por ciento para el mes. En forma sistemática, la inflación ha sorprendido a la baja en comparación al consenso, pero si supongamos que en esta ocasión le atinan, la inflación general terminará este año por debajo de 2.2 por ciento, la mínima histórica para el INPC. Para la mayoría de la gente es difícil absorber la idea de una tasa tan baja cuando el peso sufre una depreciación significativa. Por ejemplo, la inflación en 2008 superó 6.5 por ciento después de haber sufrido una depreciación superior al 26 por ciento.

¿Qué pasó con el comportamiento de los precios en 2015? Primero, hubo un colapso en los precios de los commodities en los mercados internacionales. Esto significa que muchas importaciones resultaron más baratas en pesos reales a pesar del ajuste cambiario. Segundo, hubo ciertos precios claves (con ponderaciones significativas en el INPC) que bajaron de precio en 2015, como la gasolina (el promedio ponderado del país), las tarifas eléctricas industriales, el servicio telefónico nacional de larga distancia y el servicio de telefonía celular. Tercero, hubo algo de suerte con los precios agropecuarios (en especial los pecuarios), que no contribuyeron este año con aumentos significativos. Cuarto, se operó todo el año con una brecha negativa de producto, lo cual significa que no hubo presiones inflacionarias por el lado de la demanda agregada. Al final de cuentas, sí hubo un reacomodo en los precios relativos, pero no un aumento generalizado (y menos sostenido) en los precios. Por ejemplo, el rubro de mercancías no alimenticias (que contiene la mayoría de los bienes importados, en especial bienes duraderos) fue el que más aumentó en el año (después de las colegiaturas).

Definitivamente, un año atípico. ¿Y 2016?

El argumento contundente en contra de aumentar el salario mínimo real era el efecto cascada que tendría en los precios al estar ligado el aumento nominal a un sinnúmero de tarifas, multas, rentas, hipotecas y precios de quien sabe cuántas cosas. Ante la vergüenza de tener uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, se promovió una reforma constitucional para crear una unidad de medida que sustituyera esa función. Aprobado prácticamente por unanimidad, fue el primer paso para establecer una política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y llevarla por lo menos a un nivel que fuera suficiente para ubicarse por encima del umbral de pobreza que establece el Coneval.

Ante este acontecimiento, esperábamos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobara un aumento sustancial en el salario mínimo vigente, que lo llevara más cerca a los 86 pesos diarios. Sin embargo, cual fue la sorpresa, que vimos que se otorgó un incremento marginal de apenas 2.94 pesos, para ubicarlo en 73.04 pesos diarios. El aumento, de 4.2 por ciento respecto al vigente al final de 2015, representa el aumento real más elevado que se haya otorgado desde 1976. Sin embargo, queda exageradamente lejos de lo que debería ser.

En enero de 2015, el salario mínimo general (promedio de las dos zonas geográficas), aumentó 4.2 por ciento, de 65.58 a 68.34 pesos. En la Zona A estaba en 70.10, mientras que en la B se ubicaba en 66.45 pesos. En abril de este mismo año, se incrementó el mínimo de la Zona B en 2.75 por ciento adicional, para ubicarlo en 68.28 y así subir el promedio general a 69.26 pesos. Finalmente, en octubre la Conasami determinó homologar las dos zonas para tener un solo salario mínimo general para toda la República Mexicana en 70.10 pesos, lo que implicaba un aumento adicional de 1.2 por ciento. Con base a estos cambios, podemos calcular el promedio general del año en 69.24 pesos. El promedio de 2014 fue 65.58 pesos, por lo que el incremento nominal de 2015 fue 5.59 por ciento.

¿Cuánto fue en términos reales? Para este cálculo, tomamos el INPC de hasta un salario mínimo que publica el INEGI y calculamos la inflación promedio del año (y no el fin), que resultó ser 3.83 por ciento (suponiendo que la tasa de diciembre será 0.50 por ciento). Esto nos da que el salario mínimo general promedio de 2015 fue 2.90 por ciento superior al del año anterior. Resulta interesante observar que fue el aumento real más elevado para cualquier año desde 1976. Si suponemos que el salario se queda en 73.04 pesos a lo largo de 2016 y que la inflación promedio quede en 3.0 por ciento, el aumento real promedio en 2016 será 2.4 por ciento, es decir, un aumento real acumulado de casi 5.4 por ciento en dos años.

Posiblemente se puede admitir que es notable que por primera vez en 40 años hemos visto una mejoría real en el salario mínimo. Sin embargo, la recuperación no significa nada cuando lo comparamos con el terreno perdido a lo largo de las últimas cuatro décadas y en especial, cuando todavía queda lejos de lo que una familia necesita para una alimentación básica. Esto nos deja con muchas incógnitas respecto al papel de la Conasami y a la política pública salarial.

La Conasami tiene como objetivo fundamental fijar un salario mínimo general que asegure la congruencia entre lo que establece la Constitución con las condiciones económicas y sociales del país. También busca propiciar la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia. Queda claro que no cumple con su cometido. Sin embargo, su presidente Basilio González Núñez cobra más de 100 salarios mínimos y tiene más de 100 funcionarios trabajando con él. Es el mejor ejemplo del gasto público ineficiente e superfluo que pudiera existir. También es prueba irrefutable de que el ejercicio de un presupuesto base cero para 2016 nunca se llevó a cabo.

¿Qué nos queda hacer? Como sociedad tenemos que exigir al gobierno establecer un salario mínimo general digno y justo. No se trata de volver a debatir sus efectos económicos, pues ya lo hemos hecho. En el mejor de los casos, el efecto sobre el desempleo es refutable y sobre la inflación, mínimo, mientras que cierto segmento de la población ganará poder adquisitivo. Es tiempo de desaparecer a la Conasami para eliminar un gasto innecesario e implementar una política funcional respecto al salario mínimo general. Básicamente, esto significa decidir a qué paso se tiene que dar los aumentos reales y cómo lo debemos instrumentar para que sea funcional.